España necesita un cambio económico, social y político

Este artículo ha sido publicado en el Nº 354 (enero-febrero de 2016) de la Revista TE de la Federación de Enseñanza de CC OO 


EL 20D ha ofrecido unos resultados más esperanzadores que los de muchos países europeos. Sin embargo, hay que reprochar a los partidos parlamentarios la tardanza en comenzar a hablar de programas de gobierno. Tres deberían ser los grandes objetivos del nuevo gobierno: reducir los insoportables niveles de pobreza y desigualdad; regenerar la vida democrática; y resolver el conflicto catalán de forma negociada y partiendo de una reforma federal del Estado. La educación, además de palanca para la igualdad y la formación de ciudadanos críticos, debe servir para construir un nuevo modelo productivo para la del economía conocimiento. 

Los resultados de las elecciones del 20 de diciembre tienen una primera lectura claramente positiva si las situamos en el contexto político europeo. Mientras que en muchos países de la UE los principales partidos emergentes se sitúan entre la derecha y la extrema derecha; mientras que, en Francia, el Frente Nacional gana votos, elección tras elección, hasta convertirse en el partido más votado; mientras que muchas de las nuevas formaciones políticas beben en las fuentes ideológicas de los nacionalismos y los populismos antieuropeístas; mientras que los gobiernos de Victor Orban, en Hungría, o el de Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczinski, en Polonia, vulneran con sus leyes y sus decisiones los valores democráticos de la UE; mientras sucede todo eso, en España los partidos emergentes -Podemos y Ciudadanos- que han puesto en cuestión el bipartidismo imperfecto que surgió de la transición son partidos democráticos, totalmente alejados de las peligrosas tendencias que ensombrecen la política europea. 

El fin del bipartidismo, sin que esto haya supuesto un hundimiento de las dos principales formaciones -PP y PSOE- a pesar de sus fuertes pérdidas, también es un hecho positivo. Los vicios que ha generado forman parte del cuadro de deterioro del sistema político español surgido de la Transición y de la Constitución de 1978.

Sin embargo, al tiempo que las elecciones han expresado el deseo de los españoles de un mayor pluralismo político que obliga a formar coaliciones de gobierno, han generado un mapa político cuya aritmética las hace difíciles, al menos las dos más naturales -la del centro y la derecha y la del centro izquierda y la izquierda-. Con el agravante, de que los nacionalismos periféricos, ahora ya secesionistas en Cataluña, siguen teniendo la llave de algunas de las posibles combinaciones de gobierno. 

No obstante, hay que hacer dos reproches a casi todos los partidos políticos, antes y después del 20D. El primero, por las grandes lagunas en los programas y los debates electorales. Las más importantes, a mi juicio, fueron las referidas a la política europea e internacional y a las propuestas concretas para resolver el conflicto de Cataluña . La cuestión catalana ha vuelto a reactivarse tras la constitución del gobierno de coalición independentista y, por otro lado, un choque serio con las instituciones de la UE, que no se han apeado de las fracasadas políticas de austeridad, le vendrá encima al nuevo gobierno en cuanto se forme. El segundo gran reproche es que, cuando se cumplen seis semanas del 20D en el momento de escribir estas líneas, todavía no se han iniciado conversaciones para construir ningún tipo de programa de gobierno. Hemos vivido un período demasiado prolongado de maniobras tácticas ayunas de contenidos políticos que se relacionen con los problemas que el gobierno deberá enfrentar. Confío en que los partidos se percaten de que no pueden seguir así mucho tiempo más. Fracasar a la hora de conformar un programa de gobierno por no poder resolver sus diferencias políticas es asumible, pero lo que que sería imperdonable es que nos llevaran a unas nuevas elecciones -que probablemente producirían un parecido mapa electoral- sin haber puesto en práctica, con seriedad, la voluntad de construir una coalición de gobierno coherente. Esto añadiría nuevos factores de inestabilidad en un momento muy complicado de la situación política interna, europea e internacional. 

Grandes objetivos para un cambio necesario 
Tres deberían ser, a mi juicio, los grandes objetivos de un programa de gobierno progresista. El primero, reducir fuertemente la pobreza y la desigualdad, además de restaurar los derechos laborales y sindicales perdidos, en particular los que han debilitado seriamente la negociación colectiva. En segundo lugar, regenerar y vivificar la vida política española, con medidas contundentes y eficaces contra la corrupción y fomentando la participación de la sociedad civil en la vida política democrática. El tercero, buscar una solución dialogada al conflicto planteado por el independentismo catalán que, a pesar de no ser mayoritario, ha logrado un arraigo importante; una solución que garantice la integridad territorial de España. 

Este último objetivo, pero también los anteriores, al menos en algunos aspectos, requieren de una reforma de la Constitución de 1978. No pienso en la apertura de un proceso constituyente, pienso en su reforma. La Constitución ha prestado un buen servicio a la democracia española y tiene aspectos avanzados que habría que conservar. Se trataría de realizar una reforma que establezca un nuevo modelo territorial, basado en el federalismo, y que incorpore la garantía de la realización efectiva de los derechos económicos, sociales y políticos fundamentales, así como las bases de la regeneración democrática. 

La lucha contra la pobreza y la desigualdad deberían informar todo el cambio de rumbo de la política económica, de las políticas sociales y de la educativa. La gestión de la crisis, realizada bajo los dictados del ordoliberalismo alemán -convertido en la ideología en materia de economía política de las instituciones europeas- ha producido severos estragos sociales en nuestro país. Las políticas de austeridad y devaluación interna son doblemente criticables: por producir estos efectos y por haber fracasado en términos de crecimiento económico (compárese la evolución de Europa y los EE UU al respecto). 

En aumento de la desigualdad, el comportamiento de España ha sido mucho peor que el de Grecia, Portugal, Rumania o Bulgaria, lo que dice mucho de la negativa aportación de factores y políticas nacionales. Hemos pasado, en muy pocos años, de estar en la parte media del ranking europeo de la desigualdad en la distribución de la renta a figurar en los puestos de cabeza. 

Para revertir esta situación hay que comenzar por promover un crecimiento sostenible de la economía y el empleo, basado en los dos factores que dinamizan la demanda interna: la inversión y los salarios. La actuación sobre los salarios tiene que tener un efecto redistribuidor. Hay que subir el SMI hasta al menos 800 euros y restaurar la fortaleza de la negociación colectiva, donde se produce el reparto primario de la riqueza, para lo que hay que derogar la reforma laboral de 2012. La prestación de ingresos mínimos para las personas que carecen de ellos completaría las actuaciones en el nivel primario. 

