La Intolerable conducta del FMI y el Eurogrupo hacia Grecia

Las revelaciones efectuadas por Financial Times (FT) en sus ediciones electrónicas de ayer, 24 de junio, sobre la contrapropuesta que  el FMI y el Eurogrupo han hecho, en la senda de la vieja Troika, al nuevo plan griego presentado por Alexis Tsipras en la cumbre informal del Consejo del 22 de junio -y que supuestamente obtuvo el beneplácito de los allí reunidos-, son una muestra más del intolerable y antidemocrático acoso que los líderes políticos europeos y del FMI están sometiendo al gobierno democrático de un Estado miembro de la Unión Europea. Acoso que busca ante todo la derrota política, o el máximo desgaste político, del Gobierno de Syriza, y evitar que un buen acuerdo para el pueblo griego pudiera favorecer las expectativas electorales de los partidos emergentes de la izquierda europea. Se basa no en razones de racionalidad económica, sino en motivos estrictamente ideológicos y de cálculo de oportunidades y ventajas políticas.

Lo esencial de las revelaciones de FT es que, impulsados por el FMI y el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, "los acreedores" (nombre colectivo por el que se quiere ahora describir a la vieja Troika cuando sus componentes actúan juntos) han rechazado la propuesta del Gobierno griego, y presentado una contrapropuesta con cambios sustanciales que sólo pretenden endurecer el ajuste y, sobre todo, hacer que caiga exclusivamente sobre las espaldas de trabajadores y pensionistas y no sobre las de los empresarios. Lo hacen con un descaro sin límites y actuando como si ellos fueran el gobierno democrático de Grecia, invadiendo sus competencias y entrando hasta en los pequeños detalles.

La nueva vuelta de tuerca del FMI y el Eurogrupo, según el texto de la contrapropuesta a la que ha tenido acceso FT, se centra sobre todo en la reforma de las pensiones en el doble sentido indicado: por una parte exige que el aumento de la edad de jubilación a los 67 años termine de aplicarse en 2022, en lugar de en 2036 como establecía la primera propuesta del Gobierno griego, y que la paga extra compensatoria para las pensiones más bajas se elimine en 2017. En sentido contrario, la Troika pretende "eliminar la mayoría de las contribuciones y tasas que estaban en el nuevo plan de Tsipras, incluyendo el aumento del 3,9% en las contribuciones de los empleadores al principal plan de pensiones". No se puede olvidar que los pensionistas y los trabajadores griegos ya han sufrido severos recortes, en sus pensiones vigentes y en sus derechos futuros, como consecuencia de los dos planes de rescate anteriores.

Para que termine de quedar bien claro quienes no deben pagar los costes de la deuda, el FMI y los ministros de economía y finanzas del Eurogrupo echan abajo la propuesta del Gobierno griego de incrementar los recursos del Estado mediante la subida del impuesto de sociedades: de modo general del 26% al 29% -sólo admiten hasta el 28%- y una aportación única en 2015 del 12% de los beneficios empresariales por encima de 500.000 euros. Esta última la rechazan del todo.

Todo esto para que Grecia pueda terminar de recibir los 7.200 millones de euros del último tramo del 2º rescate, cuando en lo que va de año Grecia ha devuelto ya a sus acreedores de la Troika 18.927 millones, y tendrá que devolver otros 18.668 millones en lo que reste de 2015[1]. Es decir, como todos los préstamos anteriores, la mayor parte del mismo se empleará en devolver otros préstamos a los mismos acreedores. La deuda pública griega total, a finales de 2014, alcanzaba un valor del 185% del PIB, tras la quita del 52% del nominal de su valor en manos de acreedores privados en 2012. Está engrandecida por la caída del PIB en un 25%, en buena parte motivada por las políticas de austeridad que todavía pretenden Schäulbe y el Eurogrupo mantener con un obstinación suicida.

Cualquier economista serio sabe que las deudas no pueden devolverse cuando se establecen políticas que hacen que los ingresos, dependientes de la demanda, caigan. Pues bien, el seguir imponiendo a Grecia más austeridad a pesar del fracaso -para toda Europa- económico con insostenibles secuelas de paro, pobreza y desigualdad, se ve acompañado de otras posiciones que terminan de desvelar las auténticas intenciones de unos líderes que están llevando a la UE al desastre: negativa a que en el acuerdo figure ninguna referencia a una futura e imprescindible reestructuración de la deuda, ni tampoco lo que podría corresponderle a Grecia del limitado Plan Juncker de inversiones (que debería haberse aprobado al terminar junio pero que no se sabe cuando lo será, como siempre ocurre con todo lo que pueda compensar los ajustes y la austeridad).

La responsabilidad del FMI y, en particular, de su presidenta, Christine Lagarde, en este último episodio del acoso de la Troika al Gobierno de Syriza es de primer orden. Y se produce cuando cada vez más estudios producidos por una parte de sus propios expertos van mostrando de manera inapelable que la austeridad que se pretende seguir manteniendo contra Grecia ha sido un fracaso.

Es posible que al final prevalezca la racionalidad y el interés por evitar las consecuencias financieras, económicas y políticas para toda la UE de una quiebra del Estado Griego. Es posible, por lo tanto, que termine alcanzándose un acuerdo, y que éste último episodio del acoso al gobierno griego sólo pretenda sumar activos en la mochila del desgaste político de Syriza y de sus aliados europeos. Pero lo que demuestra de forma indudable, por si no hubiera suficientes pruebas anteriores de ello, es que las razones principales de la conducta de las instituciones de la UE y del FMI en el caso griego son ideológicas y políticas, de la peor muestra del neoliberalismo económico contemporáneo, trufado con vicios tan peligrosos como el cortoplacismo, el sectarismo, el poco respeto por la transparencia y la democracia. En suma, quienes gobiernan Europa y las instituciones financieras internacionales carecen de proyecto válido para la mayoría de la gente.

