Un Congreso contra la pobreza y la desigualdad

Publicado en:

Público.es  y,

http://goo.gl/GipNaa

Nueva Tribuna.es

http://goo.gl/DcLSKn

Javier Doz. Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Que la desigualdad ha llegado en nuestro país, y en muchos otros países europeos, a niveles insoportables es algo que reconocen hasta algunos de los políticos o ideólogos que han ayudado a que esto sucediera. El fenómeno afecta -con distintos grados, ritmos de crecimiento y puntos de partida- a gran número de países desarrollados, emergentes o en vías de desarrollo (PVD, eufemismo para designar a los más pobres). No a todos, hay que subrayar. Tampoco es refutable, de acuerdo con los estudios sobre el tema, que este incremento de la desigualdad arranca en los años ochenta, a caballo entre el segundo gran proceso de globalización del capitalismo y la economía política hegemónica que lo ha gestionado: el neoliberalismo.

En muchos casos, como en la mayoría de las naciones desarrolladas, el fenómeno del incremento de la desigualdad ha venido acompañado de un aumento de la pobreza. De la pobreza relativa (percibir rentas inferiores al 60% del valor promedio del país) y de la absoluta, en la que no son cubiertas todas las necesidades vitales de las personas. Esta tendencia se ha agudizado a partir de la crisis. Las políticas de austeridad y devaluación interna, impulsadas por el gobierno alemán y aceptadas acríticamente por los demás gobiernos europeos –excepto por el griego de Siryza- y por las instituciones de la UE, han hecho que este aumento haya sido especialmente severo en nuestro continente, en particular en los países sometidos a planes de rescate.

En bastantes países desarrollados, especialmente en los EE UU, el incremento de la desigualdad ha sido una de las causas de la crisis. Las élites económicas y las familias de mayores ingresos se habían venido apropiando de cantidades cada vez mayores de renta, que no podían consumir por lo que las dedicaban a la especulación en los mercados financieros e inmobiliario, apalancándose también para no poner en riesgo la parte mayor de su riqueza. Mientras, los trabajadores y las clases medias, empobrecidos en términos relativos y en ocasiones absolutos, también se endeudaron para mantener su nivel de consumo. Mediante este perverso mecanismo de especulación y endeudamiento, la desigualdad promovida por las élites económicas y políticas se convirtió en un factor muy poderoso de génesis de la crisis.

Pero no en todos los países se ha producido el mismo fenómeno. En América Latina, mientras se siguieron las directrices del FMI, en los 80 y 90, la mayoría de sus Estados conoció un fuerte aumento de la desigualdad –es la región con mayores índices de desigualdad del mundo- y de la pobreza, además de una prolongación de los efectos de sus crisis financieras. En cambio, ya en el Siglo XXI, las políticas desarrolladas por gobiernos de izquierda y centro izquierda han logrado, en la gran mayoría de los casos, combinar un importante crecimiento económico con una disminución grande de la pobreza y una reducción significativa de la desigualdad.

No siempre los aumentos de la desigualdad y de la pobreza, sobre todo de la pobreza severa van unidos. El caso más descollante es el de China. Gracias a las impresionantes tasas de crecimiento económico que vive desde 1978, ha logrado sacar de la pobreza absoluta, desde esta fecha, a más de 400 millones de personas (125 millones aún permanecen en ella); sin embargo, sus indicadores de desigualdad están ya en el rango de los de América Latina.

La situación de Europa, y la de España en particular, son intolerables, habida cuenta de sus niveles de riqueza, a pesar de la crisis, y de los principios que se suponen informan sus tratados, constituciones y leyes fundamentales. Según los datos que Eurostat acaba de publicar la víspera del 17 de octubre (Jornada Mundial de lucha contra la pobreza), una cuarta parte de la población europea –un 24,4%- está en riesgo de pobreza o exclusión social. En el grupo de cabeza de este indicador están los países “rescatados” de la zona euro, en donde se manifiesta un fuerte aumento en el período 2008-2014: Grecia, 36% (+7,9 puntos porcentuales); Irlanda, 29,5% (+5,8); España, 29,2% (+5,7); Portugal, 27,5% (+1.5); y Chipre, 27,4% (+4,1). A ellos hay que añadir Italia, con una tasa del 28,1% y un aumento de 2,8 puntos porcentuales. Las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social de toda la UE las ostentan todavía dos países del este que no pertenecen a la zona euro, pero es significativo que partiendo de niveles muy altos sus tasas hayan disminuido en los siete años de crisis. Rumania la tiene del 40,2% (-4,0 puntos) y la de Bulgaria es del 40,1% (-4,7).

El insoportable crecimiento de la desigualdad en España

La crisis y las durísimas políticas de austeridad que han practicado los gobiernos del PSOE y el PP desde 2010, basadas en la devaluación salarial y el recorte de los gastos sociales (éste último aspecto de modo mucho más profundo bajo el gobierno de Rajoy), han colocado a España en los puestos de cabeza de la desigualdad social en Europa, con una velocidad de crecimiento desconocida en la historia de las estadísticas.

Si utilizamos como indicador el índice de Gini[1], un indicador muy sensible cuyas pequeñas variaciones indican cambios significativos en los niveles de desigualdad social nos encontramos con una subida desde 31,9 (2007) hasta 34,7 (2014). Esta subida de la tasa en un 8,7% es, con mucha diferencia, la más importante conocida por cualquier país europeo, no sólo en los años de la crisis sino en la historia de esta estadística en un período de tiempo tan limitado. Ha convertido a España en el 2º país más desigual de la UE, empatada con Rumania, pero con una diferencia: en esos siete años, en Rumania la desigualdad bajó desde un coeficiente de 37,8, es decir un 8,2%. El único país que supera a España es Bulgaria con un índice de Gini de 35,4 (2014) que permaneció estable desde 2007. Incluso el país que más ha sufrido las políticas de austeridad y que ha visto incrementar más sus niveles de pobreza, Grecia, no ha visto aumentar apreciablemente sus altos niveles de desigualdad desde el comienzo de la crisis: ha pasado de 34,3 (2007) a 34,5 (2014). Para terminar de hacerse una idea del comportamiento de la desigualdad en Europa, a través del indicador de Gini, conviene decir que el valor medio para toda la UE ha pasado de 30,6 (2007) a 31,0 (2014) y que la zona euro mantiene cifras muy parecidas. Los países más igualitarios son, en 2014: Eslovenia (25,0), República Checa (25,1), Suecia (25,4) y Bélgica (25,9). Y en la Europa no comunitaria: Noruega (22,7) e Islandia (24,0).

El otro gran indicador de la desigualdad, el cociente 20/20, presenta una evolución paralela que nos convierte en campeones europeos del crecimiento de la desigualdad. En España, en 2007, el 20% de la población con mayores ingresos ganaba por término medio 5,5 veces más que el 20% de la población de menor renta. En 2014, eran 6,8 veces más. El cociente había aumentado, nada menos que en un 24%. En este indicador sólo nos superaba, en 2014, Rumania con un valor del cociente de 7,2, pero descendiendo desde 7,8; y estamos empatados con Bulgaria que también vio disminuir el cociente desde su valor de 7 en 2007. Al igual que con el índice de Gini, Grecia, país con unos niveles de desigualdad muy altos a lo largo de toda su historia reciente, ya estaba ligeramente por debajo de España en 2014: su cociente 20/20 era 6,5 y había subido desde 6,0, en 2007. En la media de la UE, los valores han pasado de 5,0 (2007) a 5,2 (2014).

Para terminar, unas cifras sobre la contribución de las desigualdades salariales al aumento de la desigualdad en España. Según los datos del estudio que CCOO hizo público el pasado 13 de octubre sobre la evolución de los salarios y otras retribuciones en las empresas del IBEX35, en 2014. Los primeros ejecutivos de cada empresa se hicieron aumentar sus retribuciones totales en un 80%; los consejeros en un 30%; el conjunto de los directivos vieron aumentar sus ingresos salariales en un 14,3%; y los accionistas sus dividendos en un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. De este modo ha sido posible que el pasado año la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del IBEX fuera 90 veces superior al salario medio de sus trabajadores; y el de los presidentes y consejeros delegados, 158 veces. ¡Hay quien pueda realizar una ofrenda más brutal en el altar de la desigualdad!