La importancia de una fiscalidad justa y de la armonización fiscal europea 
Actuar contra la desigualdad en el nivel secundario es, ante todo, plantearse una reforma fiscal que restaure la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema impositivo y emprender una acción contundente contra el fraude y la elusión fiscales. Terminar con el enorme desfase de los ingresos públicos de España respecto a la media europea (6,6 puntos de PIB menos que la media de la UE y 7,2 puntos respecto a la media de la zona euro, en 2014) y a los países más avanzados (19,6 puntos de PIB menos que Dinamarca) es la única forma de lograr el equilibrio fiscal sin tener que afrontar nuevos recortes de gasto que incidirían muy negativamente, de nuevo, en el crecimiento. Habría que negociar -desde un amplio consenso y con la voluntad de establecer alianzas en Europa- una ampliación de los plazos para alcanzar el equilibrio fiscal, hasta el momento de que los efectos combinados del crecimiento y la reforma fiscal permitieran hacerlo sin recortes. 

La vuelta a una política europea activa de España debería contribuir a la armonización fiscal de la UE, empezando por la zona euro, y a reforzar el frente de Estados dispuestos a luchar en serio contra el fraude y la elusión fiscales y los paraísos fiscales en Europa. Si es inaceptable el dumping fiscal que practican diversos Estados de la UE, es intolerable, política y moralmente, seguir permitiendo la colaboración de numerosos gobiernos europeos con las multinacionales para que éstas no paguen impuestos o para mantener paraísos fiscales bajo jurisdicción de Estados de la UE, bien conectados con la red mundial de los paraísos del dinero negro y la economía criminal. Responsables de lo uno o de lo otro son, entre otros: Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Holanda o Bélgica.

La contribución a la reducción de la pobreza y la desigualdad en el nivel secundario también tiene que realizarse desde el lado del gasto: en prestaciones sociales y en los servicios públicos fundamentales. Habría que centrarse en educación, sanidad, dependencia, y protección al desempleo. Y, por supuesto, en políticas activas de empleo. Reforzar la universalidad, la gratuidad y la calidad de los servicios públicos y el carácter público de su gestión, contribuirá también a la lucha contra la desigualdad. 

La educación como arma de futuro 
La educación es una palanca fundamental para la igualdad y para construir una sociedad de individuos libres, autónomos y críticos. También lo es para generar el capital humano que haga de la economía española una economía basada en el conocimiento, con un modelo productivo que genere un alto valor añadido. La competitividad de nuestra economía tiene que basarse en aumentos de la productividad generados por la capacidad de innovación, buena gestión empresarial y participación de los trabajadores, y no en los bajos salarios, que es adonde pretenden seguir confinando a España algunos tecnócratas y políticos europeos. Por eso hay que colocar la inversión en educación y en I+D+i como objetivos prioritarios de la política española. 

Finalmente, habría que derogar la LOMCE, la peor y más inútil ley educativa de la democracia, para construir, esta vez sí, un Pacto de Estado por la Educación, al que pudieran sumarse el mayor número de fuerzas políticas y sociales y, por supuesto, aquellas que representan a la comunidad educativa. 

Acabar con la corrupción o reducirla a su mínima expresión no tendría que ser tan complicado. Hay que tener la voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley. Y aplicarse en ello. Para que la voluntad no desfallezca hay que acompañarla de mecanismos de transparencia y control abiertos a la ciudadanía. En todas las esferas de funcionamiento de las administraciones, pero de forma especial en las contrataciones y en las decisiones urbanísticas. Regeneración democrática también tendría que significar reforma de la ley electoral y fomento de una democracia más participativa. 

Cataluña dentro del nuevo proyecto para España
El inmovilismo del gobierno del PP ha ayudado a quienes pretenden separar Cataluña de España, de modo unilateral, al margen de la Constitución y de las leyes, y sin contar con lo que ha opinado la mayoría de la población de Cataluña. Lo primero sería restablecer el diálogo y formular una propuesta que sirviera para un nuevo encaje de Cataluña en España. Esta propuesta lógicamente afectaría a todas las comunidades autónomas y debería llevar, a través de la reforma constitucional, a un nuevo modelo territorial que, a mi juicio, no puede sino basarse en el federalismo. No hay que tener miedo en hablar de federalismo asimétrico. Ya lo es el actual Estado de las autonomías en cuestiones como la fiscalidad, las políticas lingüísticas o las policías autonómicas. Lo único que no es aceptable, tanto en el modelo autonómico como en el federal, es que haya privilegios fiscales o que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución no afecten por igual a todos los españoles. Aunque las fuerzas políticas secesionistas rechazaran una propuesta de esta naturaleza, serviría para trabajar en pro de un acuerdo que pudiera ser refrendado por una mayoría de los catalanes y de los españoles.

Los partidos a los que los electores hemos dado la responsabilidad de formar gobierno deberían ser conscientes de que más allá de la buena gestión de los asuntos más urgentes, si se quiere reforzar la cohesión entre los pueblos, nacionalidades o naciones -tanto me da el término que se use- tienen que ser capaces de formular un proyecto común renovado para una España socialmente más justa y políticamente más democrática y honesta, dentro de una Europa en la que esos valores vuelvan a presidir sus decisiones.

La crisis del diálogo social europeo

Este artículo ha sido publicado en la revista de la FSC-CC OO de Cataluña:

PERSPECTIVA

Dejaré de lado en este artículo el diálogo social que se desarrolla en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), institución ya contemplada en el Tratado de Roma (1957), de carácter consultivo y con capacidad de iniciativa y que, junto a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales de cada uno de los Estados miembros, integra también a los de aquellas que son denominadas del “tercer sector”  (agrarias, de consumidores, de la economía social, etc.). Me referiré sólo a las instituciones y prácticas de negociación y consulta de ámbito europeo, en las que intervienen directamente los interlocutores sociales europeos; tanto las de carácter bipartito como tripartito.

