La Unión Europea incentiva y ampara la deriva autoritaria de Erdogan

Este artículo ha sido publicado por el diario digital Bez, el 1 de junio de 2016:

http://goo.gl/ScQfsl

El pasado 20 de mayo se produjo, en la Asamblea Nacional de Turquía, un hecho que probablemente marque el paso del Rubicón del régimen progresivamente autoritario de Recep Tayyip Erdogan hacia una deriva antidemocrática. La Asamblea Nacional aprobó levantar la inmunidad parlamentaria a 138 diputados, casi todos de la oposición, con los votos de los diputados del partido gobernante, el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) que tiene la mayoría absoluta, del Partido de Acción Nacionalista (MHP), de extrema derecha, y el inestimable apoyo de 20 diputados socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo  (CHP), a pesar de que un buen número de los diputados que serán procesados proceden de las filas de este último partido.

Los cargos más comunes que motivan los procesos, que pueden dar con los representantes de la soberanía popular en la cárcel amén de ser inhabilitados para desempeñar las funciones por las que fueron elegidos, son de naturaleza política : “injurias al jefe de Estado”, por ser poco respetuosos en sus críticas a Erdogan, o los más graves de “atentado contra la seguridad del Estado”, “espionaje” o “propaganda terrorista”, que podrían conllevar condenas a largas penas de cárcel, incluida la cadena perpetua.

Más de un centenar de los diputados a los que se les ha privado de la inmunidad parlamentaria por cargos de naturaleza política pertenecen al CHP y al Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), de izquierdas y pro-kurdo. El más afectado es el CHP, que verá procesados a 50 de sus 57 diputados  que tendrán que hacer frente a 405 procesos judiciales, de los cuales 77 corresponden a su líder, Selahattin Demirtas.

Ante estos hechos, la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, y el comisario de Vecindad, Johannes Hahn, emitieron una declaración conjunta en la que pusieron de manifiesto que el hecho les produce una "grave preocupación". El Partido de los Socialistas Europeos, al que pertenecen CHP y HDP, también hicieron público un comunicado crítico, valorando que se trata de un nuevo intento de silenciar a la oposición. Y nada más. Por el momento, Juncker, Tusk y los gobiernos de los Estados miembros permanecen mudos.

La larga sombra del Acuerdo para la deportación de los refugiados

El mismo día en el que el Parlamento turco, el Meclis, perpetraba en Ankara este ataque a la democracia, el Consejo Europeo de Ministros de Interior, instaba a las autoridades griegas a que aplicaran el Acuerdo UE-Turquía y devolvieran a territorio turco a refugiados e inmigrantes, muy preocupados por el escaso número de devoluciones, por el hecho de que ningún solicitante de asilo haya sido devuelto y porque los jueces griegos hayan dado la razón al primer refugiado que solicitó su amparo. El comisario de migraciones, el griego Dimitris Avramopoulos, y el ministro holandés de migración, Klaas Dijkhoff , que ejerce la Presidencia de turno de la UE, tras insistir en la vigencia del Acuerdo, apremiaron al Gobierno de Atenas a ejecutarlo, al tiempo que, preguntados por la decisión de la Asamblea Nacional turca, declinaron comentarla.

El 18 de marzo de 2016, el entonces primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, firmaron una simple Declaración conjunta, de más que dudosa validez jurídica, por la que el Gobierno de Turquía se comprometía a recibir a los refugiados y migrantes (sin distinción)  que fueran deportados por las autoridades griegas a cambio de 6.000 millones de euros, la reactivación de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE y la supresión, a partir del mes de junio, del visado de entrada de los ciudadanos turcos en la UE. Esto último, si se cumplían una serie de requisitos, entre ellos unos leves retoques de la Ley antiterrorista turca, un auténtico compendio de vulneraciones de los derechos humanos. 

Además de la inconsistencia de la base jurídica del Acuerdo, el principal motivo por el que la práctica totalidad de las organizaciones e instituciones que se ocupan de los derechos humanos, las migraciones y los refugiados, en particular ACNUR, lo rechazan es porque no cumple la legalidad internacional. Por no reconocer el estatuto de refugiado a quien lo necesita y merece y proceder a su deportación a Turquía a la que se concede el título de "país seguro a efectos de asilo", cuando no lo es. No lo es por dos razones de mucho peso cada una de ellas. La primera es que Turquía ha ratificado la Convención de Ginebra (1951) y el Protocolo de Nueva York (1967) sobre el Estatuto de los Refugiados, con una cláusula de reserva, o de excepción, geográfica por la cual sólo reconoce el Estatuto de refugiado a ciudadanos de países europeos. Es decir, sirios, afganos, somalíes y demás ciudadanos "no europeos" no tienen, en Turquía, las garantías y los derechos inherentes a la condición de refugiado. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado por práctica unanimidad un Dictamen que pone en cuestión el carácter de “país seguro”, a efectos de asilo, de Turquía, y hecho público un Informe de la Misión de tres de sus consejeros a Turquía en el que, además de describir la situación de los refugiados en este país, niega el carácter de “país seguro”, por la excepción geográfica, por el estado de la protección de los derechos humanos y por no disponer de libertad de movimientos buena parte de ellos, los que viven en las 62 ciudades satélites establecidas al efecto. El redactor de ambos documentos ha sido el consejero de CC OO en el CESE, José Antonio Moreno[1].

Violaciones de los Derechos Humanos y deterioro de la democracia

La otra razón principal por la que Turquía no puede considerarse un "país seguro a efectos del asilo” es el nivel alcanzado por las violaciones de los derechos humanos fundamentales por parte de su Gobierno. Este fenómeno, que corre en paralelo a los intentos de Erdogan de construir un régimen político presidencialista autoritario que le perpetúe en el poder, ha ido agudizándose a partir de la respuesta represiva a las masivas protestas de 2013 de la Plaza Taskim-Parque Guezi, del reinicio de las hostilidades en el Kurdistán turco -tras la ruptura de la tregua y de las conversaciones de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en la que la voluntad de Erdogan fue determinante-; y de las denuncias de corrupción contra el entorno familiar y político del Presidente.

En los últimos años, miles de personas han sido detenidas por la policía -torturadas en bastantes casos, en particular en el Kurdistán-, procesadas y encarceladas por delitos de naturaleza política. Entre los más repetidos, las injurias al jefe del Estado -así se consideran las críticas a Erdogan o las acusaciones de corrupción contra personas de su entorno- y los delitos contra la seguridad del Estado y de traición a la patria (manifestación ilegal, revelación de secretos, espionaje, colaboración con el terrorismo, etc.), de los que son acusados activistas políticos de izquierdas o del movimiento Hizmet del predicador islamista Fethullah Güllen, sindicalistas (de las centrales DISK y KESK [2], en particular), estudiantes, periodistas, o trabajadores del sector público (policías, jueces, fiscales y profesores son colectivos que se han visto particularmente afectados por la persecución del gobierno del AKP que ha llegado en algunos casos al despido de funcionarios). La violación de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Turquía ha sido ampliamente documentados por organizaciones tan fiables como Amnistía Internacional y Human Rights Watch [3].

La debilidad política y diplomática de la UE incentiva la deriva autoritaria de Erdogan

Y en esta situación, una UE incapaz de adoptar frente a la crisis de los refugiados una solución común respetuosa con sus valores constituyentes y con la legalidad internacional, una UE muy débil política y diplomáticamente, subarrienda al Gobierno turco su supuesta solución, pagando altos y diversos precios, el menor de los cuales no es el cerrar los ojos ante las violaciones de los derechos humanos en Turquía y la deriva autoritaria del régimen de Erdogan.

Y ha sucedido lo peor que podía suceder, pero que era perfectamente previsible cuando se negocia en condiciones de debilidad con un gobierno autoritario: Erdogan se ha crecido y ha pisado, desde la firma del “Acuerdo de la Vergüenza”, el acelerador antidemocrático para escarnio de los políticos europeos responsables del mismo, en especial de Ángela Merkel, su principal valedora. ¿Es que Europa está olvidando algunas de las lecciones básicas de la historia de su Siglo XX?

