martes, 28 de octubre de 2014

Corrupción. El aire es ya irrespirable. Urge la regeneración de nuestra democracia

La llamada Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha contabilizado en el día de ayer 51 detenidos, entre alcaldes, políticos regionales, altos funcionarios y empresarios de Madrid, Murcia, Valencia y León. Según la Fiscalía anticorrupción formaban parte de una trama delictiva -corruptores y corruptos juntos- que cobraba un 3% del valor de cada uno de los contratos que eran adjudicados a los empresarios.

La parte más densa de la trama se concentra en Madrid, donde han sido detenidos seis alcaldes -cuatro del PP, uno del PSOE y un independiente- y el que fuera durante bastantes años número dos del PP regional y brazo derecho de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. En León, ha caído el Presidente de la Diputación.

Este asunto junto con el de las tarjetas black de Caja Madrid - Bankia van a ser, probablemente, las dos gotas que colmen el vaso de la indignación popular por la corrupción. Máxime cuando han venido acompañados de nuevos episodios, o nuevas informaciones relacionadas por otros episodios de corrupción que podemos llamar "clásicos". La lista es impresionante: Gurtel y Bárcenas (con Acebes y el alcalde de Toledo imputados), Clan Pujol (con los hijos Jordi y Oleguer como protagonistas), Trías, Caixa Catalunya, Bancaja, EREs andaluces y fraudes en la formación, etc., etc.

La impresión de la mayoría de la ciudadanía es que la corrupción es un hecho generalizado entre los políticos españoles. Es posible que sea una afirmación exagerada pero hace tiempo que superamos el nivel de lo que algunos consideran como "inevitable" grado de corrupción de cualquier sociedad democrática. Durante todo el día me he preguntado si estamos llegando a "tangentópolis" y la respuesta que a mí mismo me he dado es que todavía no pero estamos cerca.

A diferencia de lo ocurrido en otros casos, las organizaciones afectadas han respondido suspendiendo de militancia o expulsando a los imputados. Con mayor o menos celeridad y contundencia, eso sí. Son conscientes que la ciudadanía española ya no aguanta más y que, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones, en las próximas la corrupción sí va a hacer pagar pesados costes a sus principales protagonistas.

Cuando la desconfianza en quienes nos gobiernas y en las principales instituciones (gobierno, parlamento, partidos políticos) alcanza cotas de entre el 80% y el 90%, el problema es ya de profunda erosión y deslegitimación de las instituciones democráticas. En medio de la grave y prolongada crisis económica que padecemos, y de sus secuelas de desempleo, pobreza y desigualdad, la deslegitimación de las instituciones democráticas nos hace entrar en una zona de alto riesgo político.


A quienes nos gobiernan, a los partidos políticos, en primer y destacado lugar, pero también a los sindicatos y organizaciones empresariales y a  las organizaciones sociales hay que exigirles una reacción urgente y contundente contra la corrupción y por la regeneración de la democracia española.

Esta reacción pasa necesariamente por apartar definitivamente de la política a los corruptos y llevarlos ante la justicia. Pero también hay que apartar de la política a quienes tienen una responsabilidad directa en el encubrimiento de la corrupción. Es inconcebible que pueda encabezar la regeneración de la democracia española el autor del celebre sms "Luis. sé fuerte" dirigido al cuarto tesorero nacional del PP procesado por corrupción, días después de conocerse que tenía cuentas millonarias en Suiza, y dos años después de estallar los casos Gurtel y Bárcenas. O la autora de la famosa explicación del "finiquito, en diferido, a modo de simulación" para justificar por qué se le había estado pagando durante dos años a Luis Bárcenas 24 veces el salario mínimo interprofesional por no realizar ningún trabajo y, por lo tanto, con una finalidad que la lógica y el sentido común indican que no podía ser otra que la de comprar su silencio.

El hecho de que dos de los más graves casos de corrupción de la larga lista afecten directamente a la dirección nacional del PP, hoy en el Gobierno del Estado y de la mayoría de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, dificulta gravemente adoptar soluciones ejemplares y creíbles para erradicar la corrupción. Pero éstas no pueden esperar más tiempo. El aire es ya irrespirable. 

Corresponde a la sociedad, a las organizaciones sociales que representan de diferentes modos y en diferentes momentos y grados a la ciudadanía ponerse a cabeza de esta exigencia nacional e interclasista (aunque quienes más padecen los costes de la corrupción sean siempre los de abajo). A los partidos políticos y a las organizaciones sociales afectadas corresponde ejecutar pronta, eficaz y justamente esta demanda nacional, empezando por depurar a todos los responsables y encubridores. Si no lo hacen sobrarán y otros vendrán si es que la democracia lo aguanta. La hora ha llegado.








miércoles, 15 de octubre de 2014

La crisis del ébola y las políticas de salud pública y cooperación internacional



La crisis provocada por el contagio por el virus del ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, en el Hospital Carlos III, ha puesto de manifiesto, además de los graves fallos y la incompetencia de las autoridades sanitarias del Estado y de la Comunidad de Madrid, la importancia de las políticas de salud pública y el sentido que tienen las de cooperación internacional al desarrollo, aún en momentos de crisis económica.

Es probable que la dimensión de la crisis sea mayor en sus aspectos políticos, en particular en lo que se refiere a la desconfianza de la ciudadanía en sus responsables políticos, que, por el momento, en los estrictamente sanitarios. Aunque una enfermedad infecciosa que tiene una tan elevada tasa de letalidad -entre el 50% y el 90%-,  de la que no existe todavía vacuna, y que es relativamente poco conocida, siempre es un problema grave de salud pública.

La desconfianza de la ciudadanía en los responsables políticos, que tiene una base permanente construida sobre la percepción de una corrupción generalizada y otras malas prácticas, se vio alimentada durante la semana posterior al conocimiento del contagio de Teresa, por una nefasta política de comunicación. Algunos medios sensacionalistas la utilizaron para vender alarmismo. 

La desconfianza se fue trocando en indignación ante actitudes como la del consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, que para intentar tapar su responsabilidad en los graves errores de gestión de la crisis, culpabilizó, en tono ofensivo y chulesco, a Teresa de su propio contagio y del peligro de contagio de las personas con las que ella se relacionó. Sus declaraciones, reiteradas durante dos días, han sido un ejemplo descollante de falta de ética. Su irresponsabilidad se ve agravada, y raya en la provocación, por el hecho de haber firmado, en plena crisis, el decreto que liquidaría definitivamente el Carlos III, cuando desde todos los medios sanitarios y desde los ámbitos políticos y sociales se está reclamando justo lo contrario: que vuelva a ser el centro de referencia nacional para el tratamiento de las enfermedades infecciosas graves. 

La decisión del Consejo de Ministros del 10 de octubre de crear un comité de crisis, presidido por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que será asesorado por un comité científico integrado por personalidades de alto nivel, y de nombrar como portavoces oficiales a profesionales sanitarios competentes parece haber mejorado la situación. 