La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe ser una prioridad política

Esta situación que yo me atrevería a calificar de emergencia no es el fruto de la crisis sumada al ciego comportamiento de las fuerzas del mercado. Tampoco puede atribuirse a las insuficiencias del trabajo de los sindicatos que, sin duda, las tenemos y han podido influir. Principalmente, es el resultado de políticas establecidas en connivencia por las élites económicas y políticas españolas y europeas de cara a asegurarse una salida de la crisis que mantuviera y reforzara sus posiciones de privilegio en el reparto de la renta y sus posiciones de poder. Para lograrlo no han dudado en propiciar la ruptura del contrato social implícito que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha regido por lo general las relaciones laborales y sociales europeas, la construcción de sus Estados de bienestar y el modelo social europeo (con los conocidos desfases temporales de las historias nacionales).

Las políticas de austeridad, reformas/recortes estructurales y devaluación interna han sido conscientemente diseñadas para promover una más desigual distribución de la riqueza, tanto en el nivel primario como en el secundario. En el nivel primario: debilitando o anulando la negociación colectiva, reduciendo el diálogo social a un mero trámite formal o anulándolo, reformando regresivamente, por ley, aspectos como el despido o la contratación, para producir, mediante todo ello, una devaluación de los costes salariales. Simultáneamente, en el nivel secundario de distribución de la riqueza, se ha actuado en todos los frentes y con idéntico objetivo: recortando los gastos sociales en aspectos esenciales del salario diferido (pensiones; prestaciones por desempleo; ayudas sociales; gratuidad, universalidad y calidad de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, etc.); y mediante reformas y políticas fiscales regresivas en los ámbitos nacionales al tiempo que se ha seguido consintiendo el dumping fiscal en la UE y no se ha abordado con decisión la lucha contra el fraude fiscal ni la erradicación de los paraísos fiscales.

Con un elevado grado de irresponsabilidad, las élites económicas y políticas se han aprovechado de la debilidad que los trabajadores y sus sindicatos acaban teniendo si se prolongan las situaciones de paro masivo, y del hecho de que las movilizaciones contra la austeridad y sus secuelas –que ha habido muchas y fuertes, nada menos que 40 huelgas generales desde 2010 (27 en Grecia), amén de muchas otras movilizaciones nacionales y regionales- se han desarrollado básicamente en los ámbitos nacionales, mientras que los centros de decisión políticos eran de carácter europeo.

2º Congreso Trabajo, Economía y Sociedad

Para analizar los rasgos fundamentales de esta situación insostenible, en términos políticos y éticos, examinar las alternativas que contribuyan a cambiarla y ayudar a colocar la lucha por la igualdad en el centro del debate político de nuestro país, la Fundación 1º de Mayo de CC OO -en colaboración con la Fundación Ateneo Sindical 1º de Mayo, la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI)- ha convocado, entre los días 21 y 23 de octubre el II Congreso Trabajo, Economía y Sociedad[2]. Su lema es “Crisis y desigualdad: alternativas sindicales”. La conferencia inaugural[3] la pronunciará, en la tarde del día 21, James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas en donde dirige el Proyecto Desigualdad. Está considerado como una o de las mayores autoridades mundiales en el tema. En el Congreso participarán, en sus sesiones plenarias y en sus talleres de trabajo, académicos y expertos de alto nivel de distintas áreas de conocimiento, sindicalistas y representantes de organizaciones sociales y de los principales partidos políticos.

La igualdad en la distribución de la riqueza tiene que convertirse ya en objetivo principal de las políticas económicas y sociales. Para plasmarlo en la realidad hay que actuar en todos los ámbitos, primarios y secundarios, de la distribución de la riqueza. También, hay que establecer una nueva relación entre el poder político y el económico que rompa la subordinación del primero hacia el segundo.

[1] Los datos sobre coeficientes de Gini, así como sobre los cocientes 20/20, están tomados de la última actualización de las estadísticas sobre la desigualdad en Europa de Eurostat, realizada el 16 de octubre de 2015

[2] A la página web del II Congreso TES se accede en:http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1278

[3] Como las demás sesiones plenarias del Congreso, se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega 40, de Madrid.

Colocar la lucha contra la desigualdad en el centro del debate político

Publicado en:      Revista de Estudios y Cultura 73

Javier Doz 

Presidente de la Fundación 1º de Mayo     

Lo que expresa el título de este comentario editorial es el objetivo principal del II Congreso Trabajo Economía y Sociedad, tema principal de este nº73 de la Revista de Estudios y Cultura. Dicho en positivo, el objetivo sería promover que la búsqueda de la igualdad sea el valor o principio activo que informe todas las políticas. En España, en Europa y en el mundo. Partimos de que hay que promover la igualdad y erradicar las desigualdades y discriminaciones en todo el campo de los derechos políticos, sociales y ciudadanos, tanto en los derechos de ciudadanía clásicos como en los más modernos, como son la igualdad de género o la de orientación sexual. El sindicalismo confederal lleva ya bastantes años incluyendo estos nuevos enfoques en su acción reivindicativa.

El aumento insostenible de la desigualdad en la distribución de la riqueza

Pero en este congreso se hablará sobre todo de una desigualdad esencial, aquella que se refiere a la distribución de la riqueza. Aunque no olvidaremos la importante componente de género bajo la cual también se expresa esta desigualdad en nuestras sociedades. Es una cuestión que se ha pretendido colocar en un lugar secundario del debate ideológico y político desde la “revolución” conservadora de los años ochenta, que coincidió con el inicio del segundo gran proceso de globalización del capitalismo, y se fortaleció con el auge del neoliberalismo en los 90 y el crecimiento de las grandes burbujas especulativas financieras e inmobiliarias que llevaron a la Gran Recesión. 

Los mantras justificadores de las decisiones que en el campo de la economía política han llevado a un tan fuerte aumento de la desigualdad han sido principalmente dos: la necesidad de ganar competitividad en una economía globalizada y la necesidad de reducir el Estado para incentivar la iniciativa privada, incluida la inversión. Una variante de este último mantra son las políticas de austeridad que, en situaciones de crisis, hacen descargar la reducción de los niveles de déficit y deuda públicos en el recorte del gasto público, principalmente del gasto social.

En el modelo económico neoliberal la ganancia de competitividad se sustenta en la reducción de los costes salariales y sociales para lo que se impulsa, en las sociedades desarrolladas con organizaciones sindicales y negociación colectiva relativamente fuertes, un debilitamiento de ambas y la anulación práctica del diálogo social. Las políticas de austeridad y devaluación interna puestas en práctica por las instituciones de la UE a partir de mayo de 2010, pero concebidas desde bastantes años antes por  altos funcionarios de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y del BCE, son un ejemplo destacadísimo de políticas fomentadoras de la desigualdad, amén de políticas de probada ineficacia económica. Han sido impuestas a los gobiernos de la zona euro, especialmente a aquellos necesitados del rescate de sus finanzas públicas o de sus sistemas financieros, que han perdido por completo la soberanía en materia de política monetaria sin que la UE haya construido aún los instrumentos necesarios para gobernar cualquier zona monetaria común, ni sus responsables políticos parezcan tener prisa en hacerlo.

Al tiempo que imponían o/y promovían la devaluación salarial -con la aquiescencia activa o la incapacidad de formular alternativas distintas por parte de los gobiernos nacionales de centro derecha o centro izquierda- las autoridades de la nueva gobernanza económica europea (Troika, Eurogrupo, etc.) no adoptaron ninguna medida que pudiera afectar a la capacidad de acumulación de renta por parte de las élites económicas. Los resultados no se han hecho esperar. Por poner un solo ejemplo: mientras que los trabajadores españoles han visto disminuida su renta desde 2010, en cualquiera de sus parámetros de medición, los consejeros de las empresas del IBEX han aumentado sus ingresos, entre 2010 y 2014, nada menos que en un 22%.

