martes, 14 de junio de 2016

Movimientos sociales y movimientos políticos en la crisis europea


Este artículo ha sido publicado en el Nº5 de "Pasos a la Izquierda", revista on-line de pensamiento político. 


La crisis financiera y económica que estalla en 2008 ha servido de catalizador de una crisis política de considerable hondura que afecta tanto a las instituciones de la Unión Europea como a numerosos sistemas políticos de sus Estados miembros. Los movimientos sociales, en particular los nuevos movimientos de naturaleza  directamente política, han jugado un papel importante, tanto como expresión de dicha  crisis política como por la manifestación de su voluntad de transformar las instituciones políticas democráticas y las relaciones sociales. En este artículo trataré de examinar algunas de las características de la crisis europea, de los movimientos sociales y el sindicalismo, y de los nuevos movimientos políticos. Finalmente, trataré de formular algunas hipótesis  sobre los modos de superación de las diferentes crisis, entre las que mencionaré la crisis de la izquierda política.

    1.  La crisis europea: ¿el fin de la “buena historia” de Europa?

Desmentida plenamente ya, desde los albores de un Siglo XXI caracterizado ante todo por las incertidumbres, la interesada y banal hipótesis de Francis Fukuyama acerca del “fin de la historia”, algunas de las tendencias de la más actual historia europea pueden llevarnos a preguntar si no vamos a empezar a enterrar la parte buena del relato histórico de la Unión Europea para volver a la peor historia de nuestro continente, la que durante siglos, hasta 1945, tuvo como protagonistas a los nacionalismos europeos y sus constantes enfrentamientos, tantas veces bélicos.

Motivos de alarma no faltan si examinamos la vergonzosa “no solución” a la crisis de los refugiados -con violación de las leyes internacionales y de los valores y principios de la UE incluidos- que justifica las malas decisiones en el crecimiento de la xenofobia y el racismo entre los ciudadanos de muchos países europeos, con lo que alimenta aquello que debiera combatir. Porque las concesiones de los partidos populares y socialdemócratas al discurso de la extrema derecha no harán sino reforzar al nacionalismo xenófobo. Cuando la contaminación llega al extremo alcanzado por las posiciones de los socialdemócratas austríacos, daneses o finlandeses, podemos calibrar el alcance de una de las componentes de la crisis política europea, la crisis de la socialdemocracia, de su proyecto europeo y de sus políticas nacionales.

El crecimiento de los nacionalismos, coincidente con un agotamiento del proyecto político europeo, es una realidad anterior al estallido de la crisis económica. Pero ésta y su nefasta gestión por parte de los principales responsables políticos europeos los han reforzado extraordinariamente. Hoy en día, en sus expresiones más claramente autoritarias, gobiernan Polonia[1] y Hungría[2] con mayoría absoluta, vulnerando principios políticos inscritos en los Tratados de la UE y despreciando las tímidas advertencias que reciben de la Comisión Europea. Tampoco son molestados en las respetables formaciones europeas a las que pertenecen: el PPE, en el caso del Fidesz húngaro, y el CRE en el del PiS polaco. El no cuestionamiento, por el momento, de la pertenencia a la UE por parte de ambos se basa ante todo en razones tácticas y de interés económico. La derecha y la extrema derecha nacionalista, euroescéptica o claramente antieuropea, es una tendencia política sólida y creciente en cerca de 20 de los 28 miembros de la UE, situándose como primera fuerza política en países como Francia y Austria.

Siendo esta la situación en una mayoría de los Estados miembros y no habiendo reaccionado adecuadamente, en modo alguno, ninguna de las dos tendencias políticas mayoritarias -“populares” y socialdemócratas- sobre las que ha descansado el desarrollo de la construcción europea en las últimas décadas, los líderes políticos de la UE tienen muy escasas, por no decir nulas, posibilidades de corregir un rumbo caracterizado por: la extrema tardanza o incapacidad para tomar decisiones, el carácter equivocado de muchas de ellas, la desconfianza que suscitan en la ciudadanía que deriva hacia una pérdida de confianza y de legitimidad de las propias instituciones, y, por supuesto, la ausencia de un proyecto de futuro que ayude a volver a agrupar las muy debilitadas fuerzas del europeísmo político.

Desde el cambio de siglo ya se manifestaban las limitaciones del proyecto de construcción europea por el método de los pequeños pasos. El miedo a la globalización y la gestión de la misma por las políticas neoliberales que comenzaron a erosionar los Estados de bienestar; el predominio de gobiernos nacionales de centro derecha o de la tercera vía socialdemócrata (Schröder y Blair); la ampliación de la UE a los países del centro y el este de la antigua esfera soviética, países en los que fueron predominando el nacionalismo, el atlantismo y el liberalismo económico más que un convencido europeísmo, etc. Todo ello promovió una dilución del impulso de progreso en la construcción europea.

Y lo que ha sido más grave en términos económicos: la Unión Monetaria se puso en marcha sin los mecanismos, las instituciones y las políticas necesarios en cualquier zona monetaria común, lo que se ha puesto de manifiesto de forma dramática a partir del estallido de la crisis y está lejos de ser corregido. El rechazo al proyecto de Constitución europea, en los referendos francés y holandés de 2005, marcó un simbólico punto final a una trayectoria en la construcción política de Europa, trayectoria no exenta de contradicciones y mitos.

Hoy, las concesiones a David Cameron, regresivas en términos sociales y políticos, se contraponen a cualquier lógica de recomposición y proyecto para un futuro común. Adoptadas para ayudar al primer ministro británico en el referéndum sobre el Brexit, convocado para resolver las luchas por el poder internas de los tories, marcan, junto al Acuerdo de la vergüenza con el gobierno autoritario de Erdogan para deportar a Turquía a los refugiados sirios y de otros países, una de las horas más bajas que ha conocido la UE en toda su historia.

Neoliberalismo, nacionalismos y déficit democrático, vectores de demolición de la UE
La gestión política de la crisis económica ha sido el factor principal que ha profundizado y acelerado la crisis política en sus diversas componentes: divergencia económica entre países; ruptura de la cohesión social en muchos de ellos; falta de capacidad de gobierno y ausencia de procedimientos democráticos en la imposición, por parte de la Troika, el Eurogrupo, el Consejo o la Comisión de las medidas de austeridad extrema, devaluación interna y “reformas estructurales” que no han sido otra cosa que recortes sociales y laborales y debilitamiento de la negociación colectiva y del papel de los sindicatos. Es decir, todo un programa de contrarreformas.

La aplicación no democrática de los principios de la economía política alemana más conservadora –síntesis del ordoliberalismo alemán tradicional con el neoliberalismo moderno- ha producido una prolongación y profundización de la crisis, a diferencia de lo ocurrido en los EE UU y otras áreas geográficas que aplicaron políticas neokeynesianas, y unas secuelas sociales y políticas muy negativas: incremento del paro, de la pobreza y la desigualdad, en la distribución de los ingresos y en las oportunidades sociales.

Es decir, han sido unas políticas equivocadas e injustas que han producido unos efectos que son los contrarios de los que permiten caminar juntos en un proyecto supranacional, mucho más aún si ese proyecto ha sido diluido por esas mismas políticas y otros factores y no se tiene la voluntad política de reconstruirlo o refundarlo.

Neoliberalismo –en versión alemana- más nacionalismos, en un marco que se percibe, con razón, como escasamente democrático, son poderosos factores de demolición del proyecto europeo.

Aunque la ausencia de proyecto por parte del centro derecha europeísta, que no vive -en relación con la UE- de otra cosa que del pragmatismo y oportunismo de la canciller Merkel, es un serio hándicap para enfrentarse a la crisis política de la UE, no cabe duda que lo que más ha resaltado, desde que estalló la crisis, es la falta de alternativas por parte de la socialdemocracia europea a las políticas de austeridad. Este hecho ha agudizado la crisis de las formaciones políticas de este signo, formaciones que ya habían manifestado con anterioridad su incapacidad para apartarse de las fórmulas del neoliberalismo cuando alcanzaban el poder.

La crisis de la socialdemocracia
La disipación de las diferencias entre los partidos de centro derecha y de centro izquierda se produce por una aceptación, por parte de estos últimos, del modelo de globalización neoliberal, realizado bajo la hegemonía del capital financiero. Dejando en un segundo plano la primacía política de la lucha por la igualdad, muchos partidos socialdemócratas entraron de lleno en el juego de aceptar las supuestas “obligaciones” de la economía globalizada –competitividad basada en la rebaja de salarios,  condiciones de trabajo y prestaciones sociales- cuando, en muchos casos, no eran sino cláusulas encubiertas de subordinación a los intereses del capital financiero, de las grandes empresas transnacionales y de una élites económicas reacias a cualquier sacrificio fiscal.

Se resintió no sólo el compromiso de la socialdemocracia con la igualdad y la justicia sino también con la democracia. La aceptación de la subordinación del poder político a intereses económicos supranacionales –globales o europeos- ocultos, o establecidos a través de relaciones muy opacas que incluyen la corrupción y las “puertas giratorias”, no sólo ha deteriorado gravemente el mensaje socialdemócrata, sino que también ha contribuido a debilitar la democracia y al resurgir de los nacionalismos y populismos o de los nuevos movimientos sociales de naturaleza política.

La crisis de la izquierda socialdemócrata ha llevado, allá donde existía una fuerte movilización social y formaciones a la izquierda de los socialistas –Grecia- o movimientos políticos de nuevo tipo –España y el 15M- al surgimiento de alternativas políticas de gobierno como Syriza y Podemos a la izquierda de los partidos socialdemócratas. La saña con la que los principales gobiernos y las instituciones europeas, dirigidas por políticos de las todavía dos principales fuerzas políticas europeas, han realizado la operación de acoso al Gobierno de Alexis Tsipras, hasta lograr la derrota de su tentativa de salirse del cerco de una austeridad suicida, ha sido un claro ejemplo de partidismo sectario y una advertencia a los electores de otras naciones. Todo ello formulado por gobernantes desprestigiados, incapaces de formular cualquier tipo de proyecto atrayente para superar la crisis política europea y para que los ciudadanos puedan volver a confiar en la UE.

