Elección de alcaldes: ¿Regeneración o aferrarse al poder?

Publicado en Nueva Tribuna.es

[http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/eleccion-alcaldes-regeneracion-aferrarse-poder/20140808194152105950.html]

¿Qué diríamos de un gobierno que, utilizando una mayoría absoluta circunstancial, cambia el sistema electoral, en contra de la opinión de la oposición y a sólo unos meses de la celebración de unas elecciones con el claro propósito de establecer otro que favorece su continuidad en el poder y perjudica las opciones de sus adversarios? Como poco, cualquier demócrata diría que es un acto autoritario que erosiona gravemente la democracia, al romper sin acuerdo las reglas de juego establecidas 

Pues bien, esto es lo que justamente está preparando hacer, en España, el Gobierno del Partido Popular con los cambios que quiere imponer en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985) para establecer que, en las próximas elecciones municipales, sea nombrado alcalde el cabeza de la lista más votada. Aunque no alcance la mayoría absoluta de los concejales según el sistema proporcional vigente (ya corregido por la Ley D'Hondt en favor de las opciones mayoritarias).

Cabían algunas dudas acerca de si el PP se atrevería a llevar adelante en solitario un desafuero político de semejante tamaño, pero las recientes declaraciones agosteñas de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, no dejan lugar a dudas. Cuando utilizando el tan habitual (en política) género de la mistificación del lenguaje afirma que el PP está "dispuesto a negociar hasta la extenuación" con el PSOE -y “el resto de la oposición”, con la boca pequeña- para que la reforma de la ley electoral cuente con el máximo consenso, no está queriendo decir otra cosa que lo que llaman "elección directa de los alcaldes" se va a imponer, sí o sí, con el rodillo de la mayoría absoluta de la que disponen en el Congreso y en el Senado.

El PP ha desenterrado una antigua propuesta tras el análisis de las elecciones europeas y de las tendencias electorales que marcan las encuestas que parecen confirmar el importante descenso de los apoyos electorales del PP, que unidos a los que sufre el PSOE marcan una corriente hacia el fin del bipartidismo, y el fraccionamiento del voto de la izquierda en torno a tres opciones: PSOE, IU y Podemos. Pero la espectacular irrupción de Podemos, que en la encuesta del CIS de julio dobla los resultados que obtuvo en las elecciones europeas, hace que la izquierda en su conjunto ascienda claramente en intención de voto,  aún sin contar los avances de ERC en Cataluña y Bildu en Euskadi. 

Es decir, que de confirmarse estas tendencias y con el actual sistema electoral, la izquierda podría recuperar la mayoría de los municipios si llega a acuerdos de gobierno, cuestión nada fácil, dicho sea al margen. Y sin embargo, ¡oh casualidad!, con las mismas tendencias pero con la reforma de la ley electoral que quiere imponer el PP, sería este partido el que conservaría el poder en la mayoría de los municipios importantes, aunque sufriera un descenso fuerte de votos y se quedara en minoría en todos ellos. No se puede olvidar que la estrategia del PP para conservar todo el electorado que va del centro derecha a la extrema derecha, que tan buenos réditos electorales le ha proporcionado hasta el momento, tiene su talón de Aquiles en la extrema dificultad para formar alianzas de gobierno con otros partidos cuando no alcanza la mayoría absoluta. Pero, al menos para el ámbito municipal, el PP ha encontrado la fórmula ideal para resolver los dos problemas (descenso de votos e imposibilidad de alianzas) de una vez: que gobiernen los ayuntamientos las listas más votadas aunque no tengan la mayoría absoluta.

Pero claro, una propuesta con intenciones tan partidistas y sectarias hay que revestirla como sea con motivaciones más nobles. Y aquí entra un agravante, el de la forma de justificación pública de su propuesta, que entra de lleno en el terreno de la desfachatez política. El argumento principal a favor, que repiten cual letanía  de argumentario bien aprendido todos los portavoces populares, lo fijó Rajoy en el pleno del Congreso de finales de junio cuando formuló por primera vez la propuesta. Se trataría, según Rajoy, de una medida para contribuir a la regeneración de la política: “…para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones como están reclamando los ciudadanos” [fin de la cita]. Es decir, el partido que no ha sido capaz de dar una sola explicación coherente, no digamos ya de asumir responsabilidades políticas, de los gravísimos casos de corrupción política que le afectan -Gurtel (con sus tres últimos tesoreros nacionales procesados por el juez Ruz) y Bárcenas, en su dirección nacional con Rajoy y Cospedal directamente tocados, más un impresionante historial de corrupción autonómica y municipal, en muchos casos sin depurar, en varias comunidades- pretende hacer pasar como "regeneradora de la vida política" una reforma que ante todo busca el mantenimiento del poder en una mayoría de alcaldías que previsiblemente perdería con la actual ley electoral.

Otro agravante de fondo son sus visos de inconstitucionalidad. La Constitución Española establece la proporcionalidad como principio básico de nuestro sistema electoral, y lo desarrolla en una ley orgánica común para los ámbitos municipal, autonómico y estatal. Cualquier reforma que colocara automáticamente al cabeza de la lista más votada como alcalde tendría que llevar aparejada el que se le diera también automáticamente a su partido  una mayoría absoluta de los concejales, so pena de hacer ingobernable el municipio si se dejara al alcalde en minoría permanente en su pleno municipal. De esta manera se establecería un sistema mayoritario no sólo para el nombramiento del alcalde sino para la determinación de la composición del pleno del ayuntamiento.