Deseo fervientemente, como la inmensa mayoría de los españoles, la recuperación de Teresa y la confirmación de que no hay más personas contagiadas. También que esto dé paso, si bien no sería imprescindible el retardo, a las  necesarias dimisiones -o ceses- de Ana Mato y Javier Rodríguez. Aunque tengo serias dudas de esto último, conocida la querencia del PP por no asumir -o retrasar su asunción al máximo- las responsabilidades políticas por los graves errores o los casos de corrupción, demostrable por una larga lista de nombres: Prestige, Yak-42, 11-M, Gurtel, Bárcenas, Comunidad Valenciana, etc.

Recortes, descoordinación e infravaloración del papel de las políticas de salud pública como telón de fondo
Sobre la crisis del ébola habrá que hacer un análisis en profundidad de todos los errores y carencias para que no se vuelvan a repetir. Me refiero a las cuestiones políticas de fondo, puesto que la evaluación de lo que ha fallado en lo relativo a la aplicación de los protocolos de actuación sanitaria y sobre la idoneidad de los mismos, tiene que ser urgente y permanente y realizarse por parte de profesionales expertos.

La crisis del ébola ha puesto de manifiesto las graves consecuencias de la política de recortes presupuestarios a la sanidad pública, la falta de importancia que dan los responsables del PP a las políticas de salud pública, la mala coordinación en materia de política sanitaria entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas, y, los muy perjudiciales efectos de los drásticos recortes de los fondos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo.

España sin centro de referencia de enfermedades infecciosas
Varias de estas malas prácticas políticas convergen en el hecho de que no haya en España un sólo centro de referencia para el tratamiento de enfermedades contagiosas graves. Cuando el Carlos III lo era,implícitamente, tenía un nivel de seguridad P3, siendo que para el tratamiento de virus con los niveles de peligrosidad del ébola es recomendable un nivel P4. Ahora, las plantas del hospital que se utilizan han sido montadas y desmontadas apresuradamente para atender a los dos religiosos repatriados y a Teresa Romero y a las demás personas en riesgo de contagio. No tiene laboratorio para realizar las analíticas y las muestras tienen que ser trasladadas al Hospital de la Paz. 

Hay que exigir que el Hospital Carlos III se convierta en el centro de referencia de enfermedades infecciosas graves en España, dotándolo de los medios personales y materiales necesarios para ello. Hay que hacer que además de sus funciones terapéuticas, sea un centro de investigación puntero y colabore en las tareas de formación de los profesionales sanitarios y de otros colectivos como policías, personal de aduanas, etc.

Desdén por las políticas de salud pública de los privatizadores madrileños

La importancia que el gobierno de la Comunidad de Madrid da a las políticas de salud pública se puede medir por el hecho de haber suprimido la dirección general de tal nombre, dentro de la estructura de la Consejería de Sanidad. Se adujeron motivos de reducción del gasto. Pero un gobierno que tiene competencias plenas en materia de salud no puede hacer esta barbaridad. 

No tengo dudas de que estas decisiones, que han conllevado un riesgo para la salud de la población madrileña, están en relación con el afán privatizador de los consejeros que antecedieron en el cargo a Javier Rodríguez. Estuvieron bien apoyados por Esperanza Aguirre e Ignacio González, y sólo fueron parados por la impresionante movilización de los trabajadores de la sanidad madrileña (la "marea blanca") y por los tribunales que impidieron consumar el plan de la "tríada de la puerta giratoria": Güemes-Lamela-Lasquetty.

Frente a este desdén por lo público hay que exigir que las políticas de salud pública en general y, en particular, las destinadas a la prevención de las enfermedades infecciosas, tengan la importancia que merecen por parte de unas administraciones, central y autonómicas, que deben coordinar mucho mejor su trabajo y dotarse de las estructuras de gestión necesarias para su aplicación. Tendrían que empezar por la revisión de las estrategias de salud que se refieren a las enfermedades infecciosas y hacerlo en colaboración con el personal sanitario. 



La epidemia está en África: ¿donde está la cooperación oficial española?
El lugar donde hay que parar el ébola es en África, pero la cooperación oficial española para hacerlo apenas existe a pesar de los llamamientos de la OMS. Aportan más las personas individuales que, con extraordinaria generosidad, están trabajando allí como misioneros o miembros de ONG, como Médicos sin Fronteras, que el gobierno español. Esto es debido a que uno de la partidas presupuestarias que más drásticos recortes ha sufrido, como consecuencia de la política de austeridad es la destinada a cooperación internacional para el desarrollo. En los presupuestos del Estado ha caído un 60%. Las partidas destinadas a tal efecto en los presupuestos de la CAM y de los ayuntamientos se han reducido casi a cero. Justamente se está iniciando estos días en Madrid una campaña -Madrid Elige Solidaridad- para denunciar esta situación y exigir al gobierno de la CAM y a los ayuntamientos que restauren las ayudas a la cooperación para el desarrollo.

España tiene que cooperar en la lucha contra el ébola en África en la medida de nuestra riqueza que, ciertamente, está muy tocada por la crisis pero que todavía es enormemente superior a la que tienen países como Guinea, Sierra Leona o Liberia. Hay que hacerlo no sólo como acto de humanidad y solidaridad, razón que debería ser suficiente, sino también por interés. Aquellos a los que la solidaridad con otros pueblos, en momentos difíciles para nosotros, les cause recelo, deberían pensar que es para nosotros del mayor interés acabar con el ébola en sus países de origen. Porque terminar con la actual y mortífera epidemia y luchar por la erradicación completa del virus es también proteger la salud de la población de España, de Europa y del resto del mundo




jueves, 9 de octubre de 2014

La izquierda frente al Estado Islámico (II)