En resumen, las principales características de la crisis europea son, a mi juicio: inadecuación y mal funcionamiento de las instituciones de gobierno de la UE; falta de resortes y capacidades de gobierno en el terreno económico, imprescindibles en la zona euro; desarrollo de procesos de divergencia entre naciones y de desigualdades y ruptura de la cohesión social en el interior de las mismas; crisis de confianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes y las propias instituciones (europeas o/y nacionales); ausencia de proyectos de futuro y de fuerza ideológica y política para ponerlos en marcha enfrentándose a las ideologías y políticas nacionalistas y de la extrema derecha; crisis de identidad y de proyecto de la izquierda socialdemócrata,...


  2.    El sindicalismo europeo frente a la austeridad y la crisis política de la UE

En los límites de espacio de este artículo sólo cabe realizar unas pinceladas descriptivas de lo que han sido, sin duda, las más importantes movilizaciones sindicales y sociales  que ha conocido la historia de Europa después de la 2ª Guerra Mundial. Al menos en el terreno sindical y teniendo en cuenta su extensión geográfica y la existencia de nexos comunes entre los procesos nacionales en un mismo período de tiempo. No alcanzan, por supuesto, la intensidad de un Mayo del 68, en Francia, o del “otoño caliente del 69”, en Italia, o las protagonizadas por el movimiento obrero y la oposición democrática en España al final de la Dictadura de Franco y en 1976, o las que promovieron el fin de los regímenes del “socialismo real” en el centro y el este de Europa. Pero en todos estos casos hablamos de procesos nacionales o/y regionales.  En todo caso, nunca hubo una concatenación de un número tan elevado de huelgas generales en un espacio de tiempo relativamente corto.

En el Informe sobre el Estado de la Unión Europea (Fundaciones Alternativas y Friedrich Ebert, 2014), publiqué un artículo sobre las movilizaciones sindicales y sociales en Europa en 2013[3], que, en lo tocante al campo sindical, daba cuenta de que en el período de menos de cuatro años, comprendido entre el momento de la adopción de las políticas de austeridad (mayo de 2010) y finales de 2013, se habían producido en Europa 37 huelgas generales, un número desconocido en nuestro continente desde antes de la 2ª Guerra Mundial. De ellas, eso sí, 26 habían tenido lugar en Grecia, y el resto en España, Portugal, Italia, Bélgica y Chipre.

Desde 2014 se han producido otras doce huelgas generales en: Bélgica (2), Italia (2) y  Grecia (6), de las cuales cuatro han sido contra el gobierno de Syriza, la última de dos días, los pasados 6 y 7 de mayo, contra la reforma de las pensiones impuesta por la UE, junto con otros recortes, como condición para la aprobación del tercer plan de rescate de las finanzas públicas griegas. Aunque no ha sido convocada como huelga general, sino basándose en huelgas escalonadas y coincidentes de los sectores públicos y en grandes manifestaciones, hay que terminar mencionando el gran movimiento de protesta que se desarrolla en Francia y que continúa vivo en el momento de escribir este artículo, contra la reforma laboral de la Ley El Khomri (nombre de la ministra de trabajo), bajo los auspicios de la CGT y otras centrales sindicales francesas[4]. El movimiento sindical ha convergido con el estudiantil en numerosas ciudades y de ambos ha surgido, en París y otras ciudades francesas, el movimiento político La Nuit Debout, inspirado en el 15M y otros movimientos que surgieron en 2011, al calor de las movilizaciones de la Primavera Árabe.  

Los movimientos huelguísticos sectoriales y de empresa han sido muy numerosos, destacando los producidos en los sectores públicos y de la educación de numerosos países. En el caso de la educación, las movilizaciones han sido realizadas tanto por los sindicatos de profesores y personal de servicios como por las organizaciones de estudiantes de las enseñanzas secundaria y superior.

Las huelgas sectoriales y de empresa han sido en su gran mayoría de tipo defensivo –contra los despidos en procesos de reestructuración, contra los intentos de rebajar los salarios o empeorar las condiciones de trabajo, o por reclamación de salarios impagados. Sólo en Alemania, Suecia, Dinamarca e Irlanda se han producido, a partir de 2012, un número algo significativo de huelgas ofensivas, por la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo.

Varios elementos comunes han tenido las movilizaciones sindicales de carácter general, en particular las huelgas generales, que se han desarrollado en Europa a partir de 2010: se han dirigido contra las políticas de austeridad y devaluación salarial y sus consecuencias laborales y sociales y se han producido, sobre todo aunque no solo, en los países sometidos a rescates de las finanzas públicas, o de su sistema bancario, por parte de la troika, o sometidos a vigilancia y prescripciones a través de las “Recomendaciones por país” del Semestre Europeo. Es decir, las movilizaciones se han dirigido en primera instancia contra los gobiernos nacionales y en una segunda y más genérica contra las instituciones europeas y la troika. Como las decisiones de los gobiernos nacionales estaban sometidas a prescripciones u orientaciones de instituciones supranacionales, aquellos se han escudado en éstas para no aceptar las reivindicaciones sindicales. Como es bien sabido, las instituciones europeas y el FMI sufren de forma muy lejana y llevadera la presión del rechazo social. Esta ha sido una de las razones por las que unas movilizaciones importantes no han conseguido apenas fruto alguno, si se exceptúa algún logro muy concreto, a veces de modo indirecto y temporal, como han sido las sentencias del Tribunal Constitucional de Portugal que han anulado decisiones del Gobierno que traducían condiciones impuestas por la troika en el memorándum del plan de rescate portugués.

Otra de las razones es la notable divergencia de situaciones económicas, políticas y de cultura sindical entre los países centrales que han impuesto la austeridad –Alemania, Holanda, países nórdicos,…- y los países del Sur (y del Este) de Europa, que la han sufrido en mayor medida y que han luchado contra ella. Quien decidía, la canciller Merkel, se sintió mucho más presionada, en 2010, por el calendario de las elecciones regionales alemanas que por las movilizaciones sindicales en Grecia o en España o el sufrimiento de sus pueblos. Mientras, la DGB, que tiene interiorizado que la Constitución alemana prohíbe las huelgas generales de solidaridad, conseguía en el año más duro de la recesión, 2009, que el paro no subiera y los trabajadores mantuvieran el empleo con recortes del tiempo de trabajo y del salario, compensados estos últimos por la percepción de una parte proporcional del seguro de desempleo. Este sistema, llamado Kurzarbeit, fue  negociado con el gobierno, en la concertación política general, y concretado a través de la negociación colectiva en las empresas de los sectores industriales exportadores, que son los que mantienen una tasa de afiliación sindical alta. Es evidente que la canciller Merkel hizo lo necesario para cuidar la paz social en Alemania y le importó bien poco lo que al respecto sucediera en los países del Sur de Europa.

El ataque llevado a cabo por el Eurogrupo, el Consejo Europeo y la troika contra los fundamentos de las relaciones laborales, la negociación colectiva y el estado de bienestar en numerosos Estados miembros ha sido muy profundo y ha sido realizado con absoluto desprecio de los procedimientos democráticos, de las instituciones del diálogo social y de las propias leyes, fuesen estas los convenios de la OIT, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Carta Social Europea o las mismas constituciones nacionales.


La huelga general europea era necesaria pero no fue posible
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó, durante este período, diversas jornadas de movilización europea, contra los efectos de la crisis y de la austeridad, bajo la fórmula de euromanifestaciones centralizadas o jornadas de acción descentralizadas. Al comienzo de la crisis destacó la celebrada el 14 de mayo de 2009, con cuatro grandes manifestaciones en Madrid, Bruselas, Berlín y Praga. Pero sólo la celebrada el 14 de noviembre de 2012, tuvo el impacto suficiente como para que algunos medios hablaran, con exageración, de huelga general europea por el hecho de que la hubiera en cinco Estados de la UE (Portugal, España, Italia, Grecia y Chipre), amén de manifestaciones y otras acciones en un total de 28 países (incluidos Turquía y Suiza). Se consiguió, en buena medida, por un trabajo de coordinación sindical entre centrales nacionales llevado a cabo por iniciativa de CC OO, UGT y la CGTP portuguesa.

Pero tampoco bastó. Se puede extraer una primera conclusión: las huelgas y otras movilizaciones generales se han llevado a cabo, sobre una base nacional, cuando las decisiones políticas contra las que se luchaba se tomaban en el ámbito de la UE. Para triunfar hubiera sido necesaria una acción general de todo el sindicalismo europeo, contundente y prolongada, que hubiera incluido una huelga general europea. Y eso no fue posible, no es posible por el momento, dada la diversidad de situaciones nacionales y de culturas y prácticas sindicales en el sindicalismo europeo que la CES no ha sabido todavía sintetizar para impulsar una capacidad de movilización supranacional potente.

El sindicalismo europeo ha pagado en términos de afiliación e influencia la derrota, en muchos países, frente a las políticas de austeridad, devaluación salarial y recortes sociales. Esta derrota ha incidido en una crisis que también afecta al sindicalismo. La crisis viene de antes, y no puede ser objeto de estudio más detallado en los límites de este artículo. Una buena visión general de la misma la da el trabajo de los investigadores del Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI) Bernaciak, Gumbell-McCormic y  Hyman (2015)[5].


   3.      Movimientos sociales de naturaleza política

El 17 de diciembre de 2010, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se prendió fuego en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid como protesta frente al acoso y extorsión que sufría por parte de la policía local corrupta que le impedía trabajar en el modo de subsistencia de su familia. Este hecho sirvió de catalizador de un proceso de manifestaciones y huelgas masivas que llevaron, el 14 de enero de 2011, al derrocamiento del dictador Ben Ali.