El proceso de Val Duchesse

El diálogo social europeo, interprofesional y sectorial, tal y como lo conocemos hoy, tiene su origen en el llamado proceso de Val Duchesse (1985). Con anterioridad a esta fecha se encuentran antecedentes como el Comité Consultivo de la CECA[1], o las instituciones y prácticas impulsadas en los años 70, a partir de la constitución de organizaciones representativas de los interlocutores sociales de carácter europeo. Estas organizaciones comienzan a superar una tendencia anterior por la que sindicatos y patronales, sobre todo estas últimas, parecían preferir presionar en defensa de “sus” intereses europeos a través de los gobiernos nacionales. Entre estos antecedentes, impulsados por la cumbre del Consejo de La Haya (1969), destacan la creación del Comité Permanente para el Empleo (1970), las mesas paritarias de los interlocutores sociales y los encuentros tripartitos, en los que, además de la Comisión Europea (CE), intervenían los ministros de economía o/y los de empleo y asuntos sociales de los gobiernos nacionales. A partir de 1974, la CE desarrolló con carácter plurianual el Programa de Acción Social (posteriormente Agenda Social) que era consultado con los interlocutores sociales.

Los sujetos del diálogo social europeo han sido siempre la Confederación Europea de Sindicatos (CES), creada en 1973 con carácter unitario, y tres patronales europeas: Business Europe (creada en 1958, se llamó UNICE hasta 2006, y representa al sector privado), el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y Empresas de Interés Económico General (CEEP, fundada en 1961), y la Asociación Europea de Artesanos, Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME, 1979). Los interlocutores del diálogo social sectorial son las federaciones sindicales europeas, que están integradas en la CES y hoy son diez, y las organizaciones sectoriales de las patronales (alrededor de 40).

La cumbre del Consejo Europeo que se celebró en 1985 en el Castillo de Val Duchesse, situado en el sur de Bruselas, marca el inicio de las formas de diálogo social europeo que han pervivido, con altibajos, hasta el día de hoy.  El impulso lo dio la Comisión presidida por Jacques Delors, bajo la consideración de que un diálogo social supranacional europeo fuerte contribuiría al proceso de integración al tiempo que serviría de instrumento para la construcción del pilar social que compensaría la construcción del Mercado Único y la Unión Monetaria bajo los principios del liberalismo económico.

El Protocolo Social del Tratado de Maastricht

Se crearon instrumentos como el Comité de Diálogo Social (1991), que se sumó al preexistente Comité de Empleo y, tras consulta con los interlocutores sociales, se promulgó, en 1989, la Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores. Se promovieron  prácticas de diálogo social avanzadas cuya expresión más potente fue la posibilidad, consagrada en el Protocolo Social del Tratado de Maastricht (1991), de que acuerdos bipartitos de los interlocutores sociales europeos se transformasen en leyes europeas (directivas).  Esto confería al diálogo social bipartito una gran fortaleza, superior a la de cualquier modelo de diálogo social nacional. El Acuerdo sobre política social de octubre de 1991, suscrito por la CES y las patronales europeas, consagraba la apuesta por la primacía de un diálogo social bipartito basado en la negociación entre los interlocutores sociales europeos.

Al mismo tiempo, se estableció la consulta obligatoria de todas las normas sociales. Si los interlocutores sociales se comprometían a negociar, dentro de determinados plazos, el contenido de las iniciativas de la CE, las directivas recogerían el contenido de lo acordado como fruto de dicha negociación. Si los interlocutores sociales no llegaban a un acuerdo, la CE se reservaba el derecho a promover la norma. En los años 90, como resultado del diálogo social bipartito se aprobaron tres directivas: permisos parentales (1996), trabajo a tiempo parcial (1997) y contratos de duración determinada (1999).

Además del diálogo social interprofesional, se fomentó el diálogo social sectorial. Se crearon hasta 37 comités de diálogo social sectorial. Una de las dificultades a superar ha sido el exceso de patronales europeas de carácter sectorial: más de 50 federaciones. Los resultados del diálogo social sectorial han sido muy desiguales. Destacan los resultados en el sector del transporte, en donde las negociaciones bipartitas sobre jornada de trabajo llevaron a acuerdos, que también se transformaron en directivas europeas, que afectan a subsectores como el marítimo, la aviación civil, los ferrocarriles y el transporte por carretera.

Del comienzo del declive a la ruptura del contrato social europeo

El cambio de siglo ofreció resultados paradójicos, como también lo fue en cierto sentido la década de los noventa. En esta última, coincidiendo con la hegemonía ideológica y política del neoliberalismo a nivel mundial, en Europa como hemos visto se iba a contracorriente; al menos en parte. A principios de la década inaugural del Siglo XXI parecía que la UE iba a tener un nuevo impulso en su construcción política y que se no iba a relegar su pilar social.  La Cumbre del Consejo de Laeken (2001) creó nuevos instrumentos como la Cumbre Social Tripartita o el Diálogo Macroeconómico del Alto Nivel. Al tiempo, se iniciaban los procesos que, a través de convenciones, iban a redactar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el proyecto de Constitución Europea. La CES intervino activamente en ambas convenciones. Sin embargo, en el Siglo XXI ha terminado sucediendo todo lo contrario, hasta el punto de anular o congelar el diálogo social europeo y dejar completamente vacías de contenido sus principales instituciones.

El impulso político terminó con la aprobación de la Carta, de contenido avanzado en términos democráticos y sociales. El proyecto de Constitución quedó paralizado por los resultados contrarios de los referendos de Francia y Holanda (2005). Pero los factores contrarios,  tanto a una mayor integración política europea como aquellos que han promovido un serio debilitamiento de su pilar social, estaban ya en marcha. La crisis financiera y económica y la gestión política de la misma han culminado un profundo proceso de deterioro del modelo social europeo que ha afectado muy seriamente al diálogo social y la negociación colectiva. A partir de 2010 se ha prescindido incluso de las formas: las instituciones de la UE, bajo la hegemonía ideológica del neo-ordoliberalismo alemán y la política del gobierno presidido por Angela Merkel, han impuesto la austeridad y la devaluación interna sin ningún respeto por el acervo social europeo. La CES ha calificado esta acción política como la ruptura del contrato social europeo construido tras la 2ª Guerra Mundial. Pero no se debe olvidar que una parte importante de esta regresiva agenda de economía política ya había sido formulada por altos funcionarios de la DGECFIN[2] y del BCE bastante antes del estallido de la crisis como recogen las publicaciones especializadas.

Desde los primeros años del nuevo siglo los gobiernos nacionales fueron girando a la derecha y los partidos de derecha y centro derecha se radicalizaron en la misma dirección,  al calor del surgimiento de corrientes nacionalistas y de extrema derecha en sus países. Las presidencias de la Comisión y del Consejo quedaron en manos de políticos del PPE. Sólo hubo un corto intervalo, entre 2008 y 2010, en el que se quebró esta tendencia, cuando las instituciones europeas se plegaron de no muy buen grado a las orientaciones macroeconómicas neokeynesianas del G20, mientras que Nicolás Sarkozy  declaraba aquello de que había que “refundar el capitalismo”. La reunión del Ecofin del 9 y 10 de mayo de 2010 cierra abruptamente esta corta etapa. Austeridad y devaluación interna se convirtieron en los paradigmas de la economía política europea con las conocidas consecuencias de agudizar y prolongar la crisis; aumentar el paro, la pobreza y la desigualdad; y promover la divergencia entre los Estados y la ruptura de la cohesión europea. En suma: promover la profunda crisis política que vive hoy la UE.