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[1] Financial Times: http://www.ft.com/ig/sites/2015/greek-debt-monitor/

La política migratoria de la UE: la insolidaridad como lema

El artículo que sigue fue publicado en el Blog de la Fundación 1º de Mayo del diario digital Público.es

http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/05/26/la-politica-migratoria-de-la-ue-la-insolidaridad-como-lema/

¡Vergogna!, pronunció el Papa Francisco, contundente y sintético, al referirse a las muertes de miles de refugiados y emigrantes en las aguas del Mediterráneo y a la insensibilidad de los gobiernos europeos, incapaces de encontrar una solución racional y solidaria a la matanza. ¿Qué podemos decir ahora al constatar que la principal solución encontrada por los responsables políticos de la UE y de los gobiernos europeos es la de atacar militarmente a las bandas de traficantes de personas y procurar hundir, si se puede, los barcos que utilizan? Aunque con gestos de esta naturaleza quieran aparentar energía de cara a una parte de las opiniones públicas, sensibles a los postulados de las derechas nacionalistas y xenófobas, los líderes políticos europeos saben que la etapa final de su acción militar –la actuación de buques de guerra europeos contra las embarcaciones de los traficantes en aguas territoriales libias- difícilmente contaría con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿O es que no se acuerdan de las repercusiones geopolíticas que tuvo la ampliación unilateral del mandato de la ONU de proteger a la población de la Cirenaica de las amenazas de Gadafi al objetivo de facto de derribar su régimen, con las consecuencias que todos conocemos? ¿Es que piensan que Rusia no ejercería su derecho de veto? ¿O se volvería a actuar al margen de Naciones Unidas?

En todo caso, esa aparente contundencia contra uno de los actores malos de esta dramática película no oculta el escandaloso hecho de que fuese la única medida supuestamente aprobada en la reunión de ministros de exteriores y defensa de la UE, el pasado 18 de mayo; y que estuviese acompañada de un bochornoso debate acerca del modo de repartir entre sus países la ridícula cifra de 20.000 refugiados anuales. Sobre este punto no se llegó a ningún acuerdo por la negativa de bastantes países europeos a aceptar las cifras propuestas por la Comisión Europea, o el hecho mismo de que la Comisión les dijera algo al respecto. El contraste entre lo acordado y lo rechazado lo dice todo acerca de los bajísimos niveles de sensibilidad política y moral que tienen quienes hoy gobiernan Europa, máxime si se tiene en cuenta quienes son las naciones que están realmente cargando con el dramático problema de los refugiados y cuales ha sido la responsabilidades políticas de los gobiernos europeos –y de los EE UU, por supuesto- en la génesis o/y gestión de los conflictos bélicos del Norte de África y el Oriente Próximo que están produciendo buena parte de esos refugiados.

Según los últimos datos publicados por ACNUR, correspondientes a 2014, los refugiados en el mundo han alcanzado la cifra de 51,2 millones de personas, cifra récord desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. De ellos, 33,3 millones son desplazados internos en sus propios países. El 86% de los mismos malviven en los países más pobres del mundo, los denominados en la jerga actual “países en vías de desarrollo”. Las naciones desarrolladas y emergentes, juntas, apenas acogen a 7,2 millones del total. En toda la UE hay actualmente 435.000 refugiados, de los que sólo tienen reconocido el estatuto de refugiado 185.000. Estas cifras suponen apenas el 0,85% y el 0,36%, respectivamente, del total de refugiados. Aún si comparamos las cifras europeas sólo con el total de refugiados que viven fuera de sus países de origen, 18 millones, todos los Estados miembros de la UE estarían acogiendo, de hecho, apenas el 2,42% del total de refugiados expatriados, y habrían reconocido jurídicamente su estatuto de refugiado a sólo el 1.02% de ese total. Sólo la Guerra Civil de Siria, ahora ya superpuesta a la guerra yihadista promovida por Estado Islámico en Siria e Iraq, ha producido ya 3,5 millones de refugiados expatriados y 6,5 millones de desplazados internos. Al lado de todas estas cifras ¿Qué se puede decir de la pelea de los gobiernos europeos por la distribución de la ridícula cifra de 20.000 refugiados al año en toda la UE? ¿Y qué más del hecho de que tampoco se atienden los angustiosos llamamientos de ayuda financiera de ACNUR para atender a millones de personas en unos campos de refugiados sobresaturados? No cabe sino decir bien alto: ¡es una vergüenza! Todo un monumento al egoísmo y la insolidaridad, que lo dice todo acerca de una UE desnortada en casi todas sus señas de identidad durante la última década.

El severo juicio que merecen los responsables políticos de la UE y los gobiernos europeos por actuar así, se ve agravado por la responsabilidad política que tienen algunos de los gobiernos de nuestro continente –aquí sí que hay que individualizar las responsabilidades- en la generación de algunos de los conflictos político militares -o en los errores en la intervención en ellos-, que están provocando los refugiados que ahora se rechazan. El principal ejemplo es el surgimiento del Estado Islámico. Es inseparable de la desastrosa intervención militar de los Estados Unidos y el Reino Unido y otras naciones europeas en Iraq (2003), y de la posterior disolución del ejército y del Estado del régimen baasista. No hay más que repasar el estado mayor y la nómina de dirigentes militares de la organización terrorista/Estado que preside Abubaker al Bagdadi para encontrarse con muchos destacados oficiales del Ejército y de los servicios secretos de Sadam Hussein. Si desastrosa ha sido, sin duda, la guerra de Iraq desde un punto de vista geoestratégico, desde un punto de vista político y moral habría que calificarla de ilegítima e ilegal. Y en la nómina de los políticos irresponsables que acompañaron a George W. Bush, en las Islas Azores, a dictar el ultimátum que la desencadenó -aduciendo motivos que ya entonces eran manifiestamente falsos-, estaban –nunca nos olvidaremos- los primeros ministros del Reino Unido (Blair) y España (Aznar).