Inspiradas en el ejemplo de Túnez, entre enero y marzo de 2011 se desencadenaron movilizaciones populares masivas en Egipto, Yemen, Baréin, Libia, Siria y, en menor medida, en Marruecos. Cayeron los dictadores Mubarak y Gadafi (tras una guerra civil con intervención internacional y una posterior desintegración del Estado libio) y derivaron en guerras civiles no conclusas en Yemen y Siria, con un creciente predominio de los grupos yihadistas y con la intervención de las potencias regionales sobre la base de los lineamientos político-religiosos que enfrentan a las dos grandes corrientes de la religión musulmana: la sunita y la chiita.

Sin embargo, las motivaciones y los objetivos originales de todos los movimientos populares de la Primavera Árabe fueron coincidentes: el rechazo a dictaduras que promovían la desigualdad y la injusticia y una enrome corrupción, en un contexto de grave crisis económica y desempleo masivo de la población juvenil, y la aspiración a vivir en libertad y democracia y con justicia social y gobiernos honrados. En todos los casos tuvieron un papel decisivo en el desencadenamiento y la extensión de los procesos de movilización popular las redes sociales, Internet y la telefonía móvil. La espontaneidad fue una característica básica de casi todos los procesos revolucionarios, aunque hubiese actores sociales y políticos organizados que tuvieron un papel desigual según en qué países. Es un hecho significativo que en el único país en el que se ha mantenido la democracia, donde se desencadenó la Primavera Árabe, Túnez, existía bajo la dictadura una central sindical, la UGTT, y otras organizaciones de la sociedad civil más desarrolladas que en los demás países árabes y que conservaban un cierto grado de autonomía respecto al poder dictatorial. Y fueron los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, organizadas en el Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez[6], quienes jugaron un papel decisivo para evitar, en 2013, que la situación derivara hacia un enfrentamiento civil entre los islamistas de Ennahda, en el gobierno, y las fuerzas laicas, en un contexto de elevada actividad armada de las organizaciones yihadistas. El Cuarteto intervino también para lograr la aprobación de una Constitución, básicamente laica, mediante el consenso de las principales fuerzas políticas. Personalmente tuve ocasión de comprobar in situ, en el primer año de la revolución tunecina, el interés que suscitaba en la UGTT y otras fuerzas sociales y políticas el modelo de transición de la dictadura a la democracia en España.

Aunque hoy en día se tiene en los medios de comunicación occidentales una percepción negativa de las revoluciones de la Primavera Árabe, por su fracaso temporal, por las guerras civiles que generaron -después de la irrupción en sus procesos políticos y sus derivas militares de las distintas corrientes islamistas y yihadistas, incluidas Al Qaeda y el Estado Islámico- y por su grave condicionamiento por la geopolítica religiosa de la región, no se debe olvidar sus orígenes: básicamente laicos, democráticos y espontáneos. Tampoco la notable influencia que tuvieron en movimientos como el 15M en España y similares que se desarrollaron con fuerza, en 2011 y años posteriores, en EE UU (Occupy Wall Street), Italia, Portugal (Que se lixe a troika), Turquía (Plaza Taksim-Parque Gezi), Hong-Kong, Israel, Mexico, Brasil, etc., y hoy en Francia (La Nuit Debout) al calor de  la movilización sindical y estudiantil. La prohibición, por parte de las autoridades chinas, de la divulgación de informaciones sobre las revoluciones árabes, en los medios de comunicación y a través de Internet, fue todo un síntoma del temor a su fuerza de contagio que produjo en las dictaduras.

Porque, reconociendo las particularidades y diferencias que ofrecen estos movimientos sociales de naturaleza política en los distintos países y regiones del mundo, los rasgos comunes son muchos, y compartidos con los movimientos de la Primavera Árabe. Además de las características de espontaneidad, papel relevante de las redes sociales y aspiración de autonomía respecto a las fuerzas políticas y otras organizaciones sociales, nos encontramos con una base de indignación que estalla, por diversos eventos que actúan de catalizadores. La indignación la da la percepción social de la crisis, de las situaciones de paro, precariedad laboral, pobreza, empeoramiento de las condiciones de vida de una mayoría de la sociedad (trabajadores y clases medias), en contraste con el mantenimiento, o aún el aumento, de la riqueza de una parte minoritaria, en particular de los más ricos –el 1%- y de las élites económicas. En muchos países –entre ellos España- la aceptación del estado de cosas, económico y social, y del modo de gobernar en beneficio de las minorías privilegiadas se vuelve insoportable al comprobar los elevados niveles de corrupción política y económica del sistema.

Si en los países árabes el objetivo político podía concretarse en el derrocamiento de las dictaduras y el establecimiento de sistemas políticos democráticos, en los países democráticos occidentales la crítica de los nuevos movimientos sociales se concentra en el anquilosamiento de las instituciones democráticas y su degradación -por la corrupción y por las decisiones políticas tomadas para defender los intereses de los más privilegiados-, la falta de control real de las decisiones y el oscurantismo de los procesos de toma de decisión, la externalización de muchas decisiones políticas importantes a instituciones transnacionales –europeas o globales- que no son democráticas y sobre las que la ciudadanía no tiene capacidad de decisión real. La crisis de legitimidad de las instituciones políticas de los países democráticos, concretada en el eslogan “que no nos representan”, tiene un serio fundamento. Sin embargo, también pueden derivarse de esta crisis conductas políticas muy peligrosas como son los nacionalismos, el antieuropeísmo, los populismos, o las opciones puramente antisistema.

Los vectores políticos que acabo de mencionar no son, por otra parte, nuevos en la historia. De hecho aparecen en mayor o menor grado en todas las revoluciones y rebeliones que en la historia han sido. Lo que les hace diferentes, además del contexto histórico político, es que vivimos en la era de la comunicación digitalizada, instantánea y global.

Para profundizar en el tema de los nuevos movimientos sociales de naturaleza política general resulta de nuevo necesario acudir a Manuel Castells (2012)[7]


Los movimientos sociales en la escena política: Italia y España
De todos los países mencionados, en donde se ha desarrollado movimientos sociales de naturaleza política, sólo en dos de ellos, España e Italia, han contribuido a la creación de partidos o plataformas políticas que han entrado de lleno en la arena electoral. La formación de Syriza responde a otro patrón, más conocido, de coalición de organizaciones de izquierda y extrema izquierda. Pero tanto en su génesis, como en su carácter y programa, las diferencias entre el Movimento 5 stelle y Podemos son notables. Pero ambos utilizan como referencia genética los movimientos sociales populares contra el secuestro y degeneración de la democracia por el sistema tradicional de partidos.

En Italia, donde actuaban otros movimientos populares contra la corrupción y por la regeneración de la vida democrática, el Movimento 5 stelle, creado por Beppo Grillo y Gianroberto Casaleggio en octubre de 2009, pretende fundir en una misma plataforma política el movimiento político, con fuertes dosis de ideología antisistema, con la construcción de una nueva organización política que compita electoralmente. Convertido en la fuerza política con mayor porcentaje de votos –el 25,4%- en las elecciones generales de febrero de 2013, hace de la crítica al sistema de partidos el núcleo de una posición que entra dentro de lo que podría calificarse de “antipolítica”. Inclasificable en términos de izquierda-derecha, tan pronto puede defender una propuesta socialmente avanzada como, llevado por su oposición a la UE, intentar formar grupo parlamentario en el Parlamento Europeo con el UKIP británico de Nigel Farage.

En España, Podemos nace de la reflexión y el activismo de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, en conexión con exmilitantes de Izquierda Unida, militantes de Izquierda Anticapitalista y activistas del 15M y de las diversas “mareas”. Nace con mucha capacidad para trabajar en las redes sociales y buenas oportunidades de utilizar los medios de comunicación. Podemos pretende conjugar su carácter de organización política de “nuevo tipo” con una estructura de poder interno fuertemente centralizada y el cultivo del liderazgo mediático. Podemos ha logrado canalizar hacia la participación electoral y política a buena parte de quienes participaron o simpatizaron con el movimiento 15M. Interesado, en un principio, en salirse de la dicotomía izquierda-derecha para cultivar polarizaciones del estilo “los de arriba y los de abajo” o “la gente/el pueblo versus la casta”, el tránsito por una sucesión vertiginosa de procesos electorales desde su exitosa irrupción en las elecciones europeas de 2014, les ha llevado a intentar, de cara a las generales del 26J a primar la unidad, en Unidos Podemos, del máximo posibles de organizaciones, estatales y autonómicas, a la izquierda del PSOE, y a elaborar un programa más realista para presentarse como opción de gobierno.

Se podrá discrepar, más o menos, con la trayectoria de Podemos desde su nacimiento –yo lo hago de varias de sus actuaciones tras las elecciones del 20D y de algunos puntos de su programa- pero no se puede negar el papel positivo que ha jugado para canalizar hacia el campo político democrático a una gran masa de gente indignada, con justificadas razones, que en muchos otros países europeos se están yendo a opciones de extrema derecha, nacionalistas, antieuropeístas, populistas del peor signo, o simplemente “antipolíticas” como el Movimento 5 stelle. En comparación con el panorama europeo, los españoles deberíamos sentirnos muy satisfechos de que la respuesta a la crisis de los partidos tradicionales haya llevado a la emergencia de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. El problema es que esto no basta: hay que acertar a traducir la nueva política en programas y coaliciones de gobierno que lleven a enfrentar los gravísimos problemas económicos, sociales y políticos que tiene España, en un contexto de soberanía limitada.

Para un análisis comparativo de los movimientos sociales M5S italiano y 15M español resulta interesante leer a Solanes Corella y La Espina (2015)[8].

En los demás países en los que se produjeron movimientos sociales de naturaleza política a partir de 2011, estos no han generado nuevas plataformas políticas. El 2 de marzo de 2013, el movimiento Que se lixe a troika[9], logró reunir en Lisboa la que casi todos los observadores calificaron como la mayor manifestación de la historia de Portugal. Se celebraron manifestaciones masivas en otras 40 ciudades portuguesas. La manifestación se disolvió tras un impresionante y masivo cántico del Grandola Vila Morena, después de pedir el fin de la austeridad y los recortes, la salida de la troika y la dimisión del Gobierno. Tras las elecciones generales de octubre de 2015, el Partido Socialista recuperó el gobierno, en base a un acuerdo programático de izquierdas que le garantiza el apoyo parlamentario de la Coalición Democrática Unitaria (PCP-PEV) y del Bloco de Esquerda. El hecho histórico, desde el 25 de Abril de 1974, de que el Partido Comunista Portugués apoyase a un gobierno del PS pudo tener que ver, con bastante probabilidad, con la histórica manifestación del 2 de marzo.