La orientación neoliberal de las políticas europeas fue reforzada por los nuevos países del centro y el este de Europa que ingresaron en la UE a partir de 2004. También la tendencia atlantista, opuesta a los valores de la política exterior europea, que tuvo su culmen en el apoyo al gobierno de George W. Bush en la insensata aventura de Iraq, en oposición frontal a la “Vieja Europa”.

La patronal europea ya no quiere normas europeas

Las patronales europeas manifestaron desde 2000 un nulo interés en seguir promoviendo, a través del diálogo social bipartito, directivas laborales o sociales europeas. Expresaban su oposición al exceso de regulaciones europeas, en particular las de carácter social. En los últimos 16 años sólo se utilizó una vez ese poderoso instrumento de diálogo social y negociación colectiva supranacional europea: fue en 2008, para acordar el texto de la  directiva de empresas de trabajo temporal. Las patronales europeas aceptaron, en un principio, utilizar la otra vía que contemplaba el Protocolo Social del Tratado de Maastricht: la de los acuerdos que obligan a las partes. De esa manera se alcanzaron acuerdos, entre los que cabe destacar los de estrés laboral, violencia y acoso en el trabajo y teletrabajo. El carácter obligatorio de los contenidos de estos acuerdos está, sin embargo, lejos de alcanzar a todas las empresas y todos los trabajadores, habida cuenta del complejo proceso de aplicación en cada país y de la existencia de muy diferentes tradiciones de diálogo social nacional.

Pero en los últimos acuerdos, entre la CES y Business Europe y las otras patronales europeas sobre los programas trianuales del diálogo social europeo, apenas aparecían compromisos de negociación de acuerdos obligacionales de las partes. En ellos, prácticamente sólo se hablaba de análisis, opiniones u orientaciones conjuntas, análisis o códigos de buenas prácticas, etc. Es decir instrumentos sumamente débiles, que no obligan a las partes y que no son sino la expresión del vaciamiento del diálogo social europeo, de su profunda crisis.

Coincidiendo en el tiempo, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) en los  casos Laval, Vicking , Rüffert y Luxemburgo supusieron un claro sostén al dumping salarial llevado a cabo mediante el desplazamiento temporal de trabajadores de un país comunitario a otro, para la realización de una obra o la prestación de un servicio, con los salarios y las condiciones de trabajo del país de origen de la empresa. El TJE se apoyó en la mala regulación de la Directiva de desplazamiento de los trabajadores (1996)[3]para, yendo más allá, dictaminar la primacía de la libertad de establecimiento empresarial sobre los derechos laborales y sindicales fundamentales.

Lo ocurrido, a partir de los primeros años de la década 2000-2010, es que mientras que los nuevos instrumentos de diálogo social creados por la cumbre de Laeken nunca llegaron a funcionar con resultados apreciables, los anteriormente potentes del proceso de Val Duchesse fueron perdiendo progresivamente su fuerza, hasta quedar unos y otros congelados por la imposición de las políticas de austeridad. Como testigo directo de las reuniones de las Cumbres Tripartitas del Diálogo Social y del Diálogo Macroeconómico de Alto Nivel puedo afirmar que, a partir de 2010, se convirtieron en un insufrible diálogo de sordos.

La responsabilidad de los dirigentes políticos de la Comisión, el BCE y el FMI, integrantes de la Troika, y del Consejo Europeo en el proceso de degradación del diálogo social y la negociación colectiva ha ido mucho más allá, puesto que han intervenido de forma decisiva y coactiva para degradarlos también en numerosos ámbitos nacionales. A través de los memorandos de condiciones de los planes de rescate de las finanzas públicas o privadas (fue el caso de España) o de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea dentro de los procedimientos del Semestre Europeo se han impuesto duros recortes del gasto social y se ha promovido la devaluación salarial, vulnerando para ello las legislaciones sobre negociación colectiva y los convenios fundamentales de la OIT y congelando todas las formas del diálogo social. En su caso, imponiendo o promoviendo reformas laborales que debilitaran la negociación colectiva para facilitar la disminución de los salarios (caso de España y otros países).

En el pobre documento de los “cinco presidentes”[4] que plantea  un conjunto bastante limitado de medidas para avanzar en la realización de la Unión Económica y Monetaria, el pilar social de la construcción europea ha quedado totalmente olvidado. Como gran aportación para mejorar la competitividad no se les ha ocurrido otra cosa que la creación en todos los países de la Eurozona de unas “autoridades nacionales de la competitividad”, formadas por expertos independientes, que, entre otras funciones, propongan los aumentos salariales compatibles con su concepto de competitividad. Aunque la propuesta de la Comisión, que desarrolla este punto, lo matiza algo -habla de “consejos nacionales de la competitividad” y afirma que hay que respetar los procedimientos de  negociación colectiva de cada país-, la acción de dichos consejos interferiría necesariamente en la libertad y autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.

Algunas conclusiones

Una primera conclusión extraigo de esta historia: si la legislación, las instituciones y los procedimientos del diálogo social y la negociación colectiva pueden facilitar o dificultar su realización o sus resultados, estos, en última instancia, terminan dependiendo más de la voluntad de los sujetos políticos y sociales, de la correlación de fuerzas y del marco político existente.

La segunda es que el diálogo social europeo vive una profunda crisis que está en consonancia con la también profunda crisis política que vive la Unión Europea.

La prioridad del sindicalismo europeo –de la CES y sus federaciones sectoriales europeas y de las centrales nacionales- debería ser la de construir una correlación de fuerzas que permita terminar con las políticas de austeridad y las reformas estructurales de carácter neoliberal.