Hoy, las consecuencias de la Guerra de Iraq complican el ya de por sí difícil final de la Guerra Civil Siria. Si en los orígenes de la misma, al igual que en las demás rebeliones de la Primavera Árabe, están el rechazo de la tiranía por el pueblo y la resistencia del régimen dictatorial a aceptarlo, la pronta intromisión del yihadismo en el conflicto, con fines bien diferentes, provocó una cadena de vacilaciones, contradicciones y errores (involuntarios y voluntarios) por parte de los enemigos del Gobierno de al-Asad: las naciones occidentales, los Estados del Golfo y Turquía. Inicialmente, sus armas y pertrechos llegaron también a la oposición islamista, la mayor parte de cuyos combatientes se integraron finalmente en el Frente Al Nusra (Al Qaeda) y el Estado Islámico de Iraq y el Levante. Las monarquías (teocráticas y suníes) del Golfo y Turquía continuaron estos suministros bastante tiempo más allá que los EE UU. Incluso, una vez que el Estado Islámico proclamó el Califato en amplias porciones del territorio de Iraq y Siria, Turquía siguió permitiendo el contrabando de petróleo a través de su frontera con Siria, su principal fuente de financiación. Y Turquía es miembro de la OTAN.

Y para terminar: Libia. De este país parten la mayoría de los barcos repletos de refugiados (la mayoría) y emigrantes económicos. La destrucción del frágil Estado libio ha llevado al país al caos, a una nueva guerra civil y a la condición –no se sabe si temporal- de Estado fallido, en el que Estado Islámico está construyendo su base territorial más cercana a Europa. Pues bien, nadie duda que a esta situación contribuyó la violación del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, y la ampliación de los bombardeos intensivos hasta que el régimen de Gadafi fue destruido (y su líder asesinado por linchamiento). Los bombardeos, ejecutados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fueron apoyados militarmente por otras naciones europeas, entre ellas España, y políticamente por la UE.

Y ahora, la UE, presos muchos de sus líderes por el ascenso de corrientes nacionalistas y xenófobas en sus opiniones públicas o en el interior de sus propios partidos, mira para otro lado sobre el drama de los refugiados, en otro alarde de insolidaridad y egoísmo –y ceguera estratégica- hacia sus vecinos del Sur.

En los últimos tiempos, son ya demasiadas las equivocaciones, malas orientaciones e insuficiencias acumuladas por las políticas exteriores, de seguridad y de migraciones de la UE, o de uno o varios de sus principales Estados. Entre ellas: promover o participar en intervenciones militares y desentenderse de las consecuencias geoestratégicas, políticas y sociales posteriores de las mismas; hacerlo, en ocasiones, al margen de la legalidad internacional; volver a apoyar a las dictaduras –como la egipcia de Al-Sisi- como remedio frente al ascenso del islamismo, al tiempo que se racanea la ayuda económica al único país democrático, Túnez, que queda de la Primavera Árabe; etc. Y en el tema que nos ocupa: primacía absoluta de un enfoque de seguridad interna, insolidario y egoísta, sobre los de política migratoria común europea, cooperación para el desarrollo económico y social y la democracia política de los vecinos del Sur, y cumplimiento de las obligaciones de los convenios internacionales sobre los refugiados de la ONU.

Algunos dirán, con razón, que no se puede esperar que los responsables políticos de la austeridad, de los recortes salariales y laborales y de la devaluación de rentas de los europeos (de trabajadores y clases medias, no de los más ricos, por supuesto), y del acoso que sufre el gobierno griego de Syriza, se aparten de los rumbos de insolidaridad, egoísmo nacional y ceguera estratégica que caracterizan hoy su falta de proyecto europeo de futuro, para ser generosos con los que vienen de fuera.

Yo sólo añadiré que ambas conductas son las dos caras de la misma mala moneda política, que lo que decidieron y lo que no fueron capaces de decidir los ministros de exteriores y de defensa el 18 de mayo es una vergüenza, y que todo ello apuntala mi convicción de que la UE sólo tiene salvación si se produce un profundo cambio político –una refundación política de Europa- basada en la democracia, la igualdad y el progreso social, y la solidaridad. Todo un programa de cambio para realizar en Europa que requiere que sus Estados miembros avancen en la misma dirección. Difícil pero necesario.

Publico, a continuación,las versiones castellana y catalana del artículo aparecido en la revista Perspectiva. 

El enlace con el número de mayo de esta revista electrónica de CC OO de Ctaluña es: http://perspectiva.ccoo.cat/

Crisis, democracia e igualdad

Javier Doz

Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Desigualdad y retroceso democrático son vectores políticos y sociales que están en la génesis de la actual crisis financiera y económica. Por su parte, la crisis está causando una desigualdad aún más profunda y erosionando, todavía más, la calidad de la democracia, desde las estructuras del poder político pero también desde algunas corrientes sociales.

Como han mostrado autores como Stiglitz (2012), Krugman (2012) y Piketty (2014),  el crecimiento de la desigualdad se encuentra entre los factores principales que  han provocado la Gran Recesión. Resumiendo: los ricos a especular, trabajadores y clases medias a endeudarse, y los bancos a endeudarse todo lo que pudieron para prestar a ambos y especular ellos mismos, en beneficio de unos directivos que se pusieron a sí mismos unas descomunales retribuciones a costa de todos. Los gobiernos, es decir los contribuyentes, han pagado la factura. Kumhof y Rancière (2010), economistas del FMI, han destacado la desigualdad como causa de la crisis, comparando las dos últimas grandes crisis del capitalismo (1929 y 2007/2008); y la relacionan certeramente con el debilitamiento de la fuerza de los sindicatos. El debilitamiento de la negociación colectiva sumado a unas reformas fiscales regresivas produjeron, en EE UU, en las décadas anteriores al estallido de ambas crisis una fuerte desviación en la distribución de la renta en beneficio de la parte de la población de mayores ingresos (el 10% y mucho más aún para el 1% más rico). Joseph Stiglitz (2012) analiza con rigor la mutua interacción entre la desigualdad y el retroceso de la democracia para generar la crisis. Los ámbitos supranacionales con pocas reglas y menos gobierno, es decir con nula democracia, son los ideales para que el capital financiero y las empresas multinacionales impongan sus reglas e intereses. Pero en los Estados nación, donde los gobiernos son elegidos según sistemas democráticos formales –lejos de mi intención contraponer lo formal a lo real, hablando de democracia, como no sea para exigir ambas cualidades-, medios de comunicación, thing tanks, lobbies y demás aparatos ideológicos desempeñan un papel vital para cambiar las percepciones de la gente y hacer que se gobierne al servicio de las élites económicas y contra los intereses de las mayorías.