Derrota fiscal, debilitamiento del Estado

El otro gran instrumento para el fomento de la desigualdad dentro del modelo neoliberal hegemónico son las políticas fiscal y presupuestaria. En Europa y en el mundo se ha venido consintiendo –cuando no fomentando- el dumping fiscal, los paraísos fiscales, el fraude y la elusión fiscales, y promoviendo reformas fiscales de signo regresivo (que han afectado negativamente a la suficiencia de los ingresos y a la progresividad de la tributación), al tiempo que se han desarrollado sistemáticas políticas tendentes a privatizar, total o parcialmente, los servicios públicos y a reducir en general la fortaleza del Estado. La imprescindible armonización fiscal de la UE, que en el caso de la zona euro debería llevar al establecimiento de una política fiscal común, continúa siendo una utopía mientras no cambien las élites políticas europeas. La armonización fiscal ni siquiera se formula como objetivo en el documento de los cinco presidentes.

Algunos argumentarán que se están tomando algunas medidas para combatir el fraude fiscal en el ámbito de la UE, de la OCDE (recomendaciones del GAFI) y del G20. La presión de la opinión pública obliga a declaraciones y a ciertas medidas, algunas de compleja y prolongada implementación. Pero bastarían dos hechos incontrovertibles para poner en duda la seriedad de los planteamientos de lucha contra el fraude fiscal de las élites económicas y políticas. El primero es que Europa sigue albergando sin problema paraísos fiscales que acumulan más de la mitad de los capitales opacos totales, en su mayor parte procedentes del fraude fiscal y de las organizaciones de la economía criminal. Con un mínimo de voluntad política compartida, simplemente dejarían de existir. El segundo, de un enorme simbolismo, es que Jean Claude Juncker ha sido elegido presidente de la Comisión Europea después de conocerse que Luxemburgo había establecido convenios con cientos de empresas multinacionales para permitir que estas incumplieran sus obligaciones fiscales en los países en donde desarrollaban su actividad, mientras desempeñaba los cargos de primer ministro y ministro de finanzas del pequeño país centroeuropeo.

Cuando de un modo consciente y planificado se debilitan los instrumentos que tienen los trabajadores para participar en la redistribución de la riqueza en el nivel primario (negociación colectiva, poder sindical, legislación laboral) y se actúa en el nivel secundario (sistema impositivo, políticas presupuestarias, prestaciones sociales, servicios públicos y otros instrumentos de salario diferido) para promover una redistribución de la riqueza favorable para la minoría de la sociedad de mayor nivel de renta, especialmente del 1% más rico, los resultados no pueden ser sino un gran aumento de la desigualdad.

Poner fin a una situación insostenible

En España la crisis y su gestión han llevado la desigualdad hasta extremos insoportables. Ha crecido a una velocidad desconocida en la historia estadística: hemos pasado de ocupar un lugar medio en el ranking de la desigualdad europea, en 2009, a ser hoy el 2º país más desigual de Europa, medido tanto por el coeficiente de Gini como por los cocientes de la renta media entre los tramos de la población de mayor y menor renta.

En Europa, los resultados de haber aplicado en la gestión de la crisis las políticas neoliberales, trufadas con el ordoliberalismo alemán, no sólo han hecho aumentar la desigualdad social en muchos países deteriorando su cohesión social interna, sino que han promovido el camino inverso al generalmente constatado en la integración europea hasta este momento, el camino de la divergencia entre los Estados. Al deterioro de la cohesión entre los Estados, embarcados en un proyecto común tan complejo como la UE, se une la desconfianza hacia las instituciones que la rigen. El contrato social de la posguerra, uno de los pilares de la prosperidad y la cohesión de las sociedades europeas, ha sido roto en una de sus bases esenciales, la igualdad.

Thomas Piketty, en su monumental obra El Capital en el Siglo XXI, muestra como el capitalismo en su actual  fase histórica está produciendo en los países desarrollados unos niveles de desigualdad similares a los que se generaron en la primera gran oleada de globalización, la vivida en la antesala de la primera guerra mundial. Piketty, al igual que economistas norteamericanos de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o James K. Galbraith, o, incluso, de economistas del FMI como Kumfof y Rancière, entre otros, han demostrado que el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, fenómeno que se viene produciendo desde la década de los ochenta del pasado siglo, ha sido uno de los factores principales que han generado una crisis de la dimensión de la actual. Las élites económicas se han venido apropiando de cantidades cada vez mayores de renta, que no pueden consumir sino que han dedicado a la especulación en los mercados financieros e inmobiliario, apalancándose también para no poner en riesgo la parte mayor de su riqueza. Mientras, los trabajadores y las clases medias, empobrecidos en términos relativos y en ocasiones absolutos,   como en los EE UU, se endeudaron para mantener su nivel de consumo. Por este perverso mecanismo la desigualdad promovida por las élites económicas y políticas se convirtió es un factor muy poderoso en la génesis de la crisis. Una vez que la crisis estalla, esas mismas élites, en Europa, promueven una nueva vuelta de tuerca en el crecimiento de la desigualdad a través de las políticas de austeridad, reformas/recortes estructurales y devaluación interna.

Esta es una situación insostenible, en España y en Europa, a la que hay que poner fin. Mediante un cambio profundo de las políticas y del modelo económico que coloquen el objetivo de la igualdad en la distribución de la riqueza como un objetivo esencial de las políticas económicas y sociales, al mismo nivel que el del crecimiento de la economía y el empleo. Para ello hay que actuar en todos los ámbitos, primarios y secundarios, de la distribución de la riqueza a los que nos hemos referido en este artículo. Requerirá también un cambio en las personas y los partidos que nos gobiernan, y, desde luego, una nueva relación entre el poder político y el económico que rompa la subordinación del primero hacia el segundo.

De todo esto vamos a hablar en el 2º Congreso Trabajo, Economía y Sociedad que James K. Galbraith inaugurará en la tarde del 21 de octubre.

Europa en la pendiente

Publicado en:

nuevatribuna.es

http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/europa-pendiente/20150930085405120679.html , y en 

Público.es_Blog de la Fundación 1º de Mayo

http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/09/30/europa-en-la-pendiente/

El verano europeo que acabamos de terminar ha sido tan caluroso en lo atmosférico como en la temperatura política sintomática de la enfermedad que padece la Unión Europea. La enfermedad se llama crisis política, y es debida a la pérdida de valores compartidos, de valores sin los cuales no se puede construir, ni siquiera hacer pervivir, ningún proyecto político. Menos aún uno tan complejo e importante como es el de la Unión Europea. Los valores perdidos, o a punto de perderse en esta pendiente por la que se desliza la UE desde los primeros años del Siglo XXI, y a velocidad de vértigo desde 2010, se llaman solidaridad, igualdad, justicia social e, incluso, aquellos que obligan a colocar a la democracia y el respeto a los derechos humanos en el centro del discurso y la práctica políticos.

Estos valores se están perdiendo principalmente por la progresiva hegemonía de la ideología neoliberal en materia de economía política, que ha roto con los diques de contención que el contrato social de la posguerra europea había establecido a través de la llamada Europa Social, hoy una entelequia, y por el auge de los nacionalismos en sus diversas variantes. La confluencia de la ruptura de la cohesión social con la de la cohesión territorial, o política, entre los Estados de la UE, o en el interior de los mismos, supone un peligro mortal para la propia pervivencia del proyecto europeo.

Me temo que ya no vale el tópico de que Europa progresa a través de las crisis. Ha sido más o menos cierto en el pasado pero la crisis política que hoy vive la UE no se resuelve con pequeños arreglos parciales para ir tirando. Lo mismo que en España ya no vale el bagaje que la transición y la Constitución nos dejaron, por mucho que haya que reconocer los positivos servicios prestados, para mantener la cohesión territorial  y la confianza de la mayoría de la ciudadanía en sus instituciones políticas.