La CES debería formular una propuesta de revitalización del diálogo social europeo y procurar su puesta en práctica. Habría que llenar de nuevos contenidos el funcionamiento de los órganos e instituciones existentes, cambiando eso sí los métodos de trabajo. En particular, habría que diseñar con precisión cómo se participa mediante un diálogo social estructurado en los nuevos instrumentos de gobernanza económica europea, los del Semestre Europeo, tanto a nivel europeo como en los ámbitos nacionales. Y procurar una articulación eficaz entre ellos.  El Dialogo Macroeconómico de alto nivel y las Cumbres Tripartitas del Dialogo Social no son de una gran utilidad con los métodos y prácticas desarrollados hasta el momento. Sin embargo, a partir de sus reuniones y mediante la creación de estructuras especializadas pueden acoger este nuevo diálogo social estructurado para el gobierno económico y social de la zona euro con proyección hacia el conjunto de la UE. Podrían establecerse estructuras diferenciadas para el ámbito euro y el general.

Recobrar la capacidad de negociar normas laborales y sociales europeas a través del diálogo social bipartito debería ser un objetivo permanente. Requiere un consenso sindical previo fuerte sobre lo que se quiere regular, perseverancia y fuerza.

Finalmente, en mi opinión, el sindicalismo europeo debería implicarse en la formulación de un proyecto de refundación política europea basado en la profundización de la integración sobre bases democráticas y de justicia social. Aunque sólo sea porque si no se resuelve la crisis política que hoy vive la UE difícilmente se podrá progresar en el campo social.

Europa necesita más reflexión y nuevas propuestas y prácticas.

[1] CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero, creada en 1951; antecesora  de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la UE.

[2] DGECFIN: Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión          Europea.

[3] La Directiva 1996/71 sobre el desplazamiento de los trabajadores en el       marco de una prestación de servicios fue complementada, 18 años después y    tras el fuerte conflicto que las sentencias del TJE motivaron, por una directiva deaplicación y de garantía de su cumplimiento, la Directiva 2014/67, que no 

satisface ni mucho menos las críticas planteadas por los sindicatos.

[4] Promovido el pasado mes de junio por Jean Claude Jean Claude Juncker   (Comisión), y refrendando por los también presidentes Martin Schulz (Parla-mento), Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupo), Donald Tusk (Consejo) y Mario  Draghi (BCE).

El escandaloso caso de la desigualdad en España: el papel de los salarios

Este artículo ha sido publicado el 6 de enero de 2016 en:

Javier Doz  @JavierDoz1 06 de enero de 2016

España registra 13,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. La pérdida media del poder adquisitivo de los salarios españoles fue del 5,3% entre 2009 y 2014, porcentaje que muestra hasta qué punto los salarios se han convertido con la crisis en factor de desigualdad. ¿Sería mucho pedir que un programa integral de acción por el empleo de calidad y contra las desigualdades sociales y la pobreza se sitúe en el centro del debate político y del programa del nuevo Gobierno?

Como es bien sabido, aunque algunos se empeñen en disimularlo o negarlo, la consecuencia más indeseable de la crisis y de su gestión política ha sido un gran incremento de la pobreza y la desigualdad. Una parte de estos dos fenómenos son debidos a los niveles tan elevados de paro, promovidos por una equivocada política económica. Otra parte tiene su origen en decisiones políticas en diversos ámbitos: laboral, fiscal y presupuestario.

Sobre pobreza, los últimos datos de Eurostat son elocuentes: entre 2008 y 2014 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social subió, en España, 5,7 puntos, hasta situarse en el 29,2% de la población (13,5 millones de personas). La pobreza severa alcanzó, en 2014, al 6,85% de la población (3,2 millones). Con esas cifras, España se sitúa en el grupo de países europeos con mayores niveles de pobreza.

La disminución de los salarios y el aumento de la desigualdad en el ámbito primario de la distribución de la riqueza –la empresa y el sector económico, a través de la negociación colectiva- ha sido una consecuencia conscientemente buscada por los responsables políticos europeos y españoles a través de las reformas laborales

Cuarto mundo

El Informe del Banco Mundial 2015 proyecta que la pobreza en el mundo habrá disminuido de 902 millones de personas, es decir, el 12,8 % de la población mundial en 2012, a 702 millones de personas, esto es, el 9,6 % de la población mundial en 2015. La mayoría de estas personas se ubican en países del llamado “tercer mundo”. Pero existe una pobreza en los “países ricos”, que se conoce como “cuarto mundo”. Estos millones de personas viven en inferioridad de condiciones, con respecto al nivel de vida medio de dichos países. Como se trata de una perspectiva comparada, este enfoque se denomina “pobreza relativa”. Se distingue así del concepto de “pobreza absoluta”, que se aplica a quienes no llegan a un estándar mínimo de vida o consumos mínimos para garantizar la supervivencia. 

A partir de la armonización de indicadores realizada en el marco de Eurostat, la Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado Arope (At‐Risk‐Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión.  

Gini y 20/20

El índice de Gini subió en España desde el 31,9 de 2007 hasta el 34,7 de 2014

Los datos sobre la desigualdad en la distribución del ingreso y su velocidad de crecimiento son aún peores. Siguiendo también a Eurostat, el índice de Gini subió desde 31,9 (2007) hasta 34,7 (2014). Este alza de un 8,7%, es, con mucha diferencia, la más fuerte que conoce la historia de las estadísticas europeas durante un período de tiempo tan limitado.

Mientras que el valor medio del índice de Gini pasaba, en la UE, de 30,6 (2007) a 31,0 (2014), en España crecía desde un valor algo por encima del medio hasta situarnos en el segundo país más desigual de Europa, empatados con Rumanía y solo superados por Bulgaria. Con una diferencia: desde que comenzó la crisis, la desigualdad disminuyó en Rumanía significativamente –como ha ocurrido en otros países europeos- y permaneció estable en Bulgaria.

El otro gran indicador de la desigualdad, el cociente entre los ingresos medios del 20% de la población que recibe los más altos y los del 20% que obtiene los más bajos, nos convierte en campeones europeos del crecimiento de la desigualdad. En España, el cociente 20/20 era igual en 2007 a 5,5. En 2014, era igual a 6,8. El indicador había aumentado, nada menos que en un 24%, también a la mayor velocidad que conocen les estadísticas europeas. Esto nos vuelve a situar como segundo país más desigual de Europa, sólo superados por Rumanía cuyo cociente 20/20 era  7,2 en 2014, tras descender de 7,8.

El aumento de la desigualdad en la percepción de ingresos refleja, en mayor medida que el aumento de la pobreza, la incidencia de las políticas neoliberales de mal gobierno de la crisis. Junto con el paro y la disminución de las prestaciones sociales, la evolución de los salarios es la causa principal del aumento de la desigualdad. 