Javier Doz |
nuevatribuna.es | 09 Octubre 2014 

En la primera parte del artículo sostenía que es inevitable realizar una intervención política y militar contra el Estado Islámico en Iraq y Siria para ayudar a la población de los dos Estados y para evitar que una amplia zona del territorio de ambos, si no la totalidad de los mismos, caiga en manos de la más poderosa organización yihadista que haya existido nunca. Su consolidación en ese territorio permitiría al EI utilizarlo como plataforma para preparar acciones terroristas en Europa y otros países y para nuevas guerras de conquista de territorio que le permitieran progresar hacia su califato ideal. Después de ver cumplidas, el 11 de marzo de 2004, las amenazas de Al Qaeda contra España, por la intervención del gobierno de Aznar en la Guerra de Iraq, conviene no menospreciar en absoluto las amenazas de las organizaciones yihadistas.
Por estas razones y las expuestas en la primera parte del artículo no puedo entender que una parte de la izquierda no dé ninguna alternativa práctica para salvaguardar los bienes más preciados a defender en esta compleja y despiadada guerra: la vida, la integridad física y moral, la libertad y el bienestar de millones de personas. Tampoco puedo entender que su discurso y sus argumentos históricos y políticos, algunos de ellos ciertos, acaben siendo el reverso de los discursos intervencionistas que se basan sólo en consideraciones geopolíticas; o que, en algunos casos, se fundamenten casi en exclusiva en la premisa de que todo lo que venga de los EE UU es necesariamente malo.
Para tener un plan político sólido que permita alcanzar los objetivos mencionados, que difícilmente pueden dejar de ser rechazados por cualquier fuerza de izquierdas, hay que resolver, o tener en cuenta, problemas regionales muy profundos y complejos y líneas de fuerza actuantes que contienen factores contradictorios.
La Guerra de Siria
El primero problema, inseparable de cualquier solución, es el de la Guerra Civil Siria, desencadenada meses después de que en el Día de la Ira, del 15 de marzo de 2011, se iniciaran grandes movilizaciones de masas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas por el ejército de Bashar al-Assad con armamento pesado. Desde entonces, la cifra de víctimas mortales ha superado, según la ONU, las 200.000, y el número de desplazados de sus hogares 9,6 millones, cerca de la mitad de la población, tres de ellos fuera del país. En la lucha militar contra la sanguinaria dictadura de los Assad, el Ejército Libre Sirio (ELS) ha ido perdiendo peso frente a los grupos de combatientes islamistas suníes[1]. Dentro de estos, el ISIS/EI se va convirtiendo aceleradamente en la fuerza principal que lucha contra todos: gobierno de Damasco, ELS y también contra los demás grupos islamistas (incluido Al Nusra, filial de Al Qaeda), al tiempo que implanta la sharia y el terror en los territorios que ocupa en Siria e Iraq, donde acaba por proclamar el Califato. A estas organizaciones, en particular aI EI, se han incorporado miles de yihadistas suníes voluntarios, procedentes de muchos países, principalmente de Europa, Norte de África y Oriente Próximo.  Apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, luchan miles de milicianos chiíes libaneses de Hezbollah y guardianes de la revolución iraníes. Se trata, pues, de una guerra ya regionalizada, aunque sea parcialmente porque todavía no se han enfrentado Estados entre sí, directamente.
Existen otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de plantear una salida justa y duradera. La necesidad de superar -o debilitar al máximo- la componente religiosa del conflicto y sus proyecciones políticas, evitando, por ejemplo, volver a caer en experiencias tan nefastas como la del gobierno sectario de Al Maliki en Iraq. Esto debería contribuir a poner en sordina las grandes y antiguas rivalidades entre Irán y Arabia Saudí por la hegemonía geopolítica en la región, que han incentivado que Arabia Saudí –en competencia con un nuevo rival interno en el campo suní, Qatar- haya financiado y suministrado armas a los yihadistas salafistas, incluidos algunos que se integraron en el EI. Mientras, Irán hacía lo propio con el régimen de Damasco.
Estrategia política y militar en el marco de la ONU
Cualquier intervención militar contra el EI que, como mínimo, pretenda no repetir los fracasos de Afganistán, Iraq y Libia, tiene que ir acompañada de un proyecto político coherente. Como lo tuvieron los Aliados para Alemania, Japón -y el mundo, en general- al término de la 2ª Guerra Mundial (dejando al margen su distorsión como consecuencia de la Guerra Fría). Los pilares de ese proyecto, para Siria e Iraq, son: democracia (por definición laica) y desarrollo económico y social impulsado por un vasto plan de  cooperación internacional. En el caso de Siria, se necesita un esfuerzo especial para reconstruir un país arrasado por la guerra[2]. Para desarrollar todas las componentes de la intervención sería necesario convocar una Conferencia Internacional, auspiciada por la ONU, en la que participaran los países de la Región.
Cualquier nueva intervención en Oriente Próximo también requiere, en paralelo, un abordaje serio y coherente del conflicto entre Israel y Palestina. Y esto pasa necesariamente por un plan que promueva la creación de un Estado palestino y el reconocimiento efectivo de los derechos de su pueblo ya proclamados por la ONU. No se puede pretender ser creíble ante las poblaciones de Oriente Próximo mientras se permite que Israel boicotee impunemente todos los planes de paz y se apoye o acepte pasivamente la masacre de la población civil de Gaza como respuesta a un acto terrorista individual.
Resulta evidente que la legitimidad de un plan de esta naturaleza, como la de cualquier otro similar, requiere de su aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello resulta necesario contar con la colaboración de Rusia que, aunque está interesada en la destrucción del EI, no va a permitir que el Consejo de Seguridad avale con su voto el derrocamiento del gobierno aliado sirio. Rusia, además, mantiene las relaciones con EE UU y la UE bajo mínimos por el conflicto de Ucrania. Pero, la perspectiva de una guerra circular en Siria, con tres bloques, cada uno de los cuales lucha contra los otros dos, no ayuda al fin de la guerra y, menos aún, a una salida política estable y democrática. ¿Significa esto que hay que sacrificar al pueblo sirio y su derecho a vivir en una sociedad democrática al interés inmediato de derrotar al EI? No, en absoluto. De entrada, hay que partir de que la peor perspectiva para el pueblo sirio y para las fuerzas democráticas de oposición a la dictadura de  Al-Assad es la de una continuidad de la guerra, en la que progresivamente EI (flanqueado por Al Nusra, o el Frente Islámico) se hiciera con una completa hegemonía en el bando opositor. Entonces entre Al-Assad y el EI se escogería al primero. Por eso, hay que pactar con Rusia una salida política de la primigenia guerra de Siria que, forzosamente, debe significar la salida del poder de los Assad. Así se podrá aprobar, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el marco jurídico y político de una intervención militar contra el EI y la reconstrucción democrática de Siria. Esto sería la mejor salida para todos, en particular para la oposición democrática, y desde luego para el pueblo sirio. Aunque llevara consigo concesiones geopolíticas a Rusia y una salida no traumática para los actuales gobernantes sirios, merecería ser defendida desde los valores democráticos y de izquierdas dada la complejidad del conflicto y su peligrosidad potencial. Hay que proponer soluciones prácticas que pongan fin a tanto sufrimiento de tanta gente para abrirles un futuro con esperanza. Esa es la razón de ser de la diplomacia.