La gestión de la crisis por las instituciones de la UE, bajo la hegemonía política del gobierno alemán y la ideológica de su economía política (mix de ordoliberalismo, economía neoclásica y consenso de Washington) no sólo ha sido ineficiente e injusta,  según sus resultados en términos de crecimiento, paro, pobreza y desigualdad, sino que ha sido escandalosamente antidemocrática. Los supuestos avances en la gobernanza europea, del Pacto por el euro plus al nuevo Tratado (Pacto Fiscal), están diseñados, ante todo, para imponer la austeridad, las reformas-recortes y la devaluación interna, y conllevan –fondo y forma se complementan- un clamoroso déficit democrático. La cima de la falta de democracia en la gestión de la crisis ha sido la acción de troika en los países “rescatados”. Lo ha reconocido el presidente Juncker en una asombrosa confesión: “En la Comisión nunca se habló de la troika y sus mandatos”. Entonces, ¿Quién decidió imponer sus brutales recortes que violaron constituciones, leyes o convenios fundamentales de la OIT? El desprecio por el cumplimiento de las normas legales fundamentales es uno de los rasgos más característicos de la conducta antidemocrática.

Si en la génesis y el mal gobierno de la crisis están la desigualdad y el déficit democrático, sus consecuencias también deterioran las libertades y la democracia. Por un lado, han hecho crecer fuertemente en muchos países europeos corrientes sociales y políticas de extrema derecha, xenófobas y antieuropeas que suponen un peligro real para la democracia (hay que alegrarse, y mucho, de que en España sean fuerzas como Podemos y Ciudadanos las que “amenazan” el establishment político). Por otro, padecemos la respuesta autoritaria de los gobiernos a la protesta social motivada por la crisis. En autoritarismo, el gobierno del PP está a la cabeza de Europa (en el 2º lugar, probablemente, tras el húngaro de Viktor Orbán). La “resurrección” del artículo 315.3 del Código Penal, contra el derecho de huelga, y las leyes de seguridad ciudadana y de reforma del C.P., contra los de reunión y manifestación y la libertad de expresión, son algunas de sus acciones más descollantes contra la calidad de nuestra democracia.

Como conclusión diré que la salida de la crisis y la construcción de un modelo de crecimiento sostenible tienen que venir acompañadas de un fuerte avance, en la realidad social y política, de los valores de la igualdad y la libertad; y de la capacidad de promover movilizaciones sindicales, sociales y políticas de carácter supranacional y articularlas con las que se producen en los ámbitos nacionales. La lucha por la igualdad y la democracia son hoy, de nuevo, inseparables. Más capacidad de control democrático de las instituciones políticas; más participación de la ciudadanía en la vida política, incluida la institucional; y la ruptura de los profundos lazos de mutua dependencia entre las élites políticas y económicas, son las claves para avanzar en la igualdad y la libertad y para construir un orden social, nacional e internacional, democrático, justo y sostenible.

Referencias bibliográficas

• Krugman, Paul (2012). “Acabad ya con esta crisis”. Ed. Crítica, Barcelona.
• Kumhof, Michael y Rancière, Romain (2010). “Inequality, Leverage and Crises”. International Monetary Fund. Research Department, Washington.
• Piketty, Thomas (2014). “El capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica. México,D.F.
• Stiglitz, Joseph E. (2012). “El precio de la desigualdad”. Santillana Ed.Gen.,Madrid.

Crisi, democràcia i igualtat

Javier Doz

President de la Fundació 1r de Maig

Desigualtat i retrocés democràtic són vectors polítics i socials que estan en la gènesi de l’actual crisi financera i econòmica. Per la seva banda, la crisi està causant una desigualtat molt més profunda i erosionant, encara més, la qualitat de la democràcia, des de les estructures del poder polític però també des d’algunes corrents socials.

Com han mostrat autors com Stiglitz (2012), Krugman (2012) i Piketty (2014), el creixement de la desigualtat es troba entre els factors principals que han provocat la Gran Recessió. Resumint: els rics a especular, treballadors i classes mitjanes a endeutar-se, i els bancs a endeutar-se tot el que van poder per prestar a tots dos i especular ells mateixos, en benefici d’uns directius que es van posar a si mateixos unes descomunals retribucions a costa de tots . Els governs, és a dir, els contribuents, han pagat la factura. Kumhof i Rancière (2010), economistes de l’FMI, han destacat la desigualtat com a causa de la crisi, comparant les dues últimes grans crisis del capitalisme (1929 i 2007/2008); i la relacionen precisament amb el debilitament de la força dels sindicats. El debilitament de la negociació col·lectiva sumat a unes reformes fiscals regressives van produir, als Estats Units, en les dècades anteriors a l’esclat de les dues crisi una forta desviació en la distribució de la renda en benefici de la part de la població de majors ingressos (el 10 % i molt més encara per a l’1% més ric). Joseph Stiglitz (2012) analitza amb rigor la mútua interacció entre la desigualtat i el retrocés de la democràcia per generar la crisi. Els àmbits supranacionals amb poques regles i menys govern, és a dir amb nul·la democràcia, són els ideals perquè el capital financer i les empreses multinacionals imposen les seves regles i interessos. Però en els Estats nació, on els governs són escollits segons sistemes democràtics formals -lluny de la meva intenció contraposar allò formal a la realitat, parlant de democràcia, com no sigui per exigir ambdues qualitats-, mitjans de comunicació, thing tanks, lobbies i altres aparells ideològics tenen un paper vital per canviar les percepcions de la gent i fer que es governi al servei de les elits econòmiques i contra els interessos de les majories.

