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lunes, 10 de abril de 2017

La izquierda no debería apostar por la destrucción de la Unión Europea. Contestando a Francisco Louça


Este artículo ha sido publicado en Espacio Público del diario digital Publico, como segunda aportación personal al debate "Se abren o cierran oportunidades para el cambio en Europa" 

Se accede al artículo en Público a través del enlace: https://goo.gl/W2Rer8


El segundo artículo de Francisco Louça, después del inicial que promovió este debate, lleva por título “Actuar en Europa con los pies en el suelo”. En él, su autor realiza una breves glosas de la mayoría de los artículos que lo precedieron para llegar a una inicial conclusión de que todas las personas que hemos participado en el debate compartimos que “la izquierda debe desarrollarse fuera de esas instituciones o de esa política”, en referencia a las instituciones de la UE y a la política que éstas han aplicado en los últimos tiempos (o desde su creación).

Comparto la crítica de las políticas, pero no pienso que la izquierda deba abandonar las instituciones europeas, porque, aunque cimente sus prácticas en la movilización social, cualquier transformación política y social, incluida la de las propias instituciones, requiere, en sociedades democráticas y desde perspectivas políticas democráticas, participar en las instituciones tras recibir el voto de los ciudadanos.

Pero tengo otras discrepancias, tal vez más importantes, con Louça, que dedica el comentario más amplio, y el único frontalmente crítico, de su glosario a pretender descalificar mi desacuerdo con la tesis principal de su artículo afirmando que “esa forma de discutir es, simplemente, una prueba de sectarismo, que se define por no querer debatir”, recurso bien fácil  para no molestarse en argumentar contra mis afirmaciones. Pues bien, como mi pretensión era y es debatir con argumentos, voy a procurar desarrollar más algunos de ellos.

La salida del euro y de la UE no es la solución frente a la crisis y su mala gestión
Me parece claro -si no que me desmienta el profesor Louça- que, a pesar de utilizar en sus artículos una calculada ambigüedad, está proponiendo la extinción de la Unión Europea o, al menos, el abandono de la misma por el grupo de países fuertemente endeudados, y no sólo su salida del euro, o sólo el fin de la eurozona. En todo caso, salirse del euro del modo en que lo pinta en una más que sucinta explicación, equivale necesariamente a salirse de la UE.

Dice Francisco Louça en la conclusión principal de su primer artículo, dicha junto con otras cinco menos relevantes: “La sexta conclusión es que para reestructurar las deudas es preciso abandonar el euro e imponer y reconvertir la deuda en la nueva moneda nacional, devaluada para promover la sustitución de importaciones y mejorar los saldos comerciales y, sobre todo, permitiendo así la emisión monetaria y, por tanto, dejar de depender de la financiación a través de los mercados financieros, recuperando un banco central nacional.” Y no se dice más, en los dos artículos, sobre el camino para salirse del euro y de la UE y sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de dicha opción. Y sobre el hecho de que la opción sea compartida por toda la pujante extrema derecha nacionalista europea, no manifiesta aparentemente ninguna preocupación dado que no le merece ni la más mínima alusión en sus dos artículos.

Sorprende que un profesor de economía del nivel de Francisco Louça reduzca la transición económica posterior a la desaparición de la zona euro –o al abandono del mismo por un grupo de países- como un aparentemente fácil camino, hecho a base de devaluación competitiva de las nuevas monedas, reconversión a ellas de las deudas en euros, financiación por los nuevos bancos centrales nacionales mediante la impresión de moneda y política de sustitución de importaciones. Sorprende también que no dedique ni una sola línea al artículo de Gabriel Flores –“Salir del euro no es un punto de encuentro ni puede ser un punto de partida”-, a mi juicio uno de los mejores de este serial de Espacio Público.  Me remito a lo que dice Flores sobre las consecuencias de la salida del euro sobre la deuda externa nominada en euros y el volumen del servicio de la deuda, el régimen cambiario flexible y el impacto de las devaluaciones en las balanzas comerciales para rebatir la supuesta bondad de las recetas de Louça.

Es más,  en mi opinión, si varios países se salen del euro para dedicarse a competir entre ellos y con lo que quedara de la zona euro en base a la devaluación de sus monedas nacionales recuperadas y a políticas de sustitución de importaciones, lo que significaría es que deberían salirse de la UE, por ser incompatibles estas prácticas con las normas del Mercado Único, y, además, producirían una guerra comercial europea, antesala de una nueva recesión. Y eso sin añadir las consecuencias de las limitaciones que las naciones centrales europeas, que tal vez quisieran mantener el euro, establecerían para el comercio con los Estados salidos de la zona euro, si estos hubieran huido supuestamente por las bravas. ¿O, tal vez, Francisco Louça está pensando en buenos acuerdos de libre comercio con lo que quedara de la zona euro  y de la UE, tras negociaciones a varias bandas después de invocar el artículo 50, como en el caso del Brexit? ¿Piensa el profesor Louça que se podrían conseguir dichos buenos acuerdos al tiempo que se promueve una política de devaluaciones competitivas de las nuevas monedas nacionales, en las que ya se denominarían –así de fácil- los títulos de la vieja deuda en euros?  ¿O es que, tal vez, no importase alcanzar dichos acuerdos porque mediante la política de sustitución de importaciones se favorecería hasta tal punto a las industrias nacionales de los Estados de Sur de Europa, que estos podrían superar el problema de ni siquiera tener acuerdos de libre comercio con los países que hoy acogen entre un 70% y un 80%, nada menos, de sus exportaciones? ¿O no sería necesario negociar tales acuerdos porque la implosión de la UE se daría al completo? ¿Cuales serían las consecuencias de esto último para todos?

En este último supuesto, con todos los Estados europeos implicados en este tipo de políticas y en un marco internacional dominado por el nuevo nacionalismo económico y proteccionismo comercial de Donald Trump, la probabilidad de una nueva recesión mundial inducida desde la política sería elevadísima.

La propuesta contenida en la “sexta conclusión”, que no es aventurado calificar como de “nacionalismo económico de izquierdas”, me parece pues equivocada y peligrosa en términos estrictamente económicos. A pesar de la endeblez de su justificación, que contrasta con la solidez argumental con la que aborda la crítica de las políticas de austeridad y devaluación interna y otros aspectos analíticos de la situación económica europea, el profesor Louça no la repara en su segundo artículo, en el que no añade nada más a las diez escasas líneas que dedicaba a su desarrollo en el primer artículo.

Esto no le impide despachar sumariamente las críticas que realicé a su propuesta diciendo: “…Javier Doz, va más allá al garantizar que "propiciar la destrucción de la UE, por mucho que nos disguste en su rostro actual, sería el suicidio de la izquierda y, tal vez, de la humanidad”. No es fácil discutir con alguien que considera "el suicidio de la izquierda y, tal vez, de la humanidad" como la consecuencia apocalíptica de cuestionar la UE, a pesar de su “rostro actual””. Y como no es fácil, ni lo intenta.

Los riesgos políticos de la destrucción de la UE. Nacionalismos e internacionalismo.
Hablar de “suicidio de la humanidad” es, por supuesto, un subrayado hiperbólico. Ni siquiera pereció tras las dos hecatombes mundiales del Siglo XX. Lo único que podría “suicidar a la humanidad”, en un sentido estricto, sería una tercera guerra mundial con un uso masivo de armas nucleares. Y, desde luego, no pienso que esta hipótesis sea hoy un riesgo probable, aunque su probabilidad sea un poco mayor con Trump  en la Presidencia de los EE UU. Pero si imagino un escenario “post-desintegración de la UE”, con Estados nación gobernados por partidos nacionalistas enfrentados por guerras comerciales y rivalidades basadas en la pugna de las identidades nacionales renacidas, en un contexto internacional con grandes dosis de nacionalismo económico y autoritarismo político, todas las alarmas se encienden en mi cerebro. No deberíamos olvidar las consecuencias que tuvo la destrucción de una entidad supranacional europea, Yugoeslavia, a principios de los 90. Cuando a finales de los 80 comenzaron a crecer y actuar las corrientes nacionalistas en las principales repúblicas que integraban la Federación yugoeslava, nadie, ni los más apasionados y sectarios nacionalistas serbios o croatas, imaginaban que la cosa pudiera terminar en un rosario de guerras que costaron 200.000 muertos y el primer genocidio en suelo europeo después de la 2ª Guerra Mundial, en Srebrenica y otros lugares. Era impensable, pero ocurrió.