La libertad de expresión vapuleada ante la pasividad de la UE

Mencionaré sólo los casos más significativos y recientes de ataques a la libertad de expresión de entre los centenares documentados en los informes de AI y HRW, entre ellos centenares de juicios criminales por insultos a Erdogan en aplicación del artículo 299 del Código Penal. Ya, en el intervalo comprendido entre el preacuerdo y la firma del Acuerdo para la deportación de refugiados y migrantes, el 4 de marzo, un juez a las órdenes del Gobierno procedió a la incautación del periódico de mayor tirada, Zaman, y de su edición en inglés, para entregarlo a administradores afines al AKP que han cambiado radicalmente su línea editorial hasta entonces crítica con Erdogan. El supuesto delito del que se le acusa es el de estar bajo el control de la Red de Fetullah Güllen. En 2013, Zaman acusó de corrupción a Erdogan, cuando era primer ministro. Otro grupo mediático gülenista, Koza-Ipek, con dos periódicos y dos televisiones, fue igualmente incautado días antes de las elecciones que, en el pasado noviembre, revalidaron la mayoría absoluta del AKP. El 26 de febrero fue cerrada la plataforma de televisión por satélite TurkSat, de orientación de izquierdas y pro-kurda.

La incautación de Zaman sólo motivó una genérica e inocua referencia a la libertad de prensa en las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo que aprobó el Acuerdo con Turquía.

Pero el poder de Erdogan contra los que le critican o se burlan de él ha traspasado fronteras. Penetró en Alemania cuando, el 21 de abril, la canciller Merkel, en una sorprendente muestra de servilismo hacia el Presidente turco y de desprecio a la libertad de expresión en la misma Alemania,  autorizó el procesamiento de Jan Böhmermann, humorista de la televisión pública alemana ZDF, que había recitado un poema satírico contra Erdogan. Lo autorizó, desempolvando un artículo del Siglo XIX del Código Penal, ya en desuso, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel a quien ofenda a “órganos y representantes de Estados extranjeros”

El pasado 6 de mayo, el director, Can Dündar, y el redactor jefe, Erdem Güll, del diario Cumhuriyet fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión, por “revelación de secretos de Estado”, por un reportaje que informaba que un convoy de supuesta ayuda humanitaria a Siria, escoltado por los servicios secretos turcos, en realidad contenía armas destinadas a los grupos islamistas que luchan contra el gobierno de al-Ásad.

Resulta muy llamativo que, tras haber permitido las exportaciones de petróleo del Estado Islámico, a través de la frontera siria, el gobierno de Erdogan -junto con los de Arabia Saudí y Qatar- esté actualmente financiando y armando al Ejército de la Conquista, coalición de grupos islamistas radicales entre los que está la filial de Al Qaeda en Siria, el Frente Al-Nusra. Y más llamativo aún que pueda hacerlo sin dejar de ser, al mismo tiempo, socio político privilegiado de la UE y socio militar –de la UE y los EE UU- en la OTAN.  Por supuesto, el Frente Al-Nusra está en lugar destacado de la lista de organizaciones terroristas de los EE UU y de la UE.

El mismo día, 6 de mayo, Erdogan se negaba en redondo a cambiar cualquier aspecto de la Ley antiterrorista, uno de los requisitos de la UE para suprimir la necesidad de visado de entrada a los ciudadanos turcos. De paso, desautorizaba al primer ministro Davutoglu que había negociado con los responsables de la UE unos retoques cosméticos a la Ley. Pero ni eso aceptó Erdogan que con verbo desafiante declaró: “Lo siento, nosotros seguiremos por nuestro camino, tú [por la UE] sigue por el tuyo y entiéndete con quien puedas”.

El 22 de mayo, dos días después de que la Asamblea Nacional votase enviar a la gran mayoría de la bancada opositora a los tribunales para ser procesados por delitos políticos, Ahmet Davutoglu, dimitió. El primer ministro no era un entusiasta del plan de Erdogan de convertir a Turquía en un régimen presidencialista autoritario, hecho a la medida de su persona y su pensamiento. Para sustituido, al frente del Gobierno y del AKP, Erdogan, que según la Constitución turca no puede intervenir en la vida partidaria y por eso tuvo que dejar de ser formalmente militante de su partido, designó a un incondicional: Binali Yildirim.

Sin respetar los valores democráticos y sociales que la cohesionan la UE no subsistirá

Un proyecto político supranacional como la UE necesita para subsistir estar basado en unos valores y principios compartidos  que le den cohesión política y social. Y que su práctica política sea coherente con ellos. Esos valores son los de una democracia avanzada, plenamente respetuosa con los derechos humanos, y los de la solidaridad y la justicia social encarnados en el llamado Modelo Social Europeo. Estos valores y principios  también tienen que informar toda su política exterior. La crisis económica y la nefasta gestión política de la misma por parte de los responsables de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales los están socavando. El neoliberalismo económico y los nacionalismos emergentes están poniendo en peligro la existencia de la UE. Si la política europea sigue por el camino de la crónica negra de la crisis migratoria y de los refugiados y de las relaciones con Turquía que describe este artículo podemos comenzar a olvidarnos de la UE.

Los resultados de las elecciones presidenciales austríacas dan cuenta, al mismo tiempo, de la magnitud del problema y del único antídoto para combatir lo peor de la historia política europea: la coherencia con los valores y principios solidarios y democráticos. Quienes se contagiaron, por miedo y oportunismo, del discurso político de la extrema derecha –socialdemócratas y populares- fueron barridos. Sólo refundando el proyecto político europeo en torno a un modelo federal que encarne en la práctica lo que hoy deben significar los tres principios del lema universal de la Revolución francesa –Libertad, Igualdad y Fraternidad-, se puede, en mi opinión, sostener la UE, aunque sea embarcándose en el nuevo proyecto sólo una parte de sus miembros

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[1] Dictamen REX/457 del CESE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros:  https://goo.gl/kzbSoL

Informe del CESE: Misión-Turquía (9 a 11 de marzo de 2016) sobre la situación de los refugiados y el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil: http://goo.gl/BWkfHW (versión inglesa)

[2] DISK: Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía; KESK: Confederación de Sindicatos del Sector Público

[3] Turquía 2015/2016, en el Informe de Amnistía Internacional 2015/2016 sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo: https://goo.gl/5hvKes World Report 2015: Turkey, en World Report 2015 de Human Rights Watch: https://goo.gl/8eeUjP

Corrupción: dos ejemplos de insoportable hipocresía política

Este artículo ha sido publicado en el diario digital Nueva Tribuna: 
http://goo.gl/2JV9Mj

Y en el Blog de la Fundación 1º de Mayo en el diario digital Público
http://goo.gl/PtcYSi

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El jueves 12 de mayo, los medios de comunicación del mundo han destacado dos noticias que son un extraordinario botón de muestra de la hipocresía como característica esencial de la conducta política.

1. David Cameron: "líder mundial de la lucha contra a corrupción"

En Londres, David Cameron, con la inequívoca intención de borrar los daños de imagen causados por su presencia en los Papeles de Panamá, ha convocado una "Conferencia internacional contra la corrupción", en la que destacados políticos y responsables de las instituciones financieras internacionales han dicho generalidades, con tono de moralina eso sí, sobre el mal que causan la corrupción al capitalismo y a la buena imagen de la política. 

No se tiene noticia de que Cameron haya informado a los allí reunidos de lo bien que viene, en términos fiscales, recibir una herencia de tu padre, si éste tiene guardado el dinero en un paraíso fiscal tras las oportunas gestiones del Despacho Mossack Fonseca. Tampoco, que el Primer Ministro británico haya afirmado que va a poner fin a las actividades ilegales que se desarrollan en territorios bajo la jurisdicción del Reino Unido como son Gibraltar, las islas de Jersey y Man, Islas Vírgenes, Islas Caimán, etc., etc. 

John Kerry declinó hacer público si el gobierno federal de los EE UU tiene previsto realizar alguna iniciativa para poner coto a las actividades ilegales que se llevan a cabo en el Estado de Delaware que, poco a poco, se va convirtiendo en el number one de los paraísos fiscales.

En las conclusiones no figura ningún plan para acabar con los paraísos fiscales, piedra angular del sistema de la corrupción en nuestro mundo globalizado, insustituible instrumento para el lavado del dinero de los diversos grupos de la economía criminal, tanto de los que tienen las manos manchadas de sangre como de los que disipan a su alrededor el olor de caros perfumes. Los medios de comunicación no informan acerca de si alguno de los asistentes propuso algo al respecto.

Figura destacada de la cumbre fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. No aprovechó la reunión para disipar las dudas que pudiera haber sobre su responsabilidad en la concesión de 405 millones de euros de dinero público al multimillonario francés Bernad Tapie, para compensarle por las supuestas pérdidas sufridas tras la venta de Adidas por Crédit Lyonnais. El pequeño problema es que la decisión la tomó el ministro de finanzas de entonces, 2007, que  no era otra persona que la Sra. Lagarde, mientras que presidente de la República era un muy buen amigo de Tapie, entonces, Nicolas Sarkozy. El pasado diciembre un tribunal francés acordó que la ex-ministra Lagarde tenía que ir a juicio por el "Caso Tapie" y otro que Bernard Tapie tenía que devolver los 405 millones. 