Diplomacia, financiación y fronteras
Por supuesto que para que una solución de esta índole progrese es necesaria una diplomacia vigorosa, algo que parece ausente del mundo en los últimos años. La UE, como tal, tiene una política exterior muy débil. Las principales potencias diplomáticas europeas (Francia, Alemania y el Reino Unido) se han cuidado de que no fuera fuerte. Catherine Ashtom ha personificado esta debilidad. La nueva Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, es una incógnita completa. Pero no se puede caer en la desesperanza y la melancolía. Hay que comenzar por exigir un plan claro a la UE, los EE UU y la ONU.
Para derrotar al EI, tan importante como la acción militar es acabar con sus fuentes de financiación y con los centros de reclutamiento y las rutas de acceso de las armas y los yihadistas extranjeros. Estos dos tipos de bloqueo requieren de la colaboración decidida de los países vecinos y de otros del Norte de África y Europa. Al respecto, es particularmente importante el papel que Turquía puede jugar. Turquía ha permitido que su frontera con Siria sea un coladero por donde el EI realiza el contrabando de petróleo, su principal fuente de financiación, y por donde entran a Siria los yihadistas extranjeros. El conflicto histórico de Turquía con su población de origen kurdo y la organización política que los representa, el PKK, le ha llevado a desconfiar de un fuerte Kurdistán iraquí, autónomo o independiente, y de que ocurra lo mismo en Siria. Es otro de los principales problemas colaterales a resolver, que interfiere en las soluciones generales, sobre todo si se tiene en cuenta que, en estos momentos, las únicas fuerzas que sobre el terreno se enfrentan decididamente a las tropas del EI son los pesmergas kurdos que luchan por su supervivencia y por su futuro como nación. Al respecto se han sucedido hechos políticos contradictorios: primero el gobierno y el parlamento turcos han aprobado la intervención militar con tropas sobre el terreno contra el Estado Islámico, tanto en Siria como en Iraq; pero, en los últimos días, el gobierno turco parece negarse a intervenir en Kobane, asediada por el EI, lo que ha generado protestas masivas de la población kurda de Turquía, con decenas de muertos.
La mayoría de los analistas militares opinan que no es posible derrotar al EI sólo con bombardeos aéreos, dada la debilidad de las fuerzas de tierra que hasta hoy se le enfrentan, y consideran que es necesario que la coalición de naciones envíe tropas terrestres. Igualmente importante sería su permanencia para asegurar la paz una vez que el EI fuera derrotado. En este caso, una opción legítima sería la de un contingente de Naciones Unidas, que reconvirtiera su misión, tras el fin de las hostilidades, y se convirtiera en un contingente de paz que asegurara la reconstrucción de las zonas devastadas y la construcción del proyecto político democrático.
Las bases de una estrategia
He apuntado algunas de las bases, condiciones y vías de actuación sobre las que debiera asentarse una acción contra el Estado Islámico en Iraq y Siria y por el fin de la Guerra Civil Siria. Se pueden esquematizar en: mandato de la ONU, Conferencia Internacional, coalición político-militar, proyecto político para el futuro de Iraq y Siria – que comprenda: reconstrucción, democracia, cohesión social, laicismo y tolerancia religiosa-, y cooperación internacional para implementarlo. Además, establecer un enfoque bien distinto del dominante hasta el momento, en los EE UU y la UE, sobre el tratamiento del conflicto entre Israel y Palestina que tenga visos de ser aplicado en la práctica.
Algunos objetarán que son demasiados los propósitos y obstáculos para vencer, dados los intereses nacionales e ideológicos en juego, para poner en marcha un plan de esta naturaleza. Y que es casi imposible ir poco más allá de una coalición militar. Se les debe responder que el riesgo de un nuevo fracaso en la región geopolíticamente más explosiva del mundo es muy elevado, y sus consecuencias muy peligrosas, si se interviene sin proyecto político o modelo para construir la paz en la posguerra. No es realista pensar que la región vaya a democratizarse si no se actúa con visión estratégica, coherencia, fortaleza democrática y respeto a las poblaciones. Máxime cuando en la región vecina del Norte de África de los tres países que han tenido revoluciones o rebeliones por la libertad sólo uno permanece con ella: Túnez. Por ello, Túnez debería ser apoyado política y materialmente mucho más de lo que lo está siendo hasta el momento, para que su democracia se consolide y fortalezca. La consolidación de una democracia socialmente justa en Túnez también ayuda en Oriente Próximo. E influiría positivamente para que Egipto retorne del autoritarismo en el que ha vuelto a caer y para que Libia no pierda definitivamente la esperanza de salir del caos en que está sumida.
Luchar contra el paro,  la pobreza y la desigualdad
Un caldo de cultivo de la influencia del islamismo político y del yihadismo es la situación social derivada de la pobreza, la desigualdad y el paro masivo que afecta sobre todo a la población joven, muy mayoritaria en las sociedades árabes. Por eso, algo que habría que proponer en cualquier caso tiene, en el que nos ocupa, doble valor: la reconstrucción material y la construcción política democrática tienen que ir acompañadas de un programa ambicioso de lucha contra el paro, la pobreza y de desarrollo de la cohesión social. En Iraq y Siria, pero también en los demás países de la región y del norte de África.
Conclusión
Una izquierda que quiera transformar la realidad no puede quedarse en declaraciones de principios frente al enorme sufrimiento de millones de personas y el gravísimo riesgo de que un totalitarismo identitario religioso, que practica el terrorismo y el terror de masas, se afiance en un amplio territorio cercano a Europa. Tiene que decir cómo vencer al Estado Islámico, sin caer en los garrafales errores de otras intervenciones – errores que acompañaban a aviesas intenciones ocultas-, y cómo procurar, a las poblaciones que lo  sufren, un futuro de paz, prosperidad y libertad.