No se trata de hacer concursos de internacionalismo con nadie como irónicamente me achaca Francisco Louça en su respuesta. Simplemente, no me parece, en este momento histórico, el mejor modo de desarrollar los valores y los objetivos del internacionalismo solidario -para mí consustanciales con los de la izquierda política- el hacerlo desde una vuelta al Estado nación, a partir de la desintegración de la UE, y defendiendo un programa económico basado en el proteccionismo comercial. Y no porque sea imposible impulsar la solidaridad internacional a partir de las convicciones, sin duda internacionalistas, de Louça y de los que piensan como él, sino porque en el escenario político que preconizan –Estados nación fuertes sin la UE- el poder político estaría en manos de la derecha, los nacionalistas y la extrema derecha. Y ello me parece claro por varias razones que paso a desarrollar brevemente

En primer lugar, porque un escenario de inestabilidad política, crisis económica y reafirmación de los valores nacionales –y no otro sería el producido por la desintegración de la UE o una ruptura más importante que la del Brexit- es el escenario ideal para el triunfo de los nacionalismos autoritarios y la extrema derecha. En segundo lugar, lo anterior se refuerza porque la propuesta política de Louça, como bien subraya Gabriel Flores, impide establecer las bases de una unidad amplia de la izquierda política y social, en torno a un programa que pudiera disputar la hegemonía política a la derecha y la extrema derecha, en los Estados nación europeos y en el conjunto de la UE.  Y la unidad de la izquierda es una condición necesaria, aunque no suficiente, para conseguir dicha hegemonía, como nos muestra cualquier análisis histórico y cualquier análisis político rigurosos de la Europa de hoy. Por el contrario, el profesor y político Louça, nos dice que lo esencial es el combate de la izquierda contra la derecha y el centro, centro en el que sitúa a los partidos socialdemócratas. La verdad es que no entiendo cómo se compadece esta posición con el papel del Bloco de Esquerda como impulsor del acuerdo parlamentario de la izquierda portuguesa que permite gobernar al Partido Socialista.

¿Qué concepto de Estado nación es el de la izquierda?
Lo que sí me parece más que discutible, desde una óptica internacionalista y de izquierdas, es la concepción étnico-lingüística e historicista del Estado que refleja la siguiente afirmación del segundo artículo de Louça: “No hay democracia internacional, con legitimidad identitaria y con reconocimiento popular; puede haber formas de cooperación que son democráticas, pero, al no tener una identidad de "pueblo europeo" —pues no hay una lengua común, o una comunidad organizada con una historia común—, entonces no hay ni puede haber una "democracia europea"”. Mala base ideológica para una concepción de la izquierda del Estado, en el Siglo XXI. Me confieso mucho más cercano a la concepción del Estado que se deriva del concepto de “patriotismo constitucional”  de Jürgen Habermas, y considero que es mucho más progresista su idea de comunidad política de derechos y deberes garantizados por la ley a la ciudadanía que la que sólo se basa en una “legitimidad identitaria” –expresión, confieso, que me repele- de lengua común o historia común pasada. La definición de Louça de Estado nación difícilmente puede servir a sociedades abiertas a las migraciones y a su integración y a la construcción de proyectos/historia de futuro sobre la base de valores y derechos garantizados por la ley, y menos aún para construir estructuras políticas supranacionales democráticas -regionales y globales- imprescindibles para dominar los procesos tecnológicos, económicos, culturales y políticos mundiales al servicio de la inmensa mayoría de sus poblaciones y lograr una efectiva globalización de los derechos. Pero ya sabemos que a Francisco Louça no le interesa que existan esas estructuras porque sólo las ve como instrumentos de dominación del capital.

Reconozco que me produce un profundo desasosiego el que se puedan extraer conclusiones tan divergentes de valoraciones que compartimos. Dos ejemplos daré. El de mis coincidencias plenas con Louça a la hora de tachar el Acuerdo UE-Turquía sobre migrantes y refugiados como el “Acuerdo de la vergüenza” y de afirmar que “El mayor fracaso en la historia de las izquierdas europeas en el Siglo XXI fue Grecia”. Pero el “Acuerdo de la vergüenza”, no lo olvidemos por favor, fue fruto de la exitosa rebelión de algunos Estados nación del centro y el este de Europa, sometidos a los nacionalismos, frente a las propuestas iniciales de la Comisión Europea y de una Ángela Merkel –sólo en este caso generosa- a las que consiguieron vencer.

Y mi reflexión sobre la derrota de Grecia me lleva a decir que sólo hubiera sido posible derrotar las políticas de austeridad, que se cebaron particularmente en el país heleno, desde una huelga general europea (o más de una). Participé activamente en el proceso de convocatoria de la jornada de movilización sindical europea del 14 de noviembre de 2012 (la de mayor dimensión, con 5 huelgas generales y acciones en 28 países). La coordinación entre CCOO y la UGT española con la CGTP portuguesa fueron decisivas para lograr un determinado nivel de articulación de las movilizaciones nacionales con una perspectiva europea –dicha capacidad de articulación es el elemento esencial a perseguir en las luchas políticas y sociales europeas o supranacionales-. Pues bien, no se llegó a más, en ese y en otros momentos de las luchas sindicales europeas durante la crisis, porque la mayoría de los sindicatos del centro y el norte de Europa siguen considerando, como hace Francisco Louça, que sólo es en el ámbito de los Estados nación donde hay que preservar y promover los derechos de los trabajadores, y como les ha ido mejor que a los del sur en una perspectiva histórica y en la actualidad, prefieren no arriesgarse a luchar junto con ellos. Sólo unos pocos sindicalistas más lúcidos consideran que si los del sur de Europa pierden derechos, los del centro y el norte acabarán perdiéndolos también. Centrarse, casi en exclusiva, en la acción política y social en el ámbito de los Estados nación, como pretende Louça, conduce, en el mejor de los casos, a reproducir estos hábitos nada internacionalistas.

Estrategia alternativa y unidad de la izquierda
El gran fracaso de la izquierda europea en el Siglo XXI, cuyo símbolo puede ser Grecia, es el de su incapacidad para construir una estrategia alternativa frente a la crisis. En lugar de centrarse en superar esta situación, conjugando las visiones nacionales con las europeas, las izquierdas europeas se dedican a otra cosa. En palabras de Gabriel Flores: “Las izquierdas europeas, por su parte, mantienen su desunión e ideologizan sus diferencias, profundizándolas. Mientras la socialdemocracia retrocede y sueña con la posibilidad de mantener un resultado electoral que le permita reeditar las grandes coaliciones con la derecha, las fuerzas políticas situadas a su izquierda se atrincheran y remarcan sus diferencias con la socialdemocracia. Parecen complacidas con el logro de un espacio electoral confortable que les permite reafirmar un análisis catastrofista al tiempo que pierden la oportunidad de impulsar los cambios que hacen falta para que las instituciones nacionales y europeas respondan a los intereses de la mayoría social”. Y propone otra actitud, otro rumbo, para la izquierda europea: “Hay que construir amplias alianzas políticas y sociales que disputen la hegemonía a la derecha y atraigan a la mayoría de las fuerzas progresistas y de izquierdas a la tarea de conseguir un cambio sustentado en la cooperación entre los socios, la defensa de la cohesión económica, social y territorial y la subordinación de la economía a los intereses de la mayoría social. 
La unidad europea sigue siendo el instrumento más adecuado para influir en la imprescindible tarea de embridar la mundialización económica y sus potenciales efectos negativos y lograr un reparto más equitativo de las ventajas y los costes que conlleva”

En mi primer artículo esbozaba algunas líneas programáticas y de acción en la línea de promover una refundación política de la UE (democrática y social) en el marco de la acción política mundialista por la globalización de los derechos y la democratización de las instituciones políticas multilaterales. El camino es arduo y será largo. Pero sinceramente no veo otro. Y se construye, por supuesto, a partir de las prácticas políticas y sociales realizadas en los Estados nación, y aún en los ámbitos subestatales, pero con una perspectiva transnacional, internacionalista y solidaria.

miércoles, 15 de marzo de 2017

La izquierda y el futuro de Europa

Este artículo ha sido publicado en el diario digital Público, en su sección Espacio Público, el 15 de marzo de 2017
Enlace: https://goo.gl/8DsRWn


¿Tiene futuro la UE? ¿Tiene futuro la izquierda? Después de leer el texto de Francisco Louçā y, sobre todo, la principal de sus seis conclusiones mi respuesta a ambas preguntas sería “no”.