En general resulta muy difícil, en el sentido de lo que parece pretender Pierre Bordieu en los artículos que han servido de referencia a este número de Pasos a la Izquierda, que las organizaciones y movimientos sociales lleguen a ocupar el espacio político para producir profundas transformaciones. Pueden ayudar a producir rupturas y revoluciones pero no a constituirse, por sí mismas, en los nuevos sujetos políticos. Se necesitan actores políticos que creen nuevos sujetos políticos. Y lo que hay que procurar es que sean mejores que los anteriores. Por supuesto que, en un nuevo escenario político más democrático, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil tienen que tener un papel social y político más relevante. Eso contribuirá a mejorar la calidad del sistema democrático y a hacer más justas nuestras sociedades. Pero sería un profundo error pensar que pueden o deben entrar de lleno en la esfera de la política.


Otros movimientos y organizaciones sociales: su relación con el movimiento sindical
El  muy amplio espectro de movimientos y organizaciones que han desarrollado acciones y actividades en Europa en los últimos años impide abarcarlo en un breve apartado. En un extremo del espectro están los movimientos violentos y desestructurados que periódicamente protagonizan disturbios en barrios marginados de la periferia de las grandes ciudades – en Francia, Reino Unido y otros países europeos- y que a veces alcanzan una cierta orientación política, como los que estallaron en el barrio del Husbi de Estocolmo, tras la muerte de un inmigrante portugués a manos del a policía en mayo de 2013, y que se extendieron a otras ciudades suecas durante una semana. Los movimientos de okupas y otros de orientación anarquista están presentes en numerosas ciudades europeas. En el otro extremo del espectro podrían situarse las ONG dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo que reciben fondos de las agencias gubernamentales de cooperación internacional para ejecutar buena parte de las ayudas oficiales para el desarrollo y que participan también en actividades de sensibilización y en movilizaciones contra la pobreza. Con estas organizaciones, así como con las integrantes de los movimientos feminista y ecologista, el sindicalismo confederal español lleva manteniendo relaciones y desarrollando actividades conjuntas desde hace bastantes años. Esto también ocurre en la mayoría de los países europeos.

La confluencia del sindicalismo con otras organizaciones y movimientos sociales sectoriales se ha producido en las movilizaciones (huelgas y manifestaciones) contra los recortes en los sectores educativo y sanitario. En España, las grandes movilizaciones en el sector de la educación contra la nefasta Ley del ministro Wert, la LOMCE, fueron convocadas por sindicatos de profesores, organizaciones de estudiantes y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos. Este fenómeno también ha ocurrido en otros países europeos. Sólo en el año 2013 se pueden reseñar convergencias de este tipo, en el sector de la educación, en otros ocho países europeos[10]. En España esta convergencia en la acción se ha producido también entre el sindicalismo y las “mareas”, la verde de la educación y la blanca de la sanidad. La Cumbre Social, integrada en su momento de mayor proyección por 140 organizaciones y redes de organizaciones sociales, está impulsada por las centrales sindicales (CC OO, UGT y USO). La Cumbre apoya las convocatorias sindicales y las de otros movimientos como las “mareas” o las “marchas de la dignidad”.

En el ámbito europeo existen también coordinaciones sectoriales o temáticas en las que participa el movimiento sindical, a través de la CES y de las centrales sindicales nacionales. Mencionaré un ejemplo: la red de plataformas que luchan por el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras y el fin de los paraísos fiscales que tiene diversos nombres en cada país (Robin Hood Tax en varios de ellos).

Las organizaciones y movimientos de naturaleza política general han tenido en el ámbito europeo varias fórmulas de coordinación. La más importantes ha sido, hasta 2012, el Foro Social Europeo (FSE), filial europea del Foro Social Mundial (FSM), que se reunió por primera vez en Porto Alegre (Brasil) bajo los auspicios de la alcaldía de esta ciudad y de un comité organizador brasileño muy influenciado por el PT y la CUT. El FSE fue constituido en 2002. Su comité de dirección pasó a ser controlado por organizaciones políticas de extrema izquierda y en sus actividades se manifestaban importantes recelos y críticas hacia el sindicalismo “institucionalizado” de la CES. Su último encuentro se celebró en Florencia, en 2012, para conmemorar el décimo aniversario de su creación. No ha vuelto a tener actividad conocida.

En la reunión de Florencia se acordó, apoyar como organismo de coordinación de los movimientos sociales la recién constituida Alter Summit que nació con la vocación expresa de establecer un nexo sólido y permanente entre los sindicatos europeos y los movimientos sociales. Alter Summit agrupa a unas 180 organizaciones y redes europeas de 21 países, entre ellas numerosas organizaciones sindicales y la propia CES. En Alter Summit  tiene influencia aglutinadora la red europea de Attac. Los próximos días 15 y 16 de junio celebrará su Asamblea anual que preparará un Foro general para el próximo mes de noviembre


   4.   Algunas reflexiones a modo de conclusión

El análisis de la realidad social y política española y europea, dentro del contexto mundial, y las cuestiones mencionadas en este artículo me lleva a realizar las siguientes consideraciones:

a)      El Siglo XXI está planteando un importante conjunto de riesgos y retos, de naturaleza diversa, ante los cuales ni la política ni las instituciones nacionales y supranacionales están dando una respuesta adecuada o suficiente. Entre ellos mencionaría: globalización económica –y ahora digitalización de la economía-sin normas, sin derechos y sin gobierno global; cambio climático y deterioros medioambientales; incremento de las desigualdades; movimientos masivos migratorios y de refugiados; fortaleza de la economía criminal; interesada ineficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la actividad de los paraísos fiscales; auge del fundamentalismo islámico y del yihadismo, promotor de guerras civiles y de religión y del terrorismo internacional; etc.

b)     La profunda crisis política que vive la UE está promoviendo un auge de los nacionalismos, en sus diversas versiones incluidas las más peligrosas que, si no se reacciona adecuadamente, pueden incluso llevar a su liquidación.

c)      La economía política neoliberal, en un contexto de financiarización de la economía global, y la subordinación de las élites políticas a las económicas han llevado a la Gran crisis que estalló en 2008. La continuidad de su predominio no puede sino augurar nuevas crisis e inestabilidad social y política

d)     Es responsabilidad de los actores políticos y sociales la construcción de un bloque político y social que dispute la hegemonía social y política a las élites dominantes sobre la base de un programa centrado en la igualdad y la justicia social y la democratización, fortalecimiento y renovación de la democracia y sus instituciones

e)      Desde sus comienzos, este proyecto tiene que tener una dimensión y una articulación europea (con vocación global). Se trata  de actuar en los ámbitos estatales  y subestatales europeos con una visión y un proyecto europeo. El proyecto tiene que tener la ambición de transformar la UE a través de un proceso de refundación basado en la democratización de la política europea, el establecimiento de un fuerte pilar social construido sobre la base de un sistema de normas sociales y laborales europeas que garanticen derechos comunes y un sistema potente y eficaz de diálogo social europeo. El gobierno económico de la zona euro necesita un BCE con las competencias de la Reserva Federal, un Tesoro Único con capacidad de emitir deuda europea, una política fiscal progresiva, un presupuesto suficiente y un Plan de inversiones europeo ambicioso.

f)       La construcción del bloque político y social de progreso es una tarea política, aunque serán de una gran importancia los apoyos que pueda proporcionar el movimiento sindical, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. No se trata de sustituir la política y los partidos por los movimientos sociales, sino de renovar y regenerar, en todo lo que sea necesario, el campo de la política y de los partidos políticos.

g)      El sindicalismo de clase y confederal necesita una renovación profunda que revierta el declive afiliativo y de influencia que, en España, se inicia a partir de la manifestación de las peores consecuencias de la crisis sobre el empleo (2009/2010) pero que en otros países europeos es anterior. Las líneas maestras de ese proceso de renovación pasan por: adaptar los procesos de afiliación/organización sindicales y la acción sindical a los cambios en el modelo económico y de las relaciones de trabajo; marcarse como prioridad la organización del “precariado” o de los “trabajadores vulnerables” (parados, temporales y a tiempo parcial que, en España, suman el 56,5% del total de los asalariados, 12 puntos más que la media europea), los autónomos y los trabajadores de las empresas pequeñas y muy pequeñas (así se afiliará a los jóvenes); adaptar las estructuras organizativas del sindicato a esta tarea mediante su flexibilización y la cooperación entre ellas; fortalecer la negociación colectiva y el diálogo social; fortalecer la dimensión sociopolítica que permita actuar al sindicato, siempre preservando su autonomía, en las esferas social y política (en la historia no se conocen progresos del sindicalismo en entornos políticamente hostiles durante un período prolongado); desarrollar al máximo la dimensión europea e internacional de la acción sindical, contribuyendo a hacer de la CES, la CSI y las federaciones sindicales internacionales organizaciones fuertes y eficaces para construir sistemas de derechos y normas europeos y mundiales y desarrollar el diálogo social europeo y mundial así como la negociación colectiva en el ámbito de las empresas multinacionales y las cadenas mundiales de suministros; y, fortalecer la participación y la democracia internas, la transparencia, la vigencia de los códigos éticos así como  eficaces políticas de comunicación.

h)     El sindicalismo debería jugar un papel relevante en la construcción del bloque  social y político de progreso que se plantee un cambio de modelo social y político en Europa en el sentido que venimos apuntando. Debe hacerlo preservando siempre su autonomía lo que no es, en absoluto, incompatible con promover, en España y en Europa, amplias alianzas político-sociales. Para impulsar en el ámbito europeo la Refundación del proyecto de la UE sobre bases democráticas y sociales avanzadas podría ser conveniente convocar unos Estados Generales de Europa, propuesta de la que habla Bordieu, que dieran paso, posteriormente, a un proceso constituyente bajo la fórmula de una Convención participativa.

i)        Unas sociedades con sindicatos, organizaciones y movimientos sociales fuertes y participativos, que actúen teniendo en cuenta el interés general aunque lo hagan representando intereses de parte, son unas sociedades más democráticas y más justas. Pero la dirección de los procesos de gobierno nacional y transnacional, la búsqueda de soluciones a problemas complejos que requieren de capacidades de reflexión, análisis y propuestas corresponde a la política, a una nueva política honesta y conectada con  los intereses de las grandes mayorías, a una nueva política desarrollada por nuevas formaciones políticas o por las formaciones tradicionales que sean capaces de someterse a profundos procesos de renovación.