La gestió de la crisi per les institucions de la UE, sota l’hegemonia política del govern alemany i la ideològica de la seva economia política (mix de ordoliberalisme, economia neoclàssica i consens de Washington) no només ha estat ineficient i injusta, segons els seus resultats en termes de creixement, atur, pobresa i desigualtat, sinó que ha estat escandalosament antidemocràtica. Els suposats avenços en la governança europea, del Pacte per l’euro plus al nou Tractat (pacte fiscal), estan dissenyats, sobretot, per imposar l’austeritat, les reformes-retallades i la devaluació interna, i comporten -fons i forma es complementen- un clamorós dèficit democràtic. El cim de la manca de democràcia en la gestió de la crisi ha estat l’acció de troica en els països “rescatats”. Ho ha reconegut el president Juncker en una sorprenent confessió: “A la Comissió mai es va parlar de la troica i els seus mandats”. Llavors, qui va decidir imposar les seves brutals retallades que van violar constitucions, lleis o convenis fonamentals de l’OIT? El menyspreu pel compliment de les normes legals fonamentals és un dels trets més característics de la conducta antidemocràtica.

Si en la gènesi i el mal govern de la crisi estan la desigualtat i el dèficit democràtic, les seves conseqüències també deterioren les llibertats i la democràcia. D’una banda, han fet créixer fortament en molts països europeus corrents socials i polítiques d’extrema dreta, xenòfobes i antieuropees que suposen un perill real per a la democràcia (cal alegrar-se, i molt, que a Espanya siguin forces com Podem i Ciutadans les que “amenacen” l’establishment polític). De l’altra, patim la resposta autoritària dels governs a la protesta social motivada per la crisi. En autoritarisme, el govern del PP està al capdavant d’Europa (en el 2º lloc, probablement, després l’hongarès de Viktor Orbán). La “resurrecció” de l’article 315.3 del Codi Penal, contra el dret de vaga, i les lleis de seguretat ciutadana i de reforma del CP, contra els de reunió i manifestació i la llibertat d’expressió, són algunes de les seves accions més excepcionals contra la qualitat de la nostra democràcia.

Com a conclusió, diré que la sortida de la crisi i la construcció d’un model de creixement sostenible han de venir acompanyades d’un fort avanç, en la realitat social i política, dels valors de la igualtat i la llibertat; i de la capacitat de promoure mobilitzacions sindicals, socials i polítiques de caràcter supranacional i articular-les amb les que es produeixen en els àmbits nacionals. La lluita per la igualtat i la democràcia són avui, de nou, inseparables. Més capacitat de control democràtic de les institucions polítiques; més participació de la ciutadania en la vida política, inclosa la institucional; i la ruptura dels profunds llaços de mútua dependència entre les elits polítiques i econòmiques són les claus per avançar en la igualtat i la llibertat i per construir un ordre social, nacional i internacional, democràtic, just i sostenible.

Referències bibliogràfiques

• Krugman, Paul (2012). “Acabad ya con esta crisis”. Ed. Crítica, Barcelona.
• Kumhof, Michael y Rancière, Romain (2010). “Inequality, Leverage and Crises”. International Monetary Fund. Research Department, Washington.
• Piketty, Thomas (2014). “El capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica. México,D.F.
• Stiglitz, Joseph E. (2012). “El precio de la desigualdad”. Santillana Ed.Gen.,Madrid.

La indecente desigualdad salarial

Ayer domingo publicaba El País un estudio de David Fernández sobre los aumentos salariales en 2014. Los datos más fiables son los que, elaborados por el autor, tienen como fuente los datos registrados por las empresas en la CNMV. Se corresponden con el total de empresas que cotizan en bolsa y con las grandes que lo hacen en el IBEX35. Si existe algún sesgo, es en el sentido de mitigar la desigualdad real por ocultación de alguna parte de las altísimas retribuciones de directivos y consejeros en lo informado a la CNMV.

El resultado del estudio muestra una realidad escandalosa e insostenible: la componente salarial de la desigualdad -no la única que opera, por supuesto, en el desolador panorama de la desigualdad en España- avanzó en 2014 a una velocidad de vértigo.

En el total de empresas cotizadas en bolsa, los salarios de los directivos crecieron como media en un 12,03%, hasta situarse en los 600.000 euros anuales. Los miembros de sus consejos de administración vieron aumentadas sus retribuciones nada menos que en un 17,56%, hasta alcanzar los 376.000 euros al año. Los trabajadores, sin embargo, vieron disminuidos sus salarios en un 0,64%.

En las grandes empresas del IBEX, la comparación es todavía más hiriente: sus directivos aumentaron sus retribuciones en un 12,14%, como término medio respecto a 2013, para rozar ya el millón de euros, 949.000 en concreto. Sus consejeros tuvieron un empujón mayor, nada menos que de un 24,11%, terminando en 612.000 euros anuales. Los trabajadores, a los que directivos y consejeros consideran sin duda completamente ajenos a la mejora de los beneficios de sus empresas, fueron castigados con una disminución del 1,04% de sus salarios.

En un solo año, de 2013 a 2014, el abanico entre los mejor pagados en las empresas del IBEX35 y la retribución media de sus empleados pasó de 75 veces más a ¡104 veces más!

Así no se puede continuar. En primer lugar, porque es una pura indecencia política y moral, que no puede sino destruir las bases de la cohesión de nuestra sociedad, un tal progreso de la desigualdad. Y en segundo, por hablar de algo que puede interesar algo a las élites económicas que no saben razonar en términos de justicia social, porque una desigualdad así va en contra de la productividad de sus empresas y, tal vez, incluso puede acabar provocado una rebelión social, lo cual sería bastante deseable por otro lado.