[1] Del ELS se escindieron, a finales de 2013, tres organizaciones islamistas que junto con otras cuatro formaron el Frente Islámico. Además, en el verano de 2012 se creó el Frente Al Nusra, que, en abril de 2013, se vinculó a Al Qaeda. Finalmente, en 2013 comenzó a actuar en Siria el Estado Islámico en Iraq y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés), que nació en Iraq como filial de Al Qaeda con quien rompe porque ésta se niega a permitir que amplíe su campo de acción a Siria y porque la considera inoperante. Cuando en junio de 2014 proclama el Califato en los territorios que ocupa en Siria e Iraq pasa a llamarse Estado Islámico (EI)
[2] Samir Aita recoge estimaciones sobre las pérdidas motivadas por la guerra civil y las sitúa en cuatro veces el PIB sirio de 2010 (“¿Qué Siria tras la guerra civil?” en “Siria: esperanzas defraudadas” Alejandra Ortega Ed. Cuadernos de Información Sindical. CCOO.)

sábado, 4 de octubre de 2014

La izquierda frente al Estado Islámico (I)

Publicado en

11 h. Sábado, 04 de octubre de 2014


Javier Doz |

Escuché a Pablo Iglesias en la SER, respondiendo a preguntas de Pepa Bueno sobre su opinión acerca de la coalición internacional contra el Estado Islámico y la posible participación en ella de España. El portavoz de Podemos rechazaba frontalmente ambas con dos tipos de argumentos: uno, histórico-político, en referencia implícita a Al Qaeda, recordando cómo la CIA había ayudado a los muyahidines islamistas que combatían a los rusos en Afganistán, a los que el gobierno de los EE UU llegó a calificar de "luchadores por la libertad"; otro, político-moral, de signo pacifista que le llevaba a afirmar que las guerras nunca solucionan nada y que había que dar al problema soluciones políticas. Similares opiniones he escuchado de algunos dirigentes de Izquierda Unida, aunque no conozco todavía ninguna declaración oficial al respecto.
Llevo tiempo reflexionando sobre el fenómeno del islamismo radical y su entronque con la dinámica histórico-política de los "orientes próximo y medio" y el norte de África y considero que toda posición política al respecto debe partir de una premisa obvia: la endiablada complejidad de una situación, plena de líneas de fuerza que contienen elementos contradictorios entre sí. Hablando de responsabilidad de la política de los EE UU en la atroz situación que vive hoy el pueblo de Iraq y en la propia creación del Estado Islámico (EI), cabe señalar una más directa y temporalmente cercana que la mencionada por Pablo Iglesias: la invasión de Iraq en 2003, como acción enmarcada en la llamada "guerra contra el terrorismo" de George W. Bush, que trajo como consecuencias la destrucción del Estado, la alteración profunda del equilibrio geopolítico regional y una guerra civil político-religiosa larvada que ha explotado, convertida en un nuevo episodio del ancestral conflicto político-religioso entre suníes y chiíes. Este episodio es uno más de los que atraviesan hoy Oriente próximo y medio, cuya inestabilidad geopolítica se agudiza al confluir otros conflictos nacionales y regionales con el enfrentamiento entre las dos grandes corrientes de la religión musulmana. 
La primera de las consideraciones de Pablo Iglesias es, por lo tanto, completamente cierta. Pero cabe formular esta pregunta. ¿Los errores y aún los crímenes cometidos en el pasado por los EE UU o cualquier otra potencia mediante intervenciones militares, o de otro tipo, descalifican cualquier actuación que lidere la todavía primera potencia militar del mundo? ¿Inclusive, si la intervención tiene como objetivos explícitos y ciertos la derrota del EI y la liberación de las poblaciones bajo su yugo, aunque pudiera tener otros objetivos ocultos?
Las excepciones a la regla de las soluciones diplomáticas frente a las militares
El segundo argumento, en cambio, sólo es a mi juicio parcialmente verdadero. Cierto es que las soluciones políticas y diplomáticas son las que deberían primar en la mayoría de los casos. También, que cualquier solución militar excepcional debe ir acompañada por un plan político. La región padece, además, las consecuencias políticas y sociales de la ilegítima guerra de 2003. Ésta fue, no lo olvidemos, una guerra desencadenada por motivos falsos (armas de destrucción masiva) que apenas ocultaban sus propósitos reales de dominio geopolítico y control del petróleo iraquí. Pero en el caso que nos ocupa, ¿Acaso es posible una solución política negociada con una organización como Estado Islámico que tilda de inoperante y blanda a la mismísima Al Qaeda? 
Comparto la absoluta preferencia por las soluciones políticas, pacíficas y diplomáticas, frente a las militares. Pero en la historia siempre hay excepciones a esta regla y suelen ser muy notables. Se producen cuando hay que enfrentarse a agresores que no se avienen a ningún otro tipo de razón que la de la fuerza militar  El ejemplo más claro es el del fracaso de la "política de apaciguamiento" practicada por los gobiernos democráticos de Francia y el Reino Unido frente a la Alemania nazi. Si se hubiera impedido que Hitler se saliera con la suya en la serie de actos de incumplimiento del Tratado de Versalles y de agresión que comenzaron con la ocupación de la zona desmilitarizada de Renania (1936) y culminó con la anexión de Checoslovaquia (1938-1939), posiblemente se hubiera evitado la hecatombe de la 2ª Guerra Mundial. El único modo de enfrentarse a Hitler era la fuerza militar, en muchas mejores condiciones cuando todavía Alemania no había culminado su rearme. Los historiadores han demostrado que las tropas alemanas que ocuparon Renania -en una operación que cimentó definitivamente la ascendencia del dictador entre la oficialidad de su ejército, hasta entonces recelosa, y ante su pueblo- tenían la orden de retirarse si el Ejército francés se ponía en movimiento. Era perfectamente comprensible la amplitud del sentimiento pacifista en las opiniones públicas de Francia y el Reino Unido, después de la terrible matanza de la 1ª Guerra mundial, pero hay que reconocer, también desde la izquierda, que Winston Churchill tenía toda la razón cuando espetó a Neville Chamberlain, a su vuelta de Munich: «Tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra». 
Hay ocasiones en las que actuar militarmente, y hacerlo a tiempo, puede llegar a evitar males mayores de naturaleza tanto militar como política y social. Y aunque el EI y su califato no tengan el nivel de peligrosidad potencial que tuvo Hitler en su día, no deja de ser una organización fuerte, muy bien financiada que ha conquistado una base territorial y que tiene un importante potencial de crecimiento internacional. El Estado Islámico no sólo es enemigo radical del imperialismo yanqui, el cristianismo o la civilización occidental; lo es también de cualquiera de los valores y prácticas que la izquierda sostiene, de la igualdad y de las libertades y derechos fundamentales, de cualquier idea de progreso. Su proyecto político es integrista radical y teocrático-totalitario.
¿Puede la izquierda no tener una alternativa práctica a semejante conflicto?
Comparto muchos puntos de vista con la izquierda que se sitúa a la izquierda de la socialdemocracia, en España y en el mundo, con la izquierda democrática que quiere cambiar el sistema para poner fin a tanta injusticia, desigualdad y corrupción. Por eso, me resulta incomprensible que, quienes defienden los valores de la democracia y el laicismo no den ninguna solución práctica a la situación de millones de personas que viven ya bajo la opresión brutal y sangrienta de una teocracia medieval que obliga a cristianos, yazidíes, musulmanes chiíes, personas de otras religiones y ateos o agnósticos a escoger entre convertirse al islamismo suní, en su versión salafita más rigorista, o morir; que convierte a las mujeres en esclavas sexuales; y que es capaz de teatralizar sus bárbaros asesinatos -como la "decapitación a navaja" de periodistas y cooperantes occidentales o los asesinatos en masa de iraquíes y sirios- para que sirvan de instrumentos de propaganda en las redes sociales y medios de comunicación 
El riesgo que supone que una organización terrorista como el EI, que acaba de ser apoyada por las organizaciones territoriales de Al Qaeda en el Magreb Islámico y en la Península Arábiga, se haga con el control territorial de una superficie como la mitad de España, o, si no se actúa, con el control de todo Iraq y Siria es muy profundo para toda la población de Europa, y, en menor medida, para la de los Estados Unidos. Especialmente elevado lo es para quienes vivimos en España. No deberíamos olvidar que casi toda la Península Ibérica está dentro del Califato en los mapas que dibuja el EI con el nombre de Al-Andalus. Por otro lado, el ejército iraquí no está en condiciones de ganar al EI, ni siquiera apoyado por los más fiables pesmergas kurdos que no dudan cuando está en juego su futuro como pueblo.
¿Cuál es el principal bien a proteger y cómo se puede hacerlo? 
El principal bien a proteger, el objetivo principal de cualquier intervención, incluida la militar, un objetivo de igual o superior nivel que la destrucción del Estado Islámico, es la vida y el derecho a llevar una vida digna y en libertad de las poblaciones de Iraq y Siria. Por eso no comparto la estrategia que ha puesto en pie el gobierno de Obama. Me parece insuficiente, muy limitada en lo político, de modo que hace de la alianza política sólo para actuar militarmente el único aspecto político relevante.  Y no basta a mi juicio. Hay que ser más ambiciosos, justos y coherentes  políticamente; no sólo para vencer sino para vencer bien y de forma duradera. No se puede olvidar la situación actual de Libia a punto de hacerse crónica como "Estado fallido", tras una intervención militar aérea, en 2011, de los EE UU, Francia y el Reino Unido (con otros 13 países en misiones secundarias). Intervención que desbordó el marco del mandato de la ONU, a favor de un conjunto heterogéneo y poco conocido de fuerzas (varias de ellas islamistas) sólo unidas por su empeño de derrocar a Gadafi.
Las bases de una posición de izquierdas que fundamente una intervención política y militar en Iraq y Siria, a mi juicio necesaria para salvar a sus poblaciones, garantizando sus derechos fundamentales, y para derrotar al Estado Islámico y acaba con su califato, las abordaré en la segunda entrega de este artículo