La cumbre abrazó el surrealismo al aceptar la presencia de los presidentes de Nigeria y Afganistán, señores Muhammadu Buhari y Arhraf Ghani Ahmadzi respectivamente, que gobiernan dos de los países más corruptos del mundo según Transparency International, y son, ellos mismos, muy sólidos sospechosos de participar de modo destacado en los frutos de la corrupción. 

No se tiene noticia de que fueran invitados a la Conferencia de Londres, contra la corrupción, los antecesores de Christine Lagarde en la dirección del FMI, Dominique Strauss-Khan y Rodrigo Rato.

2. Dilma Rousseff apartada de la Presidencia de Brasil por un Parlamento de corruptos

El segundo gran ejemplo de insufrible hipocresía política y moral lo dieron los diputados y senadores que han apartado a Dilma Rousseff de la Presidencia de la República de Brasil por un período de tiempo de seis meses, para juzgarla políticamente y, en su caso, destituirla definitivamente. El motivo por el que congresistas y senadores han votado el impeachement, con la mayoría cualificada necesaria, es la acusación de que el Gobierno aprobó los presupuestos de 2014 y 2015 después de realizar diversas operaciones y apuntes financieros no permitidos, con el objetivo de ocultar el déficit público real. No se trata, pues, de una acusación de corrupción sino de irregularidades administrativas, sin duda criticables pero que practican la mayoría de los partidos de todas las administraciones públicas brasileñas.

Pero los que han votado por el apartamiento de Dilma Roussef acumulan un impresionante historial de condenas, procesamientos e imputaciones, en la mayoría de los casos por corrupción, corrupción que les ha deparado importantes ingresos personales o que han realizado para la financiación de alguno de los numerosos partidos del superfraccionado mapa político brasileño. En otros casos, por homicidio culposo, torturas, etc.

Según un estudio de Transparencia Brasil, del total de 513 diputados de la Cámara baja, 303, el 59,1%, están imputados, procesados o condenados.  De los 65 diputados que formaron parte de la Comisión del impeachment, 37, el 56,9% están en la misma situación. Finalmente, de los 81 senadores, 49, el 60,5%, también están imputados, procesados o  condenados. Como se ve, la corrupción está repartida muy equilibradamente entre las dos cámaras del Parlamento brasileño. 

Estos son los sujetos que han apartado a Dilma Roussef de la Presidencia, en una operación que ha calificado de "golpe de Estado". Sus justificaciones, en las intervenciones de explicación de voto, han oscilado, en la mayoría de los casos, entre lo lamentable y lo bochornoso.

Una mención especial requiere el promotor del impeachment, el presidente del Congreso,  Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB).  Cunha inició el procedimiento tras haberlo usado como arma de chantaje para evitar que el Congreso permitiera su procesamiento por el caso Lava Jato/Petrobras, acusado de la apropiación indebida de 40 millones de dólares y de mantener cuentas bancarias en Suiza. También aparece, como no, en los Papeles de Panamá, lo mismo que dirigentes de siete partidos del arco parlamentario brasileño. Ninguno de ellos, por cierto, del Partido de los Trabajadores, aunque bastantes de los dirigentes del PT sí estén implicados en casos de corrupción, en particular en el caso Petrobras. Destituido finalmente Cunha por el Tribunal Supremo, después de haber puesto en marcha el procesamiento político de Rousseff, fue sustituido por Waldir Marinhao, también investigado por el caso Lava Jato.

Ante la fuerza de estos dos máximos ejemplos de hipocresía política, sobra cualquier otro comentario que no sea subrayar que la desconfianza de la ciudadanías en los políticos está más que justificada en muchos, en demasiados, casos. No sirve de disculpa que sus conductas enlacen con costumbres profundamente arraigadas en muchas sociedades. La política debería estar para erradicarlas o reducirlas. No para potenciarlas

¿Hay voluntad política para acabar con los paraísos fiscales?

Este artículo ha sido publicado en Bez Diario, el día 5 de mayo de 2016.

Su enlace:  http://goo.gl/5aElzA

El impacto causado por la publicación de los Papeles de Panamá, otra gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a la democracia mediante la lucha contra la criminalidad económica, ha vuelto a colocar la cuestión de los paraísos fiscales en el centro del debate público mundial. Sin embargo, otra noticia muy significativa, también relacionada con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, ha tenido una repercusión mucho más limitada; me refiero al procesamiento, en Luxemburgo, de dos antiguos empleados de PWC.

En efecto, el pasado 26 de abril se inició en Luxemburgo el juicio contra Antoine Deltour y Raphaël Halet, ex-empleados de PricewaterhouseCoopers (PWC), acusados de haber filtrado a los medios de comunicación los Luxleaks papers. Como se recordará estos documentos demostraban que el Gobierno de Luxemburgo, a través de su Agencia Fiscal, había firmado centenares de acuerdos secretos con empresas multinacionales que permitían a éstas eludir el pago de los impuestos que debían pagar en los países donde desarrollaban sus actividades para, mediante conocidas técnicas de "ingeniería fiscal", trasladar los beneficios a Luxemburgo, donde sólo pagan un tipo del 1%. Buena parte de esos acuerdos se firmaron mientras el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro o/y ministro de finanzas del Gran Ducado.

Los dos ex-empleados de PWC están acusados de entregar, en 2014, al periodista Edouard Perrin, de Cash Investigation, la documentación que finalmente fue publicada en su totalidad por el ICIJ, en noviembre de dicho año. Deltour y Halet podrían ser condenados por los delitos por los que se les acusa, de acuerdo con la legislación luxemburguesa, a penas de hasta 10 años de prisión; nada menos. El periodista Perrin también está imputado por complicidad.

El Parlamento Europeo ha concedido el Premio Ciudadano Europeo 2015 a Antoine Deltour, por su contribución "a la cooperación europea y a la promoción de los valores comunes".

No hay que sorprenderse ya de estas paradojas y contradicciones de la vida social y política europea y mundial, en particular cuando se habla de paraísos fiscales, fraude o elusión fiscales (las fronteras entre estos dos conceptos son muy porosas). La hipocresía de las élites económicas y políticas, al respecto, no conoce límites. Recordemos que los líderes políticos mundiales, reunidos en la cumbre de Londres del G20 de abril de 2009, incluyeron en sus conclusiones el compromiso de erradicar los paraísos fiscales. Desde entonces, el dinero negro de la economía criminal, del sistema financiero, de las empresas multinacionales y de las élites económicas y políticas refugiado en los paraísos fiscales ha subido en un 25%, hasta alcanzar, según las estimaciones más prudentes, los 8 billones de euros, un 12% del PIB mundial aproximadamente. 

Dumping, elusión, fraude y paraísos fiscales en la UE y la UEM.

También, desde entonces, se han incrementado notablemente las decisiones políticas de numerosos gobiernos europeos que han favorecido o promovido las llamadas, eufemísticamente, "planificaciones fiscales agresivas", mediante las cuales las empresas multinacionales transfieren a sus sedes situadas en los paraísos fiscales europeos los beneficios generados en los restantes países de la UE, bajo la fraudulenta fórmula de pago de préstamos ficticios o royalties desorbitadas. De esta manera, las empresas multinacionales más rentables, entre ellas todas las punteras de la economía digital, apenas pagan impuestos en una parte de los países europeos,  entre ellos en España, y, por lo general, no más del uno por ciento de sus beneficios en los paraísos fiscales europeos.

Cuando hablo aquí de paraísos fiscales europeos, no me refiero a las jurisdicciones tipo Gibraltar, Andorra, Mónaco, Jersey, Islas Vírgenes, etc., dependientes todas ellas de la soberanía de Estados de la UE, y que llevan a cabo las operaciones más sucias e ilegales. Me refiero a los paraísos fiscales para las empresas multinacionales llamados Irlanda, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, etc., y por supuesto al país natal del Sr. Juncker, todos ellos Estados soberanos de la UE. Uno de los caminos típicos de los beneficios de las multinacionales va desde Francia, Italia, Alemania o España a Irlanda (12% de tipo máximo del impuesto de sociedades); de Irlanda a Holanda (1% de tipo mediante convenios especiales), y de Holanda a Islas Vírgenes, Delaware, etc (cero por ciento), pagando, o no pagando, en un sólo sitio, por supuesto.