Porque el artículo -con el que coincido, no obstante, en parte de sus diagnósticos y algunas de sus conclusiones- tiene un mensaje claro: la única solución frente al estado de cosas en la UE, agravado por las políticas de austeridad y devaluación interna, es salirse del euro y adentrarse en lo que sería una versión de izquierdas del nacionalismo económico (sustitución de importaciones para mejorar las balanzas comerciales nacionales). No aclara Louçā, que lleva ya algún tiempo pidiendo la salida de Portugal del euro, si lo preconiza sólo para algunos Estados miembros de la UE o para todos. Tampoco hace ninguna referencia a las consecuencias que el fin del euro, o su abandono por un conjunto de países, tendría sobre el porvenir de la UE. En todo caso, los medios que propone para mejorar las balanzas comerciales nacionales –a costa de los vecinos europeos, se supone, dada la estructura del comercio europeo- serían incompatibles con las reglas del mercado interior. Más allá de esto, acabarían teniendo consecuencias económicas negativas para todos.

No es necesario extenderse mucho en argumentar que una propuesta como la que hace Francisco Louçā en su artículo implicaría, en caso de prosperar, no sólo el fin del euro, sino la destrucción de la Unión Europea.

Lo que nos propone el profesor Louçā es, nada menos, que la izquierda entre a competir en el terreno de juego que nos está marcando la extrema derecha europea y Donald Trump, y que lo haga asumiendo como propias algunas de sus propuestas más destacadas: el fin del euro -y por lo tanto de la UE- y una parte, al menos, de los postulados del nacionalismo económico y el proteccionismo comercial. La pinza programática que nos propone Loucā no sólo podría precipitarnos hacia el fin de la UE, sino que, así mismo, alejaría a la izquierda europea, sometida también a una profunda crisis, de cualquier horizonte de hegemonía cultural y política. Y eso sin referirnos a los nada desdeñables riesgos de que dicho proceso de demolición llevara a las naciones europeas a volver a su “vieja historia”, a la de antes de 1945.

Escribo esto desde una posición política alejada de cualquier complacencia con el estado de cosas de la UE. Soy muy crítico con la gestión de la crisis económica que han hecho sus instituciones políticas, sometidas a los dictados del gobierno alemán que bebe en las fuentes de una economía política antikeynesiana, híbrida de ordoliberalismo y neoliberalismo. La política europea frente a la crisis ha sido un fracaso. La ha agudizado, haciendo que la Gran Recesión haya sido en nuestro continente más larga y profunda que la vivida en otras regiones del planeta, estableciendo un reparto de sus cargas socialmente muy injusto y produciendo una divergencia entre sus Estados miembros que ha deteriorado mucho la cohesión política entre ellos.

De esta manera ha alimentado la actual crisis política europea, que es crisis de funcionamiento y de proyecto, Es una crisis que si no se afronta con ideas de progreso –aglutinadoras y restauradoras de la confianza de la ciudadanía y de la solidaridad entre las poblaciones europeas-, y con energía y capacidad de gobierno, se transformará en crisis existencial de infeliz final.

Parto también de lamentar el tristísimo papel jugado por la socialdemocracia europea, incapaz de construir una alternativa política, ni siquiera programática, a la gestión conservadora  de la crisis, impuesta por Alemania. Con ello, ha agudizado su propia la crisis, la de muchos de sus partidos políticos nacionales (el PSE y el grupo parlamentario S&D siguen sin jugar un papel significativo en la política europea). La crisis de la socialdemocracia ha venido gestándose desde la caída del Muro de Berlín y su complacencia con el neoliberalismo de los noventa, de la mano de las “terceras vías” de Blair y Schröder cuyos éxitos electorales sólo consiguieron ocultarla temporalmente, y se manifiesta en toda su extensión por su carencia de alternativas a las políticas  de austeridad y al declive electoral en muchos Estados.
                                                                                                                 
Algunas otras respuestas en el campo de la izquierda política y social
La llegada al gobierno griego de Syriza, con la voluntad de enfrentarse a las políticas de austeridad desde dentro de la UE, encendió las alarmas de la mayoría de los partidos de las dos principales corrientes políticas europeas. El gobierno alemán, asistido por el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem (Partido del Trabajo, PSE), propició, con la aquiescencia o el silencio cómplices de los demás gobiernos europeos, la derrota política del gobierno de Syriza a costa, una vez más, del pueblo griego pero también de la cohesión de la UE y de la racionalidad económica.

En la península ibérica la crisis ha propiciado escenarios y conductas diferentes. En España ha surgido con fuerza un nuevo partido a la izquierda del PSOE, Podemos. Sin embargo, a pesar de que la aritmética electoral lo permitía, no se ha producido el desplazamiento del gobierno de un PP, castigado en las urnas por su gestión antisocial de la crisis y por la corrupción. Este hecho lamentable tiene, a mi juicio, más de un culpable. En Portugal, por el contrario, la iniciativa política del partido que contribuyó a fundar Francisco Louçā, el Bloco de Esquerda, ha logrado el muy difícil entendimiento del PCP y el PS en torno a un programa común que permite gobernar a los socialistas portugueses (por el momento bien y sin acoso excesivo de la troika). En Italia, el liderazgo autoritario de Mateo Renzi, que ha propiciado la escisión del ala izquierda del PD y el choque frontal con la CGIL, parece querer cortar definitivamente con las raíces históricas de su partido. La formación que puede sustituir al PD como primer partido italiano, el Movimiento 5 Estrellas, tiene un muy difícil encuadre en las categorías políticas clásicas, pero no ha tenido inconveniente de formar grupo parlamentario europeo con un partido de extrema derecha, el UKIP británico.

En el terreno social y laboral, aunque ha habido importantes movilizaciones contra las políticas de austeridad, éstas han sido manifiestamente insuficientes para lograr su derrota o su modificación sustancial. En buena medida porque el ámbito en donde dichas políticas se decidían era europeo y no nacional y la mayoría de las movilizaciones han tenido una dimensión nacional. Las centrales sindicales europeas han convocado en los Estados de la UE más huelgas generales que en cualquier otro período histórico, sobre todo en el momento álgido de la crisis (2009-2013) y en los países del Sur. Sin embargo, sólo el 14 de noviembre de 2012 se produjo un intento serio de coordinación de las mismas en una jornada de dimensión europea.

Traigo a colación estos ejemplos porque no quiero ocultar las grandes dificultades que tiene la construcción de una alternativa de izquierdas en Europa.

La recuperación de la izquierda sólo vendrá de la mano del internacionalismo
De lo que no tengo la menor duda es que jamás la recuperación de la izquierda en Europa (y en el mundo) vendrá de la mano de planteamientos nacionalistas, aunque estén tamizados por el pensamiento de Ernesto Laclau. La recuperación y renovación de la izquierda pasan por recuperar o fortalecer el internacionalismo, una de las componentes esenciales de la ideología que le ha dado mayor consistencia a lo largo de la historia, el  marxismo, máxime cuando el mundo de hoy está muchísimo más intercomunicado y globalizado que el de Carlos Marx cuando hablaba del  fantasma que recorría Europa.