Javier Doz
Consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE/EESC)
por CC OO






[1] Ley y Justicia (PiS) sigue dirigido con mano férrea por Jaroslaw Kaczynski, mientras que el puesto de primer ministro es ocupado por Beata Szydlo. En el Parlamento Europeo, el PiS se integra en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), junto con el Partido Conservador británico.
[2] Victor Orban, el líder autoritario y euroescéptico húngaro, está al frente tanto del gobierno como del partido que lo sustenta, con mayoría absoluta, la Unión Cívica (Fidesz), miembro del Partido Popular Europeo (PPE)
[3] Javier Doz: “Movilizaciones sindicales y sociales en Europa: 2013” en “El Estado de la Unión Europea. La ciudadanía europea en tiempos de crisis”, Fundaciones Alternativa y Friedrich Ebert Stiftung, marzo de 2014, págs. 91 a 102:  http://goo.gl/gGYBVp

[4] Las huelgas y manifestaciones están convocadas por CGT, FO, Sud-solidaires y FSU. Cuentan con la oposición de la CFDT que ha negociado con el Gobierno de Manuel Valls algunos cambios parciales a una Ley de reforma laboral en línea con las realizadas en España, Portugal o Italia.
[5] “El Sindicalismo europeo: ¿de la crisis a la renovación?”. Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumbell-McCormic y Richard Hyman. Cuadernos Fundación 1º de Mayo/ETUI. Marzo de 2015  http://goo.gl/uxAU7F

[6] El Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez está formado por la  Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (la patronal tunecina), la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y la Orden Nacional de los Abogados de Tunicia. En 2015 recibió el Premio Nobel de la Paz.

[7] Manuel Castells: “Redes de indignación y esperanza”. Alianza Editorial; 2012.
[8] Ángeles Solanes Corella y Encarnación La Espina: “Construyendo ciudadanía inclusiva y movimientos sociales de participación desde España e Italia: una perspectiva comparada”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado Nº 144. Sept-Dic 2015. Versión on-line: http://goo.gl/xXYAOP

[9] La traducción es “Que se joda la troika”
[10] En Portugal, Francia, Austria, Grecia, Hungría, Irlanda, Croacia y Berlín.

domingo, 5 de junio de 2016

Internacionalismo, Unidos Podemos y referendum de autodeterminación


Unidos Podemos sitúa como primera y principal medida para solucionar el conflicto catalán la celebración de un referendum de autodeterminación. Luego, hace extensible la medida a otras comunidades autónomas del Estado español. Esto significa, en mi opinión, imponer de entrada una reforma radical de la Constitución de 1978 antes de que se pudiera alcanzar algún tipo de consenso sobre dicha reforma. La soberanía no estaría ya en el conjunto del pueblo español sino en cada una de sus partes, "nacionalidades históricas" o comunidades autónomas. Una vez establecida, de facto, esta modificación sustancial de la Constitución, sin consenso, ¿qué posibilidades quedarían después de alcanzar un consenso, más o menos amplio, para su necesaria reforma? Me temo que ninguna.


El ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte de los habitantes de una parte de España, podría ser, en todo caso, el final de un proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas, nunca el inicio del mismo.

Ver a la izquierda, especialmente a aquella con la que me identifico en muchos aspectos, abrazar de esta manera uno de los principales mitos de los nacionalismos periféricos, hasta el punto de convertirlo en tema principal de su campaña electoral para el 26J, me produce tristeza y estupefacción. 

Creo en la necesidad de una renovación del pensamiento y la práctica de la izquierda, siempre que sea mantengan los valores y principios esenciales relacionados con la igualdad y la solidaridad. Y estos están siempre en el campo del internacionalismo. Nunca en el del nacionalismo.


El internacionalismo no es compatible con la ideología nacionalista en cualquiera de sus manifestaciones; por supuesto, tampoco es compatible con el nacionalismo español.
La convivencia social y política en todo Estado democrático debe basarse en el respeto a la pluralidad política y la diversidad cultural, pero construir Estados en base a "identidades" raciales, lingüísticas, o culturales, está en las antípodas del internacionalismo, componente insustituible de la ideología y la política de izquierdas.
Una persona se puede identificar con todo o parte de variadas identidades, pero malo es, y en cualquier caso poco compatible con ser de izquierdas, el que la identidad dominante no fuese la del género humano, como reza la letra de la Internacional.

sábado, 28 de mayo de 2016

La Unión Europea incentiva y ampara la deriva autoritaria de Erdogan

Este artículo ha sido publicado por el diario digital Bez, el 1 de junio de 2016:

bezhttp://goo.gl/ScQfsl



El pasado 20 de mayo se produjo, en la Asamblea Nacional de Turquía, un hecho que probablemente marque el paso del Rubicón del régimen progresivamente autoritario de Recep Tayyip Erdogan hacia una deriva antidemocrática. La Asamblea Nacional aprobó levantar la inmunidad parlamentaria a 138 diputados, casi todos de la oposición, con los votos de los diputados del partido gobernante, el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) que tiene la mayoría absoluta, del Partido de Acción Nacionalista (MHP), de extrema derecha, y el inestimable apoyo de 20 diputados socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo  (CHP), a pesar de que un buen número de los diputados que serán procesados proceden de las filas de este último partido.

Los cargos más comunes que motivan los procesos, que pueden dar con los representantes de la soberanía popular en la cárcel amén de ser inhabilitados para desempeñar las funciones por las que fueron elegidos, son de naturaleza política : “injurias al jefe de Estado”, por ser poco respetuosos en sus críticas a Erdogan, o los más graves de “atentado contra la seguridad del Estado”, “espionaje” o “propaganda terrorista”, que podrían conllevar condenas a largas penas de cárcel, incluida la cadena perpetua.

Más de un centenar de los diputados a los que se les ha privado de la inmunidad parlamentaria por cargos de naturaleza política pertenecen al CHP y al Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), de izquierdas y pro-kurdo. El más afectado es el CHP, que verá procesados a 50 de sus 57 diputados  que tendrán que hacer frente a 405 procesos judiciales, de los cuales 77 corresponden a su líder, Selahattin Demirtas.

Ante estos hechos, la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, y el comisario de Vecindad, Johannes Hahn, emitieron una declaración conjunta en la que pusieron de manifiesto que el hecho les produce una "grave preocupación". El Partido de los Socialistas Europeos, al que pertenecen CHP y HDP, también hicieron público un comunicado crítico, valorando que se trata de un nuevo intento de silenciar a la oposición. Y nada más. Por el momento, Juncker, Tusk y los gobiernos de los Estados miembros permanecen mudos.

La larga sombra del Acuerdo para la deportación de los refugiados
El mismo día en el que el Parlamento turco, el Meclisperpetraba en Ankara este ataque a la democracia, el Consejo Europeo de Ministros de Interior, instaba a las autoridades griegas a que aplicaran el Acuerdo UE-Turquía y devolvieran a territorio turco a refugiados e inmigrantes, muy preocupados por el escaso número de devoluciones, por el hecho de que ningún solicitante de asilo haya sido devuelto y porque los jueces griegos hayan dado la razón al primer refugiado que solicitó su amparo. El comisario de migraciones, el griego Dimitris Avramopoulos, y el ministro holandés de migración, Klaas Dijkhoff , que ejerce la Presidencia de turno de la UE, tras insistir en la vigencia del Acuerdo, apremiaron al Gobierno de Atenas a ejecutarlo, al tiempo que, preguntados por la decisión de la Asamblea Nacional turca, declinaron comentarla.

El 18 de marzo de 2016, el entonces primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, firmaron una simple Declaración conjunta, de más que dudosa validez jurídica, por la que el Gobierno de Turquía se comprometía a recibir a los refugiados y migrantes (sin distinción)  que fueran deportados por las autoridades griegas a cambio de 6.000 millones de euros, la reactivación de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE y la supresión, a partir del mes de junio, del visado de entrada de los ciudadanos turcos en la UE. Esto último, si se cumplían una serie de requisitos, entre ellos unos leves retoques de la Ley antiterrorista turca, un auténtico compendio de vulneraciones de los derechos humanos. 

Además de la inconsistencia de la base jurídica del Acuerdo, el principal motivo por el que la práctica totalidad de las organizaciones e instituciones que se ocupan de los derechos humanos, las migraciones y los refugiados, en particular ACNUR, lo rechazan es porque no cumple la legalidad internacional. Por no reconocer el estatuto de refugiado a quien lo necesita y merece y proceder a su deportación a Turquía a la que se concede el título de "país seguro a efectos de asilo", cuando no lo es. No lo es por dos razones de mucho peso cada una de ellas. La primera es que Turquía ha ratificado la Convención de Ginebra (1951) y el Protocolo de Nueva York (1967) sobre el Estatuto de los Refugiados, con una cláusula de reserva, o de excepción, geográfica por la cual sólo reconoce el Estatuto de refugiado a ciudadanos de países europeos. Es decir, sirios, afganos, somalíes y demás ciudadanos "no europeos" no tienen, en Turquía, las garantías y los derechos inherentes a la condición de refugiado. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado por práctica unanimidad un Dictamen que pone en cuestión el carácter de “país seguro”, a efectos de asilo, de Turquía, y hecho público un Informe de la Misión de tres de sus consejeros a Turquía en el que, además de describir la situación de los refugiados en este país, niega el carácter de “país seguro”, por la excepción geográfica, por el estado de la protección de los derechos humanos y por no disponer de libertad de movimientos buena parte de ellos, los que viven en las 62 ciudades satélites establecidas al efecto. El redactor de ambos documentos ha sido el consejero de CC OO en el CESE, José Antonio Moreno[1].