¿Cómo es posible construir una Unión Económica y Monetaria y una Unión política, dignas de tales nombres, cuando una parte de los socios que la componen promueven un fraude fiscal en detrimento de los ingresos fiscales de otra parte de los mismos? Fuentes oficiales de la UE han cifrado la cuantía de este fraude, que siguen llamando "elusión", en 70.000 millones de euros.

Las iniciativas de la Comisión contra la elusión fiscal

Desde finales del pasado año, la Comisión Europea, presidida por Juncker, ha puesto en marcha numerosas iniciativas legislativas a las que se ha bautizado como "Paquete contra la elusión fiscal". El Comité Económico y Social Europeo aprobó, el pasado 28 de abril, un dictamen sobre dos de sus propuestas de directivas, la que modifica la Directiva 16/2011 sobre intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, y la que establece normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Esta última pretende aplicar en la UE, de un modo uniforme, las normas recogidas en el proyecto de "lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios" de la OCDE (BEPS, por sus siglas en inglés), que es la iniciativa que el G20 le ha encargado para intentar poner algún freno al escandaloso hecho de que las multinacionales  que más beneficios obtienen apenas pagan impuestos.

Dentro del Paquete fiscal, la Comisión hizo pública, en junio de 2015, una comunicación que contenía la recomendación de establecer una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades. De esta recomendación todavía no se ha deducido una propuesta legislativa europea que obligue a los estados miembros. El necesario establecimiento de un tipo mínimo común en este impuesto sigue siendo una utopía, incluso la mera proposición.

La falta de credibilidad de la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales

¿Cabe deducir de estas iniciativas que estamos asistiendo a una rectificación creíble de la interesada permisividad de los gobiernos e instituciones multilaterales internacionales hacia los paraísos fiscales? 

Me permito dudarlo. Que hay que aparentar que se hace algo, y hacer al menos algunas cosas que pongan freno a las conductas más escandalosas, es obligado. Sobre todo aparentar cierta energía verbal ante unas opiniones públicas muy indignadas al respecto. Que, después de sufrir buena parte de la ciudadanía europea unas políticas de ajuste que han hecho caer el peso de la crisis sobre los más desfavorecidos, las empresas multinacionales más rentables y muchos individuos de las élites económicas, políticas, culturales y deportivas no paguen impuestos, utilizando unos paraísos fiscales que siguen florecientes a pesar de las continuas promesas de los gobernantes de que van a erradicarlos, es sencillamente intolerable.  Conduce  a la total deslegitimación de las instituciones políticas democráticas. Pero que esa apariencia de voluntad política de cambiar este estado de cosas encierre voluntad real y fuerza política para acabar con el probablemente más grave escándalo de la economía globalizada, es otra cosa. Conviene recordar algunos hechos que sumar a los incumplimientos de compromisos ya mencionados:

El 28 de febrero de 2001, un subcomité del Senado de los Estados Unidos hizo público un riguroso informe sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales, los modos de lavar dinero de las peores organizaciones de la economía criminal, la gravedad de los delitos que se cometían, y las conexiones de las empresas financieras de las jurisdicciones offshore con el sistema financiero legal. Las conclusiones del informe deberían haber llevado a enérgicas actuaciones por parte del gobierno de los EE UU y de las instituciones financieras y políticas internacionales. No hubo ninguna, ni el Senado las reclamó. Tal vez porque una de las conclusiones decía que, una vez lavado en los paraísos fiscales, la mayoría del dinero volvía al sistema financiero norteamericano.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE fue creado por el G7, en 1989, como instrumento para luchar contra el fraude y los paraísos fiscales. Fue reactivado, en 2009, para impulsar el cumplimiento de las resoluciones de la cumbre de Londres del G20. Además de elaborar un conjunto de recomendaciones centradas en el intercambio de información fiscal entre los Estados, estableció una serie de listas de países, clasificadas por colores, según el grado de colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones. De la lista gris (países con "deficiencias estratégicas" pero que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas) hasta la lista roja (países con recomendación de sanciones por riesgos de lavado de dinero negro y financiación del terrorismo), pasando por la negra (países con deficiencias que no han hecho progresos o no tienen suscrito un plan con el GAFI y sobre los que se recomienda que "se consideren los riesgos que representan") o la gris oscurecida (riesgo de caer en la negra).

¿Qué países están en las listas del GAFI en 2016? En la roja, Irán y Corea del Norte, por motivos directamente políticos de no colaboración en ningún terreno. En la negra y en la gris oscurecida: ¡ninguno! Y en la gris, doce del tipo Iraq, Siria, Myanmar o Afganistan. Pero, excepto Vanuatu, ninguno de los conocidos paraísos fiscales donde se refugia más del 95% del dinero negro mundial. ¿Es que para la OCDE o el G20 ya no existen paraísos fiscales? No lo sabemos. El caso es que después de hacer una buena labor inicial, a los responsables del GAFI, o a sus superiores de la OCDE, no se les ocurrió otra idea para dejar de considerar a un Estado o territorio dependiente -distinción que ya exime sin razón a algunos de los grandes Estados de entrar en las listas- como "jurisdicción no colaborativa"-, el que hubieran firmado 12 convenios de intercambio de información fiscal con otros Estados; considerando válidos, eso sí, los que firmasen los paraísos fiscales entre sí. Y firmando entre ellos casi todos los paraísos fiscales salieron de las listas negras y grises. Esta tomadura de pelo a la verdad, la justicia y a los habitantes honrados del planeta todavía no ha sido rectificada.

En Europa, desde 2009, no sólo no ha remitido sino que se ha incrementado el dumping fiscal entre los Estados miembros, tomando la forma de facilitación de la elusión/fraude fiscal en el caso de las multinacionales, como hemos visto. Y, por supuesto, también entre los miembros de la zona euro, a pesar de ser algo que debería ser especialmente incompatible con la pertenencia a una zona monetaria común. Estas destructivas prácticas han venido acompañadas de enfáticas declaraciones verbales de signo contrario. Por poner otro ejemplo significativo en un tema clave: el establecimiento de una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades, que ahora nos vuelve a venir bajo la tímida forma de recomendación de la Comisión, fue solemnemente aprobado por la cumbre del Consejo Europeo de junio de 2011, que estableció un mandato de seis meses para que la Comisión presentara una propuesta que debería ser definitivamente aprobada como decisión del Consejo en diciembre de ese mismo año. Y después, los líderes europeos se olvidaron completamente de su compromiso, que, cinco años después, la Comisión retoma con timidez.

Y ahora asistimos a la tremenda contradicción que supone: por un lado, el juicio con riesgo de posible condena a pesadas penas de cárcel a "ciudadanos ejemplares", según el Parlamento Europeo, que nos han permitido conocer la reprobable conducta del gobierno de Luxemburgo y, tal vez, lograr que en el futuro algunas grandes multinacionales paguen impuestos; por otro lado, que el que era primer ministro cuando se firmaron los acuerdos que facilitaban la elusión/fraude fiscal fuese nombrado presidente de la Comisión Europea, cuando ya se conocían los hechos, y que las empresas multinacionales implicadas, sigan, por el momento, sin pagar lo que deben. 

Y hay más sobre la credibilidad del propósito de la enmienda de Luxemburgo, paraíso fiscal consentido de la UE. En febrero se nombró a Claude Max director general de la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo, organismo encargado de velar por el recto y prudente funcionamiento de sus entidades financieras. Pues bien, su nombre acaba de aparecer con profusión en los "Papeles de Panamá", porque cuando era director adjunto de HSBC Luxemburgo, de 1994 a 2011, esta filial del gigante bancario de matriz británica utilizó reiteradamente el despacho de abogados Mossack Fonseca para abrir y cerrar numerosas sociedades offshore propiedad de la filial luxemburguesa, según revelaron el pasado 26 de abril periodistas belgas y luxemburgueses.

Estos hechos, lo mismo que la simple lectura del elenco de personajes que salen en los "Papeles de Panamá", nos deberían llevar al más absoluto escepticismo sobre la voluntad real de las élites políticas y económicas mundiales de erradicar la lacra de los paraísos fiscales.