La recuperación de la izquierda no pasará nunca por oponerse al modelo neoliberal de globalización desde los postulados del nacionalismo económico y el proteccionismo comercial, como hace una parte del movimiento antiglobalización. La recuperación de la izquierda se producirá cuando sea capaz de construir un programa político transnacional e internacionalista basado en la globalización de los derechos, la promoción del comercio justo y la construcción de un gobierno democrático del mundo, con instituciones políticas, leyes y tribunales.

La recuperación de la izquierda no se producirá jamás apostando, por activa o por pasiva, por la destrucción de un proyecto político, la UE, que ha asegurado a los Estados que la componen casi tres cuartos de siglo de paz, tras muchos siglos de guerras entre ellos, y progreso económico y niveles de bienestar social e igualdad desconocidos en la historia. Aunque estos han venido deteriorándose en las últimas dos décadas, especialmente a partir de la Gran Recesión, nuestro continente sigue siendo todavía la región del planeta con un mayor nivel de igualdad y protección social. Si se produjera la implosión de la UE, y existe un peligro real a corto o medio plazo, sería el terreno de juego ideal para el progreso de Le Pen, Wilders, Farage, Trump y compañía.

La recuperación de la izquierda se producirá, por el contrario, cuando sea capaz de proponer y realizar un proyecto de refundación política de la UE que implique más integración, en un sentido federal, más democracia y un fuerte pilar social, que plasme el “nuevo contrato social” que sustituya al implícito de la posguerra, roto por el austericidio, tal como preconiza la Confederación Europea de Sindicatos. Cuando la izquierda política, sindical y social europea sea capaz de actuar por encima de las fronteras con un discurso coherente y con una voluntad de acción inequívocamente internacionalistas, podrá luchar con garantías de éxito contra las ideologías nacionalistas, xenófobas y racistas que están penetrando en las sociedades europeas y en muchos de sus sectores más populares y desfavorecidos.

Un proyecto unitario de izquierdas que articule lo nacional con lo europeo e internacional
El internacionalismo es una condición necesaria pero no suficiente para la renovación y la recuperación de la izquierda. Por supuesto que es en los ámbitos locales y nacionales en donde tiene que desarrollarse el grueso de la acción política, social y sindical para progresar hacia los objetivos que deben seguir estructurando el programa de la izquierda política y social: la redistribución de la riqueza en los ámbitos primario –a través de la negociación colectiva- y secundario –a través de las políticas fiscal y presupuestaria-; la igualdad en todas sus facetas; el fortalecimiento de lo público, en particular en los servicios esenciales; y la profundización de la democracia en la política, la sociedad y la economía. Lo que no hay que olvidar nunca es la dimensión europea e internacional de la acción política – de movilización social y de gobierno- y la articulación de las prácticas locales y nacionales con las europeas e internacionales desde la óptica del internacionalismo solidario.

Muchos problemas vitales tienen un ámbito de resolución necesariamente transnacional. Hay que tenerlo claro por mucho que nos pueda desasosegar la dificultad para vislumbrar los medios eficaces de acción en ese ámbito. Un ejemplo: si los salarios disminuyen en los países desarrollados por el dumping laboral que practican las empresas multinacionales (EMN) a través de sus cadenas de producción globales (el 60% del PIB mundial, según la OIT), y la protección social (salario diferido) por el fraude/elusión fiscal que las EMN practican con la ayuda de algunos gobiernos (de dentro y de fuera de la UE), el ámbito de solución de estos dos macroproblemas es necesariamente europeo e internacional. Por un lado está la acción sindical internacional para obligar a las EMN a firmar acuerdos marcos mundiales que involucren a las cadenas de empresas subcontratadas y a que los cumplan; por otro, la acción política y sindical para que gobiernos y empresas suscriban y cumplan los convenios de la OIT.

Para hacer que las EMN paguen los impuestos que deben y donde deben, y de un modo más general para luchar eficazmente contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la propia existencia de los cada vez más boyantes y numerosos paraísos fiscales –entre ellos varios Estados de la UE y de los EE UU-, el ámbito de resolución es necesariamente transnacional, europeo y mundial. La UE se juega mucho si no es coherente en este terreno –y estamos viendo como el Consejo y el Eurogrupo pone trabas a las buenas iniciativas de la Comisión sobre el tema- pero, en cualquier caso, un desmembramiento de la Unión haría imposible cualquier progreso hacia la erradicación de estas lacras que minan los ingresos fiscales y la democracia.

Las oportunidades para el cambio se abrirán en Europa sólo si somos capaces de establecer una alianza sólida entre la izquierda política y la izquierda social, en torno a un programa socialmente avanzado y democrático que tenga un signo inequívocamente europeísta e internacionalista.

No hay espacio en los límites de este artículo para desarrollar sus contenidos Hay ya bastantes personas y organizaciones empeñadas en trabajar en esta dirección. Sólo añadiré, a lo dicho hasta ahora, que es urgente que la zona euro tenga los requisitos de una “zona monetaria óptima”: BCE en plenitud de funciones, Tesoro común, eurobonos, política fiscal armonizada, etc. Y que la propuesta de refundación política  debería basarse en: un gobierno económico que incluya como objetivos principales de sus políticas la creación de empleo de calidad y la búsqueda de la cohesión social; el establecimiento de sistemas europeos de normas marco sociales y laborales avanzadas; y, el diseño de un modelo de gobierno de la UE más democrático, transparente y eficaz.

Esta perspectiva europea es inseparable de una nueva política mundial que promueva: la paz a través de la justicia en las relaciones internacionales y la universalización de todos los derechos humanos (Declaración de 1948 de la ONU y normas derivadas); un nuevo modelo de relaciones económicas y comerciales que impulse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y el cumplimiento del Acuerdo de París (2015) sobre cambio climático, el crecimiento económico de la mano del comercio justo, los derechos laborales y sociales y una más justa distribución de la riqueza; la reforma del sistema de Naciones Unidas y sus agencias para hacerlo más democrático y coherente en sus normas y actuaciones en el camino de prefigurar un gobierno democrático del mundo; y, la justicia universal a través de los tribunales internacionales.


La izquierda europea debería unirse superando los sectarismos para trabajar en esta perspectiva y hacer que el agente de este cambio fuera una UE unida y fuerte. Así recobraría la hegemonía cultural y política. Propiciar la destrucción de la UE, por mucho que nos disguste en su rostro actual, sería el suicidio de la izquierda y, tal vez, de la humanidad. 

jueves, 5 de enero de 2017

Breve nota sobre la polémica entre Javier Cercas y Juan Carlos Monedero sobre el PCE y la transición a la democracia en España

Javier Cercas: "La dignidad del PCE". En El País semanal (1/01/2017): http://bit.ly/2iLlwdj

Juan Carlos Monedero: "Javier Cercas, el PCE y la Transición: anatomía de un distante". En Público.es (4/01/2017): http://bit.ly/2iEe3fC


Unas pocas palabras sobre la iniciada polémica entre Juan Carlos Monedero y Javier Cercas sobre la transición a la democracia en España y el papel del PCE.

El artículo de Cercas, en el País semanal, me parece muy bueno. Se sitúa en una línea de crítica al revisionismo de la Transición española y del papel del PCE en ella, revisionismo que encabezan los actuales dirigentes del PCE y de IU y del que parecen participar algunos de los líderes de Podemos. 

La, por el momento, mayor muestra de lo desacertado de buena parte de las afirmaciones de quienes quieren liquidar el patrimonio histórico y político de la izquierda comunista en la transición, son las recientes palabras de Alberto Garzón sobre el eurocomunismo, a las que hace referencia el artículo de Javier Cercas. Garzón, para descalificarlo, lo tilda de "populismo". Se pueden criticar aspectos de aquella efímera corriente que pretendía situar a los partidos comunistas europeos dentro de vías inequívocamente democráticas para alcanzar el socialismo, pero nunca calificarlo de "populista", porque era justamente lo contrario. 