El próximo día siete habrá una nueva sesión de la agotadora ronda para un posible acuerdo intersectorial para la negociación colectiva. Por el momento, los directivos de la CEOE siguen negándose a que los salarios aumenten por encima del 1%. ¿Será porque a ellos no les han llegado un tal aluvión de prosperidad?

Frente al autoritarismo: libertad e igualdad

Este artículo ha sido publicado en:

Público.es

http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/04/20/frente-al-autoritarismo-libertad-e-igualdad/ , y en

Nueva Tribuna.es

http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/frente-autoritarismo-libertad-igualdad/20150420072419114941.html

La crisis financiera y económica que estalló en 2008, cuyas muy negativas consecuencias seguimos padeciendo en España y en Europa, ha producido mucho desempleo, mucha pobreza y mucha desigualdad, los factores que más definen la injusticia social. Pero también ha venido acompañada de una reacción autoritaria que erosiona las libertades y derechos de nuestros sistemas democráticos. 

En el actual renacimiento del autoritarismo han confluido, al menos, dos tipos de prácticas políticas. Por un lado, las que pretenden justificar la disminución o supresión de ciertos derechos democráticos -por ejemplo, la confidencialidad de las comunicaciones o el derecho a un juicio justo con garantías procesales- escudándose en la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional, en su actual versión de signo yihadista. Por otro lado, las que hacen del recorte de los derechos y libertades un instrumento para combatir la protesta social. Si las primeras no ocultan sus objetivos e intenciones, las segundas procuran hacerlo mediante un discurso mistificador, en ocasiones incluso estableciendo ficticios lazos entre la protesta social y el terrorismo.

En ambos casos se da la circunstancia de que quienes preconizan o ejecutan estas prácticas de empobrecimiento de la democracia, o claramente antidemocráticas, son algunos de quienes más han contribuido con acciones y políticas equivocadas e injustas a favorecer el caldo de cultivo del terrorismo; o bien, a provocar un deterioro del bienestar de la mayoría y una más injusta distribución de la riqueza que justifican plenamente la protesta social.

No puedo dejar de pensar en los protagonistas de la foto de las Azores al reflexionar sobre la contribución de la insensata segunda Guerra de Iraq, y su no menos insensata posguerra, a la creación del Estado Islámico, que ocupa hoy buenas porciones de  territorio en Siria e Iraq, y ha arrebatado a Al Qaeda el liderazgo del yihadismo internacional. No negaré que el yihadismo sea hoy una amenaza muy seria a todas las libertades y derechos, empezando por los de la población – musulmana, cristiana o de otras confesiones- de los territorios que ocupan y terminando por la negación del derecho a vivir y a expresarse libremente de los humoristas de Charlie Hebdo o los universitarios keniatas. Pero al yihadismo hay que combatirle mediante la coordinación internacional de la acción de los servicios de inteligencia, policiales y judiciales, y aún por medios militares si resulta imprescindible, pero siempre dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos. No se le combate con guantánamos o abughraibs. No se le combate aceptando dictaduras como la de Al-Sisi en Egipto mientras se racanea la ayuda económica al Túnez democrático. Estas conductas, incompatibles con los valores democráticos, refuerzan la capacidad del  yihadismo para reclutar nuevos partidarios. Lo mismo que el fracaso de las políticas de integración social de la población de origen inmigrante en los países europeos. Tampoco es aceptable para la salud de nuestras democracias la creación de sistemas de espionaje masivo de las comunicaciones telefónicas y por Internet, como los que ha puesto en funcionamiento la NSA, según la muy documentada denuncia de Edward Snowden, y que, sin control alguno judicial o parlamentario, acaban utilizándose para el espionaje político e industrial de los países amigos.

Pero el principal motor de las nuevas formas de autoritarismo que nos ha traído la crisis económica es la tradicional actitud de la ideología más conservadora que pretende combatir la justificada protesta social –contra las consecuencias de la crisis y su nefasta gestión política, productora de pobreza y desigualdad– con medidas represivas que implican un evidente recorte de derechos fundamentales.

No es un fenómeno que se esté dando sólo en España, pero en nuestro país y bajo el actual gobierno está alcanzando cotas muy preocupantes. Una de sus peores expresiones es el ataque al principal instrumento que tienen los trabajadores para enfrentarse a los recortes sociales y la devaluación salarial: el derecho de huelga. El modo de hacerlo ha sido la reactivación de un artículo del Código Penal, el 315.3, que permanecía peligrosamente "dormido", utilizando la peor de las interpretaciones posibles, la que confunde la legítima actuación de los piquetes de huelga con un atentado al “derecho al trabajo”. Ni el Gobierno ni la Fiscalía general han querido responsabilizarse de la masiva puesta en práctica del nuevo enfoque, pero son incapaces de explicar cómo sólo ha comenzado a aplicarse dicha interpretación del 315.3 ahora, en las huelgas contra la gestión de la crisis. Cerca de 300 sindicalistas, la mayoría de CC OO y UGT, han sido procesados, y algunos condenados ya, con peticiones de hasta ocho años de cárcel. El PP se ha negado a derogar esta disposición legal concebida contra el derecho de huelga en la reciente reforma del Código Penal.

La reforma del CP y la Ley de Seguridad Ciudadana ("Ley mordaza") suponen a juicio de muchas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos un grave ataque a las libertades de expresión, reunión y manifestación. La ampliación de los supuestos de faltas y delitos, el aumento de la cuantía de las multas y de las penas, y la ampliación de los poderes del gobierno a costa de los que tenía el sistema judicial en numerosos supuestos, por actos relacionados con el ejercicio de tales libertades, difícilmente  pueden tener otro propósito que el de actuar contra las protestas sociales y atemorizar a los potenciales participantes en las mismas.