Dos son los acontecimientos principales de este verano, en donde se han manifestado las conductas que, de no revertirse, hacen inviable el proyecto europeo. En julio, el nuevo episodio agudo de la crisis griega condujo a un acuerdo entre el cuarteto (la troika más el MEDE) y el Gobierno griego de Syriza para un tercer rescate por valor de 86.000 millones de euros. A partir de agosto, la crisis de los refugiados, que ya ha costado la vida a más de 2.600 personas en lo que va de año, adquiere una dimensión desconocida al penetrar por las fronteras de diversos países de la UE decenas de miles de personas que inician su camino europeo, ahora en mayor medida, a través de Grecia.

Nuevo acto del drama griego

Algunos dirán que el acuerdo sobre Grecia de julio es una muestra de que la UE resuelve, mal que bien, los problemas graves aunque sea a través de parches y cuando la campana ya ha sonado. No analizaré detalladamente aquí los términos del rescate. En mi opinión, sólo si se procede a una reestructuración de la deuda -cosa que sí quiere el FMI, que en otros aspectos tuvo una posición muy negativa en las negociaciones, pero no Alemania, el poder político dominante en la UE- y recibe, al mismo tiempo, una fuerte inyección de inversiones del débil Plan Juncker el tercer rescate podría funcionar.

Pero lo que realmente podría apartar definitivamente de cualquier tipo de apoyo al proyecto europeo -al menos a quienes se resisten a creer que las políticas de austeridad y la economía política neoliberal que las sustenta son la única forma de gobernar la economía europea a pesar de su fracaso económico y la desigualdad e injusticia social que han producido-, es haber presenciado durante seis meses la sistemática operación de acoso y derribo del único gobierno que se ha enfrentado en serio a esas políticas. Porque ese ha sido el núcleo de la actuación política de los interlocutores del Gobierno de Syriza en las innecesariamente prolongadas negociaciones sobre el tercer rescate de Grecia. En más de una ocasión, cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse, tras alguna reunión de la cumbre del Consejo Europeo, fue torpedeado. A veces por el FMI que exigía “más reformas” pero se oponía a una de las más necesarias. Tal es el caso de la reforma fiscal del gobierno de Tsipras que pretendía que las empresas y las rentas de capital pagaran lo que era justo. Otras veces era Schäuble, que no tuvo recato en afirmar públicamente que no creía en un nuevo rescate y que lo mejor era el Grexit. Son abundantes los testimonios, más allá de lo contado por Varufakis, que acreditan cual era el objetivo político perseguido: impedir todo aquello que pudiera considerarse como una victoria, siquiera fuese parcial, del Gobierno de Syriza y evitar, por cualquier medio, que se contagiara el cuestionamiento de las políticas de austeridad y devaluación interna y que esto influyera en un cambio en el mapa político europeo.

A esta operación se apuntaron gobiernos como el de Rajoy, con todo su aparato mediático empeñado en echar el “fracaso” de Syriza en la cabeza de Podemos, o el portugués de Passos Coelho, sacrificando los intereses nacionales. Tampoco los gobiernos socialdemócratas, más allá de introducir algunos matices, han sido capaces de plantear una política distinta, situación en la que llevan desde hace cinco años y que ya conocimos en España durante los dos últimos años de gobierno de Zapatero. Todos han acabado plegándose a los dictados del gobierno de Angela Merkel, que ha contado con el presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem como uno de sus más fieles ejecutores.

Pero ha sido sin duda el BCE quien ha colocado al Gobierno de Tsipras en la tesitura de aceptar los términos finales del Memorandum del tercer rescate, a pesar de su desacuerdo con una parte de sus condiciones. La alternativa era salir del euro. Y no porque esté establecido el procedimiento para ello. Aquí se actuó de facto, al margen de cualquier procedimiento o garantía jurídicamente establecidos, a través de un proceso bastante simple: el modo de negociación y la sistemática campaña contra el gobierno griego producen una masiva fuga de capitales (en una Europa que acoge, sin corrección real ni recato, los paraísos fiscales más potentes del mundo); el BCE restringe la liquidez en euros y obliga al gobierno griego a establecer un “corralito”. Como esta situación es insostenible en un plazo corto, o bien se aceptaban las condiciones de los acreedores –las instituciones de la UE no han actuado como una unidad política con un proyecto común, sino como un club de acreedores- y Grecia permanecía en la eurozona, o tenía que establecer una moneda propia. Esta ha sido la fórmula práctica –“la pistola de Dragui”- para soslayar la falta de normas y procedimientos democráticos para abordar una situación semejante. Como razonablemente, y de acuerdo con el sentir muy mayoritario del pueblo griego, la mayoría del gobierno griego y de Syriza no querían salir del euro, acabaron aceptando condiciones, algunas de las cuales habían rechazado en el referéndum que convocó y ganó Alexis Tsipras.

A continuación, los mismos portavoces políticos y medios de comunicación, que habían falseado u ocultado las posiciones de cada parte en las negociaciones, se han apresurado a pintar la aceptación de los términos del acuerdo final como una derrota absoluta, sin matices. Pero el objetivo final, que daría a las fuerzas políticas europeas que han participado en esta operación de acoso y derribo del gobierno de Syriza la victoria completa, no lo han logrado. Con lo poco conseguido y contando a los griegos la verdad, Tsipras y Syriza han vuelto a vencer en las elecciones del pasado 20 de septiembre, en unas condiciones especialmente difíciles, ruptura del partido incluida.

Buena parte de las condiciones del memorándum del rescate están por supuesto muy alejadas de las pretensiones que tenía el gobierno griego y están dentro del marco de la economía política conservadora, hegemónica en Europa; pero hay más reformas que recortes y no todas son las del recetario de la austeridad. Inversiones y reestructuración de la deuda aparecen en el texto del acuerdo pero sin referencia ni al cuanto ni al cómo. Por ello tampoco se puede decir que estén garantizadas por el mismo, máxime con los antecedentes de incumplimiento habidos.

La consecuencia de lo sucedido es clara: no se puede mantener la cohesión que garantice la pervivencia de la UE con unas políticas que fomentan la divergencia entre los Estados de la Unión en término de riqueza y de poder político y utilizando unos procedimientos escasamente democráticos, y sin unas reglas claras de funcionamiento en todo caso.

Crisis de los refugiados

Acoger a los refugiados que huyen de situaciones de guerra, persecución o catástrofe, y brindarles la debida asistencia, no es sólo una obligación moral inscrita en los valores y principios que inspiran la UE según sus tratados. Es, además, un imperativo legal que se deduce de varias normas fundamentales que obligan a la UE y a los gobiernos de sus Estados miembros. No se trata sólo de cumplir con los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) sino con los preceptos incluidos en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado (ONU, 1951), en la Convención Europea de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 1950) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE, 2000), por citar sólo algunas de las principales normas que obligan a las instituciones de la UE y a sus gobiernos nacionales.

Sin embargo, en lugar de organizar la acogida y procurar los medios materiales para hacerlo en las mejores condiciones posibles, hemos asistido en los últimos dos meses a algunos de los espectáculos más bochornosos que nos ha deparado la vida política europea en muchos años.

Por una parte, a un regateo vergonzoso sobre el número de refugiados que debía acoger cada país. Cuando cuatro países fronterizos con Siria, mucho más pobres que la media de la UE, albergan a 4,1 millones de refugiados sirios; cuando los que están en el Líbano representan hasta el 28% de su población; cuando ACNUR sólo ha logrado reunir el 37% de la financiación necesaria para alimentar a quienes sobreviven en sus hacinados campos porque los países desarrollados, incluidos los europeos, no aportan los fondos imprescindibles para ello; cuando en lo que va de año han muerto 2.600 personas intentando llegar a Europa; al tiempo que sucede todo esto, al conjunto de los Estados miembros de la UE le resulta extraordinariamente difícil distribuir a 120.000 refugiados -¡el 0.023% de la población europea!- entre todos ellos. Aún si la cifra real de los que acabaran entrando fueses siete veces mayor, como se calcula, los 720.000 resultantes sólo serían el 0,14% de la población europea.