Lo mismo cabe decir de la Transición y del papel del PCE en ella. Errores se cometieron, sin ninguna duda. Por ejemplo, se puede -y es discutible- amnistiar a criminales del franquismo, en paralelo a los criminales de ETA, pero nunca pretender enterrar, o atenuar, la memoria de los crímenes que debieron tener siempre una condena moral, política e institucional, como en otras transiciones pacíficas posteriores (Sudáfrica). Pero, en lo esencial, lo que hizo el PCE en la Transición fue lo mejor que pudo hacer en unas circunstancias históricas y políticas determinadas. Porque, a mi juicio, la cuestión no era optar entre una vía pactada y pacífica -relativamente pacífica, tiene razón Monedero en recordar que sangre hubo en la transición- y una vía rupturista y radical que destruyera los aparatos de estado de la Dictadura. La única vía posible para alcanzar, en ese momento, la democracia en España fue la que se transitó, la de la "ruptura pactada". La otra, de existir, habría conducido a una nueva derrota -aunque fuera temporal- y, probablemente, a un nuevo baño de sangre, riesgo que la inmensa mayoría de los españoles no estaba dispuesta a correr. 

Sólo afirmando, como hacen algunos, que "el régimen del 78" no es sino la continuidad de la Dictadura y que no vivimos, por lo tanto, en un sistema democrático, puede cuestionarse seriamente el modelo de la transición española. Pero entraríamos ya en el terreno de lo manifiestamente insostenible. Y esto es así por mucho que nos pesen -y a mí me pesan- las limitaciones, injusticias y corrupciones  de nuestro sistema político.

El artículo de Juan Carlo Monedero tiene dos errores de bulto: 

1. En el punto 2, refiriéndose al PCE, dice: "No iba a tener ni un puesto en la ponencia constitucional". Bien que lo tuvo, en la persona de Jordi Solé Tura (PCE-PSUC).

2. En el mismo punto 2, en el que habla de los Pactos de la Moncloa, afirma: "Por eso, uno de cada cuatro alumnos estudia hoy en colegios concertados y no en la escuela pública". Sobre el peso de las enseñanzas pública y privada en España, los Pactos de la Moncloa tuvieron justo el efecto contrario al que insinúa Monedero. Una de las consecuencias más positivas del Plan de construcción de centros públicos de enseñanza, incluido en los Pactos de la Moncloa, el más importante de la historia de la educación en España, fue que incrementó el alumnado de la pública (primaria y secundaria) desde un porcentaje de menos del 50% hasta el 66%, cifra en que se estabilizó -lamentablemente- hasta nuestros días

Hay algo con lo que estoy muy de acuerdo con Juan Carlos Monedero: el relato oficial de la transición se olvida interesadamente de las grandes movilizaciones populares que fueron las que lograron imponer una "ruptura pactada" y trajeron la democracia a España, para decir que fue obra de la visión del Rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez. Esa visión previa ni siquiera existió. La fueron moldeando la propia historia y la interacción con otros agentes políticos y sociales. Ahí estriba, en todo caso, su mayor mérito.

De entre los desacuerdos, destaco dos:

 1. A la hora de juzgar el resultado global se olvida de la correlación de fuerzas. Los aparatos militar, policial y judicial de la Dictadura estaban intactos y, a pesar de la importancia de las movilizaciones por la democracia, la mayoría de la población era bastante menos propensa a conquistar la libertad en la calle de lo que muchos de quienes estábamos en ella pensábamos entonces.

2. El desprecio al papel de CC OO en la transición que revela la única frase donde se las  menciona: "Solo le quedaba a Carrillo el recurso de CC OO para ofrecer algo a cambio de reconocimiento. Lo usó y se brindó para desactivar la calle". Es una afirmación falsa e injusta. CC OO hizo muchísimo más por la libertad y la democracia en España, durante la transición, que ser un instrumento al servicio de la táctica de Santiago Carrillo. No hay espacio aquí para demostrarlo con hechos y relatos de los hechos alejados de los prejuicios.

miércoles, 26 de octubre de 2016

La política tiene que valer a la gente

Comento brevemente, a continuación, el artículo de Unai Sordo "La política va a ayudar poco", publicado en su blog: http://unaisordo.com/la-politica-va-a-ayudar-poco


La responsabilidad de los dos partidos de la izquierda, PSOE y Podemos y sus coaliciones (Izquierda Unida está ya diluida en Podemos), por no haber desplazado del gobierno al PP es enorme. Lo han sido en diferentes grados, y alternándose, según en qué momentos del largo maratón electoral. Han dejado de lado la política, entendida como la acción encaminada a resolver los problemas de la gente, para dar primacía a las tácticas -y los miedos- encaminados a mantener o alcanzar la hegemonía dentro del espacio político entre el centro izquierda y la izquierda. Uno de los mejores mapas políticos de Europa, el que quedó dibujado tras las elecciones de noviembre de 2015 -sí, de veras, así están las cosas en Europa-, ha sido malgastado por las acciones y omisiones de unos muy malos líderes políticos.

Ahora sólo queda condicionar al nuevo gobierno del PP, desde el Parlamento y desde la sociedad, para arrancarle unas cuantas cosas importantes e impedir algunos de sus malos propósitos. ¿Serán capaces de entenderlo los líderes del PSOE y de Podemos y de hacer buena política al servicio de la gente? ¿O seguirá primando el sectarismo y la politiquería de los insoportables diez meses últimos?


lunes, 10 de octubre de 2016

Paraísos del dinero y la hipocresía



Este artículo ha sido publicado en el diario digital Bez el 11/10/2016:

http://www.bez.es/119674388/Paraisos-del-dinero-y-la-hipocresia.html


Aunque su evidente existencia y su fortaleza son, hoy en día, uno de los mayores problemas para el gobierno del mundo y para el desarrollo de políticas sociales y de inversión pública en cualquier región de nuestro planeta, cabría dudarlo a tenor de una reciente decisión de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a un hecho que apenas ha trascendido a la opinión pública a pesar de su gran importancia: la publicación, el pasado 14 de julio, de la lista de paraísos fiscales  o “terceros países de alto riesgo”, aprobada por la Comisión Europea. La lista no hace sino recoger la acordada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[1] de la OCDE en su reunión de Busan, Corea del Sur, del 23 de junio de 2016.

Pues bien, la lista de “terceros países de alto riesgo”, del Reglamento Delegado de la Comisión Europea de 14 de julio[2], contiene los nombres de sólo once Estados, clasificados en tres Grupos. En el Grupo III, donde están aquellos que no colaboran para subsanar las deficiencias que les hacen estar clasificados como países de alto riesgo, sólo hay uno: la RPD de Corea. En el Grupo I, de los países que se han comprometido a subsanar las deficiencias y han elaborado un plan de acción con el GAFI, figuran nueve países: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guayana, Irak, RDP de Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Por último, en el Grupo II de aquellos países que han adoptado el citado compromiso y solicitado asistencia técnica al GAFI para aplicar el plan de acción, siendo señalados por ello en una Declaración Pública, sólo figura Irán. Es decir, que dentro de no mucho tiempo, si se aplican en sus compromisos los países de los grupos I y II,  podríamos tener como único paraíso fiscal a la Corea de Kim Yong-un. Mientras, el lavado de dinero procedente del fraude y la elusión fiscales y de todas las demás actividades de la economía criminal, continuará en aumento, como viene sucediendo en los últimos años, en los grandes paraísos fiscales. Y la hipocresía de las élites políticas y económicas también.

Las directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Resulta injustificable que decisiones políticas echen por tierra buena parte del trabajo realizado por los expertos del GAFI y los funcionarios de la Comisión. Porque las 40 Recomendaciones del GAFI (2012)[3] siguen siendo un buen manual para gobiernos, policías, jueces e instituciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. En el ámbito de la UE, la 4ª Directiva  sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (mayo de 2015) –en trámite de transposición por los Estados miembros- y la propuesta de 5ª Directiva (julio de 2016) sobre el mismo tema –en trámite de consulta y aprobación por las instituciones europeas- deberían ser instrumentos útiles para luchar contra dichas lacras y su realización en los paraísos fiscales.