Al PP no parece importarle que, como efecto secundario, su nueva fórmula para la elección de los alcaldes diera una mayoría del poder municipal en Cataluña a ERC y en Euskadi a Bildu, como también parecen reflejar las encuestas. Y esto cuando el movimiento secesionista que lidera ERC marcha a velocidad de crucero y cuando empieza a haber síntomas de que en Euskadi  volverá a marchar aunque sea a un ritmo más pausado pero con el espectro de ETA todavía en el mapa. Conviene recordar que, a pesar de la pretensión del PP de figurar con la exclusiva del patriotismo en temas como el terrorismo o la unidad de España, su comportamiento en diversos momentos ha puesto de manifiesto que utiliza estos "temas sagrados" en la lucha política partidista, incluso subordinando los intereses de Estado a la conquista del poder o a su mantenimiento en él. Tal ha sido el caso de la utilización del terrorismo como arma política: el de ETA, tanto por parte de Aznar como de Rajoy cuando estaban en la oposición, o el islamista, fomentando más allá de cualquier límite ético o racional la "teoría de la conspiración" sobre la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004. Además, cuando se habla del modelo de Estado y de la unidad de España, hay que recordar un hecho muy poco aireado: fue el primer gobierno de Aznar, necesitado de los votos del PNV, quien llegó a un acuerdo con los nacionalistas vascos para hacer permanentes las reglas de determinación del "cupo" (lo que devuelve el Gobierno de Euskadi al Estado español de la totalidad de impuestos que recauda) del Concierto vasco. El problema fue, y es, que esas reglas, más que el propio régimen de conciertos, son las que han hecho del régimen fiscal vasco un régimen de privilegio, con influencia nada desdeñable en la "cuestión catalana" y en el resquebrajamiento del modelo autonómico de la Constitución española. Con estos antecedentes, no hay por qué asombrarse de que una toma generalizada del poder municipal, en Cataluña y Euskadi, por parte de las opciones independentistas más radicales, con las nuevas reglas electorales que el Gobierno pretende imponer, sea para el PP una cuestión secundaria con respecto a su objetivo principal: conservar para sí mismo y a toda costa la máxima cuota de poder.  

Lo que pretende hacer le PP es autoritario y antidemocrático. Es inaceptable en democracia que se cambien las reglas de juego -las esenciales son la Constitución y la ley electoral- a golpe de mayoría absoluta, poco antes de celebrarse unas elecciones para imponer un sistema que le beneficia claramente. En Europa lo ha hecho recientemente un político nacionalista de extrema derecha, Victor Orban en Hungría, con consecuencias sumamente peligrosas para su país y para la UE.  Aunque para dar la mayoría absoluta y la alcaldía a la lista más votada se establezca la cautela de que sólo se aplique esta regla si dicha lista alcanza el 40% de los votos (al menos esto figuraba en la propuesta que hizo el PP hace cuatro años), esto no salva las críticas de fondo que se pueden hacer al contenido de esta reforma de la ley electoral y no afecta para nada a las muy duras que merece el modo de realizarla. Y tratándose de una ley electoral las formas son esenciales.

El PP simula no enterarse de cuáles son los motivos concretos por los que la gran mayoría de la ciudadanía española muestra un tan profundo como preocupante desapego por sus instituciones democráticas. No es una desafección con respecto a la democracia sino con el mal funcionamiento de las instituciones democráticas por la mala conducta de sus principales agentes, los partidos políticos, en particular aquellos que tienen o han tenido las principales responsabilidades de gobierno. En la lista de motivos concretos figura muy destacadamente la corrupción pero en ella también destaca el hartazgo con las mayorías absolutas y el bipartidismo a los que con razón achacan los ciudadanos parte de los males principales. Por eso, una reforma que pretende dar mayorías absolutas a quienes no la alcanzan con los votos va en contra de lo que la mayoría de los españoles entiende por regeneración democrática. Y por ello, la argumentación principal del PP suena tan falaz. Tampoco debiera olvidar el partido que nos gobierna que otra de las cosas que más detestan los ciudadanos del discurso político es la utilización de la mentira. Las han captado tantas veces que en ocasiones no se creen ni las verdades

Pienso que el tema tiene la suficiente importancia  como para que pueda levantarse una fuerte contestación política y social que haga pensar al PP en que no es conveniente, incluso en términos del propio interés electoral, realizar una fechoría política de tal calibre cambiando las reglas de juego electorales en beneficio propio a las puertas de unas elecciones

Reflexiones para un 19 de junio

Este artículo ha sido publicado en Nueva Tribuna.es

 http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/reflexiones-19-junio/20140618122023104435.html  

  19 de junio. Nuevo Rey de España: Felipe VI. No me emociona. Soy republicano. Espero poder votar algún día acerca de si prefiero que nuestro sistema democrático parlamentario tenga como jefe de Estado un presidente o un monarca. Deberíamos poder hacerlo al tiempo que votemos la ineludible reforma constitucional (pero en pregunta separada). La Constitución de 1978 ha rendido un buen servicio a los españoles pero se ha quedado vieja y algunos de los apaños del consenso constitucional han roto sus costuras. Los que no quieren ningún cambio -empezando por el PP- son sus peores defensores. Las buenas constituciones son las que más perduran porque facilitan su propia reforma. 

   Pero a los inmovilistas constitucionales no les importó nada -impagables paradojas de la política- modificar la Constitución con "nocturnidad y alevosía", en quince días de agosto de 2011, para inscribir en su artículo 135 uno de los principios de la economía política alemana más conservadora. La reforma no conllevaba ningún nuevo consenso constitucional más allá de la, en este caso, engañosa aritmética parlamentaria. No podría haberlo producido jamás en un país soberano lo que no era sino una imposición de la equivocada política de la Sra. Merkel y de su servidor, el presidente del BCE, Jean Claude Trichet. Lo hicieron tan mal, con las prisas y con nuestra histórica tendencia patria a ser más papistas que el Papa, que pusieron algo que no está ni en la Constitución alemana: la primacía absoluta, en las obligaciones del Estado, del pago de la carga de la deuda. ¡Increíble constitucionalización de la máxima posición de debilidad ante cualquier negociación con nuestros acreedores! Desde agosto de 2011, la Constitución, que yo voté en 1978, es mucho menos mía de lo que fue.