Por otro lado, resulta intolerable que un Estado miembro, Hungría, en lugar de cumplir su obligación de asilo construya altas vayas con cuchillas en sus fronteras para que no se acerquen los refugiados y dicte leyes que los llevarían a la cárcel si entran “sin permiso”. Pero los responsables políticos europeos no han hecho nada al respecto y el partido del aprendiz de dictador húngaro, Viktor Orban, el FIDESZ, que es miembro del Partido Popular Europeo, puede permitirse el lujo de reunirse con la CSU bávara para hacer campaña conjunta contra los “excesos de generosidad” de la Canciller Merkel ; y ser un factor de presión para la contraofensiva que se está produciendo en Alemania contra la política de cumplir las obligaciones que impone el derecho de asilo de los refugiados.

Una pérdida de los valores y principios democráticos y sociales tan acusada y una primacía tan fuerte de los intereses nacionales, interpretados por políticos conservadores muy reñidos con los conceptos de solidaridad y cohesión, como la que se ha dado en el modo de abordar las dos crisis comentadas en este artículo son nuevas muestras de la pendiente por la que desciende la UE, que de no cambiar el rumbo, podría suponer incluso su fin como proyecto político supranacional democrático de los europeos

El Plan Juncker, el Manifiesto de los cinco presidentes y la inauguración del Congreso de la CES

Se pretende hacer creer que el Plan Juncker y las propuestas contenidas en el llamado Manifiesto de los cinco presidentes suponen un cambio importante para abordar “de otra manera” la crisis económica y la crisis política que vive la UE. Lamento no poder ser tan optimista.

El Plan de inversiones que lleva el nombre del presidente de la Comisión Europea tiene un monto insuficiente y unos objetivos que tendrían que ser más ambiciosos (salir de la crisis y cambiar el modelo de crecimiento de las economías europeas) y, sobre todo, partiendo de una muy escasa financiación pública europea, no resulta nada claro cómo va actuar de palanca para la movilización de otros recursos que se pretende sean privados en gran parte .

En cuanto al Manifiesto de los cinco presidentes es muy limitado en sus propósitos y en sus propuestas, y manifiesta un error de partida: no se asienta en ningún tipo de diagnóstico acerca del tipo de crisis política que vive la UE. Además de contener propuestas sumamente peligrosas como es el papel preponderante que se quiere dar al “Sistema de autoridades nacionales de competitividad” en el Semestre europeo o en las negociaciones salariales en los ámbitos nacionales, el documento se olvida completamente del pilar social de la construcción de la Unión Económica y Monetaria.

Ignacio Fernández Toxo, que presidió ayer en París la sesión inaugural del XIII Congreso de la CES en la Maison de la Mutualité, tras escuchar la intervención de Jean Claude Juncker, en la que el presidente de la Comisión subrayó la importancia de reforzar la dimensión social de la UE, le contestó con ironía invitándole a realizar una adenda al Manifiesto que había redactado.

Martin Schulz y François Hollande, al igual que Junker, levantaron la bandera del progreso social con palabras que traslucían tanto las habituales ganas de los políticos de agradar a los auditorios como la mala conciencia por las evidentes regresiones sociales que está padeciendo la UE y muchos de sus Estados en los últimos años.

Las palabras, sobre todo si son palabras muy gastadas por el uso, tienen una eficacia limitada. También las de los sindicalistas. La contribución del sindicalismo europeo a sacar de la pendiente a la UE y hacer variar su rumbo tendría que ser importante. A pesar de lo que ha llovido en los últimos años, el sindicalismo europeo sigue siendo europeísta, valga la redundancia, cada vez más europeísta de “otra Europa”. Pero para poder ser una fuerza relevante en el cambio de rumbo de la UE, en el que el protagonismo corresponde a los actores políticos, el sindicalismo tiene que afrontar su propia renovación que incluya necesariamente, además de la claridad de un proyecto, el reforzamiento de sus capacidades organizativas y de acción supranacionales. Pero esto corresponde ya a otra reflexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La Intolerable conducta del FMI y el Eurogrupo hacia Grecia

Las revelaciones efectuadas por Financial Times (FT) en sus ediciones electrónicas de ayer, 24 de junio, sobre la contrapropuesta que  el FMI y el Eurogrupo han hecho, en la senda de la vieja Troika, al nuevo plan griego presentado por Alexis Tsipras en la cumbre informal del Consejo del 22 de junio -y que supuestamente obtuvo el beneplácito de los allí reunidos-, son una muestra más del intolerable y antidemocrático acoso que los líderes políticos europeos y del FMI están sometiendo al gobierno democrático de un Estado miembro de la Unión Europea. Acoso que busca ante todo la derrota política, o el máximo desgaste político, del Gobierno de Syriza, y evitar que un buen acuerdo para el pueblo griego pudiera favorecer las expectativas electorales de los partidos emergentes de la izquierda europea. Se basa no en razones de racionalidad económica, sino en motivos estrictamente ideológicos y de cálculo de oportunidades y ventajas políticas.

Lo esencial de las revelaciones de FT es que, impulsados por el FMI y el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, "los acreedores" (nombre colectivo por el que se quiere ahora describir a la vieja Troika cuando sus componentes actúan juntos) han rechazado la propuesta del Gobierno griego, y presentado una contrapropuesta con cambios sustanciales que sólo pretenden endurecer el ajuste y, sobre todo, hacer que caiga exclusivamente sobre las espaldas de trabajadores y pensionistas y no sobre las de los empresarios. Lo hacen con un descaro sin límites y actuando como si ellos fueran el gobierno democrático de Grecia, invadiendo sus competencias y entrando hasta en los pequeños detalles.

La nueva vuelta de tuerca del FMI y el Eurogrupo, según el texto de la contrapropuesta a la que ha tenido acceso FT, se centra sobre todo en la reforma de las pensiones en el doble sentido indicado: por una parte exige que el aumento de la edad de jubilación a los 67 años termine de aplicarse en 2022, en lugar de en 2036 como establecía la primera propuesta del Gobierno griego, y que la paga extra compensatoria para las pensiones más bajas se elimine en 2017. En sentido contrario, la Troika pretende "eliminar la mayoría de las contribuciones y tasas que estaban en el nuevo plan de Tsipras, incluyendo el aumento del 3,9% en las contribuciones de los empleadores al principal plan de pensiones". No se puede olvidar que los pensionistas y los trabajadores griegos ya han sufrido severos recortes, en sus pensiones vigentes y en sus derechos futuros, como consecuencia de los dos planes de rescate anteriores.

Para que termine de quedar bien claro quienes no deben pagar los costes de la deuda, el FMI y los ministros de economía y finanzas del Eurogrupo echan abajo la propuesta del Gobierno griego de incrementar los recursos del Estado mediante la subida del impuesto de sociedades: de modo general del 26% al 29% -sólo admiten hasta el 28%- y una aportación única en 2015 del 12% de los beneficios empresariales por encima de 500.000 euros. Esta última la rechazan del todo.

Todo esto para que Grecia pueda terminar de recibir los 7.200 millones de euros del último tramo del 2º rescate, cuando en lo que va de año Grecia ha devuelto ya a sus acreedores de la Troika 18.927 millones, y tendrá que devolver otros 18.668 millones en lo que reste de 2015[1]. Es decir, como todos los préstamos anteriores, la mayor parte del mismo se empleará en devolver otros préstamos a los mismos acreedores. La deuda pública griega total, a finales de 2014, alcanzaba un valor del 185% del PIB, tras la quita del 52% del nominal de su valor en manos de acreedores privados en 2012. Está engrandecida por la caída del PIB en un 25%, en buena parte motivada por las políticas de austeridad que todavía pretenden Schäulbe y el Eurogrupo mantener con un obstinación suicida.