viernes, 8 de agosto de 2014

Elección de alcaldes: ¿Regeneración o aferrarse al poder?



Publicado en Nueva Tribuna.es

[http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/eleccion-alcaldes-regeneracion-aferrarse-poder/20140808194152105950.html]



¿Qué diríamos de un gobierno que, utilizando una mayoría absoluta circunstancial, cambia el sistema electoral, en contra de la opinión de la oposición y a sólo unos meses de la celebración de unas elecciones con el claro propósito de establecer otro que favorece su continuidad en el poder y perjudica las opciones de sus adversarios? Como poco, cualquier demócrata diría que es un acto autoritario que erosiona gravemente la democracia, al romper sin acuerdo las reglas de juego establecidas 

Pues bien, esto es lo que justamente está preparando hacer, en España, el Gobierno del Partido Popular con los cambios que quiere imponer en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985) para establecer que, en las próximas elecciones municipales, sea nombrado alcalde el cabeza de la lista más votada. Aunque no alcance la mayoría absoluta de los concejales según el sistema proporcional vigente (ya corregido por la Ley D'Hondt en favor de las opciones mayoritarias).

Cabían algunas dudas acerca de si el PP se atrevería a llevar adelante en solitario un desafuero político de semejante tamaño, pero las recientes declaraciones agosteñas de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, no dejan lugar a dudas. Cuando utilizando el tan habitual (en política) género de la mistificación del lenguaje afirma que el PP está "dispuesto a negociar hasta la extenuación" con el PSOE -y “el resto de la oposición”, con la boca pequeña- para que la reforma de la ley electoral cuente con el máximo consenso, no está queriendo decir otra cosa que lo que llaman "elección directa de los alcaldes" se va a imponer, sí o sí, con el rodillo de la mayoría absoluta de la que disponen en el Congreso y en el Senado.

El PP ha desenterrado una antigua propuesta tras el análisis de las elecciones europeas y de las tendencias electorales que marcan las encuestas que parecen confirmar el importante descenso de los apoyos electorales del PP, que unidos a los que sufre el PSOE marcan una corriente hacia el fin del bipartidismo, y el fraccionamiento del voto de la izquierda en torno a tres opciones: PSOE, IU y Podemos. Pero la espectacular irrupción de Podemos, que en la encuesta del CIS de julio dobla los resultados que obtuvo en las elecciones europeas, hace que la izquierda en su conjunto ascienda claramente en intención de voto,  aún sin contar los avances de ERC en Cataluña y Bildu en Euskadi. 

Es decir, que de confirmarse estas tendencias y con el actual sistema electoral, la izquierda podría recuperar la mayoría de los municipios si llega a acuerdos de gobierno, cuestión nada fácil, dicho sea al margen. Y sin embargo, ¡oh casualidad!, con las mismas tendencias pero con la reforma de la ley electoral que quiere imponer el PP, sería este partido el que conservaría el poder en la mayoría de los municipios importantes, aunque sufriera un descenso fuerte de votos y se quedara en minoría en todos ellos. No se puede olvidar que la estrategia del PP para conservar todo el electorado que va del centro derecha a la extrema derecha, que tan buenos réditos electorales le ha proporcionado hasta el momento, tiene su talón de Aquiles en la extrema dificultad para formar alianzas de gobierno con otros partidos cuando no alcanza la mayoría absoluta. Pero, al menos para el ámbito municipal, el PP ha encontrado la fórmula ideal para resolver los dos problemas (descenso de votos e imposibilidad de alianzas) de una vez: que gobiernen los ayuntamientos las listas más votadas aunque no tengan la mayoría absoluta.

Pero claro, una propuesta con intenciones tan partidistas y sectarias hay que revestirla como sea con motivaciones más nobles. Y aquí entra un agravante, el de la forma de justificación pública de su propuesta, que entra de lleno en el terreno de la desfachatez política. El argumento principal a favor, que repiten cual letanía  de argumentario bien aprendido todos los portavoces populares, lo fijó Rajoy en el pleno del Congreso de finales de junio cuando formuló por primera vez la propuesta. Se trataría, según Rajoy, de una medida para contribuir a la regeneración de la política: “…para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones como están reclamando los ciudadanos” [fin de la cita]. Es decir, el partido que no ha sido capaz de dar una sola explicación coherente, no digamos ya de asumir responsabilidades políticas, de los gravísimos casos de corrupción política que le afectan -Gurtel (con sus tres últimos tesoreros nacionales procesados por el juez Ruz) y Bárcenas, en su dirección nacional con Rajoy y Cospedal directamente tocados, más un impresionante historial de corrupción autonómica y municipal, en muchos casos sin depurar, en varias comunidades- pretende hacer pasar como "regeneradora de la vida política" una reforma que ante todo busca el mantenimiento del poder en una mayoría de alcaldías que previsiblemente perdería con la actual ley electoral.

Otro agravante de fondo son sus visos de inconstitucionalidad. La Constitución Española establece la proporcionalidad como principio básico de nuestro sistema electoral, y lo desarrolla en una ley orgánica común para los ámbitos municipal, autonómico y estatal. Cualquier reforma que colocara automáticamente al cabeza de la lista más votada como alcalde tendría que llevar aparejada el que se le diera también automáticamente a su partido  una mayoría absoluta de los concejales, so pena de hacer ingobernable el municipio si se dejara al alcalde en minoría permanente en su pleno municipal. De esta manera se establecería un sistema mayoritario no sólo para el nombramiento del alcalde sino para la determinación de la composición del pleno del ayuntamiento.