Violaciones de los Derechos Humanos y deterioro de la democracia
La otra razón principal por la que Turquía no puede considerarse un "país seguro a efectos del asilo” es el nivel alcanzado por las violaciones de los derechos humanos fundamentales por parte de su Gobierno. Este fenómeno, que corre en paralelo a los intentos de Erdogan de construir un régimen político presidencialista autoritario que le perpetúe en el poder, ha ido agudizándose a partir de la respuesta represiva a las masivas protestas de 2013 de la Plaza Taskim-Parque Guezi, del reinicio de las hostilidades en el Kurdistán turco -tras la ruptura de la tregua y de las conversaciones de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en la que la voluntad de Erdogan fue determinante-; y de las denuncias de corrupción contra el entorno familiar y político del Presidente.

En los últimos años, miles de personas han sido detenidas por la policía -torturadas en bastantes casos, en particular en el Kurdistán-, procesadas y encarceladas por delitos de naturaleza política. Entre los más repetidos, las injurias al jefe del Estado -así se consideran las críticas a Erdogan o las acusaciones de corrupción contra personas de su entorno- y los delitos contra la seguridad del Estado y de traición a la patria (manifestación ilegal, revelación de secretos, espionaje, colaboración con el terrorismo, etc.), de los que son acusados activistas políticos de izquierdas o del movimiento Hizmet del predicador islamista Fethullah Güllen, sindicalistas (de las centrales DISK y KESK [2], en particular), estudiantes, periodistas, o trabajadores del sector público (policías, jueces, fiscales y profesores son colectivos que se han visto particularmente afectados por la persecución del gobierno del AKP que ha llegado en algunos casos al despido de funcionarios). La violación de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Turquía ha sido ampliamente documentados por organizaciones tan fiables como Amnistía Internacional y Human Rights Watch [3].

La debilidad política y diplomática de la UE incentiva la deriva autoritaria de Erdogan
Y en esta situación, una UE incapaz de adoptar frente a la crisis de los refugiados una solución común respetuosa con sus valores constituyentes y con la legalidad internacional, una UE muy débil política y diplomáticamente, subarrienda al Gobierno turco su supuesta solución, pagando altos y diversos precios, el menor de los cuales no es el cerrar los ojos ante las violaciones de los derechos humanos en Turquía y la deriva autoritaria del régimen de Erdogan.

Y ha sucedido lo peor que podía suceder, pero que era perfectamente previsible cuando se negocia en condiciones de debilidad con un gobierno autoritario: Erdogan se ha crecido y ha pisado, desde la firma del “Acuerdo de la Vergüenza”, el acelerador antidemocrático para escarnio de los políticos europeos responsables del mismo, en especial de Ángela Merkel, su principal valedora. ¿Es que Europa está olvidando algunas de las lecciones básicas de la historia de su Siglo XX?

La libertad de expresión vapuleada ante la pasividad de la UE
Mencionaré sólo los casos más significativos y recientes de ataques a la libertad de expresión de entre los centenares documentados en los informes de AI y HRW, entre ellos centenares de juicios criminales por insultos a Erdogan en aplicación del artículo 299 del Código Penal. Ya, en el intervalo comprendido entre el preacuerdo y la firma del Acuerdo para la deportación de refugiados y migrantes, el 4 de marzo, un juez a las órdenes del Gobierno procedió a la incautación del periódico de mayor tirada, Zaman, y de su edición en inglés, para entregarlo a administradores afines al AKP que han cambiado radicalmente su línea editorial hasta entonces crítica con Erdogan. El supuesto delito del que se le acusa es el de estar bajo el control de la Red de Fetullah Güllen. En 2013, Zaman acusó de corrupción a Erdogan, cuando era primer ministro. Otro grupo mediático gülenista, Koza-Ipek, con dos periódicos y dos televisiones, fue igualmente incautado días antes de las elecciones que, en el pasado noviembre, revalidaron la mayoría absoluta del AKP. El 26 de febrero fue cerrada la plataforma de televisión por satélite TurkSat, de orientación de izquierdas y pro-kurda.

La incautación de Zaman sólo motivó una genérica e inocua referencia a la libertad de prensa en las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo que aprobó el Acuerdo con Turquía.

Pero el poder de Erdogan contra los que le critican o se burlan de él ha traspasado fronteras. Penetró en Alemania cuando, el 21 de abril, la canciller Merkel, en una sorprendente muestra de servilismo hacia el Presidente turco y de desprecio a la libertad de expresión en la misma Alemania,  autorizó el procesamiento de Jan Böhmermann, humorista de la televisión pública alemana ZDF, que había recitado un poema satírico contra Erdogan. Lo autorizó, desempolvando un artículo del Siglo XIX del Código Penal, ya en desuso, que castiga con penas de hasta cinco años de cárcel a quien ofenda a “órganos y representantes de Estados extranjeros”

El pasado 6 de mayo, el director, Can Dündar, y el redactor jefe, Erdem Güll, del diario Cumhuriyet fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión, por “revelación de secretos de Estado”, por un reportaje que informaba que un convoy de supuesta ayuda humanitaria a Siria, escoltado por los servicios secretos turcos, en realidad contenía armas destinadas a los grupos islamistas que luchan contra el gobierno de al-Ásad.

Resulta muy llamativo que, tras haber permitido las exportaciones de petróleo del Estado Islámico, a través de la frontera siria, el gobierno de Erdogan -junto con los de Arabia Saudí y Qatar- esté actualmente financiando y armando al Ejército de la Conquista, coalición de grupos islamistas radicales entre los que está la filial de Al Qaeda en Siria, el Frente Al-Nusra. Y más llamativo aún que pueda hacerlo sin dejar de ser, al mismo tiempo, socio político privilegiado de la UE y socio militar –de la UE y los EE UU- en la OTAN.  Por supuesto, el Frente Al-Nusra está en lugar destacado de la lista de organizaciones terroristas de los EE UU y de la UE.

El mismo día, 6 de mayo, Erdogan se negaba en redondo a cambiar cualquier aspecto de la Ley antiterrorista, uno de los requisitos de la UE para suprimir la necesidad de visado de entrada a los ciudadanos turcos. De paso, desautorizaba al primer ministro Davutoglu que había negociado con los responsables de la UE unos retoques cosméticos a la Ley. Pero ni eso aceptó Erdogan que con verbo desafiante declaró: “Lo siento, nosotros seguiremos por nuestro camino, tú [por la UE] sigue por el tuyo y entiéndete con quien puedas”.

El 22 de mayo, dos días después de que la Asamblea Nacional votase enviar a la gran mayoría de la bancada opositora a los tribunales para ser procesados por delitos políticos, Ahmet Davutoglu, dimitió. El primer ministro no era un entusiasta del plan de Erdogan de convertir a Turquía en un régimen presidencialista autoritario, hecho a la medida de su persona y su pensamiento. Para sustituido, al frente del Gobierno y del AKP, Erdogan, que según la Constitución turca no puede intervenir en la vida partidaria y por eso tuvo que dejar de ser formalmente militante de su partido, designó a un incondicional: Binali Yildirim.

Sin respetar los valores democráticos y sociales que la cohesionan la UE no subsistirá
Un proyecto político supranacional como la UE necesita para subsistir estar basado en unos valores y principios compartidos  que le den cohesión política y social. Y que su práctica política sea coherente con ellos. Esos valores son los de una democracia avanzada, plenamente respetuosa con los derechos humanos, y los de la solidaridad y la justicia social encarnados en el llamado Modelo Social Europeo. Estos valores y principios  también tienen que informar toda su política exterior. La crisis económica y la nefasta gestión política de la misma por parte de los responsables de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales los están socavando. El neoliberalismo económico y los nacionalismos emergentes están poniendo en peligro la existencia de la UE. Si la política europea sigue por el camino de la crónica negra de la crisis migratoria y de los refugiados y de las relaciones con Turquía que describe este artículo podemos comenzar a olvidarnos de la UE.

Los resultados de las elecciones presidenciales austríacas dan cuenta, al mismo tiempo, de la magnitud del problema y del único antídoto para combatir lo peor de la historia política europea: la coherencia con los valores y principios solidarios y democráticos. Quienes se contagiaron, por miedo y oportunismo, del discurso político de la extrema derecha –socialdemócratas y populares- fueron barridos. Sólo refundando el proyecto político europeo en torno a un modelo federal que encarne en la práctica lo que hoy deben significar los tres principios del lema universal de la Revolución francesa –Libertad, Igualdad y Fraternidad-, se puede, en mi opinión, sostener la UE, aunque sea embarcándose en el nuevo proyecto sólo una parte de sus miembros




[1] Dictamen REX/457 del CESE sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros:  https://goo.gl/kzbSoL
Informe del CESE: Misión-Turquía (9 a 11 de marzo de 2016) sobre la situación de los refugiados y el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil: http://goo.gl/BWkfHW (versión inglesa)
[2] DISK: Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía; KESK: Confederación de Sindicatos del Sector Público
[3] Turquía 2015/2016, en el Informe de Amnistía Internacional 2015/2016 sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo: https://goo.gl/5hvKes World Report 2015: Turkey, en World Report 2015 de Human Rights Watch: https://goo.gl/8eeUjP


viernes, 13 de mayo de 2016

Corrupción: dos ejemplos de insoportable hipocresía política

Este artículo ha sido publicado en el diario digital Nueva Tribuna
http://goo.gl/2JV9Mj

Y en el Blog de la Fundación 1º de Mayo en el diario digital Público
http://goo.gl/PtcYSi

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El jueves 12 de mayo, los medios de comunicación del mundo han destacado dos noticias que son un extraordinario botón de muestra de la hipocresía como característica esencial de la conducta política.