El 10% de los asalariados de menores ingresos perdieron nada menos que el 25,6% de su poder adquisitivo 

Acaba de publicarse en Cuadernos de Acción Sindical de CCOO el análisis de Manuel Lago Peñas (1) sobre la evolución de los salarios entre 2009 y 2014 y la distribución de la pérdida de poder adquisitivo por deciles. En el citado período, la pérdida media del poder adquisitivo de los salarios españoles fue del 5,3%. Pero la distribución de esta pérdida según niveles salariales nos muestra hasta qué punto los salarios se han convertido con la crisis en factor de desigualdad, además de promover el crecimiento de la categoría de “trabajador pobre”. El 10% de los asalariados de menores ingresos perdieron nada menos que el 25,6% de su poder adquisitivo y los siguientes tramos de deciles de menores ingresos el 15,0% y el 10,3%. En el otro extremo, el de los asalariados con mayores ingresos (deciles 7 a 10), las pérdidas de capacidad adquisitiva fueron del 1,8%; 2,0%; 4,0%; y 2,9%, respectivamente.

Desigualdad descarnada, trabajadores pobres 

Y cuando ha llegado el crecimiento, ¿qué ha sucedido? Lo mismo: la desigualdad más descarnada. Según los datos del estudio Indicadores de buen gobierno de las empresas del Ibex35 durante 2014 (2), los primeros ejecutivos de cada empresa elevaron sus retribuciones totales un 80% en 2014, los consejeros un 30%, el conjunto de los directivos un 14,3% y los accionistas elevaron sus dividendos un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. Así, el año pasado, la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del Ibex fue de 90 veces el salario medio de sus trabajadores; la de los consejeros delegados, 158 veces más. 

Muchos trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo

En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente. Muchos trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis ha aumentado en España el índice de la llamada “pobreza laboral”. En solo tres años, de 2007 a 2010, la tasa ha aumentado del 10,8% al 12,3%. 

Esta situación no es fruto de la fatalidad de la crisis, ni siquiera de los daños colaterales no deseados de una política supuestamente necesaria. Es el resultado buscado por los diseñadores europeos de las políticas de austeridad y devaluación interna, aplicadas por sus ejecutores, los Gobiernos de la UE endeudados, periféricos o PIIGS, desde mayo de 2010. Estas políticas, además de insoportablemente injustas, han sido un fracaso en términos económicos, sociales y políticos. En España han sido ejecutadas con resignación o/y convencimiento por el último Gobierno de Zapatero y por el de Rajoy. 

Preconizar, primero; aplicar, después

Los investigadores del Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI) Degryse, Jepsen y Pochet recuerdan en un excelente artículo (3) que los altos funcionarios del Banco Central Europeo y de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea ya preconizaban, en los inicios del siglo XXI y bastante antes del estallido de la crisis financiera, que la mejora de la competitividad fuese impulsada por las fuerzas del mercado, a través de reformas de los mercados laborales que entrañaran el debilitamiento de la negociación colectiva y la reducción de los costes laborales.

La crisis ha dado a estos ideólogos del neoliberalismo que dirigen las instituciones clave de la UE la ocasión de imponer aquello que preconizaban: devaluaciones internas, ante todo salariales, como modo principal de ganar competitividad en medio de los estragos de la austeridad, cuanto más en una zona euro mal construida por ausencia de los requisitos fiscales, presupuestarios y de competencias necesarios en una unión monetaria.

El Pacto por el euro plus, el Semestre Europeo y demás instrumentos para la mala gobernanza económica europea, no digamos ya los Memorándum de entendimiento (MOUs, por sus siglas en inglés) de los planes de rescate, hacen del debilitamiento –que llega a la anulación o congelación en determinados casos- de la negociación colectiva y del diálogo social el corazón de las reformas laborales impuestas o preconizadas. Este es el núcleo principal de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, y estaba presente, aunque en menor medida, en la del PSOE de 2010. 

Consecuencias buscadas

En resumen, la disminución de los salarios y el aumento de la desigualdad en el ámbito primario de la distribución de la riqueza –la empresa y el sector económico, a través de la negociación colectiva- ha sido una consecuencia conscientemente buscada por los responsables políticos europeos y españoles a través de las reformas laborales. Una consecuencia adicional ha sido el aumento de la pobreza en los grupos de trabajadores con salarios más bajos.

El 'dumping' fiscal, la débil la lucha contra el fraude, los paraísos fiscales, los recortes son factores de promoción de la pobreza y la desigualdad

Si a lo anterior se suman las políticas sumamente regresivas que, desde la UE y el Gobierno de España, se han impulsado y aplicado en el ámbito secundario de distribución de la renta – el formado por la articulación de la política fiscal con las presupuestarias de gasto social- no debe extrañar el escandaloso aumento de la desigualdad y de la pobreza que sufre España, consecuencia de decisiones políticas o de la voluntaria falta de ellas. El dumping o deslocalización fiscal, la absoluta debilidad de las políticas de lucha contra el fraude y la elusión fiscales (de empresas y particulares) y los paraísos fiscales, los recortes sufridos en educación, sanidad, pensiones y prestaciones sociales son, todos ellos, factores de promoción de la pobreza y la desigualdad.

El Gobierno en funciones acaba de subir el Salario Mínimo Interprofesional –uno de los más bajos de la UE- un 1%, cifra que no repara la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años. Mientras, en las propuestas y conversaciones para la difícil tarea de formación del nuevo Gobierno, la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad no parecen merecer una atención destacada. ¿Sería mucho pedir que un programa integral de acción por el empleo de calidad y contra las desigualdades sociales y la pobreza se sitúe en el centro del debate político y del programa del nuevo Gobierno?

[1] Manuel Lago Peñas: “Análisis de los deciles salariales: aumentan la pobreza y la desigualdad salarial”. Cuadernos de Acción Sindical de CC OO,  23 de diciembre de 2015. Se accede en: http://goo.gl/eb5vC5

[2] “Indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35 durante 2014 (Versión ampliada)”. CCOO, 13 de octubre de 2015. Se accede en:  http://goo.gl/7z7DAO

[3] Cristophe Degryse, Maria Jensen y Philippe Pochet: “La crisis del euro y su impacto en las políticas sociales nacionales y europea”. Fundación 1º de Mayo, marzo de 2015, páginas 16-20. Se accede en: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno41.pdf

El cambio y el proyecto de futuro de la izquierda para España

Este artículo ha sido publicado en Espacio Público del diario digital Público:

http://www.espacio-publico.com/20-d-oportunidad-de-cambio#comment-5239

El cambio pasa porque la izquierda tenga un proyecto de futuro para España que implique una transformación profunda –económica, política y social- que sea creíble para una mayoría de la ciudadanía para que les vote, y factible de realizar desde el poder alcanzado democráticamente.