Cualquier economista serio sabe que las deudas no pueden devolverse cuando se establecen políticas que hacen que los ingresos, dependientes de la demanda, caigan. Pues bien, el seguir imponiendo a Grecia más austeridad a pesar del fracaso -para toda Europa- económico con insostenibles secuelas de paro, pobreza y desigualdad, se ve acompañado de otras posiciones que terminan de desvelar las auténticas intenciones de unos líderes que están llevando a la UE al desastre: negativa a que en el acuerdo figure ninguna referencia a una futura e imprescindible reestructuración de la deuda, ni tampoco lo que podría corresponderle a Grecia del limitado Plan Juncker de inversiones (que debería haberse aprobado al terminar junio pero que no se sabe cuando lo será, como siempre ocurre con todo lo que pueda compensar los ajustes y la austeridad).

La responsabilidad del FMI y, en particular, de su presidenta, Christine Lagarde, en este último episodio del acoso de la Troika al Gobierno de Syriza es de primer orden. Y se produce cuando cada vez más estudios producidos por una parte de sus propios expertos van mostrando de manera inapelable que la austeridad que se pretende seguir manteniendo contra Grecia ha sido un fracaso.

Es posible que al final prevalezca la racionalidad y el interés por evitar las consecuencias financieras, económicas y políticas para toda la UE de una quiebra del Estado Griego. Es posible, por lo tanto, que termine alcanzándose un acuerdo, y que éste último episodio del acoso al gobierno griego sólo pretenda sumar activos en la mochila del desgaste político de Syriza y de sus aliados europeos. Pero lo que demuestra de forma indudable, por si no hubiera suficientes pruebas anteriores de ello, es que las razones principales de la conducta de las instituciones de la UE y del FMI en el caso griego son ideológicas y políticas, de la peor muestra del neoliberalismo económico contemporáneo, trufado con vicios tan peligrosos como el cortoplacismo, el sectarismo, el poco respeto por la transparencia y la democracia. En suma, quienes gobiernan Europa y las instituciones financieras internacionales carecen de proyecto válido para la mayoría de la gente.

---

[1] Financial Times: http://www.ft.com/ig/sites/2015/greek-debt-monitor/

La política migratoria de la UE: la insolidaridad como lema

El artículo que sigue fue publicado en el Blog de la Fundación 1º de Mayo del diario digital Público.es

http://blogs.publico.es/uno-mayo/2015/05/26/la-politica-migratoria-de-la-ue-la-insolidaridad-como-lema/

¡Vergogna!, pronunció el Papa Francisco, contundente y sintético, al referirse a las muertes de miles de refugiados y emigrantes en las aguas del Mediterráneo y a la insensibilidad de los gobiernos europeos, incapaces de encontrar una solución racional y solidaria a la matanza. ¿Qué podemos decir ahora al constatar que la principal solución encontrada por los responsables políticos de la UE y de los gobiernos europeos es la de atacar militarmente a las bandas de traficantes de personas y procurar hundir, si se puede, los barcos que utilizan? Aunque con gestos de esta naturaleza quieran aparentar energía de cara a una parte de las opiniones públicas, sensibles a los postulados de las derechas nacionalistas y xenófobas, los líderes políticos europeos saben que la etapa final de su acción militar –la actuación de buques de guerra europeos contra las embarcaciones de los traficantes en aguas territoriales libias- difícilmente contaría con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿O es que no se acuerdan de las repercusiones geopolíticas que tuvo la ampliación unilateral del mandato de la ONU de proteger a la población de la Cirenaica de las amenazas de Gadafi al objetivo de facto de derribar su régimen, con las consecuencias que todos conocemos? ¿Es que piensan que Rusia no ejercería su derecho de veto? ¿O se volvería a actuar al margen de Naciones Unidas?

En todo caso, esa aparente contundencia contra uno de los actores malos de esta dramática película no oculta el escandaloso hecho de que fuese la única medida supuestamente aprobada en la reunión de ministros de exteriores y defensa de la UE, el pasado 18 de mayo; y que estuviese acompañada de un bochornoso debate acerca del modo de repartir entre sus países la ridícula cifra de 20.000 refugiados anuales. Sobre este punto no se llegó a ningún acuerdo por la negativa de bastantes países europeos a aceptar las cifras propuestas por la Comisión Europea, o el hecho mismo de que la Comisión les dijera algo al respecto. El contraste entre lo acordado y lo rechazado lo dice todo acerca de los bajísimos niveles de sensibilidad política y moral que tienen quienes hoy gobiernan Europa, máxime si se tiene en cuenta quienes son las naciones que están realmente cargando con el dramático problema de los refugiados y cuales ha sido la responsabilidades políticas de los gobiernos europeos –y de los EE UU, por supuesto- en la génesis o/y gestión de los conflictos bélicos del Norte de África y el Oriente Próximo que están produciendo buena parte de esos refugiados.

Según los últimos datos publicados por ACNUR, correspondientes a 2014, los refugiados en el mundo han alcanzado la cifra de 51,2 millones de personas, cifra récord desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. De ellos, 33,3 millones son desplazados internos en sus propios países. El 86% de los mismos malviven en los países más pobres del mundo, los denominados en la jerga actual “países en vías de desarrollo”. Las naciones desarrolladas y emergentes, juntas, apenas acogen a 7,2 millones del total. En toda la UE hay actualmente 435.000 refugiados, de los que sólo tienen reconocido el estatuto de refugiado 185.000. Estas cifras suponen apenas el 0,85% y el 0,36%, respectivamente, del total de refugiados. Aún si comparamos las cifras europeas sólo con el total de refugiados que viven fuera de sus países de origen, 18 millones, todos los Estados miembros de la UE estarían acogiendo, de hecho, apenas el 2,42% del total de refugiados expatriados, y habrían reconocido jurídicamente su estatuto de refugiado a sólo el 1.02% de ese total. Sólo la Guerra Civil de Siria, ahora ya superpuesta a la guerra yihadista promovida por Estado Islámico en Siria e Iraq, ha producido ya 3,5 millones de refugiados expatriados y 6,5 millones de desplazados internos. Al lado de todas estas cifras ¿Qué se puede decir de la pelea de los gobiernos europeos por la distribución de la ridícula cifra de 20.000 refugiados al año en toda la UE? ¿Y qué más del hecho de que tampoco se atienden los angustiosos llamamientos de ayuda financiera de ACNUR para atender a millones de personas en unos campos de refugiados sobresaturados? No cabe sino decir bien alto: ¡es una vergüenza! Todo un monumento al egoísmo y la insolidaridad, que lo dice todo acerca de una UE desnortada en casi todas sus señas de identidad durante la última década.

El severo juicio que merecen los responsables políticos de la UE y los gobiernos europeos por actuar así, se ve agravado por la responsabilidad política que tienen algunos de los gobiernos de nuestro continente –aquí sí que hay que individualizar las responsabilidades- en la generación de algunos de los conflictos político militares -o en los errores en la intervención en ellos-, que están provocando los refugiados que ahora se rechazan. El principal ejemplo es el surgimiento del Estado Islámico. Es inseparable de la desastrosa intervención militar de los Estados Unidos y el Reino Unido y otras naciones europeas en Iraq (2003), y de la posterior disolución del ejército y del Estado del régimen baasista. No hay más que repasar el estado mayor y la nómina de dirigentes militares de la organización terrorista/Estado que preside Abubaker al Bagdadi para encontrarse con muchos destacados oficiales del Ejército y de los servicios secretos de Sadam Hussein. Si desastrosa ha sido, sin duda, la guerra de Iraq desde un punto de vista geoestratégico, desde un punto de vista político y moral habría que calificarla de ilegítima e ilegal. Y en la nómina de los políticos irresponsables que acompañaron a George W. Bush, en las Islas Azores, a dictar el ultimátum que la desencadenó -aduciendo motivos que ya entonces eran manifiestamente falsos-, estaban –nunca nos olvidaremos- los primeros ministros del Reino Unido (Blair) y España (Aznar).