Como consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) soy ponente del dictamen sobre la propuesta de 5ª Directiva, que complementa y profundiza la . Dada la importancia y urgencia del tema, es encomiable el propósito de la Comisión de acelerar el trámite de aprobación y transposición de ambas directivas para que pudieran entrar en vigor en todos los Estados miembros el 1 de enero de 2017; aunque va a ser una misión casi imposible de, habida cuenta de las reticencias de algunos Estados miembros y la ineficacia del Consejo.

Además de introducir medidas de control de los usuarios de las monedas virtuales y las tarjetas prepago, la 5ª AMLD[4] establece la obligación de identificación de los titulares reales de cuentas bancarias y empresas, y de los fideicomisos, las fundaciones y demás instrumentos de intermediación para la ocultación de los auténticos propietarios de los activos financieros y dinerarios. Obliga, además, a que se creen en todos los Estados miembros Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que deberán establecer bases de datos nacionales de entidades, personas y operaciones sospechosas. La propuesta de Directiva pretende la coordinación de las UIF en el ámbito de la UE y la comunicación de los datos de cada base nacional cuando lo demanden las autoridades competentes de otro Estado. Una de las medidas principales de la propuesta de Directiva, contenida en su artículo 18bis,  son las sanciones que fija para los “terceros países de alto riesgo” que no colaboren en las investigaciones judiciales que, pueden llegar hasta la prohibición de establecimiento de filiales de empresas europeas en dichos territorios. Pues bien, la virtualidad de estas medidas queda prácticamente anulada puesto que las medidas sólo se podrían aplicar a los países de la lista del 14 de julio.

El insólito hecho de querer aprobar una propuesta legal que modifica otra que todavía no ha entrado en vigor se justifica, en el preámbulo de la propuesta de 5ª AMLD, por las revelaciones del ICIJ[5] sobre los Papeles de Panamá y los datos de las investigaciones de los atentados de París y Bruselas. Pues bien, ni uno solo de los 21 Estados o jurisdicciones mencionados en los Papeles de Panamá como paraísos fiscales, y utilizados por más de 214.000 empresas, fideicomisos, fundaciones y otras entidades creadas y gestionadas por el Despacho Mossack-Fonseca para defraudar o eludir al fisco y, en su caso, lavar dinero, figuran en la lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea.

Junto a lo anterior hay otro hecho que puede reducir aún más el valor de la Directiva para luchar contra las actividades de los paraísos fiscales: no está nada claro, y así lo han afirmado los funcionarios de la Comisión, que la Directiva pueda aplicarse a los territorios con jurisdicciones fiscales especiales dependientes de Estados miembros, es decir a los paraísos fiscales de la UE. Cuatro de ellos figuran en los Papeles de Panamá: Isla de Man, Jersey, Anguila Británica e Islas Vírgenes, todos ellos de soberanía británica. Estos podrían quedar excluidos del ámbito de aplicación de la directiva que, sin embargo se aplicaría al Reino Unido –mientras no se ejecute el Brexit-, Malta y Chipre, que el ICIJ incluye con razón en la lista de Estados europeos que facilitan el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero.

El Doctor Jekill y Mr. Hyde ante los paraísos fiscales
¿Por qué esta decisión de la Comisión Europea, tan contradictoria con otras como la valiente propuesta de la comisaria de la competencia, Margrethe Vestagen, de exigir a Apple que pague los 13.000 millones de euros (más intereses), que dejó de pagar al Gobierno de Irlanda, que en lugar de aplicarle el tipo del 12% del impuesto de sociedades irlandés –tipo ya de auténtico “dumping fiscal”-, sólo le exige el 0,001%, por todos los beneficios de la multinacional en Europa, que previamente ha trasladado de forma fraudulenta –“ingeniería fiscal”- a la verde isla?

El comportamiento de la Comisión es propio de la doble personalidad del Doctor Jekill y de Mr. Hyde. Quien mejor puede representarla es su propio presidente, Jean Claude Juncker, que mientras fue primer ministro de Luxemburgo propició[6] la firma de convenios fiscales con cientos de multinacionales para que estas trasladaran sus beneficios europeos al Gran Ducado, para pagar allí el 1%. Ahora promueve directivas para lograr que las multinacionales paguen en cada país los impuestos correspondientes a los beneficios de la actividad económica desarrollada en ellos y para establecer una base común consolidada europea del impuesto de sociedades. Es un avance, pero no alcanza a plantear algo muy necesario: un tipo mínimo común europeo ante la férrea oposición de numerosos Estados miembros, entre ellos aquellos que, yendo más allá del dumping, propician el fraude o la elusión fiscal[7] de las multinacionales, entre los que, además de Luxemburgo, se encuentran otros dos países fundadores: Holanda y la propia Bélgica que también suscriben convenios para que las grandes empresas multinacionales sólo paguen el 1%.

El problema es mundial, por supuesto. El Gobierno de los Estados Unidos, tampoco logra hacer pagar a Apple los impuestos que debe. La multinacional de la manzana prefiere pedir prestado para asegurar la liquidez cotidiana de la empresa antes que retirar de los paraísos fiscales los 230.000 millones de dólares que allí mantiene[8], porque entonces el Tesoro de los EE UU, le reclamaría muchos miles de millones en impuesto no pagados.

La esquizofrenia es fruto de poderosas tendencias contrapuestas. Por un lado, los principios éticos, intelectuales y políticos que hacen insoportable a las opiniones públicas que en cualquier circunstancia, pero más aún cuando la crisis ha producido tanto paro, pobreza y desigualdad, se consienta que las empresas multinacionales y las élites políticas, económicas, culturales y deportivas paguen menos impuestos que los asalariados y las clases medias, o que simplemente no paguen. Y que con ello roben a los Estados los recursos necesarios para la protección social y las demás políticas públicas. Y para más agravante, que lo hagan en unos lugares y con unos procedimientos comunes a los empleados por las peores organizaciones de la economía criminal –mafias, traficantes de drogas, armas, personas, órganos, etc.- y en ocasiones también por las organizaciones terroristas, hoy encabezadas por las del yihadismo global.

Pero frente a la oposición a éste que , a mi juicio, es el principal escándalo de la política mundial pesan más los vectores contrapuestos: los paraísos fiscales son utilizados como lubricadores del sistema financiero internacional en la época de la economía financiarizada y, además, como demuestran las numerosas revelaciones de los últimos tiempos (Lista Falciani, Papeles de Panamá y de las Bahamas, etc.) son los lugares utilizados por las élites políticas, económicas y mediáticas para pagar menos impuestos o no pagarlos. Y estos factores terminan pesando más fuertes que los anteriores, por muy lamentable e inaceptable que sea en unas sociedades democráticas. Y hacen de las decisiones contradictorias sobre los paraísos fiscales un refinado ejemplo de hipocresía

Unos pocos ejemplos, de los muchos posibles, lo pueden atestiguar. Tuve ocasión de asistir, el pasado 27 de septiembre, a la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo. Fue una audiencia pública en la que depositaron su testimonio un grupo relevante de periodistas, de los muchos que han colaborado en el tratamiento de los 11,5 millones de documentos anónimamente entregados al Süddeutsche Zeitung. De las muchas e interesantes cosas que dijeron me llamó sobre todo la atención, el destacado papel de algunos de los principales bancos de la UE y de Suiza para facilitar a sus clientes más distinguidos la creación de sociedades, fideicomisos o fundaciones pantalla para ocultar su identidad, y orientarlos para fijar su domicilio social a través del despacho panameño de Mossack-Fonseca (lo mismo que hacen con otras decenas de despachos de abogados especializados en el blanqueo de capitales). Este despacho, a su vez, utilizaba miles de testaferros para nuevas operaciones de creación y relocalización de  sociedades que terminaban de completar la tupida red de ocultamiento. La nómina de fortunas personales, famosos del deporte y la cultura y de políticos es bien conocida. Llama la atención que de los 140 políticos incluidos en la lista sólo el ex-primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y “nuestro” ministro Soria hayan dimitido a estas alturas. Los comparecientes en el PE dieron detalles de los personas del entorno más próximo de Vladimir Putin que suman 2.000 millones de euros en numerosas sociedades offshore gestionadas por Mossack-Fonseca. Su adversario, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, intentó ocultar su identidad sin intermediarios. También resulta significativo que apenas haya habido presentación de demandas judiciales. En Finlandia, donde el banco Nordea, con participación del Estado, ayudó a la creación de más de 400 empresas pantalla, la única persona procesada, por revelación de secretos, es la periodista del ICIJ Mina Knus-Galan.

