Seguir por correo electrónico

jueves, 15 de octubre de 2015

Colocar la lucha contra la desigualdad en el centro del debate político

Publicado en:      Revista de Estudios y Cultura 73


Javier Doz 
Presidente de la Fundación 1º de Mayo     

Lo que expresa el título de este comentario editorial es el objetivo principal del II Congreso Trabajo Economía y Sociedad, tema principal de este nº73 de la Revista de Estudios y Cultura. Dicho en positivo, el objetivo sería promover que la búsqueda de la igualdad sea el valor o principio activo que informe todas las políticas. En España, en Europa y en el mundo. Partimos de que hay que promover la igualdad y erradicar las desigualdades y discriminaciones en todo el campo de los derechos políticos, sociales y ciudadanos, tanto en los derechos de ciudadanía clásicos como en los más modernos, como son la igualdad de género o la de orientación sexual. El sindicalismo confederal lleva ya bastantes años incluyendo estos nuevos enfoques en su acción reivindicativa.

El aumento insostenible de la desigualdad en la distribución de la riqueza
Pero en este congreso se hablará sobre todo de una desigualdad esencial, aquella que se refiere a la distribución de la riqueza. Aunque no olvidaremos la importante componente de género bajo la cual también se expresa esta desigualdad en nuestras sociedades. Es una cuestión que se ha pretendido colocar en un lugar secundario del debate ideológico y político desde la “revolución” conservadora de los años ochenta, que coincidió con el inicio del segundo gran proceso de globalización del capitalismo, y se fortaleció con el auge del neoliberalismo en los 90 y el crecimiento de las grandes burbujas especulativas financieras e inmobiliarias que llevaron a la Gran Recesión. 

Los mantras justificadores de las decisiones que en el campo de la economía política han llevado a un tan fuerte aumento de la desigualdad han sido principalmente dos: la necesidad de ganar competitividad en una economía globalizada y la necesidad de reducir el Estado para incentivar la iniciativa privada, incluida la inversión. Una variante de este último mantra son las políticas de austeridad que, en situaciones de crisis, hacen descargar la reducción de los niveles de déficit y deuda públicos en el recorte del gasto público, principalmente del gasto social.

En el modelo económico neoliberal la ganancia de competitividad se sustenta en la reducción de los costes salariales y sociales para lo que se impulsa, en las sociedades desarrolladas con organizaciones sindicales y negociación colectiva relativamente fuertes, un debilitamiento de ambas y la anulación práctica del diálogo social. Las políticas de austeridad y devaluación interna puestas en práctica por las instituciones de la UE a partir de mayo de 2010, pero concebidas desde bastantes años antes por  altos funcionarios de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y del BCE, son un ejemplo destacadísimo de políticas fomentadoras de la desigualdad, amén de políticas de probada ineficacia económica. Han sido impuestas a los gobiernos de la zona euro, especialmente a aquellos necesitados del rescate de sus finanzas públicas o de sus sistemas financieros, que han perdido por completo la soberanía en materia de política monetaria sin que la UE haya construido aún los instrumentos necesarios para gobernar cualquier zona monetaria común, ni sus responsables políticos parezcan tener prisa en hacerlo.

Al tiempo que imponían o/y promovían la devaluación salarial -con la aquiescencia activa o la incapacidad de formular alternativas distintas por parte de los gobiernos nacionales de centro derecha o centro izquierda- las autoridades de la nueva gobernanza económica europea (Troika, Eurogrupo, etc.) no adoptaron ninguna medida que pudiera afectar a la capacidad de acumulación de renta por parte de las élites económicas. Los resultados no se han hecho esperar. Por poner un solo ejemplo: mientras que los trabajadores españoles han visto disminuida su renta desde 2010, en cualquiera de sus parámetros de medición, los consejeros de las empresas del IBEX han aumentado sus ingresos, entre 2010 y 2014, nada menos que en un 22%.

Derrota fiscal, debilitamiento del Estado
El otro gran instrumento para el fomento de la desigualdad dentro del modelo neoliberal hegemónico son las políticas fiscal y presupuestaria. En Europa y en el mundo se ha venido consintiendo –cuando no fomentando- el dumping fiscal, los paraísos fiscales, el fraude y la elusión fiscales, y promoviendo reformas fiscales de signo regresivo (que han afectado negativamente a la suficiencia de los ingresos y a la progresividad de la tributación), al tiempo que se han desarrollado sistemáticas políticas tendentes a privatizar, total o parcialmente, los servicios públicos y a reducir en general la fortaleza del Estado. La imprescindible armonización fiscal de la UE, que en el caso de la zona euro debería llevar al establecimiento de una política fiscal común, continúa siendo una utopía mientras no cambien las élites políticas europeas. La armonización fiscal ni siquiera se formula como objetivo en el documento de los cinco presidentes.