1. David Cameron: "líder mundial de la lucha contra a corrupción"

En Londres, David Cameron, con la inequívoca intención de borrar los daños de imagen causados por su presencia en los Papeles de Panamá, ha convocado una "Conferencia internacional contra la corrupción", en la que destacados políticos y responsables de las instituciones financieras internacionales han dicho generalidades, con tono de moralina eso sí, sobre el mal que causan la corrupción al capitalismo y a la buena imagen de la política. 

No se tiene noticia de que Cameron haya informado a los allí reunidos de lo bien que viene, en términos fiscales, recibir una herencia de tu padre, si éste tiene guardado el dinero en un paraíso fiscal tras las oportunas gestiones del Despacho Mossack Fonseca. Tampoco, que el Primer Ministro británico haya afirmado que va a poner fin a las actividades ilegales que se desarrollan en territorios bajo la jurisdicción del Reino Unido como son Gibraltar, las islas de Jersey y Man, Islas Vírgenes, Islas Caimán, etc., etc. 

John Kerry declinó hacer público si el gobierno federal de los EE UU tiene previsto realizar alguna iniciativa para poner coto a las actividades ilegales que se llevan a cabo en el Estado de Delaware que, poco a poco, se va convirtiendo en el number one de los paraísos fiscales.

En las conclusiones no figura ningún plan para acabar con los paraísos fiscales, piedra angular del sistema de la corrupción en nuestro mundo globalizado, insustituible instrumento para el lavado del dinero de los diversos grupos de la economía criminal, tanto de los que tienen las manos manchadas de sangre como de los que disipan a su alrededor el olor de caros perfumes. Los medios de comunicación no informan acerca de si alguno de los asistentes propuso algo al respecto.

Figura destacada de la cumbre fue la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. No aprovechó la reunión para disipar las dudas que pudiera haber sobre su responsabilidad en la concesión de 405 millones de euros de dinero público al multimillonario francés Bernad Tapie, para compensarle por las supuestas pérdidas sufridas tras la venta de Adidas por Crédit Lyonnais. El pequeño problema es que la decisión la tomó el ministro de finanzas de entonces, 2007, que  no era otra persona que la Sra. Lagarde, mientras que presidente de la República era un muy buen amigo de Tapie, entonces, Nicolas Sarkozy. El pasado diciembre un tribunal francés acordó que la ex-ministra Lagarde tenía que ir a juicio por el "Caso Tapie" y otro que Bernard Tapie tenía que devolver los 405 millones. 

La cumbre abrazó el surrealismo al aceptar la presencia de los presidentes de Nigeria y Afganistán, señores Muhammadu Buhari y Arhraf Ghani Ahmadzi respectivamente, que gobiernan dos de los países más corruptos del mundo según Transparency International, y son, ellos mismos, muy sólidos sospechosos de participar de modo destacado en los frutos de la corrupción. 


No se tiene noticia de que fueran invitados a la Conferencia de Londres, contra la corrupción, los antecesores de Christine Lagarde en la dirección del FMI, Dominique Strauss-Khan y Rodrigo Rato.


2. Dilma Rousseff apartada de la Presidencia de Brasil por un Parlamento de corruptos

El segundo gran ejemplo de insufrible hipocresía política y moral lo dieron los diputados y senadores que han apartado a Dilma Rousseff de la Presidencia de la República de Brasil por un período de tiempo de seis meses, para juzgarla políticamente y, en su caso, destituirla definitivamente. El motivo por el que congresistas y senadores han votado el impeachement, con la mayoría cualificada necesaria, es la acusación de que el Gobierno aprobó los presupuestos de 2014 y 2015 después de realizar diversas operaciones y apuntes financieros no permitidos, con el objetivo de ocultar el déficit público real. No se trata, pues, de una acusación de corrupción sino de irregularidades administrativas, sin duda criticables pero que practican la mayoría de los partidos de todas las administraciones públicas brasileñas.

Pero los que han votado por el apartamiento de Dilma Roussef acumulan un impresionante historial de condenas, procesamientos e imputaciones, en la mayoría de los casos por corrupción, corrupción que les ha deparado importantes ingresos personales o que han realizado para la financiación de alguno de los numerosos partidos del superfraccionado mapa político brasileño. En otros casos, por homicidio culposo, torturas, etc.


Según un estudio de Transparencia Brasil, del total de 513 diputados de la Cámara baja, 303, el 59,1%, están imputados, procesados o condenados.  De los 65 diputados que formaron parte de la Comisión del impeachment, 37, el 56,9% están en la misma situación. Finalmente, de los 81 senadores, 49, el 60,5%, también están imputados, procesados o  condenados. Como se ve, la corrupción está repartida muy equilibradamente entre las dos cámaras del Parlamento brasileño. 


Estos son los sujetos que han apartado a Dilma Roussef de la Presidencia, en una operación que ha calificado de "golpe de Estado". Sus justificaciones, en las intervenciones de explicación de voto, han oscilado, en la mayoría de los casos, entre lo lamentable y lo bochornoso.


Una mención especial requiere el promotor del impeachment, el presidente del Congreso,  Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB).  Cunha inició el procedimiento tras haberlo usado como arma de chantaje para evitar que el Congreso permitiera su procesamiento por el caso Lava Jato/Petrobras, acusado de la apropiación indebida de 40 millones de dólares y de mantener cuentas bancarias en Suiza. También aparece, como no, en los Papeles de Panamá, lo mismo que dirigentes de siete partidos del arco parlamentario brasileño. Ninguno de ellos, por cierto, del Partido de los Trabajadores, aunque bastantes de los dirigentes del PT sí estén implicados en casos de corrupción, en particular en el caso Petrobras. Destituido finalmente Cunha por el Tribunal Supremo, después de haber puesto en marcha el procesamiento político de Rousseff, fue sustituido por Waldir Marinhao, también investigado por el caso Lava Jato.


Ante la fuerza de estos dos máximos ejemplos de hipocresía política, sobra cualquier otro comentario que no sea subrayar que la desconfianza de la ciudadanías en los políticos está más que justificada en muchos, en demasiados, casos. No sirve de disculpa que sus conductas enlacen con costumbres profundamente arraigadas en muchas sociedades. La política debería estar para erradicarlas o reducirlas. No para potenciarlas


lunes, 2 de mayo de 2016

¿Hay voluntad política para acabar con los paraísos fiscales?


Este artículo ha sido publicado en Bez Diario, el día 5 de mayo de 2016.

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El impacto causado por la publicación de los Papeles de Panamá, otra gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a la democracia mediante la lucha contra la criminalidad económica, ha vuelto a colocar la cuestión de los paraísos fiscales en el centro del debate público mundial. Sin embargo, otra noticia muy significativa, también relacionada con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, ha tenido una repercusión mucho más limitada; me refiero al procesamiento, en Luxemburgo, de dos antiguos empleados de PWC.

En efecto, el pasado 26 de abril se inició en Luxemburgo el juicio contra Antoine Deltour y Raphaël Halet, ex-empleados de PricewaterhouseCoopers (PWC), acusados de haber filtrado a los medios de comunicación los Luxleaks papers. Como se recordará estos documentos demostraban que el Gobierno de Luxemburgo, a través de su Agencia Fiscal, había firmado centenares de acuerdos secretos con empresas multinacionales que permitían a éstas eludir el pago de los impuestos que debían pagar en los países donde desarrollaban sus actividades para, mediante conocidas técnicas de "ingeniería fiscal", trasladar los beneficios a Luxemburgo, donde sólo pagan un tipo del 1%. Buena parte de esos acuerdos se firmaron mientras el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro o/y ministro de finanzas del Gran Ducado.

Los dos ex-empleados de PWC están acusados de entregar, en 2014, al periodista Edouard Perrin, de Cash Investigation, la documentación que finalmente fue publicada en su totalidad por el ICIJ, en noviembre de dicho año. Deltour y Halet podrían ser condenados por los delitos por los que se les acusa, de acuerdo con la legislación luxemburguesa, a penas de hasta 10 años de prisión; nada menos. El periodista Perrin también está imputado por complicidad.

El Parlamento Europeo ha concedido el Premio Ciudadano Europeo 2015 a Antoine Deltour, por su contribución "a la cooperación europea y a la promoción de los valores comunes".

No hay que sorprenderse ya de estas paradojas y contradicciones de la vida social y política europea y mundial, en particular cuando se habla de paraísos fiscales, fraude o elusión fiscales (las fronteras entre estos dos conceptos son muy porosas). La hipocresía de las élites económicas y políticas, al respecto, no conoce límites. Recordemos que los líderes políticos mundiales, reunidos en la cumbre de Londres del G20 de abril de 2009, incluyeron en sus conclusiones el compromiso de erradicar los paraísos fiscales. Desde entonces, el dinero negro de la economía criminal, del sistema financiero, de las empresas multinacionales y de las élites económicas y políticas refugiado en los paraísos fiscales ha subido en un 25%, hasta alcanzar, según las estimaciones más prudentes, los 8 billones de euros, un 12% del PIB mundial aproximadamente. 

Dumping, elusión, fraude y paraísos fiscales en la UE y la UEM.
También, desde entonces, se han incrementado notablemente las decisiones políticas de numerosos gobiernos europeos que han favorecido o promovido las llamadas, eufemísticamente, "planificaciones fiscales agresivas", mediante las cuales las empresas multinacionales transfieren a sus sedes situadas en los paraísos fiscales europeos los beneficios generados en los restantes países de la UE, bajo la fraudulenta fórmula de pago de préstamos ficticios o royalties desorbitadas. De esta manera, las empresas multinacionales más rentables, entre ellas todas las punteras de la economía digital, apenas pagan impuestos en una parte de los países europeos,  entre ellos en España, y, por lo general, no más del uno por ciento de sus beneficios en los paraísos fiscales europeos.