El proyecto tiene que tener necesariamente una dimensión europea y tener en cuenta el marco global; sin sometimientos deterministas a los mismos; con capacidad de articulación con otras fuerzas políticas y sociales, europeas y mundiales, que se planteen la transformación democrática y social de dichos marcos; pero sin ingenuidad y con realismo respecto de los ritmos posibles del cambio europeo y mundial.

Me parece una obviedad decir que para avanzar por este camino –desde el poder democrático y desde una sociedad movilizada- es necesario que el proyecto lo sea de toda la izquierda; y que no se olvide que para determinados pasos, por ejemplo para la imprescindible reforma constitucional, se necesitarían consensos más amplios. Misión imposible con tantas condiciones, dirán algunos. No lo es para mí: el proyecto es difícil y complejo, pero posible. En todo caso, es la única vía para el cambio, en sociedades democráticas. Lo imposible es pretender realizarlo de otro modo. Porque, aunque me parece fundamental la movilización social –hay que reconocer la gran contribución del 15M para abrir la oportunidad de un cambio que conlleve una regeneración democrática- y piense que hay que desarrollar fórmulas de democracia participativa, el único cambio posible tiene que ser pacífico y respetuoso con lo legalidad democrática, aunque haya que cambiar muchas cosas de esta última, pero no su esencia.

Mirando el panorama político de muchos países europeos que sufren también crisis políticas e institucionales de envergadura, que están promoviendo un auge, sin precedentes desde el fin de la 2ª Guerra Mundial, de partidos de extrema derecha, xenófobos, antieuropeístas, populistas o antisistema, tiene que reconfortarnos pensar que los dos partidos nuevos que han surgido de la crisis política española son Podemos y Ciudadanos. Todo un motivo para el optimismo.

Los tres principales factores de la política interna en el 20D

La importancia de las elecciones generales del 20 de diciembre radica en la confluencia de tres grandes factores de política interna en un contexto marcado por la crisis política del proyecto europeo, la crisis de seguridad en la región Mediterráneo - Oriente Próximo, plagada de guerras, conflictos y terrorismo -una de cuyas últimas manifestaciones ha sido la matanza que el pueblo de París acaba de sufrir a manos de terroristas del Estado Islámico-, y la crisis ecológica y de gobernanza global de nuestro planeta.

La crisis financiera y económica y su gestión por las instituciones europeas y los gobiernos de España, desde 2010, han hecho aumentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país hasta niveles insoportables, al tiempo que han deteriorado prestaciones sociales y servicios públicos y reducido drásticamente el gasto público en las principales palancas para un cambio hacia un futuro mejor, como son la educación y el sistema de I+D+i.  El segundo factor es el agotamiento del modelo político de la transición, condensado en la Constitución de 1978, por el efecto combinado de la crisis, una corrupción política muy extendida y el anquilosamiento de instituciones clave como el Parlamento. El tercer factor es el desafío lanzado por el bloque de partidos secesionistas catalanes, nacido al calor de las dos crisis que acabo de mencionar, que el pasado 9 de noviembre declaró en el Parlament que creará, en 18 meses, una “República catalana” al margen de la Constitución y las leyes españolas y de la obediencia a los tribunales.

La crisis política de la Unión Europea es una crisis de proyecto de futuro, agudizada por la mala gestión política de la crisis económica, el resquebrajamiento de la cohesión entre países y de la cohesión social interna en muchos de ellos, y el auge ideológico y político de los nacionalismos en sus diversas variantes. La vergonzosa actitud de muchos gobiernos nacionales en la crisis de los refugiados, que ha impedido la adopción de una posición común de la UE sobre la base de valores democráticos y solidarios y del cumplimiento de la legislación internacional, es la última manifestación de esta crisis política. El próximo episodio puede venir con la negociación con el gobierno de Cameron sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.

Es inevitable que la cuestión catalana sea un punto nodal de la campaña del 20D, cuando  está planteada nada menos que la ruptura territorial del Estado español con todas las consecuencias que un trauma así arrastraría. Por eso, la izquierda, en lugar de lamentarse porque el terreno de juego pudiera ser más favorable al PP si la cuestión catalana tiene un importante sitio en el debate electoral, debería formular sin complejos su proyecto de futuro para España, su proyecto para que la convivencia y la vida política vuelvan a ser atractivas y respetadas por una mayoría de la ciudadanía dentro de ella. Así se logrará que  cuestiones esenciales como la construcción de un nuevo modelo productivo y los instrumentos para un reparto más igualitario de la riqueza puedan destacar como ejes principales del proyecto. Un proyecto de futuro para todos los españoles y las españolas, también para catalanes y vascos.

Igualdad y reparto de la riqueza base de la izquierda

Para lograr un reparto más igualitario de la riqueza hay que restaurar el valor de la negociación colectiva y el diálogo social, derogando la reforma laboral, y realizar una reforma fiscal integral que aumente con fuerza la progresividad y la suficiencia perdidas por nuestro sistema fiscal, al tiempo que se hace de la lucha contra el fraude y la elusión fiscales una prioridad absoluta en materia fiscal. Esta intervención decidida en los ámbitos primario y secundario del reparto de la riqueza permitirá también –vía aumento de los ingresos fiscales y por cotizaciones sociales- tener los recursos suficientes para fortalecer los servicios públicos y los sistemas de protección social, que también actúan como instrumentos para la igualdad. Este es, a mi juicio, el núcleo de cualquier política de izquierdas en una sociedad democrática, y lo que hoy necesita la sociedad española. Y es perfectamente compatible con otro gran objetivo de la política económica, la creación de empleo de calidad, que se logra favoreciendo la inversión, pública y privada, la demanda interna, y con medidas legales y contractuales que combatan la precariedad laboral. El pilar económico de una alternativa de  izquierdas debe  incluir también el proyecto de cambio de modelo productivo: política industrial para la construcción de una economía verde y productividad basada en el conocimiento. Para ello, la educación y un sistema robusto de I+D+i, bien conectado con la economía, son las palancas fundamentales.

Este pilar económico y social del cambio no será posible sin unos sindicatos fuertes, sin que se restaure la capacidad de acción de los interlocutores sociales. El fuego batido al que se ha sometido al sindicalismo de clase desde el comienzo de la crisis, y que ha incluido el “fuego amigo” de algunos sectores de la izquierda, solo ha favorecido los intereses de las élites económicas y políticas que la han gestionado. Por supuesto que, por su parte, el sindicalismo confederal tiene que aceptar las críticas justas que ha recibido, corregir sus errores y proceder a una renovación que refuerce su capacidad de organización y acción en un marco de organización del trabajo y relaciones laborales que ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas.