La UE está profundamente cuarteada por la mala y antisocial gestión política de la crisis económica, por las regresivas concesiones –que hipotecan el futuro de todos- al gobierno de Cameron para ayudarle a ganar el referendum sobre el Brexit, o por la impotencia, insolidaridad y abandono de los valores y de las leyes internacionales que emanan de la nefasta gestión de la crisis de los refugiados y del acuerdo con Turquía. La UE no puede sumar a lo anterior la pasividad frente al fraude fiscal, los paraísos fiscales o el dumping fiscal interno. Todo ello junto puede abocar a su destrucción.

La justicia fiscal ha estado a lo largo de la historia en el centro de muchas rebeliones y revoluciones. Hay que utilizar el optimismo de la voluntad y pensar que organizaciones políticas y sociales, honradas y coherentes, y ciudadanos comprometidos podrán ser capaces de colocar la cuestión de la justicia fiscal en el centro del debate político europeo, para poner fin a tanta hipocresía y tanta inmoralidad en una tema capital para la pervivencia de la UEM y del proyecto político europeo. 

Análisis de las Conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016

El texto que se publica a continuación es un documento de análisis de la C.S. de CC OO sobre la reciente cumbre extraordinaria del Consejo Europeo

La cumbre que se celebró en Bruselas los días 18 y 19 de febrero de 2016 se recordará como una de las reuniones del Consejo más negativas de la historia de la UE. Por dos razones: en primer lugar, por no adoptar, una vez más, ninguna decisión en relación con la dramática crisis migratoria (o de los refugiados); y, en segundo lugar, por alcanzar con el gobierno conservador británico de James Cameron un acuerdo -para facilitarle llamar al voto afirmativo en el referéndum de permanencia del Reino Unido en la UE- con unos términos que ponen en cuestión principios y valores fundamentales consagrados en los tratados de la Unión. El chantaje de Cameron –o se aceptan mis condiciones o el Reino se va de la UE- ha producido, al ser aceptado, un retroceso real en el proceso de integración política que se supone inherente a la UE

La UE, en particular su órgano de gobierno intergubernamental –el Consejo Europeo- lleva tiempo cabalgando sin dirección sobre una crisis política cada día más profunda, a la que ha contribuido a alimentar. Cuando más necesaria que nunca era una reafirmación de liderazgo y de proyecto que permitiese hacer frente a las tendencias centrífugas cada vez más potentes que actúan en la UE, y a sus agentes, las diversas expresiones políticas de los nacionalismos, los líderes políticos han puesto de manifiesto que carecen de ambas cosas. Una vez más las instituciones europeas han sido llevadas a plegarse ante los políticos más derechistas y menos europeístas para dar una nueva lección de impotencia en el tema de los refugiados y para rendirse ante el chantaje de los euroescépticos británicos.

Las conclusiones

El lenguaje ambiguo, oscuro y farragoso de las conclusiones, superior en algún grado al habitual en este tipo de textos, parece responder a un deliberado intento de ocultar la verdad o el significado real de los acuerdos o de la falta de los mismos. En el caso de las decisiones y declaraciones sobre el caso británico, en ocasiones parece querer servir a una interpretación y a su contraria, a la que pueda permitir a Cameron decir que ha arrancado grandes concesiones a Bruselas, al tiempo que a los perplejos europeístas, o a los simples defensores de la legalidad europea, decir también que los retrocesos no han sido tan graves.

Al margen de unas breves referencias a Siria y Libia (III; 10 y 11) y al refrendo formal de la Recomendación sobre política económica de la zona euro (IV; 12), las conclusiones de la cumbre del Consejo sólo contienen un apartado sobre migraciones y el acuerdo con el Reino Unido

Sobre la crisis migratoria

Las conclusiones intentan ocultar el nuevo fracaso de cara a la adopción de una posición común de la UE para hacer frente a la crisis de los refugiados, diciendo que el propósito de esta reunión sólo era el de evaluar el grado de cumplimiento de las orientaciones adoptadas en diciembre. Y lo hacen sin tener ningún reparo en obviar toda referencia al fracaso absoluto del procedimiento de recolocación de los refugiados, cuando de las 160.000 reasignaciones de residencia sólo se han producido 500.

El texto mezcla deliberadamente la problemática de los refugiados con la de los inmigrantes ilegales para centrarse en un enfoque de contención de los flujos y de seguridad. Es particularmente grave que la cumbre no haya dado respuesta alguna a los acuerdos de la reunión del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia), celebrada días antes de la cumbre, en la que tras reafirmarse en que no van  a aceptar ningún acuerdo de la UE que les obligue a conceder a nadie el estatus de refugiado en sus países, reiteraron su voluntad de continuar con el levantamiento de muros fronterizos. No hace falta decir que así se viola de lleno el Acuerdo de Shengen.

No obstante, el apartado II.5 de las conclusiones recuerda que uno de los objetivos de la respuesta a la “crisis migratoria” es “salvaguardar la integridad del espacio Schengen”. Es decir no sólo es que el Consejo no adopte las soluciones necesarias y urgentes que debería adoptar, sino que a la hora de evaluar sus propias “orientaciones” de dos meses antes, prescinde de cualquier análisis riguroso de la realidad.

Los otros objetivos principales son: contener la afluencia de llegadas, proteger las fronteras exteriores y reducir la migración ilegal.  Cumplir las obligaciones de la legislación internacional sobre los refugiados (Convención de Ginebra, 1951) no se encuentra entre los objetivos de esta política.

El apartado II de las conclusiones, dedicado a migraciones, termina expresando la preocupación por la situación humanitaria de los migrantes en tránsito por los Balcanes Occidentales y hablando de una acción de ayuda que no precisa en absoluto (II; 8-g); expresando el deseo de que se alcance un acuerdo para crear la “Guardia Europea de fronteras y costas” durante la actual presidencia de turno holandesa (II; 8-h); y pidiendo al BEI ideas para ver el modo en que puede colaborar en este tema (II: 8-i)

Acuerdo UE-UK

El Acuerdo se compone de una Decisión y seis Declaraciones. La primera de las declaraciones  –la referida a Un nuevo régimen para el Reino Unido en la Unión Europea- contiene, a su vez, un proyecto de decisión del Consejo. Las demás declaraciones contienen aclaraciones y desarrollos (incluidas interpretaciones de los tratados) así como compromisos legislativos en referencia a los puntos tratados en la Decisión.

Las disposiciones del acuerdo son básicamente de dos tipos: aquellas que tienen voluntad de ser interpretaciones de los tratados vigentes (aunque en ocasiones los distorsionan o violan como es opinión de muchos analistas en puntos como la discriminación en la percepción de las prestaciones sociales por parte de trabajadores de otros estados miembros) y aquellas que indudablemente modifican los tratados (tal es el caso de la capacidad de veto de los parlamentos nacionales). Para este último tipo de cuestiones y para una parte de las “interpretaciones” el Acuerdo propone que se incorporen al TFUE en la primera de las modificaciones que tenga lugar.

La vigencia de los términos del Acuerdo está lógicamente supeditada a la confirmación por parte del Reino Unido del compromiso de permanencia en la UE, una vez celebrado el referéndum.

La Decisión (Anexo I de las Conclusiones) y las Declaraciones (Anexos II a VII) pretenden dar respuesta a las cuatro grandes condiciones de la propuesta de Cameron: a) que la Eurozona no perjudique los intereses económicos del RU, haciendo que los Estados que no pertenecen a ella participen en sus decisiones; b) impulsar la competitividad procediendo a limitar las regulaciones europeas, reduciendo las cargas de las empresas y promoviendo el comercio; c) reforzar la soberanía nacional, excluyendo al RU de las obligaciones de avanzar hacia “una unión cada vez más estrecha”, estableciendo la capacidad de veto de las decisiones europeas por una mayoría de los parlamentos nacionales y excluyéndolo del ámbito de las decisiones de justicia e interior, así como manteniendo la seguridad como una competencia exclusivamente nacional; y d), limitar la libre circulación de personas procedentes de otros países de la UE así como reducir algunas de las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

El Acuerdo recoge los términos del documento Tusk-Cameron que se conoció quince días antes, con ligeras variaciones y desarrollos técnico-jurídicos que no alteran la sustancia del mismo. En los considerandos de la Decisión es sintomática la redacción que enfrenta, en párrafos contiguos, la afirmación de que ni el TJE ni los tribunales británicos pueden dictaminar sobre si las legislaciones y prácticas nacionales del Reino Unido se ajustan a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, con la loa al mercado interior y su papel para impulsar la producción, la inversión y el comercio (Anexo I, pág. 10). Es una buena síntesis del espíritu del Acuerdo: caminar hacia una UE que sea Mercado Único sin derechos de carácter europeo.