   Suprimir el artículo 135 es sólo uno de los aspectos de la necesaria reforma constitucional. Sentar las bases de un nuevo modelo territorial del Estado que pudiera incluir el necesario pacto con Cataluña y Euskadi sería otro de los empeños inaplazables. También el establecimiento o actualización de aquellos principios que vivifiquen, regeneren, den transparencia y faciliten la participación ciudadana en nuestro sistema político democrático y ayuden a erradicar del mismo su principal enemigo: la corrupción. Finalmente, la reforma de la Constitución debería abordar aquello que más preocupa a la inmensa mayoría de los españoles: cómo ayudar, de un modo más efectivo que el que propicia su actual redacción, a combatir las principales lacras de nuestra sociedad: el desempleo masivo, la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad.

   El primer pensamiento que me vino a la cabeza al pensar en el 19 de junio no tenía relación ni con los fastos del relevo monárquico ni con la urgencia de luchar por un referendum sobre monarquía o república. He pensado en cómo les podría afectar la entronización de Felipe VI a los muchos millones de españoles que lo están pasando mal o muy mal. A los cerca de seis millones de parados, a los cinco millones de trabajadores precarios, a los trece millones de pobres, etc. En especial he pensado en los miles de niños y niñas malnutridos que tenemos en España, a pesar de que nuestro PIB per capita es todavía de 22.300 euros. Esta situación sólo se explica por los insoportables niveles de desigualdad en que vivimos, esa desigualdad que tanto incomoda al Sr. Rajoy y a los demás dirigentes del PP cuando se les pregunta por ella.

   Mi conclusión fue clara: a los que peor lo pasan en España el relevo en la corona no les va a afectar en nada. Por una parte, es lógico, ya que la política es responsabilidad de los gobiernos y no del Rey. Pero por otra, no puede ser así sin más. Cuando un acontecimiento político del alcance que tiene el relevo del 19J lleva a todo el mundo a hacer balances de lo hecho y de lo que hay que hacer, es imprescindible que todos, empezando por los responsables políticos, digan qué van a hacer de verdad para acabar con el desempleo masivo, la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad extrema. Hoy sería exigible, por más que se presente muy difícil -casi una utopía- un gran pacto político y social para crear empleo de calidad, erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Y para regenerar la democracia, empezando por luchar de verdad y de forma coherente contra la corrupción.

   Para esto no hay que esperar a la necesaria reforma constitucional. Si las élites políticas o económicas no son capaces de ver la profundidad de la crisis económica, social, política y moral que vive España y los graves riesgos que entraña es que están ciegas.

   A Felipe VI no le pediría mucho. Sólo que sea capaz de entender cuales son las principales preocupaciones de los españoles, que no son otras (no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas) que las que he mencionado arriba, y que lo exprese mediante las palabras y gestos adecuados a su papel. Durante estos años de tanto sufrimiento para tantos españoles, del Príncipe de Asturias y del Rey Juan Carlos hemos escuchado palabras genéricas de preocupación por los parados o por los que más sufren las consecuencias de la crisis. Pero ningún gesto fuerte como reunirse y escuchar a los parados, a los desahuciados, a los más pobres, o visitar algún barrio deprimido. Todo lo más, han tenido algunos encuentros con los líderes sindicales o con ONG caritativas o cooperantes. Y han sido sin embargo muchísimas las reuniones de todo tipo con las élites económicas, políticas y culturales. Algún gesto fuerte debería hacer el 19 de junio o en los siguientes días. Algún gesto que ayudara a los políticos a cumplir con su deber.

Crónica sociolaboral de mayo de 2014

Este artículo ha sido publicado en el Nº 62 (junio de 2014) de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo:   http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista62.pdf

Javier Doz

Ha sido un mes de mayo pletórico de acontecimientos políticos que culminaron en la abdicación del Rey Juan Carlos el 2 de junio. Las elecciones europeas del 25 de mayo supusieron un severo correctivo para el PP y el PSOE y un importante avance de la izquierda, a la izquierda de los socialistas. Como consecuencia de los resultados dimitió el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las manifestaciones del 1º de mayo reunieron a decenas de miles de personas exigiendo el fin de las políticas de austeridad y planes de inversiones –europeo y español- para crear empleo de calidad. La manifestación central, de CC OO y UGT, se celebró en Bilbao.

El 8 de mayo se clausuró el Congreso de una nueva “gran federación” de CC OO, la de Construcción Madera y Servicios que fusiona las dos federaciones preexistentes con tales nombres. Fue elegido secretario general Vicente Sánchez. Ese mismo día la Comisión Europa, que se despedía en dos semanas, como un autómata rindió un nuevo tributo a las políticas equivocadas: en sus Recomendaciones específicas por país para España. Según Bruselas, necesitamos dos años más de austeridad y ajustes.

El 14 de mayo se produjo en una mina de la ciudad turca de Soma una explosión de grisú que causó cerca de 300 muertos. La respuesta desalmada y autoritaria del Gobierno de Erdogan produjo fuertes manifestaciones de protesta. También las hubo de solidaridad en España, en nuestras cuencas mineras. El día 17, CC OO y UGT firmaron con la dirección de Hunosa un acuerdo por el que se mantiene la empresa y la plantilla, al menos hasta 2020.