Cuando hablo aquí de paraísos fiscales europeos, no me refiero a las jurisdicciones tipo Gibraltar, Andorra, Mónaco, Jersey, Islas Vírgenes, etc., dependientes todas ellas de la soberanía de Estados de la UE, y que llevan a cabo las operaciones más sucias e ilegales. Me refiero a los paraísos fiscales para las empresas multinacionales llamados Irlanda, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, etc., y por supuesto al país natal del Sr. Juncker, todos ellos Estados soberanos de la UE. Uno de los caminos típicos de los beneficios de las multinacionales va desde Francia, Italia, Alemania o España a Irlanda (12% de tipo máximo del impuesto de sociedades); de Irlanda a Holanda (1% de tipo mediante convenios especiales), y de Holanda a Islas Vírgenes, Delaware, etc (cero por ciento), pagando, o no pagando, en un sólo sitio, por supuesto.

¿Cómo es posible construir una Unión Económica y Monetaria y una Unión política, dignas de tales nombres, cuando una parte de los socios que la componen promueven un fraude fiscal en detrimento de los ingresos fiscales de otra parte de los mismos? Fuentes oficiales de la UE han cifrado la cuantía de este fraude, que siguen llamando "elusión", en 70.000 millones de euros.


Las iniciativas de la Comisión contra la elusión fiscal
Desde finales del pasado año, la Comisión Europea, presidida por Juncker, ha puesto en marcha numerosas iniciativas legislativas a las que se ha bautizado como "Paquete contra la elusión fiscal". El Comité Económico y Social Europeo aprobó, el pasado 28 de abril, un dictamen sobre dos de sus propuestas de directivas, la que modifica la Directiva 16/2011 sobre intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, y la que establece normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Esta última pretende aplicar en la UE, de un modo uniforme, las normas recogidas en el proyecto de "lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios" de la OCDE (BEPS, por sus siglas en inglés), que es la iniciativa que el G20 le ha encargado para intentar poner algún freno al escandaloso hecho de que las multinacionales  que más beneficios obtienen apenas pagan impuestos.

Dentro del Paquete fiscal, la Comisión hizo pública, en junio de 2015, una comunicación que contenía la recomendación de establecer una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades. De esta recomendación todavía no se ha deducido una propuesta legislativa europea que obligue a los estados miembros. El necesario establecimiento de un tipo mínimo común en este impuesto sigue siendo una utopía, incluso la mera proposición.


La falta de credibilidad de la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales
¿Cabe deducir de estas iniciativas que estamos asistiendo a una rectificación creíble de la interesada permisividad de los gobiernos e instituciones multilaterales internacionales hacia los paraísos fiscales? 

Me permito dudarlo. Que hay que aparentar que se hace algo, y hacer al menos algunas cosas que pongan freno a las conductas más escandalosas, es obligado. Sobre todo aparentar cierta energía verbal ante unas opiniones públicas muy indignadas al respecto. Que, después de sufrir buena parte de la ciudadanía europea unas políticas de ajuste que han hecho caer el peso de la crisis sobre los más desfavorecidos, las empresas multinacionales más rentables y muchos individuos de las élites económicas, políticas, culturales y deportivas no paguen impuestos, utilizando unos paraísos fiscales que siguen florecientes a pesar de las continuas promesas de los gobernantes de que van a erradicarlos, es sencillamente intolerable.  Conduce  a la total deslegitimación de las instituciones políticas democráticas. Pero que esa apariencia de voluntad política de cambiar este estado de cosas encierre voluntad real y fuerza política para acabar con el probablemente más grave escándalo de la economía globalizada, es otra cosa. Conviene recordar algunos hechos que sumar a los incumplimientos de compromisos ya mencionados:

El 28 de febrero de 2001, un subcomité del Senado de los Estados Unidos hizo público un riguroso informe sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales, los modos de lavar dinero de las peores organizaciones de la economía criminal, la gravedad de los delitos que se cometían, y las conexiones de las empresas financieras de las jurisdicciones offshore con el sistema financiero legal. Las conclusiones del informe deberían haber llevado a enérgicas actuaciones por parte del gobierno de los EE UU y de las instituciones financieras y políticas internacionales. No hubo ninguna, ni el Senado las reclamó. Tal vez porque una de las conclusiones decía que, una vez lavado en los paraísos fiscales, la mayoría del dinero volvía al sistema financiero norteamericano.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE fue creado por el G7, en 1989, como instrumento para luchar contra el fraude y los paraísos fiscales. Fue reactivado, en 2009, para impulsar el cumplimiento de las resoluciones de la cumbre de Londres del G20. Además de elaborar un conjunto de recomendaciones centradas en el intercambio de información fiscal entre los Estados, estableció una serie de listas de países, clasificadas por colores, según el grado de colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones. De la lista gris (países con "deficiencias estratégicas" pero que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas) hasta la lista roja (países con recomendación de sanciones por riesgos de lavado de dinero negro y financiación del terrorismo), pasando por la negra (países con deficiencias que no han hecho progresos o no tienen suscrito un plan con el GAFI y sobre los que se recomienda que "se consideren los riesgos que representan") o la gris oscurecida (riesgo de caer en la negra).

¿Qué países están en las listas del GAFI en 2016? En la roja, Irán y Corea del Norte, por motivos directamente políticos de no colaboración en ningún terreno. En la negra y en la gris oscurecida: ¡ninguno! Y en la gris, doce del tipo Iraq, Siria, Myanmar o Afganistan. Pero, excepto Vanuatu, ninguno de los conocidos paraísos fiscales donde se refugia más del 95% del dinero negro mundial. ¿Es que para la OCDE o el G20 ya no existen paraísos fiscales? No lo sabemos. El caso es que después de hacer una buena labor inicial, a los responsables del GAFI, o a sus superiores de la OCDE, no se les ocurrió otra idea para dejar de considerar a un Estado o territorio dependiente -distinción que ya exime sin razón a algunos de los grandes Estados de entrar en las listas- como "jurisdicción no colaborativa"-, el que hubieran firmado 12 convenios de intercambio de información fiscal con otros Estados; considerando válidos, eso sí, los que firmasen los paraísos fiscales entre sí. Y firmando entre ellos casi todos los paraísos fiscales salieron de las listas negras y grises. Esta tomadura de pelo a la verdad, la justicia y a los habitantes honrados del planeta todavía no ha sido rectificada.

En Europa, desde 2009, no sólo no ha remitido sino que se ha incrementado el dumping fiscal entre los Estados miembros, tomando la forma de facilitación de la elusión/fraude fiscal en el caso de las multinacionales, como hemos visto. Y, por supuesto, también entre los miembros de la zona euro, a pesar de ser algo que debería ser especialmente incompatible con la pertenencia a una zona monetaria común. Estas destructivas prácticas han venido acompañadas de enfáticas declaraciones verbales de signo contrario. Por poner otro ejemplo significativo en un tema clave: el establecimiento de una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades, que ahora nos vuelve a venir bajo la tímida forma de recomendación de la Comisión, fue solemnemente aprobado por la cumbre del Consejo Europeo de junio de 2011, que estableció un mandato de seis meses para que la Comisión presentara una propuesta que debería ser definitivamente aprobada como decisión del Consejo en diciembre de ese mismo año. Y después, los líderes europeos se olvidaron completamente de su compromiso, que, cinco años después, la Comisión retoma con timidez.

Y ahora asistimos a la tremenda contradicción que supone: por un lado, el juicio con riesgo de posible condena a pesadas penas de cárcel a "ciudadanos ejemplares", según el Parlamento Europeo, que nos han permitido conocer la reprobable conducta del gobierno de Luxemburgo y, tal vez, lograr que en el futuro algunas grandes multinacionales paguen impuestos; por otro lado, que el que era primer ministro cuando se firmaron los acuerdos que facilitaban la elusión/fraude fiscal fuese nombrado presidente de la Comisión Europea, cuando ya se conocían los hechos, y que las empresas multinacionales implicadas, sigan, por el momento, sin pagar lo que deben. 

Y hay más sobre la credibilidad del propósito de la enmienda de Luxemburgo, paraíso fiscal consentido de la UE. En febrero se nombró a Claude Max director general de la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo, organismo encargado de velar por el recto y prudente funcionamiento de sus entidades financieras. Pues bien, su nombre acaba de aparecer con profusión en los "Papeles de Panamá", porque cuando era director adjunto de HSBC Luxemburgo, de 1994 a 2011, esta filial del gigante bancario de matriz británica utilizó reiteradamente el despacho de abogados Mossack Fonseca para abrir y cerrar numerosas sociedades offshore propiedad de la filial luxemburguesa, según revelaron el pasado 26 de abril periodistas belgas y luxemburgueses.

Estos hechos, lo mismo que la simple lectura del elenco de personajes que salen en los "Papeles de Panamá", nos deberían llevar al más absoluto escepticismo sobre la voluntad real de las élites políticas y económicas mundiales de erradicar la lacra de los paraísos fiscales.

La UE está profundamente cuarteada por la mala y antisocial gestión política de la crisis económica, por las regresivas concesiones –que hipotecan el futuro de todos- al gobierno de Cameron para ayudarle a ganar el referendum sobre el Brexit, o por la impotencia, insolidaridad y abandono de los valores y de las leyes internacionales que emanan de la nefasta gestión de la crisis de los refugiados y del acuerdo con Turquía. La UE no puede sumar a lo anterior la pasividad frente al fraude fiscal, los paraísos fiscales o el dumping fiscal interno. Todo ello junto puede abocar a su destrucción.

La justicia fiscal ha estado a lo largo de la historia en el centro de muchas rebeliones y revoluciones. Hay que utilizar el optimismo de la voluntad y pensar que organizaciones políticas y sociales, honradas y coherentes, y ciudadanos comprometidos podrán ser capaces de colocar la cuestión de la justicia fiscal en el centro del debate político europeo, para poner fin a tanta hipocresía y tanta inmoralidad en una tema capital para la pervivencia de la UEM y del proyecto político europeo.