Hoy, las consecuencias de la Guerra de Iraq complican el ya de por sí difícil final de la Guerra Civil Siria. Si en los orígenes de la misma, al igual que en las demás rebeliones de la Primavera Árabe, están el rechazo de la tiranía por el pueblo y la resistencia del régimen dictatorial a aceptarlo, la pronta intromisión del yihadismo en el conflicto, con fines bien diferentes, provocó una cadena de vacilaciones, contradicciones y errores (involuntarios y voluntarios) por parte de los enemigos del Gobierno de al-Asad: las naciones occidentales, los Estados del Golfo y Turquía. Inicialmente, sus armas y pertrechos llegaron también a la oposición islamista, la mayor parte de cuyos combatientes se integraron finalmente en el Frente Al Nusra (Al Qaeda) y el Estado Islámico de Iraq y el Levante. Las monarquías (teocráticas y suníes) del Golfo y Turquía continuaron estos suministros bastante tiempo más allá que los EE UU. Incluso, una vez que el Estado Islámico proclamó el Califato en amplias porciones del territorio de Iraq y Siria, Turquía siguió permitiendo el contrabando de petróleo a través de su frontera con Siria, su principal fuente de financiación. Y Turquía es miembro de la OTAN.

Y para terminar: Libia. De este país parten la mayoría de los barcos repletos de refugiados (la mayoría) y emigrantes económicos. La destrucción del frágil Estado libio ha llevado al país al caos, a una nueva guerra civil y a la condición –no se sabe si temporal- de Estado fallido, en el que Estado Islámico está construyendo su base territorial más cercana a Europa. Pues bien, nadie duda que a esta situación contribuyó la violación del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, y la ampliación de los bombardeos intensivos hasta que el régimen de Gadafi fue destruido (y su líder asesinado por linchamiento). Los bombardeos, ejecutados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, fueron apoyados militarmente por otras naciones europeas, entre ellas España, y políticamente por la UE.

Y ahora, la UE, presos muchos de sus líderes por el ascenso de corrientes nacionalistas y xenófobas en sus opiniones públicas o en el interior de sus propios partidos, mira para otro lado sobre el drama de los refugiados, en otro alarde de insolidaridad y egoísmo –y ceguera estratégica- hacia sus vecinos del Sur.

En los últimos tiempos, son ya demasiadas las equivocaciones, malas orientaciones e insuficiencias acumuladas por las políticas exteriores, de seguridad y de migraciones de la UE, o de uno o varios de sus principales Estados. Entre ellas: promover o participar en intervenciones militares y desentenderse de las consecuencias geoestratégicas, políticas y sociales posteriores de las mismas; hacerlo, en ocasiones, al margen de la legalidad internacional; volver a apoyar a las dictaduras –como la egipcia de Al-Sisi- como remedio frente al ascenso del islamismo, al tiempo que se racanea la ayuda económica al único país democrático, Túnez, que queda de la Primavera Árabe; etc. Y en el tema que nos ocupa: primacía absoluta de un enfoque de seguridad interna, insolidario y egoísta, sobre los de política migratoria común europea, cooperación para el desarrollo económico y social y la democracia política de los vecinos del Sur, y cumplimiento de las obligaciones de los convenios internacionales sobre los refugiados de la ONU.

Algunos dirán, con razón, que no se puede esperar que los responsables políticos de la austeridad, de los recortes salariales y laborales y de la devaluación de rentas de los europeos (de trabajadores y clases medias, no de los más ricos, por supuesto), y del acoso que sufre el gobierno griego de Syriza, se aparten de los rumbos de insolidaridad, egoísmo nacional y ceguera estratégica que caracterizan hoy su falta de proyecto europeo de futuro, para ser generosos con los que vienen de fuera.

Yo sólo añadiré que ambas conductas son las dos caras de la misma mala moneda política, que lo que decidieron y lo que no fueron capaces de decidir los ministros de exteriores y de defensa el 18 de mayo es una vergüenza, y que todo ello apuntala mi convicción de que la UE sólo tiene salvación si se produce un profundo cambio político –una refundación política de Europa- basada en la democracia, la igualdad y el progreso social, y la solidaridad. Todo un programa de cambio para realizar en Europa que requiere que sus Estados miembros avancen en la misma dirección. Difícil pero necesario.

Publico, a continuación,las versiones castellana y catalana del artículo aparecido en la revista Perspectiva. 

El enlace con el número de mayo de esta revista electrónica de CC OO de Ctaluña es: http://perspectiva.ccoo.cat/

Crisis, democracia e igualdad

Javier Doz

Presidente de la Fundación 1º de Mayo

Desigualdad y retroceso democrático son vectores políticos y sociales que están en la génesis de la actual crisis financiera y económica. Por su parte, la crisis está causando una desigualdad aún más profunda y erosionando, todavía más, la calidad de la democracia, desde las estructuras del poder político pero también desde algunas corrientes sociales.

Como han mostrado autores como Stiglitz (2012), Krugman (2012) y Piketty (2014),  el crecimiento de la desigualdad se encuentra entre los factores principales que  han provocado la Gran Recesión. Resumiendo: los ricos a especular, trabajadores y clases medias a endeudarse, y los bancos a endeudarse todo lo que pudieron para prestar a ambos y especular ellos mismos, en beneficio de unos directivos que se pusieron a sí mismos unas descomunales retribuciones a costa de todos. Los gobiernos, es decir los contribuyentes, han pagado la factura. Kumhof y Rancière (2010), economistas del FMI, han destacado la desigualdad como causa de la crisis, comparando las dos últimas grandes crisis del capitalismo (1929 y 2007/2008); y la relacionan certeramente con el debilitamiento de la fuerza de los sindicatos. El debilitamiento de la negociación colectiva sumado a unas reformas fiscales regresivas produjeron, en EE UU, en las décadas anteriores al estallido de ambas crisis una fuerte desviación en la distribución de la renta en beneficio de la parte de la población de mayores ingresos (el 10% y mucho más aún para el 1% más rico). Joseph Stiglitz (2012) analiza con rigor la mutua interacción entre la desigualdad y el retroceso de la democracia para generar la crisis. Los ámbitos supranacionales con pocas reglas y menos gobierno, es decir con nula democracia, son los ideales para que el capital financiero y las empresas multinacionales impongan sus reglas e intereses. Pero en los Estados nación, donde los gobiernos son elegidos según sistemas democráticos formales –lejos de mi intención contraponer lo formal a lo real, hablando de democracia, como no sea para exigir ambas cualidades-, medios de comunicación, thing tanks, lobbies y demás aparatos ideológicos desempeñan un papel vital para cambiar las percepciones de la gente y hacer que se gobierne al servicio de las élites económicas y contra los intereses de las mayorías.

La gestión de la crisis por las instituciones de la UE, bajo la hegemonía política del gobierno alemán y la ideológica de su economía política (mix de ordoliberalismo, economía neoclásica y consenso de Washington) no sólo ha sido ineficiente e injusta,  según sus resultados en términos de crecimiento, paro, pobreza y desigualdad, sino que ha sido escandalosamente antidemocrática. Los supuestos avances en la gobernanza europea, del Pacto por el euro plus al nuevo Tratado (Pacto Fiscal), están diseñados, ante todo, para imponer la austeridad, las reformas-recortes y la devaluación interna, y conllevan –fondo y forma se complementan- un clamoroso déficit democrático. La cima de la falta de democracia en la gestión de la crisis ha sido la acción de troika en los países “rescatados”. Lo ha reconocido el presidente Juncker en una asombrosa confesión: “En la Comisión nunca se habló de la troika y sus mandatos”. Entonces, ¿Quién decidió imponer sus brutales recortes que violaron constituciones, leyes o convenios fundamentales de la OIT? El desprecio por el cumplimiento de las normas legales fundamentales es uno de los rasgos más característicos de la conducta antidemocrática.