CC OO ha continuado informando de su propuesta de reforma fiscal, para dar suficiencia y progresividad al sistema, al tiempo que denunció que 18 empresas del Ibex35 acumulan créditos fiscales por valor de 62.737 M€.  El día 14, I.F. Toxo, en el Foro de Nueva Economía criticó las nuevas/viejas propuestas de la Comisión y llamó la atención sobre la necesidad de actuar sin demora para evitar el riesgo de deflación, muy real con los datos del IPC de abril (0,4%). La letra pequeña de la EPA TR1, que ya comentamos en la crónica de abril, tarda algún tiempo en ser descifrada. A mitad de mes también supimos que sólo perciben algún tipo de ayuda 1,9 millones de nuestros parados y que casi cuatro ya no perciben ningún tipo de prestación. Mientras, el Gobierno, en plena campaña de las europeas, no dejó de cantar que habíamos entrado con firmeza en la senda de la recuperación.

Nuevos casos de persecución judicial del derecho de huelga han saltado a los medios de comunicación. La secretaria general de CC OO de las Islas Baleares, Katiana Vicens, se enfrenta a una petición de 4 años y medio de cárcel, por parte de la fiscalía, por participar en un piquete informativo de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Y esto porque en un incidente en el que ella no participó, según varios testigos, se rompió un cristal de un autobús [¡sic!]. En Madrid, la fiscalía pide 7 años y medio de cárcel a dos sindicalistas de UGT por unos incidentes acaecidos en la misma huelga. También por participar en un piquete el 29 de marzo dos sindicalistas han sido condenados por un juez, en Granada, a tres años de cárcel, Toxo y Mendez, en rueda de prensa denunciaron el peor y sistemático ataque al derecho de huelga en democracia. Responsabilizaron a la Fiscalía y al gobierno por estas actuaciones que suman ya 49 procedimientos y 147 sindicalistas afectados y anunciaron una campaña de movilización por la persecución del derecho de huelga y la denuncia al Gobierno de España ante la OIT. El día 28, Toxo participó en una concentración en Palma en apoyo de Katiana Vicens.

Del 18 al 23 de mayo se celebró en Berlín el tercer Congreso de la Confederación Sindical Internacional. La CSI agrupa a cerca de 300 centrales sindicales que afilian a unos 180 millones de trabajadores. La CSI fue especialmente crítica con las políticas de la UE que, apartándose de  las directrices del G20, condujeron a Europa a una segunda recesión en 2011-2012. Para la CSI la crisis no ha terminado y mucho menos aún los estragos que ha causado en el trabajo y en la sociedad. Universalizar los derechos sindicales, laborales y sociales y promover la creación de empleo y el trabajo decente son los objetivos prioritarios de la CSI para los próximos 4 años. El Congreso reeligió a la australiana Sharan Burrow como secretaria general y a Joao Felicio, de la CUT de Brasil, como presidente.

Las dos caras de Felipe González

Este artículo se publicó en el diario Nueva Tribuna el 29 de mayo de 2014:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/caras-felipe-gonzalez/20140529162221103916.html  


Ayer estuve en Caixa Forum en la presentación del "Informe 2014 sobre la Democracia en España: democracia sin política", de la Fundación Alternativas. Los responsables de la publicación, Joaquín Estefanía y Belén Barreiro, subrayaron el enorme nivel de desconfianza y desafección de los españoles en las instituciones políticas nacionales y europeas. El tercero más elevado de Europa respecto a las propias y el 2º, detrás de Grecia, respecto a las europeas (hablamos del 70%-80%). Ambos coincidieron en la peligrosidad de la fractura entre ciudadanía y élites. Estefanía hizo hincapié en la conciencia general de que la crisis ha sido gobernada para favorecer a los ricos a costa de los demás y en medio de una gran corrupción. Barreiro que hubiera preferido como título del informe "política sin democracia", hizo hincapié en la imperiosa necesidad de que los políticos digan la verdad a la gente sobre los temas vitales del gobierno y la sociedad.

  Pere Portablella manifestó su simpatía por todo lo que se mueve: 15M, mareas, Podemos, movilización social del soberanismo catalán, etc.

   Y el último en hablar fue Felipe González. Hay que reconocer que sigue diciendo cosas que interesan aunque no se esté de acuerdo con ellas. Al principio fueron sus anécdotas de expresidente que se sigue codeando con las élites políticas (y económicas) del mundo. Contó como De la Rúa le llamó en diciembre de 2000, para pedirle consejo para salir de la tremenda crisis política que asolaba Argentina y que, cuando llegó a Buenos Aires, el que se había ido del país y de la presidencia era De la Rúa. Añadió González que para cubrir su ausencia pidió conversar con alguien en que la gente confiara, si es que había alguno, y le dijeron que el único era un obispo llamado Bergoglio, con quien tuvo una larga conversación. O como la presidenta Dilma Rousseff, quince días antes de que estallara en Sao Paulo el movimiento de los indignados brasileños, le contaba que en Brasil no podía suceder nada similar a lo que había ocurrido en España. 

  Sobre la crisis y su gestión, Felipe González dijo algunas cosas interesantes. Situó entre sus causas la pérdida de soberanía de los Estados frentes a los mercados y el aumento de la desigualdad en el reparto de la riqueza. Criticó la gestión europea de la crisis comparándola con la realizada por el gobierno de los EE UU, y afirmó que el mal diseño del euro había agravado la situación. Se refirió a las conclusiones de la cumbre de Pittsburgh del G20 para decir que la regulación financiera que allí se preconizó no se ha realizado en absoluto y que el capital financiero sigue comportándose igual que antes de la crisis y que ello está llevando a la incubación de una nueva burbuja de activos financieros. Ante algunas de estas afirmaciones, sobre todo las relacionadas con la gestión de la crisis en Europa y España, cabría preguntarle cuales fueron sus opiniones sobre lo que hizo el gobierno de Zapatero a partir de mayo de 2010, y cual debiera haber sido la alternativa de la socialdemocracia europea a los diktats de la canciller Merkel en todos estos años (y aún ahora, que seguimos sin conocerla). Pero, en fin, bien está que se situara en el campo de la crítica a conductas y situaciones tan evidentes (excepto para quienes mandan).