Al PP no parece importarle que, como efecto secundario, su nueva fórmula para la elección de los alcaldes diera una mayoría del poder municipal en Cataluña a ERC y en Euskadi a Bildu, como también parecen reflejar las encuestas. Y esto cuando el movimiento secesionista que lidera ERC marcha a velocidad de crucero y cuando empieza a haber síntomas de que en Euskadi  volverá a marchar aunque sea a un ritmo más pausado pero con el espectro de ETA todavía en el mapa. Conviene recordar que, a pesar de la pretensión del PP de figurar con la exclusiva del patriotismo en temas como el terrorismo o la unidad de España, su comportamiento en diversos momentos ha puesto de manifiesto que utiliza estos "temas sagrados" en la lucha política partidista, incluso subordinando los intereses de Estado a la conquista del poder o a su mantenimiento en él. Tal ha sido el caso de la utilización del terrorismo como arma política: el de ETA, tanto por parte de Aznar como de Rajoy cuando estaban en la oposición, o el islamista, fomentando más allá de cualquier límite ético o racional la "teoría de la conspiración" sobre la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004. Además, cuando se habla del modelo de Estado y de la unidad de España, hay que recordar un hecho muy poco aireado: fue el primer gobierno de Aznar, necesitado de los votos del PNV, quien llegó a un acuerdo con los nacionalistas vascos para hacer permanentes las reglas de determinación del "cupo" (lo que devuelve el Gobierno de Euskadi al Estado español de la totalidad de impuestos que recauda) del Concierto vasco. El problema fue, y es, que esas reglas, más que el propio régimen de conciertos, son las que han hecho del régimen fiscal vasco un régimen de privilegio, con influencia nada desdeñable en la "cuestión catalana" y en el resquebrajamiento del modelo autonómico de la Constitución española. Con estos antecedentes, no hay por qué asombrarse de que una toma generalizada del poder municipal, en Cataluña y Euskadi, por parte de las opciones independentistas más radicales, con las nuevas reglas electorales que el Gobierno pretende imponer, sea para el PP una cuestión secundaria con respecto a su objetivo principal: conservar para sí mismo y a toda costa la máxima cuota de poder.  

Lo que pretende hacer le PP es autoritario y antidemocrático. Es inaceptable en democracia que se cambien las reglas de juego -las esenciales son la Constitución y la ley electoral- a golpe de mayoría absoluta, poco antes de celebrarse unas elecciones para imponer un sistema que le beneficia claramente. En Europa lo ha hecho recientemente un político nacionalista de extrema derecha, Victor Orban en Hungría, con consecuencias sumamente peligrosas para su país y para la UE.  Aunque para dar la mayoría absoluta y la alcaldía a la lista más votada se establezca la cautela de que sólo se aplique esta regla si dicha lista alcanza el 40% de los votos (al menos esto figuraba en la propuesta que hizo el PP hace cuatro años), esto no salva las críticas de fondo que se pueden hacer al contenido de esta reforma de la ley electoral y no afecta para nada a las muy duras que merece el modo de realizarla. Y tratándose de una ley electoral las formas son esenciales.

El PP simula no enterarse de cuáles son los motivos concretos por los que la gran mayoría de la ciudadanía española muestra un tan profundo como preocupante desapego por sus instituciones democráticas. No es una desafección con respecto a la democracia sino con el mal funcionamiento de las instituciones democráticas por la mala conducta de sus principales agentes, los partidos políticos, en particular aquellos que tienen o han tenido las principales responsabilidades de gobierno. En la lista de motivos concretos figura muy destacadamente la corrupción pero en ella también destaca el hartazgo con las mayorías absolutas y el bipartidismo a los que con razón achacan los ciudadanos parte de los males principales. Por eso, una reforma que pretende dar mayorías absolutas a quienes no la alcanzan con los votos va en contra de lo que la mayoría de los españoles entiende por regeneración democrática. Y por ello, la argumentación principal del PP suena tan falaz. Tampoco debiera olvidar el partido que nos gobierna que otra de las cosas que más detestan los ciudadanos del discurso político es la utilización de la mentira. Las han captado tantas veces que en ocasiones no se creen ni las verdades

Pienso que el tema tiene la suficiente importancia  como para que pueda levantarse una fuerte contestación política y social que haga pensar al PP en que no es conveniente, incluso en términos del propio interés electoral, realizar una fechoría política de tal calibre cambiando las reglas de juego electorales en beneficio propio a las puertas de unas elecciones


miércoles, 18 de junio de 2014

Reflexiones para un 19 de junio

Este artículo ha sido publicado en Nueva Tribuna.es

 http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/reflexiones-19-junio/20140618122023104435.html  


  19 de junio. Nuevo Rey de España: Felipe VI. No me emociona. Soy republicano. Espero poder votar algún día acerca de si prefiero que nuestro sistema democrático parlamentario tenga como jefe de Estado un presidente o un monarca. Deberíamos poder hacerlo al tiempo que votemos la ineludible reforma constitucional (pero en pregunta separada). La Constitución de 1978 ha rendido un buen servicio a los españoles pero se ha quedado vieja y algunos de los apaños del consenso constitucional han roto sus costuras. Los que no quieren ningún cambio -empezando por el PP- son sus peores defensores. Las buenas constituciones son las que más perduran porque facilitan su propia reforma. 

   Pero a los inmovilistas constitucionales no les importó nada -impagables paradojas de la política- modificar la Constitución con "nocturnidad y alevosía", en quince días de agosto de 2011, para inscribir en su artículo 135 uno de los principios de la economía política alemana más conservadora. La reforma no conllevaba ningún nuevo consenso constitucional más allá de la, en este caso, engañosa aritmética parlamentaria. No podría haberlo producido jamás en un país soberano lo que no era sino una imposición de la equivocada política de la Sra. Merkel y de su servidor, el presidente del BCE, Jean Claude Trichet. Lo hicieron tan mal, con las prisas y con nuestra histórica tendencia patria a ser más papistas que el Papa, que pusieron algo que no está ni en la Constitución alemana: la primacía absoluta, en las obligaciones del Estado, del pago de la carga de la deuda. ¡Increíble constitucionalización de la máxima posición de debilidad ante cualquier negociación con nuestros acreedores! Desde agosto de 2011, la Constitución, que yo voté en 1978, es mucho menos mía de lo que fue.

   Suprimir el artículo 135 es sólo uno de los aspectos de la necesaria reforma constitucional. Sentar las bases de un nuevo modelo territorial del Estado que pudiera incluir el necesario pacto con Cataluña y Euskadi sería otro de los empeños inaplazables. También el establecimiento o actualización de aquellos principios que vivifiquen, regeneren, den transparencia y faciliten la participación ciudadana en nuestro sistema político democrático y ayuden a erradicar del mismo su principal enemigo: la corrupción. Finalmente, la reforma de la Constitución debería abordar aquello que más preocupa a la inmensa mayoría de los españoles: cómo ayudar, de un modo más efectivo que el que propicia su actual redacción, a combatir las principales lacras de nuestra sociedad: el desempleo masivo, la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad.