Regeneración democrática y reforma federal del Estado

El segundo pilar de una propuesta de izquierdas para España es el de la regeneración de la vida democrática, que debe incluir medidas para combatir la corrupción, asegurar la transparencia de las instituciones –incluidos los partidos y las organizaciones sociales-, revitalizar la vida parlamentaria, promover la participación de la ciudadanía en la vida política, y asegurar una efectiva separación de poderes así como la independencia y neutralidad de las instituciones de gobierno y control de los distintos poderes del Estado y de los medios públicos de comunicación.

No creo que haya mejor fórmula para intentar superar el conflicto promovido por el nacionalismo secesionista catalán, y agudizado por el inmovilismo político del PP, que una reforma federal del Estado, que al tiempo serviría para renovar un modelo de distribución del poder territorial que ya ha cumplido su ciclo vital. Y esto es válido aunque, en un principio, todos los independentistas lo rechazaran de plano. De lo que trata es de buscar el apoyo de una mayoría de la población catalana y de la española. Modelos federales hay en el mundo que pueden servir, algunos cercanos como el alemán.

La reforma federal debe implicar que la ciudadanía de las comunidades-estados compruebe que, a través de sus instituciones propias, puede participar en la vida política y en las decisiones del Estado federal. También, que el sistema de financiación esté basado en criterios claros de equidad y justicia fiscal.

No comparto la opinión de las organizaciones de izquierda que han colocado en primer plano de su programa electoral la realización de un referéndum de autodeterminación; en Cataluña, o, incluso, abriendo la posibilidad a todas las comunidades autónomas. Preconizarlo significa que se sitúa, de entrada, la soberanía en la población de cada comunidad autónoma y no en el conjunto del pueblo español. Esto llevaría a que, en el nuevo modelo territorial que saliera de la reforma constitucional, el vínculo entre España y sus comunidades-estados sería, como mucho, confederal, con capacidad para separarse a voluntad de la parte. A ello se podría llegar, en el mejor de los casos, como consecuencia de un consenso constitucional, pero situarlo como condición de entrada es rendirse al nacionalismo independentista.

Reforma constitucional y consenso político

La amplitud y calado de los cambios políticos que acabo de esquematizar requieren una reforma en profundidad de la Constitución de 1978, para proceder a la reforma del Estado en un sentido federal, para promover la efectividad de los derechos sociales y laborales fundamentales y para anclar en ella los elementos más importantes de regeneración de la vida democrática. Sólo será posible si la izquierda vence el 20D, primero, luego es capaz de formular una propuesta común, y, más tarde, promueve un consenso más amplio para la reforma constitucional, con todo o parte del centro y la derecha. Misión difícil pero no imposible.

La Constitución de 1978 sigue siendo válida en aspectos esenciales y aunque su ciclo político esté agotado ha prestado servicios muy importantes a la sociedad española, también a los trabajadores. La transición tuvo errores –en relación, por ejemplo, a la memoria histórica del franquismo-, pero su valor político más universal -la búsqueda y el logro de un amplio consenso político para un cambio pactado y pacifico de la dictadura a la democracia que incluía el consenso constitucional como uno de sus elementos esenciales- sigue conservando su validez desde la perspectiva que ya le da la historia.

La reciente y justa concesión del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, esa plataforma de la sociedad civil tunecina que, cuando el país estaba al borde de la guerra civil, promovió el acuerdo entre islamistas y laicos que condujo a una Constitución laica y a que su país sea el único que mantiene la democracia tras el reflujo general de la Primavera árabe, me recordó vivamente los tres viajes que realicé a Túnez, invitado por la principal organización del Cuarteto, el sindicato UGTT, en los meses que siguieron a la revolución de enero de 2011 (entonces yo era secretario de internacional de CC OO). En todos ellos, los miembros de las delegaciones españolas hablamos de la transición política española. El interés principal de los sindicalistas tunecinos, que habían promovido las movilizaciones que derribaron la dictadura de Ben Ali, era conocer experiencias de construcción pacífica de un sistema democrático. Y en Túnez sí hubo ruptura con la dictadura. Por supuesto que los momentos y situaciones son diferentes, y España vive en una democracia consolidada, aunque sumamente imperfecta. Pero cuando se viven crisis profundas, y España y Europa están en esa situación, el cambio duradero tiene que basarse en los máximos niveles de consenso o las más amplias mayorías posibles.

Algo sobre Europa

En los límites, ya extensos, de este artículo no puedo desarrollar la  imprescindible dimensión europea e internacional que tiene que incluir cualquier propuesta de una izquierda transformadora y democrática.

Solo apuntaré que la Unión Europea requiere un cambio al menos tan profundo como el que necesita la sociedad española, y en su misma dirección. No sólo para que vuelva a merecer la pena un proyecto de integración, económica y política, necesario como pocos en el mundo a la luz de la historia europea, sino, incluso, para que pueda pervivir, superando todas las contradicciones que la crisis y su mala gestión han puesto de manifiesto.

Hay que ser conscientes que va a costar más que el cambio político que preconizo para España,  porque las fuerzas políticas y sociales que pueden ser los actores de ese cambio todavía no acaban de ser conscientes de lo necesario que es actuar en dimensión europea. Tras los estragos económicos, sociales y políticos del austericidio, aplicado por procedimientos escasa o nulamente democráticos, la primera tarea política es construir una izquierda política y social europea que sea capaz de formular un proyecto político ambicioso de refundación política de Europa, en clave federal, social y democrática. Y mientras se alcanza una mayoría suficiente para ponerlo en práctica, hay que avanzar en aquello sobre lo que se podrían concitar ya mayorías europeas claras. 

Por ejemplo, hacer que la eurozona vaya reuniendo los requisitos exigibles a cualquier “zona monetaria óptima” o impedir, sin más demora, que existan paraísos fiscales bajo jurisdicciones de la UE, o que haya Estados miembros que practiquen descaradamente el dumping fiscal para que las empresas multinacionales paguen el 1% o menos de sus inmensos beneficios.

Lo primero que tiene que hacer la izquierda es recobrar el discurso, luchar por la hegemonía ideológica y cultural del mismo en la sociedad, y ser capaz de volver a formular proyectos globales de cambio coherentes.