   Pero, al final, Felipe González patinó al translucir lo mal que le han sentado los espectaculares resultados electorales de Podemos. Sin nombrar, eso sí, a la estrella ascendente de la política española. Lo hizo con dos frases contundentes. En la primera se reivindicó como miembro de "la casta": "Soy miembro de la casta y como miembro de la casta universalicé la asistencia sanitaria en España". El problema no es que reivindique una de las cosas buenas que hizo mientras gobernó en España, cosa no sólo comprensible sino necesaria, el problema es que "casta" significa para muchos, y no solo para Pablo Iglesias, todo lo malo de la política española (y europea y mundial, si se quiere, pero vivimos y sufrimos en España): corrupción, puertas giratorias (la suya le ha reportado muchos beneficios económicos), desprecio de los intereses de las mayorías, acatamiento de los intereses del poder económico, autoritarismo y represión policial y judicial de la protesta, mentiras, insufribles -por vacías y engañosas- campañas electorales, etc. Y de eso a Felipe González no se le ha escuchado decir nunca nada o, por lo menos, yo no lo recuerdo.

  Pero peor aún fue la referencia al supuesto bolivarianismo de Podemos: "Sería catastrófico que prendiesen alternativas bolivarianas que conducen a lo de siempre: se reparte igual pero miseria, salvo la nomenclatura que nunca se queda con miseria". Colocándose en la misma óptica crítica que los medios de la derecha y del TDTparty, González demuestra su alejamiento de la realidad y su incapacidad para comprender la crisis política española y el modo de enfrentarla. Lo cual es muy lamentable porque una de las componentes más importantes de esa crisis es la crisis de su partido, el PSOE, crisis de liderazgo pero, sobre todo, crisis de su ideología y de su politica. Y como soy de los que sigo pensando que sería muy bueno para la izquierda y para los españoles que el PSOE pudiera resolver bien su crisis, lamento profundamente que Felipe González, que sigue teniendo una influencia importante en el PSOE, pueda descalificar de forma tan sectaria y ramplona uno de los fenómenos nuevos y esperanzadores de la política española.

  Yo le diría a Felipe González que, a pesar de los viajes que hayan podido hacer Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero a Caracas, Podemos, hoy por hoy, nada tiene que ver con el bolivarianismo venezolano. Tiene que ver con una crítica de izquierdas radical al funcionamiento de la democracia y del capitalismo en España y en Europa. Crítica muy justificada, por cierto, en la mayoría de sus argumentos. Algunos de ellos los compartió Gonzalez, "en tono moderado" eso sí, en su charla. Y tiene que ver con el hecho de ser el referente político del 15M, movimiento que llegó a tener la simpatía del 80% de los españoles. Lo que sea en el futuro Podemos no lo sé, ni lo sabe casi nadie. Porque, afortunadamente, tiene su futuro por escribir. Y esto es hoy un valor en la política española. 

Crisis, desafección ciudadana y refundación de la Unión Europea

[Este artículo fue publicado en el diario digital Nueva Tribuna el 23 de mayo de 2014. Se accede mediante el enlace:

http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/crisis-desafeccion-ciudadana-y-refundacion-union-europea/20140522160836103709.html  ]

Javier Doz

Hay que comenzar sin demora -a partir del 25 de mayo- a sentar las bases para la construcción de un nuevo proyecto europeo democrático, solidario, ecológico y socialmente avanzado.

La situación política y social europea exigía que la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo (PE) sirviera para hacer un debate serio sobre el balance de la gestión de la crisis económica y las alternativas para salir de la misma y para superar la profunda crisis política que vive el propio proyecto europeo. Aunque sólo fuera por los niveles de desapego y desconfianza que la ciudadanía europea muestra con respecto a la UE y sus instituciones (en torno al 70%), sólo superados en muchos Estados por la desconfianza hacia las instituciones democráticas nacionales (80% en España). Lamentablemente, y de nuevo, no ha sido así. Ni en España ni en la mayoría de los países de la UE. Sólo se salvan los debates entre los candidatos a presidir la Comisión Europea. Pero estos han sido marginados por las televisiones nacionales. En nuestro país, incluso, en buena parte del tiempo de los dos principales debates televisivos y en las informaciones “preparadas” por los dos principales partidos para los telediarios, ni siquiera se ha hablado de Europa. ¿Por qué los dirigentes y estrategas electorales de los partidos principales caen sistemáticamente en los mismos vicios que dicen querer corregir?

El por qué de la desafección ciudadana

Pero además de estos malos modos de hacer política y de los estragos que causa la corrupción y las malas e insuficientes respuestas a ella por parte de los partidos afectados, otras razones inciden hoy en la desafección ciudadana hacia sus instituciones políticas, nacionales y europeas. Son las relacionadas con la responsabilidad de las élites económicas y políticas en la génesis de la crisis, con el modo de gestionarla y las dramáticas consecuencias laborales y sociales que ha producido, con la acertada percepción de que el gobierno de la crisis ha priorizado la preservación de las rentas y los privilegios de los poderes financieros y económicos, con el modo tan poco democrático con el que las instituciones europeas han impuesto unas políticas –de “austeridad”- que a la postre han resultado un fracaso.