A las reformas legales hay que añadir las constantes actuaciones gubernativas en contra de protestas justas y pacíficas que han sido reprimidas con detenciones, identificaciones y multas. En el caso de los desahucios se pone de manifiesto el descarnado funcionamiento de un sistema injusto que quiere protegerse reforzando el autoritarismo: los bancos que provocaron la crisis y fueron rescatados con nuestro dinero promueven la pérdida de la vivienda de aquellos a los que dejaron sin empleo y que el Estado, por supuesto, no rescata; y a quienes se resisten civilmente a los desahucios se les detiene y multa gubernativamente, o se les procesa.

Entre las amenazas varias que afectan al mundo de la cultura y la comunicación, no podemos dejar de mencionar una que nunca ha quedado bien resuelta en democracia: la injerencia de los gobiernos, nacional y autonómicos, en el control de las televisiones públicas para ponerlas a su servicio en contra de la libertad y el pluralismo de la información a los que tienen derecho la ciudadanía que las financia.

De todas estas cosas se va a hablar el 23 de abril, a partir de las 19 horas, en los locales de Comisiones Obreras de Madrid de la calle Lope de Vega 38, en un acto organizado por la Fundación 1º de Mayo. En este año de elecciones, desde diversas plataformas sociales y políticas deberíamos contribuir a que la cuestión del deterioro de los derechos y libertades  democráticos entre de lleno en el debate electoral y a lograr de los partidos políticos compromisos para la derogación del artículo 315.3 del CP y de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La respuesta democrática a la protesta social no debería ser otra que la promoción de la justicia social y la igualdad. El aumento de la desigualdad fue un factor determinante en la formación de las burbujas especulativas financiera e inmobiliaria que condujeron a la crisis. Y la crisis está haciendo crecer tendencias políticas autoritarias, que se ven acompañadas por corrientes sociales xenófobas y racistas. Por eso la lucha por la libertad y la igualdad son, hoy, inseparables.  Liberta e igualdad deben completarse con la solidaridad, versión moderna de la “fraternidad” que completaba la tríada de grandes objetivos de la Revolución francesa. Hay que actuar decididamente para combatir las peores consecuencias que la crisis económica y su mala gestión política han producido: el desempleo y la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad. Pero hay que hacerlo reforzando, además, los derechos y libertades de la ciudadanía, y promoviendo los mayores niveles posibles de participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. 

Nueva falacia sobre Grecia

Uno de los argumentos recurrentes entre los comentaristas políticos que pretenden mostrarse más comprensivos (supuestamente) con la situación del pueblo griego e, incluso, con el gobierno de Syriza, aún desde la distancia ideológica, es la de que están siendo las supuestas torpezas de Varoufakis y Tsipras las que están impidiendo llegar a un acuerdo con el gobierno de Grecia en el seno del Eurogrupo. 

Para los propagadores de esta enorme falacia, el gobierno alemán, el BCE y los demás gobiernos que les han secundado en la imposición de las destructivas condiciones de los rescates griegos (y de las demás acciones de las políticas de austeridad, devaluación interna y reformas/recortes estructurales que viene sufriendo Europa desde 2010) estarían poco menos que deseosos de enterrarlas definitivamente, reconociendo así su error y su voluntad de cambiar el rumbo de las políticas.¡Y es la arrogancia y radicalidad de los líderes de Syriza lo que les está impidiendo hacerlo! 

¿Como se puede sostener algo tan inconsistente? Que lo hagan algunos no me extraña, pero que lo afirmen otros -otrora lúcidos- sí me desconcierta. ¿Efecto del prejuicio ideológico?

Para derrotar a Syriza están dispuestos a destruir la UE

Publicado en  

http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/derrotar-syriza-estan-dispuestos-destruir-ue/20150320145003113884.html

Los mismos responsables de ese gran fracaso económico y social que ha sido y es la gestión de la crisis en Europa están empezando a mostrar que con tal de derrotar políticamente al único partido que, con responsabilidades de Gobierno, pone en cuestión sus políticas -Syryza- no les importa hacer entrar a la UE en un camino que puede llevar a su destrucción. 

En la mañana del viernes 20, segundo día de la cumbre del Consejo Europeo, nos desayunamos con la noticia del fracaso de la reunión de la "minicumbre" del Consejo que ha reunido a Merkel, Hollande y los máximos responsables de todas las instituciones de la UE con Alexis Tsipras. Los presidentes del Consejo, la Comisión y el Eurogrupo han sido los encargados de formular en una breve nota, escrita en los habituales términos ambiguos y diplomáticos, lo que los portavoces oficiosos han transmitido a la prensa como un nuevo ultimatum al gobierno griego: o se presenta, en los próximos días, una "lista completa de reformas específicas" o los fondos prometidos en la reunión del Eurogrupo del 20 de febrero no se librarán a Grecia. Esto  significaría la suspensión de pagos y, en la mentalidad de un número creciente de irresponsables mandatarios europeos, la salida de Grecia del euro.

Además, los filtradores habituales han distribuido a los medios de comunicación una nota interna del Eurogrupo en la que se acusa al gobierno griego de nada menos que "torpedear el acuerdo para ampliar el rescate". Los argumentos principales esgrimidos para justificar tal aserto no tienen desperdicio: se le acusa de maltratar a los funcionarios de la troika por pretender que las negociaciones se produzcan a nivel político, y de aprobar una ley para paliar la grave crisis humanitaria sin haberla consultado con ellos.

Es decir, pocos días después de las "confesiones de Jean Claude Juncker" en las que el presidente de la Comisión afirmó que habría que pedir perdón a los pueblos griego, portugués e irlandés porque la troika "había ofendido a su dignidad" mandando a simples funcionarios a negociar con ministros de sus gobiernos y, lo que es mucho más grave aún, reconoció que esos funcionarios no tenían ningún mandato de la Comisión Europea porque en las reuniones del Colegio de Comisarios "nunca se habló de la troika", el Eurogrupo transforma en amenaza los plañideros argumentos de los "hombres de negro".