Si en la génesis y el mal gobierno de la crisis están la desigualdad y el déficit democrático, sus consecuencias también deterioran las libertades y la democracia. Por un lado, han hecho crecer fuertemente en muchos países europeos corrientes sociales y políticas de extrema derecha, xenófobas y antieuropeas que suponen un peligro real para la democracia (hay que alegrarse, y mucho, de que en España sean fuerzas como Podemos y Ciudadanos las que “amenazan” el establishment político). Por otro, padecemos la respuesta autoritaria de los gobiernos a la protesta social motivada por la crisis. En autoritarismo, el gobierno del PP está a la cabeza de Europa (en el 2º lugar, probablemente, tras el húngaro de Viktor Orbán). La “resurrección” del artículo 315.3 del Código Penal, contra el derecho de huelga, y las leyes de seguridad ciudadana y de reforma del C.P., contra los de reunión y manifestación y la libertad de expresión, son algunas de sus acciones más descollantes contra la calidad de nuestra democracia.

Como conclusión diré que la salida de la crisis y la construcción de un modelo de crecimiento sostenible tienen que venir acompañadas de un fuerte avance, en la realidad social y política, de los valores de la igualdad y la libertad; y de la capacidad de promover movilizaciones sindicales, sociales y políticas de carácter supranacional y articularlas con las que se producen en los ámbitos nacionales. La lucha por la igualdad y la democracia son hoy, de nuevo, inseparables. Más capacidad de control democrático de las instituciones políticas; más participación de la ciudadanía en la vida política, incluida la institucional; y la ruptura de los profundos lazos de mutua dependencia entre las élites políticas y económicas, son las claves para avanzar en la igualdad y la libertad y para construir un orden social, nacional e internacional, democrático, justo y sostenible.

Referencias bibliográficas

• Krugman, Paul (2012). “Acabad ya con esta crisis”. Ed. Crítica, Barcelona.
• Kumhof, Michael y Rancière, Romain (2010). “Inequality, Leverage and Crises”. International Monetary Fund. Research Department, Washington.
• Piketty, Thomas (2014). “El capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica. México,D.F.
• Stiglitz, Joseph E. (2012). “El precio de la desigualdad”. Santillana Ed.Gen.,Madrid.

Crisi, democràcia i igualtat

Javier Doz

President de la Fundació 1r de Maig

Desigualtat i retrocés democràtic són vectors polítics i socials que estan en la gènesi de l’actual crisi financera i econòmica. Per la seva banda, la crisi està causant una desigualtat molt més profunda i erosionant, encara més, la qualitat de la democràcia, des de les estructures del poder polític però també des d’algunes corrents socials.

Com han mostrat autors com Stiglitz (2012), Krugman (2012) i Piketty (2014), el creixement de la desigualtat es troba entre els factors principals que han provocat la Gran Recessió. Resumint: els rics a especular, treballadors i classes mitjanes a endeutar-se, i els bancs a endeutar-se tot el que van poder per prestar a tots dos i especular ells mateixos, en benefici d’uns directius que es van posar a si mateixos unes descomunals retribucions a costa de tots . Els governs, és a dir, els contribuents, han pagat la factura. Kumhof i Rancière (2010), economistes de l’FMI, han destacat la desigualtat com a causa de la crisi, comparant les dues últimes grans crisis del capitalisme (1929 i 2007/2008); i la relacionen precisament amb el debilitament de la força dels sindicats. El debilitament de la negociació col·lectiva sumat a unes reformes fiscals regressives van produir, als Estats Units, en les dècades anteriors a l’esclat de les dues crisi una forta desviació en la distribució de la renda en benefici de la part de la població de majors ingressos (el 10 % i molt més encara per a l’1% més ric). Joseph Stiglitz (2012) analitza amb rigor la mútua interacció entre la desigualtat i el retrocés de la democràcia per generar la crisi. Els àmbits supranacionals amb poques regles i menys govern, és a dir amb nul·la democràcia, són els ideals perquè el capital financer i les empreses multinacionals imposen les seves regles i interessos. Però en els Estats nació, on els governs són escollits segons sistemes democràtics formals -lluny de la meva intenció contraposar allò formal a la realitat, parlant de democràcia, com no sigui per exigir ambdues qualitats-, mitjans de comunicació, thing tanks, lobbies i altres aparells ideològics tenen un paper vital per canviar les percepcions de la gent i fer que es governi al servei de les elits econòmiques i contra els interessos de les majories.

La gestió de la crisi per les institucions de la UE, sota l’hegemonia política del govern alemany i la ideològica de la seva economia política (mix de ordoliberalisme, economia neoclàssica i consens de Washington) no només ha estat ineficient i injusta, segons els seus resultats en termes de creixement, atur, pobresa i desigualtat, sinó que ha estat escandalosament antidemocràtica. Els suposats avenços en la governança europea, del Pacte per l’euro plus al nou Tractat (pacte fiscal), estan dissenyats, sobretot, per imposar l’austeritat, les reformes-retallades i la devaluació interna, i comporten -fons i forma es complementen- un clamorós dèficit democràtic. El cim de la manca de democràcia en la gestió de la crisi ha estat l’acció de troica en els països “rescatats”. Ho ha reconegut el president Juncker en una sorprenent confessió: “A la Comissió mai es va parlar de la troica i els seus mandats”. Llavors, qui va decidir imposar les seves brutals retallades que van violar constitucions, lleis o convenis fonamentals de l’OIT? El menyspreu pel compliment de les normes legals fonamentals és un dels trets més característics de la conducta antidemocràtica.

Si en la gènesi i el mal govern de la crisi estan la desigualtat i el dèficit democràtic, les seves conseqüències també deterioren les llibertats i la democràcia. D’una banda, han fet créixer fortament en molts països europeus corrents socials i polítiques d’extrema dreta, xenòfobes i antieuropees que suposen un perill real per a la democràcia (cal alegrar-se, i molt, que a Espanya siguin forces com Podem i Ciutadans les que “amenacen” l’establishment polític). De l’altra, patim la resposta autoritària dels governs a la protesta social motivada per la crisi. En autoritarisme, el govern del PP està al capdavant d’Europa (en el 2º lloc, probablement, després l’hongarès de Viktor Orbán). La “resurrecció” de l’article 315.3 del Codi Penal, contra el dret de vaga, i les lleis de seguretat ciutadana i de reforma del CP, contra els de reunió i manifestació i la llibertat d’expressió, són algunes de les seves accions més excepcionals contra la qualitat de la nostra democràcia.

Com a conclusió, diré que la sortida de la crisi i la construcció d’un model de creixement sostenible han de venir acompanyades d’un fort avanç, en la realitat social i política, dels valors de la igualtat i la llibertat; i de la capacitat de promoure mobilitzacions sindicals, socials i polítiques de caràcter supranacional i articular-les amb les que es produeixen en els àmbits nacionals. La lluita per la igualtat i la democràcia són avui, de nou, inseparables. Més capacitat de control democràtic de les institucions polítiques; més participació de la ciutadania en la vida política, inclosa la institucional; i la ruptura dels profunds llaços de mútua dependència entre les elits polítiques i econòmiques són les claus per avançar en la igualtat i la llibertat i per construir un ordre social, nacional i internacional, democràtic, just i sostenible.

Referències bibliogràfiques

• Krugman, Paul (2012). “Acabad ya con esta crisis”. Ed. Crítica, Barcelona.
• Kumhof, Michael y Rancière, Romain (2010). “Inequality, Leverage and Crises”. International Monetary Fund. Research Department, Washington.
• Piketty, Thomas (2014). “El capital en el siglo XXI”. Fondo de Cultura Económica. México,D.F.
• Stiglitz, Joseph E. (2012). “El precio de la desigualdad”. Santillana Ed.Gen.,Madrid.