Es decir, las causas de la desafección ciudadana se relacionan con el funcionamiento del modelo socioeconómico, con la conducta de las élites y con las malas políticas. La desafección esta muy justificada pero es muy peligrosa. Si los dirigentes, políticos y sociales, y los intelectuales no son capaces de reaccionar con ideas y alternativas serias, será el campo de cultivo para el triunfo de populistas y “salvapatrias”.

Las políticas de austeridad, reformas estructurales –en su mayor parte no otra cosa que recortes de derechos sociales y laborales- y devaluación interna de los Estados con desequilibrios macroeconómicos, impuestas por Alemania al conjunto de la UE, a partir de 2010, han sido un completo fracaso económico, con profundas y negativas consecuencias sociales y políticas. Cuando sus responsables europeos y los ejecutores nacionales se atreven ahora a anunciar su “éxito” a los primeros síntomas de un crecimiento débil e incierto habría que recordarles que: a) provocaron una segunda recesión en Europa (a diferencia de lo ocurrido en EE UU, Japón y los emergentes que mantuvieron políticas opuestas); b) aumentaron el paro hasta los 27 millones (12% de la población activa de la Zona euro, con una distribución enormemente divergente entre el 4% y el 6% de Austria y Alemania y el 26% y 27% en España y Grecia); c) han producido una disminución de los salarios y las pensiones que, junto al paro, han provocado un fuerte aumento de la pobreza, de modo general, y de la desigualdad en muchos países; y, c) provocaron la ruptura del contrato social sobre el que se construyeron los Estados de bienestar europeos después de la 2ª Guerra Mundial. Esta ruptura se produce por el profundo deterioro infringido, en numerosos países, a las prestaciones sociales y los servicios públicos fundamentales así como a los instrumentos básicos de dicho contrato: la negociación colectiva y el diálogo social.

La imposición de recortes, desregulaciones y privatizaciones a través de las condiciones establecidas en los memorandos de entendimiento (MOU) de la troika con los países rescatados (incluida España en su rescate bancario) o de las “recomendaciones por país” de la Comisión, dentro del Semestre Europeo, se ha hecho con una total falta de transparencia y de democracia y en campos que no son competencia de la UE (salarios, pensiones, prestaciones sociales, servicios públicos, negociación colectiva, etc.). Se ha hecho vulnerando la Carta de Derechos Fundamentales y convenios internacionales que obligan a los países de la UE, como los convenios fundamentales de la OIT (su Comité de Libertad Sindical ha fallado contra los gobiernos de Grecia y España por violación de los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical). El conjunto de normas de intervención en materia de “gobernanza económica” -Six pack, two pack, Pacto por el euro plus, Semestre Europeo, planes nacionales de reforma y recomendaciones por país y el nuevo Tratado o fiscal compact- tienen un denominador común: la ausencia o debilidad de los mecanismos de control democrático y participación social, sean europeos o nacionales.

La crisis europea es una crisis política

Esta forma de gestionar la crisis europea ha producido divergencias económicas y sociales profundas, entre los Estados y en el interior de los mismos y la mayoritaria desconfianza de los ciudadanos en la UE. En ausencia de un proyecto de futuro por parte de los partidos mayoritarios, de las instituciones europeos o de algún gobierno nacional, y ante la constatación de que se ha gestionado la crisis en beneficio del poder financiero y los poderes económicos y con un gran desprecio por los derechos de los trabajadores y la ciudadanía,  a favor de unas naciones y en detrimento de otras, no hay por qué extrañarse de la desconfianza masiva. Si muchos políticos europeos de los grandes partidos juegan la baza del nacionalismo y aún del populismo por puro electoralismo, resulta muy hipócrita lamentarse del progreso de sus formas más extremas. La crisis europea es ante todo una crisis política, de aplicación de políticas equivocadas e injustas y de ausencia de proyecto común de futuro. El progreso de la extrema derecha, de los partidos xenófobos, populistas y antieuropeos es consecuencia de la crisis política y de la ausencia de liderazgo político europeo positivo.

Hay alternativas y conducen a la refundación de la Unión Europea

Hay que actuar ya para promover una recuperación económica vigorosa y solidaria con un plan de inversiones europeo potente financiado con eurobonos (la Confederación Europea de Sindicatos propone invertir un 2 %  del PIB europeo durante 10 años).  Es imprescindible una armonización fiscal que evite el dumping fiscal y sirva de marco de sistemas fiscales progresivos que proporcionen suficiencia financiera a los Estados y una acción común prioritaria contra el fraude y la elusión y por la erradicación de los paraísos fiscales. Un nuevo proyecto europeo que recobre la confianza de la ciudadanía tiene que basarse en un fuerte pilar social de derechos garantizados por los tratados y gobernar la economía democráticamente, con competencias reforzadas del PE y los parlamentos nacionales. Estos cambios, con la finalidad estratégica de construir una federación de Estados europeos, los Estados Unidos de Europa, son de una profundidad que justifica utilizar la expresión refundación política de Europa. El principal instrumento para la refundación debería ser una convención constituyente en la que también pudieran participar los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

Lo que acabo de sintetizar puede que vaya, hoy, en contra de lo que piensan las mayorías que se configuraren el próximo PE, no digamos de la que conforman los gobiernos nacionales en el Consejo Europeo, bajo la batuta de Alemania. Pero estas heterogéneas mayorías que no quieren o no se atreven a formular “más Europa, pero social y democrática” no llevan a ninguna parte.