Uno de los mayores peligros que encierra el Acuerdo es que no afecta sólo al RU y a sus relaciones con la UE sino que la mayoría de sus disposiciones, en particular las más dañinas, están redactadas de modo que son aplicables o bien a los países que no pertenecen a la zona euro o a todos los países de la UE. Un ejemplo de estas últimas, las que afectan a la libre circulación y los derechos de los ciudadanos de otros países de la UE.

Las cuatro secciones en las que se divide la Decisión hacen referencia a cada uno de los grupos de exigencias incluidos en el documento de condiciones de Cameron. Lo más destacado es lo siguiente:

-          Gobernanza Económica y nuevo régimen para el Reino Unido en la UE

(Decisión, Sección A –pags. 12 a 15- y Declaración sobre la Sección A –pags. 25 a 28-)

Es el apartado más ambiguo y, en ocasiones, confuso; tal vez como consecuencia de la presión francesa contra la pretensión británica de que al Reino Unido no le afecten las decisiones del gobierno económico de la zona euro al tiempo que pueda influir, o incluso vetar, aquellas que se decidan para la eurozona. En todo caso, queda claro que a la City no le afectan directamente las regulaciones financieras ni los preceptos de la Unión Bancaria de la eurozona ni tiene obligación alguna respecto a los eventuales rescates financieros de los países del euro. Es más, se le devolverá la cuota correspondiente del presupuesto de la UE que se utilice para una medida urgente de salvaguarda de la estabilidad financiera (Sección A-3, pág. 14).

En la Declaración que complementa esta sección (es, a su vez, un proyecto de Decisión del Consejo) se establece el mecanismo por el que los países que no están obligados a cumplir las normas de la UEM pueden recurrir sus decisiones. El mecanismo parece una especie de arbitraje obligatorio del Presidente del Consejo:

“3. A tal fin, el presidente del Consejo, asistido por la Comisión y dentro del respeto del Reglamento interno del Consejo, tomará cualquier iniciativa que sea necesaria para facilitar la consecución de una base de acuerdo más amplia en el Consejo. Los miembros del Consejo le prestarán su apoyo” (Anexo II, pag. 28)

-           Competitividad

     (Decisión, Sección B –pag. 15- y declaraciones de los anexos III y IV –pags. 29 a 32-)

El apartado B de la Decisión y las dos declaraciones que lo desarrollan son toda una declaración de voluntad para reducir las cargas administrativas y los costes de las empresas así como para derogar la legislación innecesaria y simplificar la que se mantenga. En el fondo todo un alegato desregulador, una apuesta por la profundización del programa REFIT, con la novedad de su pretensión de ampliarlo a las legislaciones nacionales.

La Declaración del Anexo IV establece que la Comisión propondrá antes de finalizar 2016 un programa de trabajo y establecerá un mecanismo para revisar el conjunto de la legislación vigente de la UE para que esta cumpla los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Es decir el Acuerdo nos conduce a un REFIT ampliado.

-          Soberanía

(Decisión, Sección C –pags. 16 a 18-)

Este apartado hace una interpretación de los Tratados en el sentido más favorable a las pretensiones de la derecha conservadora británica y del resto de los pujantes nacionalismos europeos. Tras reconocer que el RU no se ha comprometido a una mayor integración política en el seno de la UE, se lanza a una serie de consideraciones que cuestionan la validez general del principio de “caminar hacia una unión cada vez más estrecha” vigente desde el Tratado de Roma. Llega a afirmar que este principio “…no constituye una base jurídica para ampliar el ámbito de aplicación de cualquier disposición de los Tratados o del Derecho derivado de la UE”. (Decisión, Sección C, pag.16) y añade la lamentable coletilla de que las referencias a este principio “…no obligan a todos los miembros a buscar una meta común” (Decisión, pag. 17).

El Acuerdo acepta las propuestas de Cameron sobre la exclusión del RU del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE, y sobre la responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro sobre la seguridad nacional. Para compensar, tal vez, el mal efecto que esta tajante definición pudiese tener en toda la retórica antiterrorista europea se añade un párrafo insustancial que reconoce los beneficios que tiene la acción colectiva en materia de seguridad (Decisión; pag. 18).

La cuestión más relevante de este apartado es la competencia que se concede a los parlamentos nacionales para vetar actos legislativos de la Unión si suman más del 55% de los votos atribuidos a los mismos. En principio parece afectar a aquellos actos legislativos que, según la opinión de los parlamentos nacionales, no cumplan el principio subsidiariedad.

-          Prestaciones sociales y libre circulación

(Decisión; Sección D -pags 19-24- y declaraciones V,VI y VII –pags. 33 a 36-)

Es sin duda el más regresivo de los apartados del acuerdo por atacar directamente a uno de los pilares de la UE, el principio de libre circulación, afectar a las prestaciones sociales de personas que están  trabajando o en paro, e introducir una evidente discriminación entre ciudadanos de la UE. Por afectar al principio de no discriminación, consagrado en el artículo 35 del TFUE y en el artículo 21.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, estas disposiciones deberían motivar recursos ante el TJUE por vulneración del principio de no discriminación. Serán posiblemente el principal motivo de oposición en el PE y deberían ser el principal motivo de movilización de la CES contra el Acuerdo. Máxime cuando las disposiciones son aplicables por cualquier Estado miembro de la UE.

Para denegar o reducir las prestaciones sociales de los migrantes procedentes de otros países de la UE, la Comisión Europea deberá promover la modificación del Reglamento 492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la UE. En un estrafalario acto legislativo de carácter preventivo, el Acuerdo establece anticipadamente que el RU cumple ya los requisitos de salvaguardia de ese nuevo Reglamento que todavía no se ha escrito (Anexo VI, pag. 34). Lo hace afirmando que la Comisión da por buenas las informaciones que le ha facilitado el gobierno del RU sobre la supuesta situación de emergencia que al respecto vive. Esta es una afirmación manifiestamente falsa a la luz de los datos reales sobre el coste de las prestaciones que se quieren recortar.

Esta facultad de recorte general de prestaciones sociales, en principio parece que limitada a las prestaciones no contributivas de los sistemas de seguridad social, se aplicaría a cada trabajador que llegue por primera vez a otro Estado miembro durante un periodo de hasta cuatro años desde el inicio del empleo, pudiendo estar vigente esta facultad de cada gobierno durante un período de 7 años como máximo, frente a los 13 años que propuso Cameron (Decisión, Sección D, pág. 23).

El Acuerdo incluye también el recorte a un derecho de exportación de una prestación contributiva regulada por el Reglamento (CE) 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Es la que se refiere a las ayudas por hijo. Establece que se podrán indexar según el nivel de vida y el nivel de las prestaciones por hijo que tenga el estado miembro en el que reside el hijo (Decisión, Sección D, pag. 22; y Anexo V, pag. 33).

La UE en su laberinto

Este artículo ha sido publicado el 24 de febrero de 2016 en el diario digital:

                                http://bit.ly/1p432Eh                 

Cumbre tras cumbre de su Consejo intergubernamental, la Unión Europea va profundizando en la pendiente que puede llevarla, incluso, a su destrucción. Destrucción, al menos como proyecto político que, para lo común de todos, promueve también lo que debe exigir a las naciones que lo integran: ser democracias avanzadas  con sociedades socialmente justas. Podrá quedar, como quieren los británicos, sólo como un mercado único, en el que exista el menor número posible de normas que regulen el comercio y la inversión, con una libre circulación entendida sobre todo como de capitales, bienes y servicios, porque la de las personas ya es harina de otro costal, como se han encargado de decirnos todos los líderes políticos europeos que han aprobado, de peor o mejor grado, pero por unanimidad, las vergonzosas conclusiones de la cumbre que se celebró en Bruselas los días 18 y 19 de febrero.

No me gusta utilizar adjetivos fuertes para calificar conductas, instituciones o personas, pero en este caso todo lo relacionado con esta cumbre europea merece los más duros calificativos, por más que algunos comentaristas pretendan edulcorar el trago subrayando que se ha conseguido el objetivo principal: que el Reino Unido no vaya a abandonar la UE. Lo primero que hay que decir es que eso está todavía por ver, pero que, en todo caso, lo que hay que analizar es a costa de qué va, eventualmente, permanecer el Reino Unido en la UE, y cuáles serán las consecuencias de haber aceptado un chantaje tan grueso para ayudar a resolver los problemas internos del Partido Conservador británico.