Pero lo que pone más de manifiesto el nivel de insensibilidad política y moral de los responsables del Eurogrupo es su pretensión de convertir en motivo de denuncia que el gobierno griego haya aprobado una ley para paliar el estado de emergencia humanitaria, actuando así contra los significativos focos de hambre y frío que sufren los sectores más desfavorecidos de su población y contra la exclusión de la asistencia sanitaria de la seguridad social de los tres millones de griegos más pobres. Lo que quieren ocultar los responsables políticos de las instituciones de la UE y de los gobiernos nacionales -de Merkel a Rajoy pasando por casi todos los demás-, cuando reiteran una y otra vez que lo que tiene que hacer Grecia es "cumplir sus compromisos", es que buena parte de dichos compromisos son los que directamente o indirectamente han llevado a esa situación de emergencia humanitaria. 

Porque entre los compromisos que figuran en los memorandos que la troika impuso a Grecia están la exclusión sanitaria de casi un tercio de la población griega, la anulación de los convenios colectivos y la rebaja unilateral de los salarios -violando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y los convenios fundamentales de la OIT-, por no hablar de una política fiscal cuyas consecuencias no podían ser otras que el hundimiento de la economía griega y el agravamiento del problema de la deuda. Esto es lo que quieren obligar a mantener al gobierno de Syriza, quienes le denuncian por preocuparse de paliar la situación de los griegos que pasan hambre y frío y no pueden acudir a un hospital de la Seguridad Social.

Pero las confesiones de Juncker permiten ir, a mi juicio, más allá del refuerzo de los argumentos de denuncia sobre la ilegitimidad de un organismo, la troika, que no tiene soporte legal alguno en los tratados de la UE, ilegitimidad que se proyecta sobre sus actos, es decir, sobre los compromisos impuestos a gobiernos legítimos. Sus confesiones cuestionan la legalidad misma de los actos. ¿Son legales los actos aprobados en nombre de la Comisión Europea cuando estos no son ni siquiera tratados por ella ni existe, por lo tanto, acta alguna que refrende los mandatos que ejecutaron según su libre albedrío sus altos funcionarios?

Todas estas cuestiones parecen importar poco al numeroso plantel de políticos europeos, capitaneados por quienes mandan de verdad en Europa -Merkel y Schäuble-, que, ante todo, no quieren que el gobierno de Syriza pueda ponerles en evidencia del fracaso en su gestión de la crisis, evidencia constatada por los hechos y por las opiniones de muchos académicos y expertos nada sospechosos de izquierdismo. Y menos aún -y esto se palpa en las posiciones más enconadas contra Grecia que adoptan primeros ministros como Rajoy o Passos Coelho- que los logros de Syriza en favor del pueblo griego, pero también en favor de una proyecto de UE distinto del neoliberal vigente pero absolutamente agotado, les pasen factura en las próximas elecciones políticas y promuevan el progreso de un nueva izquierda europea.

El problema de Grecia es pues, a mi juicio, esencialmente político. Nadie puede afirmar seriamente que Grecia pueda pagar una deuda del 175% de su PIB. Ningún analista riguroso puede dejar de responsabilizar a las políticas de austeridad de que dicha deuda haya aumentado tan fuertemente desde que estas políticas se aplican (en 2009, la deuda pública griega era del 129% del PIB y en 2012 tuvo una quita del 52% de su valor nominal). Es más, todos los responsables políticos y económicos de la UE tienen a su disposición un informe que fue hecho público en Tokio, en octubre de 2012, en el que se concluía, tras un exhaustivo análisis de las crisis financieras y económicas que se han producido en el mundo desde finales del siglo XIX, que siempre que se habían aplicado frente a ellas políticas monetarias y fiscales restrictivas (austeridad) los resultado habían sido contraproducentes y la recesión se había profundizado y prolongado. Por el contrario, en los casos en los que las políticas monetaria y fiscal habían sido expansivas, promoviendo el crecimiento de demanda interna, los resultados habían sido positivos. Paradojas de la vida, el informe fue elaborado por economistas  de un miembro de la troika, el FMI,  y presentado en la conferencia de otoño de dicho organismo internacional.

Quienes, para evitar que Syriza pueda sacar adelante su programa en beneficio del pueblo griego y de los demás pueblos de Europa, están dispuestos a propiciar la salida de Grecia del euro son los auténticos irresponsables en este nuevo acto de un viejo y dramático guión. Lo serán por la inestabilidad financiera que su decisión generará sin duda y que empezará a sentirse inmediatamente después en países como Portugal, Irlanda, España e Italia, y por las consecuencias que la inestabilidad transmite a la economía real. 

Y también serán responsables de la agudización de la crisis política que vive la UE y que puede llevar a su destrucción. Esta crisis política tiene entre sus síntomas la desconfianza mayoritaria y creciente de la ciudadanía europea en la UE y sus instituciones, y el ascenso de partidos políticos nacionalistas, de extrema derecha y euroescépticos en numerosos países. A estos partidos la expulsión de Grecia del euro y de la UE les daría alas. Pero los fundamentos profundos de la crisis política de la UE están en la mala gestión de la crisis financiera y económica, el desprecio de sus consecuencias sociales -entre ellas la pobreza y la desigualdad- y el consiguiente deterioro grave del modelo social europeo, y el carácter escasamente democrático del funcionamiento de las instituciones de la UE.

A los responsables políticos de la UE y de los gobiernos nacionales, pertenecientes a las grandes corrientes que hasta hoy han protagonizado el proyecto europeo pero que también lo han llevado hasta la profunda crisis que padece, no se les puede escapar, y menos aún cuando acabamos de salir del centenario de 1914, que nada ni nadie pueden garantizar que lo peor no ocurra en política, máxime cuando los actores del drama carecen de unos objetivos bien definidos y de una estrategia clara.

Y esto es lo que les ocurre a quienes consideran que hoy lo prioritario es que Syriza no se salga con la suya. Lo pueden hacer sí, pero asumirán el riesgo de que sea a costa de la destrucción de la UE. Porque para muchos ciudadanos europeos esta sería la gota que culminaría el vaso. ¡Hay que pararles los pies!