Sin un nuevo proyecto político avanzado, que una a grandes mayorías europeas, políticas pero sobre todo sociales, en torno a un nuevo bienestar compartido y solidario, la UE puede llegar a ser insostenible, y quebrarse por sus contradicciones, divergencias y egoísmos nacionales. A pesar de los intereses económicos que todavía actúan de pegamento –bastante más que los vínculos afectivos y culturales que la crisis ha degradado-, el proyecto europeo, al igual que cualquier proyecto político supranacional a lo largo de la historia, no tiene garantizada su supervivencia. La historia nos dice que todos desaparecen si no se transforman en Estado, federación o confederación de Estados. La crisis y las malas políticas han puesto en marcha poderosas fuerzas centrífugas cuando las estructuras jurídico políticas de la UE son todavía débiles, sus mecanismos de funcionamiento y de tomas de decisiones  lentos, ineficaces y poco democráticos, y los vínculos culturales de una nueva identidad europea sólo incipientes. Pararse sería por ello retroceder hacia la ruptura. Y como Europa es necesaria, y la conmemoración del centenario del inicio de la 1ª Guerra Mundial nos recuerda una de las razones principales de su necesidad, habría que comenzar sin demora -a partir del 25 de mayo y desde todos los ámbitos de la política y la sociedad- a sentar las bases para la construcción de un nuevo proyecto europeo democrático, solidario, ecológico y socialmente avanzado

La Fiscalía y el Gobierno contra el derecho de huelga

Ya no puede considerarse un hecho aislado. Se juntan demasiados casos en los últimos meses y semanas en los que aparece siempre la mano de la fiscalía que, como se sabe, tiene al Gobierno detrás marcando el camino. 

Tamara y Ana han sido condenadas a tres años y un día de cárcel acusadas de tirar pintura al agua de una piscina durante una huelga en 2010. Siendo condenadas en primera instancia a seis meses y multa, la fiscalía recurrió y la Audiencia de Pontevedra les acaba de imponer la pena máxima por tan tremendo delito "contra los derechos de los trabajadores" (¡tremendo sarcasmo!).

Hace tres días conocíamos que la fiscalía de Baleares pedía 4 años y medio de cárcel para Katiana Vicens, secretaria general de CC OO de las Islas Baleares, por participar en un piquete de la huelga general del 29 de marzo de 2012, en el que se rompió una luna de un autobús. Katiana no rompió ningún cristal. Simultáneamente, la fiscalía madrileña pedía siete años y medio a dos sindicalistas madrileños de la UGT -José Manuel Nogales y Ruben Ranz- por atentado a la autoridad y lesiones cuando la policía cargó contra un piquete durante la misma huelga general.

Recientemente, tres sindicalistas de UGT y CIG fueron condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete informativo durante una huelga del transporte en Vigo que tuvo lugar en 2008 

Por participar en un piquete informativo a la puerta de su fábrica -la factoría de AIRBUS de Getafe-, durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, ocho miembros del Comité de empresa (7 de CC OO y uno de UGT, entre ellos el presidente del Comité) han recibido la petición de 8 años de cárcel, nada menos, por parte de la fiscalía de Madrid. Se les acusa de atentado a la autoridad y otros delitos cuando lo más reprochable en los incidentes que acaecieron fue la actuación desproporcionada de la policía que llegó a efectuar disparos con arma de fuego. Por participar, el mismo día, en otro piquete, en Logroño,la fiscalía de la Rioja pidió, en febrero, un año de cárcel contra 5 sindicalistas de CC OO, entre ellos el secretario general de la unión regional, Koldo González.

En conjunto, se han producido condenas o peticiones que suman un total de 140 años de cárcel en 40 procesos. Las peticiones por las huelgas generales de 2010 y 2012 se están produciendo de una forma sospechosamente simultánea. No debe caber dudas sobre la existencia de una orientación general de la Fiscalía General del Estado. Tampoco de la inspiración gubernamental.

Se trata de peticiones o condenas absolutamente desproporcionadas, basadas sólo en testimonios de parte de la policía, los empresarios o los esquiroles.

Estamos asistiendo al mayor ataque al derecho de huelga, pilar fundamental de los derechos de los trabajadores, desde la reinstauración de la democracia en España. Forma parte de la deriva autoritaria de un Gobierno que la considera necesaria para intentar sofocar la protesta que su gestión, profundamente antisocial, de la crisis genera. Las multas gubernativas a los manifestantes y el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Ministro Fernández Díaz son algunas otras de las manifestaciones del más rancio autoritarismo de la derecha española del que el Gobierno del PP hace gala.

Esta situación tan seria requiere movilizarse mediante una campaña profunda y sostenida de denuncia ante la opinión pública que se complemente con el recurso a los organismos internacionales que protegen los derechos humanos, empezando por la OIT.

Movilizaciones sindicales y sociales en Europa: 2013

[Este artículo forma parte del Informe: “El Estado de la Unión Europea. La ciudadanía europea en tiempos de crisis” (Fundación Alternativas y Friedrich Ebert Stitfung, Madrid, abril de 2014]

Desde el comienzo de la crisis y en particular desde el estallido de la crisis griega y la adopción por parte del Consejo Europeo de las políticas de austeridad (2010), el sindicalismo europeo ha venido desarrollando movilizaciones generales tanto de carácter nacional como europeo para oponerse a tales políticas. Desde entonces hasta finalizar 2013 se han producido más huelgas y jornadas de movilización generales nacionales que en cualquier otro período desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. En mayor medida en los países más afectados por los ajustes fiscales y las reformas y recortes de los derechos sociales y laborales, es decir en los del sur de Europa, pero no sólo allí. También ha habido movilizaciones de carácter europeo, convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Han adoptado la forma de euromanifestaciones y jornadas de acción descentralizadas, en ocasiones coordinadas con movilizaciones de carácter más amplio convocadas en algunos países.