Sin pretender establecer ningún tipo de paralelismo histórico, hay que decir que la historia europea del Siglo XX, está repleta de ejemplos acerca de las malas –en ocasiones, nefastas- consecuencias que tiene la aceptación de los chantajes de una potencia europea en aras de conseguir algún supuesto bien superior (en ocasiones hasta la paz) o lograr su “apaciguamiento”. En nuestro caso, la gravedad de la situación y lo negativo de las concesiones a Cameron estriban en que, después de seis años de muy mala gestión política de la crisis por parte de los políticos conservadores europeos, que han impuesto las políticas de austeridad y devaluación interna, con sus muy malos resultados económicos, sociales y políticos, y en una situación de crisis política del proyecto de la Unión Europea que afecta a las instituciones y a la ciudadanía, lo que se necesitaba era, en el primer encuentro político de trascendencia, mandar un mensaje claro de más Europa, una Europa más democrática y socialmente más justa.

El Acuerdo UE-Reino Unido para evitar el Brexit

En lugar de eso, la Decisión y las seis Declaraciones que configuran el Acuerdo entre el Reino Unido y  la UE, nos van a llevar a menos Europa y a una Europa socialmente más injusta. Y no a una Europa más democrática. Por el contrario, puede llevarnos a menos democracia europea, porque la facultad que se otorga a los parlamentos nacionales de vetar decisiones legislativas de la UE, si reúnen un 55% de los votos europeos ponderados, puede convertirse en un instrumento contra la democracia europea, por apuntar sobre todo a las decisiones de la única institución europea elegida democráticamente de forma directa, el Parlamento Europeo. Como también supone una regresión democrática la capacidad que el Acuerdo concede a los países que no están en el euro –y más aún a aquellos que como el Reino Unido y Dinamarca están exentos de la obligación de tenerlo algún día como moneda nacional- a condicionar las decisiones de la zona euro, y los posibles y necesarios avances hacia un gobierno económico que se den en dicha zona, por el procedimiento de poder paralizarlas hasta que el presidente del Consejo, en funciones de árbitro, adopte “cualquier iniciativa que sea necesaria para facilitar la consecución de una base de acuerdo más amplia en el Consejo”.                                                                                             

El insoportablemente oscuro y ambiguo lenguaje del Acuerdo, conscientemente redactado para que pueda servir, al tiempo, a los propósitos de Cameron de decir que ha logrado  imponer todas sus condiciones para retroceder hacia una “Europa sólo mercado”, y a quienes, desde las instituciones europeas, afirmarán que las renuncias políticas han sido muy pequeñas, no oculta que toda la orientación del texto va en el sentido que quiere Cameron.  Un ejemplo de esto se encuentra en los considerandos iniciales, en los que tras subrayar que el Reino Unido quedará excluido del compromiso, vigente desde el Tratado de Roma, por el que todos los Estados miembros deben procurar caminar “hacia una unión cada vez más estrecha”, enfrenta, en párrafos contiguos, la afirmación de que ni el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) ni los tribunales británicos pueden dictaminar sobre si las legislaciones y prácticas nacionales del Reino Unido se ajustan a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (lo que significa de hecho la exclusión de la ciudadanía de las Islas Británicas de la protección jurídica de los muy  importantes derechos incluidos en la Carta), con una loa al mercado interior y su papel para impulsar la producción, la inversión y el comercio.

Pero las regresiones más evidentes se encuentran en las secciones B y D del Acuerdo, las dedicadas a la competitividad y a las prestaciones sociales y la libre circulación.

Competitividad entendida como desregulación y recortes sociales discriminatorios

El capítulo de competitividad pretende la ampliación y profundización del programa REFIT, impulsado por la Comisión Barroso, que, al socaire de promover la derogación, simplificación y mejora de la legislación europea, está siendo utilizado con evidentes propósitos desreguladores en los terrenos social y medioambiental. El Acuerdo incluye el compromiso de que la Comisión presente, antes de finalizar 2016, un programa de trabajo y un mecanismo de evaluación para aplicar REFIT a toda la legislación de la UE, su extensión a los ámbitos nacionales y la disminución de las cargas administrativas y los costes de las empresas. Lo que se ha acordado es impulsar una política de desregulación en la UE.

El más regresivo de los apartados del Acuerdo es, sin duda, el que se refiere a las prestaciones sociales y al principio de libre circulación, por atacar directamente a uno de los pilares de la UE, por afectar a las prestaciones sociales de personas que están trabajando o en paro, y por introducir una evidente discriminación entre ciudadanos de la UE. El Acuerdo compromete a la Comisión para que proceda a modificar el Reglamento 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro la UE, para permitir a los Estados miembros la denegación o la reducción de las prestaciones sociales no contributivas de los migrantes procedentes de otros países de la UE, si se dan unas condiciones de emergencia que puedan poner en peligro los sistemas de la Seguridad Social. Los recortes de las prestaciones se aplicarían a cada trabajador que llegue por primera vez a otro Estado miembro durante un periodo de hasta cuatro años desde el inicio del empleo, pudiendo estar vigente esta facultad de los gobiernos durante un período de 7 años como máximo.

En un estrafalario acto legislativo de carácter preventivo, el Acuerdo establece anticipadamente que el Reino Unido cumple ya los requisitos de salvaguardia de ese nuevo Reglamento que todavía no se ha escrito. Lo peor es que esta es una afirmación manifiestamente falsa a la luz de los datos reales sobre el coste de las prestaciones que se quieren recortar en el Reino Unido.

El Acuerdo incluye también el recorte de un derecho de exportación de una prestación contributiva regulada por el Reglamento (CE) 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Es la que se refiere a las ayudas por hijo. Establece que se podrán indexar según el nivel de vida y el nivel de las prestaciones por hijo que tenga el Estado miembro en el que reside el hijo.

Por afectar al principio de no discriminación, consagrado en el artículo 35 del TFUE y en el artículo 21.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, estas disposiciones de Acuerdo suponen, a mi juicio, una vulneración de principios básicos consagrados en ambos textos jurídicos, que no pueden modificarse de un modo tan alegre como el pretendido por los jefes de Estado y de gobierno europeos. Habrá que pensar en utilizar todos los instrumentos políticos y jurídicos, incluido el recurso ante el TJE, para combatir estos apartados del Acuerdo.

La cumbre del Consejo se ha constituido en ente interpretador de los Tratados, en un sentido inequívoco de reforzamiento de las soberanías nacionales frente a la europea, de desregulación y de recortes sociales. Donde no cabe interpretar las normas europeas vigentes se procederá a la reforma de los Tratados, a la primera ocasión que se presente. Y, por supuesto, la mayor parte de los términos del Acuerdo no se aplicarán sólo al Reino Unido, sino a todos los países de la UE o a una parte de ellos (los países que no están en la zona euro o los que han manifestado no querer estar allí nunca).

¿Y sobre la crisis migratoria?

Sobre la crisis migratoria o de los refugiados, ninguna novedad. Un nuevo fracaso que sumar a los de las muchas reuniones celebradas hasta el momento. Pero más grave aún por acumulativo; por ayudar a sumar cientos de muertos en las aguas del Mar Mediterráneo, en lo que llevamos de año, a los miles que se produjeron en 2015; por constatar como se mantiene la resistencia de un buen número de gobiernos a entender que la acogida a los refugiados no es sólo una opción moral de unos pueblos o de unos políticos “solidarios”, sino una obligación legal de la UE y de los Estados que han suscrito la Convención de Ginebra de 1951.

Las conclusiones de la cumbre sobre la cuestión de la “crisis migratoria” intentan ocultar el nuevo y radical fracaso de cara a la adopción de una posición común de la UE para hacer frente a la crisis de los refugiados, diciendo que el propósito de esta reunión sólo era el de evaluar el grado de cumplimiento de las orientaciones adoptadas en diciembre. Y lo hacen sin tener ningún reparo en obviar toda referencia al fracaso absoluto del procedimiento de "recolocación" de los refugiados, cuando de las 160.000 reasignaciones de residencia sólo se han producido, al día de hoy, poco más de 500.

Las conclusiones mezclan deliberadamente la problemática de los refugiados con la de los inmigrantes ilegales para centrarse en un enfoque de contención de los flujos y de seguridad. Es particularmente grave que la cumbre no haya dado respuesta alguna a los acuerdos de la previa reunión del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia), celebrada días antes de la cumbre, en la que tras reafirmarse en que no van  a aceptar ningún acuerdo de la UE que les obligue a conceder a alguien el estatus de refugiado en sus países, reiteraron su voluntad de continuar con el levantamiento de muros fronterizos. Es decir, todo un ataque frontal al Acuerdo de Shengen se queda sin respuesta.