   El primer pensamiento que me vino a la cabeza al pensar en el 19 de junio no tenía relación ni con los fastos del relevo monárquico ni con la urgencia de luchar por un referendum sobre monarquía o república. He pensado en cómo les podría afectar la entronización de Felipe VI a los muchos millones de españoles que lo están pasando mal o muy mal. A los cerca de seis millones de parados, a los cinco millones de trabajadores precarios, a los trece millones de pobres, etc. En especial he pensado en los miles de niños y niñas malnutridos que tenemos en España, a pesar de que nuestro PIB per capita es todavía de 22.300 euros. Esta situación sólo se explica por los insoportables niveles de desigualdad en que vivimos, esa desigualdad que tanto incomoda al Sr. Rajoy y a los demás dirigentes del PP cuando se les pregunta por ella.

   Mi conclusión fue clara: a los que peor lo pasan en España el relevo en la corona no les va a afectar en nada. Por una parte, es lógico, ya que la política es responsabilidad de los gobiernos y no del Rey. Pero por otra, no puede ser así sin más. Cuando un acontecimiento político del alcance que tiene el relevo del 19J lleva a todo el mundo a hacer balances de lo hecho y de lo que hay que hacer, es imprescindible que todos, empezando por los responsables políticos, digan qué van a hacer de verdad para acabar con el desempleo masivo, la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad extrema. Hoy sería exigible, por más que se presente muy difícil -casi una utopía- un gran pacto político y social para crear empleo de calidad, erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Y para regenerar la democracia, empezando por luchar de verdad y de forma coherente contra la corrupción.

   Para esto no hay que esperar a la necesaria reforma constitucional. Si las élites políticas o económicas no son capaces de ver la profundidad de la crisis económica, social, política y moral que vive España y los graves riesgos que entraña es que están ciegas.

   A Felipe VI no le pediría mucho. Sólo que sea capaz de entender cuales son las principales preocupaciones de los españoles, que no son otras (no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas) que las que he mencionado arriba, y que lo exprese mediante las palabras y gestos adecuados a su papel. Durante estos años de tanto sufrimiento para tantos españoles, del Príncipe de Asturias y del Rey Juan Carlos hemos escuchado palabras genéricas de preocupación por los parados o por los que más sufren las consecuencias de la crisis. Pero ningún gesto fuerte como reunirse y escuchar a los parados, a los desahuciados, a los más pobres, o visitar algún barrio deprimido. Todo lo más, han tenido algunos encuentros con los líderes sindicales o con ONG caritativas o cooperantes. Y han sido sin embargo muchísimas las reuniones de todo tipo con las élites económicas, políticas y culturales. Algún gesto fuerte debería hacer el 19 de junio o en los siguientes días. Algún gesto que ayudara a los políticos a cumplir con su deber.

Crónica sociolaboral de mayo de 2014

Este artículo ha sido publicado en el Nº 62 (junio de 2014) de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo:   http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista62.pdf

Javier Doz

Ha sido un mes de mayo pletórico de acontecimientos políticos que culminaron en la abdicación del Rey Juan Carlos el 2 de junio. Las elecciones europeas del 25 de mayo supusieron un severo correctivo para el PP y el PSOE y un importante avance de la izquierda, a la izquierda de los socialistas. Como consecuencia de los resultados dimitió el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las manifestaciones del 1º de mayo reunieron a decenas de miles de personas exigiendo el fin de las políticas de austeridad y planes de inversiones –europeo y español- para crear empleo de calidad. La manifestación central, de CC OO y UGT, se celebró en Bilbao.

El 8 de mayo se clausuró el Congreso de una nueva “gran federación” de CC OO, la de Construcción Madera y Servicios que fusiona las dos federaciones preexistentes con tales nombres. Fue elegido secretario general Vicente Sánchez. Ese mismo día la Comisión Europa, que se despedía en dos semanas, como un autómata rindió un nuevo tributo a las políticas equivocadas: en sus Recomendaciones específicas por país para España. Según Bruselas, necesitamos dos años más de austeridad y ajustes.

El 14 de mayo se produjo en una mina de la ciudad turca de Soma una explosión de grisú que causó cerca de 300 muertos. La respuesta desalmada y autoritaria del Gobierno de Erdogan produjo fuertes manifestaciones de protesta. También las hubo de solidaridad en España, en nuestras cuencas mineras. El día 17, CC OO y UGT firmaron con la dirección de Hunosa un acuerdo por el que se mantiene la empresa y la plantilla, al menos hasta 2020.

CC OO ha continuado informando de su propuesta de reforma fiscal, para dar suficiencia y progresividad al sistema, al tiempo que denunció que 18 empresas del Ibex35 acumulan créditos fiscales por valor de 62.737 M€.  El día 14, I.F. Toxo, en el Foro de Nueva Economía criticó las nuevas/viejas propuestas de la Comisión y llamó la atención sobre la necesidad de actuar sin demora para evitar el riesgo de deflación, muy real con los datos del IPC de abril (0,4%). La letra pequeña de la EPA TR1, que ya comentamos en la crónica de abril, tarda algún tiempo en ser descifrada. A mitad de mes también supimos que sólo perciben algún tipo de ayuda 1,9 millones de nuestros parados y que casi cuatro ya no perciben ningún tipo de prestación. Mientras, el Gobierno, en plena campaña de las europeas, no dejó de cantar que habíamos entrado con firmeza en la senda de la recuperación.

Nuevos casos de persecución judicial del derecho de huelga han saltado a los medios de comunicación. La secretaria general de CC OO de las Islas Baleares, Katiana Vicens, se enfrenta a una petición de 4 años y medio de cárcel, por parte de la fiscalía, por participar en un piquete informativo de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Y esto porque en un incidente en el que ella no participó, según varios testigos, se rompió un cristal de un autobús [¡sic!]. En Madrid, la fiscalía pide 7 años y medio de cárcel a dos sindicalistas de UGT por unos incidentes acaecidos en la misma huelga. También por participar en un piquete el 29 de marzo dos sindicalistas han sido condenados por un juez, en Granada, a tres años de cárcel, Toxo y Mendez, en rueda de prensa denunciaron el peor y sistemático ataque al derecho de huelga en democracia. Responsabilizaron a la Fiscalía y al gobierno por estas actuaciones que suman ya 49 procedimientos y 147 sindicalistas afectados y anunciaron una campaña de movilización por la persecución del derecho de huelga y la denuncia al Gobierno de España ante la OIT. El día 28, Toxo participó en una concentración en Palma en apoyo de Katiana Vicens.


Del 18 al 23 de mayo se celebró en Berlín el tercer Congreso de la Confederación Sindical Internacional. La CSI agrupa a cerca de 300 centrales sindicales que afilian a unos 180 millones de trabajadores. La CSI fue especialmente crítica con las políticas de la UE que, apartándose de  las directrices del G20, condujeron a Europa a una segunda recesión en 2011-2012. Para la CSI la crisis no ha terminado y mucho menos aún los estragos que ha causado en el trabajo y en la sociedad. Universalizar los derechos sindicales, laborales y sociales y promover la creación de empleo y el trabajo decente son los objetivos prioritarios de la CSI para los próximos 4 años. El Congreso reeligió a la australiana Sharan Burrow como secretaria general y a Joao Felicio, de la CUT de Brasil, como presidente.