La función de engrasadores del capitalismo financiero de los paraísos fiscales queda reflejada por la procedencia de la inversión extranjera directa. Según Gabriel Zucman (2013)[9] el 40% del total mundial procede de los paraísos fiscales. En España, el mismo porcentaje sería nada menos que del 66%, según José Carlos García Fajardo (2016)[10], que añade que el flujo de capitales desde los paraísos fiscales hacia España aumentó en un 27,4% en 2015, respecto a 2014. El número de filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales pasó de 810 a 891 (2014/2013). Un 45,4% del total, 420 empresas, están radicadas en Delaware, donde se crearon 65 nuevas filiales en 2015. Mientras, a pesar de llevar ya más de dos años de crecimiento, la recaudación del impuesto de sociedades seguía siendo, en 2015, 22.219 millones de euros (un 49,4%) inferior a la de 2007.

La lucha contra el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero debería ser una prioridad máxima de cualquier política democrática en España, en Europa y en el mundo. No digamos ya de una política de izquierdas. Y no es posible llevarla a cabo con un mínimo de eficacia sin acabar con los paraísos fiscales. La erradicación de los paraísos fiscales es la piedra de toque de la posibilidad de un gobierno democrático en Europa y en el mundo.




[1] Más conocido por sus siglas en inglés como FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), el GAFI está integrado por los 31 Estados de la OCDE, además de por la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Diversos organismos internacionales, entre ellos el FMI y el BM, tienen estatuto de observadores.
[2] Anexo I del Reglamento Delegado de la Comisión, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas, C (2016) 4180, de 14/07/2016. Esta lista, coincidente con la última del GAFI, contiene sólo ligeras variantes con la anterior de este organismo que incluía doce países. Myanmar ya no está en ella
[3] “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”. GAFI, febrero de 2012.
[4] Como se la conoce en la jerga de Bruselas, por ser AMLD las siglas, en inglés, de Anti-Money Laundering Directive.

[5] ICIJ son las siglas, en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
[6] Las excusas de Juncker para ser elegido presidente de la Comisión se basaban en la inverosímil tesis de que los tratos con las multinacionales eran obra de la Autoridad Fiscal de Luxemburgo, de carácter independiente, que no informaba al Gobierno. Quedaron recientemente en entredicho por las revelaciones, recogidas en diversos medios europeos, sobre las entrevistas secretas de Juncker, primer ministro de Luxemburgo, con los altos directivos de Amazon responsables de la fiscalidad de la empresa, antes de la firma del correspondiente convenio.
[7] No hay una distinción clara entre el fraude y la elusión fiscales. La ingeniería fiscal consistente en decir que la empresa matriz, afincada en Irlanda o Luxemburgo, ha realizado préstamos a las filiales alemanas, francesas o españolas, por los que cobra enormes intereses, o que tiene que recibir pagos de royalties astronómicos, debería ser catalogada de “ingeniería del fraude fiscal”.
[8] Buena parte de ellos están en Delaware, que, como otros Estados de la Unión –Wyoming, Nevada-, se está convirtiendo en uno de los más florecientes y “civilizados” paraísos fiscales.
[9] Gabriel Zucman: “The Missing Wealth of Nations” (2013) citado por Pia Hüttland y Álvaro Leandro: “The implications of the Panama Papers” (Bruegel, 18/04/2016)
[10] José Carlos García Fakardo: “Empresas del IBEX35 en paraísos fiscales” (ATTAC España, 12/06/2016)

martes, 4 de octubre de 2016

La encrucijada europea desde el observatorio del CESE

Este artículo ha sido publicado en el nº 78 de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo de CC OO 



     1. Algunas notas sobre la crisis europea

Aunque no se coincida en el diagnóstico de su génesis, desarrollo y características y, menos aún, en el modo de superarla, es una opinión generalizada que la Unión Europea vive una grave crisis política, probablemente la más profunda desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Hace unos días fue la canciller Merkel quien, en el encuentro con François Hollande previo a la cumbre de Bratislava, afirmó que la UE vivía una “crisis existencial” y que había que adoptar medidas para enfrentarse a ella.

No se tomaron precisamente en la capital de Eslovaquia, en donde la primera reunión de jefes de Estado y de gobierno del Consejo Europeo sin la presencia del Reino Unido no hizo sino subrayar la profundidad de la crisis y la impotencia de los gobernantes de esa “vieja Europa”, a la que se refirió en su día malévolamente Donald Rumsfeld, para enfrentarse a los Orban, Szydlo y Fico que lograron, con la colaboración del polaco Donald Tusk, que la declaración final de la reunión se centrara en el modo de impedir la entrada de los “migrantes irregulares” (los refugiados ya, definitiva y vergonzosamente, equiparados a los migrantes y a esa clase de personas “ilegales”).

En un momento en el que el Brexit exigía una reafirmación de los valores democráticos, sociales y solidarios del proyecto europeo y,  al menos, la expresión compartida de la voluntad de renovarlo en base a ellos, y de resolver los graves problemas de funcionamiento de la UE, su institución con más poder, lejos de ir por este camino vuelve a decir unas pocas generalidades vacías además de someterse a la lógica de los nacionalismos de derecha y extrema derecha, en dos de los temas que más les ayudan a ascender: refugiados y migrantes. Y además, se olvida, lo que resulta lo más grave de todo, que cumplir la Convención de Ginebra (1951) sobre los refugiados no es un acto solidario o una opción política más: es una obligación legal consagrada en los tratados de la UE y en las constituciones y leyes fundamentales de sus Estados miembros.

Es decir, la cumbre de Bratislava, en lugar de convertirse en una reunión de reafirmación de lo que une a Europa y de voluntad de renovación democrática, no ha ido mucho más allá de la reafirmación por parte del Consejo Europeo del “Acuerdo de la vergüenza” entre la UE y Turquía para la deportación de los refugiados, un acuerdo que no es sino el paradigma de una UE sin alma y sin proyecto. Un Acuerdo que, además, no se está cumpliendo, por lo que los refugiados continúan hacinados en condiciones infrahumanas en Moria y otros campamentos de Grecia.

Si los líderes de los principales países europeos terminan haciendo suyo el discurso político de los nacionalistas de derecha y extrema derecha -ya en los gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia-, el aroma político de entreguerras del Siglo XX, que ya empieza a olerse en la Mitteleuropa, terminará por ahogarnos a todos y la UE estará definitivamente perdida.

Todavía estamos a tiempo para cambiar la situación, aunque no se percibe reacción fuerte ni coherente, reacción de política seria con proyección de futuro, en ninguna de las dos grandes formaciones tradicionales -populares y socialistas- que aún vertebran políticamente a Europa, a pesar de su declive y de sus crisis. Los partidos parecen hacer presidir su trabajo sólo por la ávida lectura de las encuestas, por el cortoplacismo más feroz.  Y cuando la canciller Merkel se olvida, por un momento, de estos hábitos que ha practicado tan profusamente y prioriza los valores y la legalidad para abrir las fronteras alemanas a los refugiados de la Guerra de Siria y de otras guerras, la “opinión pública” alemana y su propio partido, terminan por atacarla frontalmente, alimentados desde el exterior por un coro de gobiernos europeos de impresentable insolidaridad, no sólo con los refugiados sino con el proyecto común europeo, y por unos medios de comunicación ávidos de sensaciones populistas. Por ello, el remedio, el cambio que nos aleje del precipicio de la destrucción de la UE, no puede venir solo de los líderes y de los partidos políticos, tiene que venir también de la misma sociedad, de sus organizaciones, en primer lugar de los interlocutores sociales.