Todo ello permite calificar la respuesta de la UE a la llamada “crisis migratoria” o “crisis de los refugiados” -cuyo volumen es sustancialmente inferior al que tienen que hacer frente los países vecinos de Siria, todos ellos  mucho más pobres que los países que integran la UE- con una sola palabra: vergüenza.

La UE sin proyecto y sin liderazgo

La UE, en particular su órgano de gobierno intergubernamental, el Consejo Europeo, lleva tiempo cabalgando sin dirección sobre una crisis política cada día más profunda, a la que ha contribuido a alimentar. Cuando más necesaria que nunca era una reafirmación de liderazgo y de proyecto que permitiese hacer frente a las tendencias centrífugas cada vez más potentes que actúan en su seno, y a sus agentes, las diversas expresiones políticas de los nacionalismos, los líderes políticos han puesto de manifiesto que carecen de ambas cosas. Una vez más las instituciones europeas han sido llevadas a plegarse ante los políticos más derechistas y menos europeístas para dar una nueva lección de impotencia en el tema de los refugiados y para rendirse ante el chantaje de los euroescépticos británicos.

Tras haber pilotado la mala gestión económica y la nefasta gestión social de la crisis, la derecha política europea, ayuna por completo de proyecto y con abundantes contradicciones internas, en parte derivadas de su competencia con la extrema derecha en el campo del renacer nacionalista y autoritario, da un paso, en esta triste cumbre de febrero de 2016, hacia la deconstrucción de Europa.

¿Y la socialdemocracia europea? A nivel de gobiernos: ausente, subordinada, igualmente sin proyecto diferenciado, no transmitiendo más allá que algunas manifestaciones de resistencia o protesta, como las de Hollande o Renzi, que al caer en saco roto se tornan manifestaciones de impotencia. La socialdemocracia europea está repitiendo el mismo triste papel que jugó ante la gestión política de la crisis económica europea por una derecha capitaneada por Angela Merkel: sin alternativas sustancialmente diferentes, también se conformó con un papel de actor secundario y subordinado.

¿Hay esperanza?

¿Podrá salir la UE del laberinto de inclinada pendiente en el que las crisis económica y política, las secuelas de sus malas políticas, y la ausencia de liderazgos y proyectos europeos claros la tienen sumida?

El pasado 21 de febrero, se celebraron en Madrid una Jornadas sobre “Un Plan B contra la austeridad”, promovidas por la Izquierda Unitaria Europea, el movimiento DiEM impulsado por Yanis Varoufakis y otras organizaciones y personalidades de la izquierda europea. No comparto todos los puntos de vista que se expresaron en estas jornadas, pero me parece muy positivo que se constituya un polo de referencia político a la izquierda de la socialdemocracia, con vocación europeísta, dentro de quienes defienden “otra Europa”.

En el movimiento sindical europeo van progresando las opiniones de que es necesario construir un polo de referencia político y social a favor de un nuevo modelo de Unión Europea con más integración, más democracia y un fuerte pilar social, y que hay que empezar a tejer una política de alianzas para lograrlo.

Estas tendencias deberían ayudar a que la socialdemocracia europea, o al menos parte de ella, saliera de su marasmo, y afrontara el reto de construir un discurso europeo sólido y coherente que no se diluyera con el mero ejercicio del poder.

En estos días se encuentra de visita en España, el presidente del Comité Económico y Social Europeo, el griego Georges Dassis. Aunque proviene del sindicalismo, las cosas que dice las puede decir en nombre de una institución consultiva de la UE, integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios y el llamado tercer sector. En mi corta experiencia como miembro del CESE he podido comprobar como, a pesar de la variedad de intereses representados en el mismo, se puede llegar a posiciones comunes sobre la crisis de los refugiados basadas en valores solidarios y en el respeto a la legalidad internacional, a defender la libre circulación de trabajadores y rechazar la vulneración del Acuerdo de Schengen, a defender el establecimiento de una renta mínima europea, o a orientar sus dictámenes de acuerdo con los valores democráticos y sociales europeos. Es decir, desde la sociedad se puede llegar a consensos inalcanzables hoy en las estructuras intergubernamentales de la UE.

Sí, existen algunos motivos para la esperanza, pero hay que alimentarlos con cuidado, con claridad y coherencia de ideas, proyectos y prácticas, pero también con ánimo de enhebrar consensos para alcanzar mayorías.

Una nueva cumbre europea que puede profundizar el camino de la desintegración

Este artículo ha sido publicado el 17 de febrero de 2014 en el diario digital
NUEVA TRIBUNA  
http://bit.ly/1TqB0PC


Los próximos días 18 y 19 de febrero se reúne la cumbre del Consejo Europeo con dos temas sobre la mesa: los términos del acuerdo con el gobierno de Cameron para el referendum de permanencia del Reino Unido en la UE y un nuevo intento de llegar a una posición común que de solución a la crisis de los refugiados. 

Existe el riesgo de que sucedan dos cosas: que el Consejo ceda, en buena medida, a las condiciones británicas para permanecer en la UE, y que la UE vuelva a mostrar su división y su impotencia y no adopte ninguna resolución digna de tal nombre sobre el tema de los refugiados. Lo segundo parece casi seguro. Que el Consejo acepte los términos de la propuesta que realizó Donald Tusk a Cameron y las modificaciones que éste quiere introducir en la misma, y que, por lo tanto, se llegue a un acuerdo que permita al primer ministro británico llamar al "sí" en el referendum de permanencia, parece algo más complicado.

En cualquier caso, el Consejo representará un paso más en la agudización de la crisis política que vive la UE. Las fuerzas centrífugas del nacionalismo y la insolidaridad van minando cada vez más un proyecto sobre el que las élites políticas dominantes manifiestan una absoluta falta de proyecto y de liderazgo.

Las condiciones de Cameron para la permanencia del Reino Unido en la UE, aún matizadas por la Comisión y el Consejo, son inaceptables. Ante todo las que atentan contra la libre circulación de trabajadores, propiciando la exclusión de los comunitarios de la protección social británica, y las que pretenden construir una capacidad de decisión en la zona euro para los países que no quieren pertenecer a ella. Pero también, las que quieren impulsar la desregulación legislativa europea o dar capacidad de veto a los parlamentos nacionales sobre las decisiones y normas europeas.

En cuanto al tema de los refugiados poco se puede esperar cuando los gobiernos del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) acaban de adoptar un posición provocadora de negativa rotunda a aceptar refugiados y a permitir su tránsito y de reafirmación en su empeño de volver a levantar alambradas y muros en las fronteras. Pero tampoco, tras escuchar al primer ministro francés, Manuel Valls, decir que Francia se opone a la propuesta alemana y de la Comisión de hacer permanente el mecanismo de reasignación territorial.

Aceptar las posiciones nacionalistas, insolidarias e ilegales (vulneran la Convención de Ginebra de la ONU de 1951) sobre la crisis de los refugiados; y vulnerar los, en su día discutidos desde una óptica contraria, Acuerdos de Schengen, sobre los dos temas de discusión, suponen a mi juicio un paso más en el camino de la destrucción de la UE. Porque destrucción sería su conversión en una simple zona de libre mercado a la que conducen las intenciones de Cameron, pero no solamente ellas.

El problema político principal es que mientras se refuerza el campo del nacionalismo de derechas más disgregador -ya hay dos gobiernos, el húngaro y el polaco, que lo aderezan con restricciones a los derechos democráticos nacionales que son incompatibles con los principios y valores de la UE- no ocurre lo mismo en el campo de los defensores de más integración europea. Sobre todo porque en el segmento político central, en los gobiernos nacionales y en el Parlamento Europeo (PE), los partidos integrantes de los grupos popular y de los socialistas y demócratas, carecen de posiciones claras y coherentes y menos aún un proyecto para sacar a la UE de su crisis política. Y cuando logran alguna posición interesante en el PE, es frecuentente desmentida por las decisiones de gobiernos nacionales de su mismo signo político. Por no hablar de la tendencia de bastantes partidos de la derecha europea de competir en el terreno ideológico y programático con la extrema derecha nacionalista.

No es jugar al catastrofismo afirmar que la UE está enfilando una pendiente que puede llevarla a su destrucción. No se puede permanecer en la pasividad. En cada Estado y en el ámbito europeo, urge construir un polo social y político, con vocación de tranversalidad, para defender una mayor integración política que conlleve necesariamente dos características, que sea más democrática y socialmente más avanzada. A esto ya habría que llamarlo refundación política de la UE.