Algunos argumentarán que se están tomando algunas medidas para combatir el fraude fiscal en el ámbito de la UE, de la OCDE (recomendaciones del GAFI) y del G20. La presión de la opinión pública obliga a declaraciones y a ciertas medidas, algunas de compleja y prolongada implementación. Pero bastarían dos hechos incontrovertibles para poner en duda la seriedad de los planteamientos de lucha contra el fraude fiscal de las élites económicas y políticas. El primero es que Europa sigue albergando sin problema paraísos fiscales que acumulan más de la mitad de los capitales opacos totales, en su mayor parte procedentes del fraude fiscal y de las organizaciones de la economía criminal. Con un mínimo de voluntad política compartida, simplemente dejarían de existir. El segundo, de un enorme simbolismo, es que Jean Claude Juncker ha sido elegido presidente de la Comisión Europea después de conocerse que Luxemburgo había establecido convenios con cientos de empresas multinacionales para permitir que estas incumplieran sus obligaciones fiscales en los países en donde desarrollaban su actividad, mientras desempeñaba los cargos de primer ministro y ministro de finanzas del pequeño país centroeuropeo.

Cuando de un modo consciente y planificado se debilitan los instrumentos que tienen los trabajadores para participar en la redistribución de la riqueza en el nivel primario (negociación colectiva, poder sindical, legislación laboral) y se actúa en el nivel secundario (sistema impositivo, políticas presupuestarias, prestaciones sociales, servicios públicos y otros instrumentos de salario diferido) para promover una redistribución de la riqueza favorable para la minoría de la sociedad de mayor nivel de renta, especialmente del 1% más rico, los resultados no pueden ser sino un gran aumento de la desigualdad.

Poner fin a una situación insostenible
En España la crisis y su gestión han llevado la desigualdad hasta extremos insoportables. Ha crecido a una velocidad desconocida en la historia estadística: hemos pasado de ocupar un lugar medio en el ranking de la desigualdad europea, en 2009, a ser hoy el 2º país más desigual de Europa, medido tanto por el coeficiente de Gini como por los cocientes de la renta media entre los tramos de la población de mayor y menor renta.

En Europa, los resultados de haber aplicado en la gestión de la crisis las políticas neoliberales, trufadas con el ordoliberalismo alemán, no sólo han hecho aumentar la desigualdad social en muchos países deteriorando su cohesión social interna, sino que han promovido el camino inverso al generalmente constatado en la integración europea hasta este momento, el camino de la divergencia entre los Estados. Al deterioro de la cohesión entre los Estados, embarcados en un proyecto común tan complejo como la UE, se une la desconfianza hacia las instituciones que la rigen. El contrato social de la posguerra, uno de los pilares de la prosperidad y la cohesión de las sociedades europeas, ha sido roto en una de sus bases esenciales, la igualdad.

Thomas Piketty, en su monumental obra El Capital en el Siglo XXI, muestra como el capitalismo en su actual  fase histórica está produciendo en los países desarrollados unos niveles de desigualdad similares a los que se generaron en la primera gran oleada de globalización, la vivida en la antesala de la primera guerra mundial. Piketty, al igual que economistas norteamericanos de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o James K. Galbraith, o, incluso, de economistas del FMI como Kumfof y Rancière, entre otros, han demostrado que el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, fenómeno que se viene produciendo desde la década de los ochenta del pasado siglo, ha sido uno de los factores principales que han generado una crisis de la dimensión de la actual. Las élites económicas se han venido apropiando de cantidades cada vez mayores de renta, que no pueden consumir sino que han dedicado a la especulación en los mercados financieros e inmobiliario, apalancándose también para no poner en riesgo la parte mayor de su riqueza. Mientras, los trabajadores y las clases medias, empobrecidos en términos relativos y en ocasiones absolutos,   como en los EE UU, se endeudaron para mantener su nivel de consumo. Por este perverso mecanismo la desigualdad promovida por las élites económicas y políticas se convirtió es un factor muy poderoso en la génesis de la crisis. Una vez que la crisis estalla, esas mismas élites, en Europa, promueven una nueva vuelta de tuerca en el crecimiento de la desigualdad a través de las políticas de austeridad, reformas/recortes estructurales y devaluación interna.

Esta es una situación insostenible, en España y en Europa, a la que hay que poner fin. Mediante un cambio profundo de las políticas y del modelo económico que coloquen el objetivo de la igualdad en la distribución de la riqueza como un objetivo esencial de las políticas económicas y sociales, al mismo nivel que el del crecimiento de la economía y el empleo. Para ello hay que actuar en todos los ámbitos, primarios y secundarios, de la distribución de la riqueza a los que nos hemos referido en este artículo. Requerirá también un cambio en las personas y los partidos que nos gobiernan, y, desde luego, una nueva relación entre el poder político y el económico que rompa la subordinación del primero hacia el segundo.

De todo esto vamos a hablar en el 2º Congreso Trabajo, Economía y Sociedad que James K. Galbraith inaugurará en la tarde del 21 de octubre.


No hay comentarios:

Publicar un comentario