Estas acciones coincidieron, sin embargo, con una tendencia fuerte de reducción de las huelgas sectoriales o de empresa motivadas por demandas de mejora de salarios o condiciones laborales en la negociación colectiva, que ya se había manifestado en la primera década del Siglo XXI respecto a la última del Siglo XX, que son los períodos sobre los que existen análisis fiables basados en información estadística depurada. En bastantes países aumentaron, sin embargo, las movilizaciones ligadas a la defensa del empleo amenazado por procesos de reestructuración o cierre de empresas. El mapa de las movilizaciones sindicales desde el comienzo de la crisis es muy heterogéneo (ya lo era con anterioridad). Su diversidad se relaciona tanto con el muy diferente grado de impacto de la crisis y de los efectos de las políticas de austeridad como por las distintas tradiciones de acción sindical. La mayoría de las movilizaciones de carácter general se han producido en los países del sur y en algunos del centro y el este de Europa, aunque hubo un repunte de acciones en algún otro, como el Reino Unido, donde también las hubo de carácter general en 2011 y 2012

La ofensiva contra el Modelo Social Europeo

La gran extensión de los cambios sufridos desde el comienzo de la crisis (2008) en las reglas que rigen las relaciones industriales y la negociación colectiva y en las leyes laborales está reflejada en el Cuadro 1, elaborado por el Instituto de Estudios Sindicales de la CES (ETUI, 2014). No hay precedentes en la historia de la UE.

Los principales campos afectados han sido: tiempo de trabajo, contratos atípicos (temporales, a tiempo parcial, ETT), despidos (facilidad e indemnizaciones) y negociación colectiva. Su finalidad ha sido la búsqueda de la competitividad y la productividad a través de la reducción de los costes laborales y de la flexibilidad (no negociada en muchos casos). No hay evidencia de que exista esta correlación en las economías europeas de mayor éxito. Cambios anunciados como temporales tienden a ser permanentes. Aunque las reformas están generalizados, su profundidad y regresividad es muchísimo más acusada en los países del sur y del este, lo que contribuye a agrandar la divergencia social europea.

El intervencionismo de las instituciones de la UE en la determinación de los salarios y en la negociación colectiva, campos que no son de competencia comunitaria, ha sido extenso y profundo. Está reflejado, para el período 2011-2013, en el Cuadro 2 de ETUI (2014), basado en Schulten y Müller (2013). Una parte de los cambios regulatorios regresivos son prescripciones establecidas en los MOU de la troika para países rescatados, incluido España por su rescate bancario. Otra parte están contenidos en las Recomendaciones Específicas por País del Semestre Europeo. Las medidas impuestas o recomendadas han debilitado seriamente la negociación colectiva y sus bases legales en los siguientes países: Irlanda, Rumana, Grecia, Portugal, Hungría, Italia y España (ETUI, 2014, 75). En los casos más extremos (Irlanda y Rumania) han impuesto la abolición de convenios colectivos nacionales. En los demás han promovido su modificación unilateral por el empresario, la descentralización hacia el convenio de empresa y el fin de la ultraactividad, dificultando la extensión y permitiendo acuerdos con “grupos de trabajadores” en lugar de con sindicatos.

La  “devaluación interna”, de tan negativas consecuencias para la recuperación de la economía europea, ha tenido en la devaluación salarial su componente principal. Ha sido una decisión política debilitar la negociación colectiva en entornos de paro masivo. En el Cuadro 3 (ETUI, 2014, 77) se muestra como en 18 de los Estados miembros de la UE han disminuido los salarios medios reales entre 2009 y 2013. De forma brutal en Grecia, Chipre y Hungría y muy significativa (5 % o más) en Rumania, Portugal, España, Irlanda, Reino Unido y Eslovaquia. Además, los salarios mínimos por hora han disminuido en 9 de 23 países estudiados: Grecia. Chipre, Reino Unido, España, Estonia, Irlanda, Lituania, Holanda y Bélgica. De nuevo, de forma brutal en Grecia: -28 %. (ETUI 2014, 73). Por último, diremos que las retribuciones de los empleados públicos han disminuido en términos nominales o reales, en sus conceptos generales (los más) o por la pérdida de bonus o complementos especiales en 19 de los 28 países de la UE [1], tanto en los sometidos a las condiciones de la troika o el FMI (9) como en los otros (11).

La respuesta sindical

Para tener datos objetivos sobre la amplitud de la respuesta sindical nos enfrentamos a un hecho sorprendente: las estadísticas sobre el número de huelgas y jornadas de trabajo perdidas sólo están disponibles con años de retraso, no existen o no son fiables. Las autoridades de varios países, en particular del sur de Europa, parecen no tener interés en que se conozcan. “La información oficial sobre las acciones de huelga ha sido “suspendida” en el caso de Portugal (desde 2007), o no está disponible en absoluto en Grecia (desde 1999) o Italia (desde 2010). Para varios otros países, los datos más recientes o se han perdido o ni siquiera han sido recogidos” (ETUI, 2014, 80). He analizado el contenido de la principal base de datos sobre el tema, la de la OIT (ILOSTAT), y comprobado como los datos más actualizados se refieren sólo a algunos países europeos en 2012 y los de España están muy subestimados...

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[1] Los 19 Estados en los que los salarios de los empleados públicos disminuyeron nominal o realmente son: GR, LV, HU, RO (entre el 15% y el 30%), ES, IE, IT, PO (más del 10%), CY, CZ, DK, EE, FR, LT, PL, SI, UK, NL y SK. Fuente ETUI (2014, 71)

El artículo completo se encuentra en este enlace que permite acceder al texto completo del Informe:

http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-e-informes