El agotamiento del proyecto político europeo viene de más lejos. Con anterioridad al estallido de la crisis financiera y económica, en septiembre de 2008, ya se habían manifestado algunos de sus síntomas, como eran las diferencias políticas importantes a la hora de establecer la Unión Monetaria (UEM), que no podían arreglarse mediante el modelo de gestión de avance por pequeños pasos dados en el último minuto para desbloquear conflictos paralizantes. Las grietas se parcheaban en lugar de ser reparadas. La UEM, diseñada en 1993, empezó a utilizar el euro como moneda común con fallos de diseño muy graves que no han sido reparados ni siquiera cuando estuvieron a punto de acabar con la moneda en 2010-2013. Sólo se han puesto parches y permitido que el BCE fuerce al máximo sus capacidades de desarrollo de una política monetaria expansiva. Mientras, Alemania sigue negándose a crear las condiciones políticas y económicas que debe tener toda zona monetaria común y a reciclar los excedentes de su enorme superávit comercial y de la balanza de pagos (8,5% de su PIB).

Antes de la mayor de las ampliaciones, que incorporó entre 2004 y 2007 a doce nuevos Estados -la mayoría del centro y el este de Europa procedentes del antiguo bloque soviético-, en 2013, la mayor parte de estos países se habían alineado con la irresponsable e ilegal aventura que el gobierno de los EE UU, el de George W. Bush, llevó a cabo en Iraq, en 2003 -en compañía del Reino Unido de Blair y con la España de Aznar en un papel secundario- , en contra de la posición de Alemania y Francia y de la mayoría de Estados de la UE. Fue todo un anticipo de la orientación y los valores políticos que han venido de los gobiernos de los nuevos socios del centro y el este de Europa.

El miedo y el rechazo a la globalización,  realizada bajo el modelo neoliberal, y a la cesión de soberanía a una UE percibida como poco democrática y gobernada bajo los mismos principios de economía política que aquella, producen, ante la ausencia de alternativas que parezcan viables, a una peligrosa crisis de confianza en las instituciones democráticas. Estuvieron, a mi juicio, en la base del rechazo al proyecto de Constitución europea en los referendos francés y holandés de 2005. Tal vez fuese ese el momento de inflexión, de agotamiento de las energías y de la voluntad de progresar en la integración europea. La crisis agudizó esta percepción con la comprobación de que se vive peor que en el pasado y de que, probablemente, los hijos vivirán peor mientras que una minoría se enriquece sin freno. En todo caso de trata de fenómenos no exclusivos del continente europeo.

La gestión de la crisis financiera y económica, a partir de mayo de 2010, mediante la imposición de las recetas de la economía política más conservadora, hegemónica en Alemania -síntesis del ordoliberalismo germánico tradicional y del neoliberalismo- ha agudizado las tendencias centrífugas de la UE y su crisis política. Por una parte, ha producido negativos efectos económicos -recesión más larga y profunda que en otras regiones del mundo y crecimiento anémico en la salida- y desastrosos efectos sociales y políticos: paro, pobreza y desigualdad; ruptura de la cohesión social en muchos países; divergencia económica y política entre los Estados de la UE; choque de las opiniones públicas mayoritarias entre los países del Norte y del Sur, del Oeste y del Este; y, fuerte aumento de los nacionalismos xenófobos y de las corrientes políticas euroescépticas, antieuropeas y de extrema derecha.

La nefasta gestión de la llamada crisis de los refugiados o de las migraciones es manifestación y consecuencia de la influencia de negativas corrientes ideológicas y políticas de derecha extrema que han contagiado a bastantes partidos de centro derecha y socialdemócratas, en muchos Estados de la UE, y han llevado al olvido de los valores y principios democráticos y solidarios, esenciales para la pervivencia de la UE, y  del respeto a la legalidad internacional y a los propios Tratados.

La pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y sus políticas tiene su correlato también en numerosos Estados miembros, con derivas en muchos de ellos peligrosamente nacionalistas y euroescépticas e incluso de cuestionamiento de los sistemas democráticos. Es decir, la crisis de legitimidad no afecta sólo a las instituciones europeas, de una discutible democraticidad en la toma de decisiones, sino también a las instituciones democráticas nacionales de bastantes Estados europeos.    

Hay bastantes rasgos comunes entre las razones por las cuales las descaradas manipulaciones y mentiras de los partidarios del Brexit, pudieron calar hasta el punto de que una mayoría del electorado británico votara la salida de la UE, y las que han llevado a un individuo tan ignorante, estrafalario y peligroso como Donald Trump a ser un candidato con posibilidades de ser elegido Presidente de los EE UU.  Los sindicalistas tenemos que tener bien presente un fenómeno que no es precisamente nuevo en la historia: la gran capacidad de penetración, en tiempos de crisis, de los populismos de derechas y de las diferentes variantes de la extrema derecha entre amplios sectores de trabajadores.

Hoy en día, el BCE, la OCDE y el propio FMI han tenido que reconocer las consecuencias negativas de los “excesos de austeridad”, aún siendo el BCE y el FMI en parte responsables de tales excesos. Sin duda, la responsabilidad principal es del Consejo Europeo y del Eurogrupo, instituciones intergubernamentales cuyo mal funcionamiento está en el corazón de la crisis política de la UE. Estas instituciones no han hecho autocrítica alguna sobre las erróneas e injustas políticas de gestión de la crisis. Siguen sin abandonar el credo de la austeridad. Lo más que han hecho es autorizar las propuestas de la Comisión, en el sentido de flexibilizar temporalmente los objetivos de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, pretende borrar la imagen de parálisis y subordinación que han caracterizado su etapa anterior, presidida por quien, ahora, va a asesorar al Gobierno británico en las negociaciones del Brexit, desde Goldman Sachs, el Sr. Durao Barroso. En los últimos meses la Comisión Juncker: ha puesto en marcha el debate sobre la “dimensión social” de la propuesta de reforzamiento de la UEM para completar el llamado “documento de los cinco presidentes” (de contenidos políticos muy limitados); ha propuesto diversas directivas y reglamentos para luchar contra la elusión fiscal, el fraude fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (respuesta parcial, pero en la buena dirección, a la publicación de los Panama Papers, y los atentados terroristas de París y Bruselas, y al escándalo de las grandes empresas multinacionales que no pagan impuestos con la colaboración de gobiernos como el de Irlanda, pero que puede ser inutilizada por las inservibles listas de paraísos fiscales del GAFI/OCDE y de la propia Comisión); en la misma dirección, la comisaria de la competencia, la Sra. Vestager, ha propuesto que Google pague los 13.000 millones de euros, más intereses, por los impuestos no pagados en razón de sus beneficios en países de la UE; y, finalmente, el propio Juncker ha propuesto que el Plan de inversiones que lleva su nombre intente movilizar otros 315.000 millones de euros, prolongando su período de  vigencia hasta 2022. (los 630.000 millones totales, distribuidos en siete años, no logran compensar ni de lejos la caída de la inversión -por la crisis y las políticas de austeridad- que ha pasado del 22,2% del PIB europeo, en 2007, al 18,5%, lo que supone cerca de 500.000 millones de euros de menos en cómputo anual).

La ineficacia del Consejo y la regresividad de algunas de sus decisiones, la ausencia de una política económica integral que se centre en el impulso del crecimiento y del empleo en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la COP21 de París, la falta de voluntad política de Alemania de asumir, para el euro, la imprescindible creación de las condiciones que toda zona monetaria tiene que tener, contrarrestan las tímidas iniciativas de la Comisión y la decidida política monetaria expansiva del BCE, incapaces, en ausencia de política fiscal común, de consolidar un crecimiento sólido de la zona euro.

2. Refundación política democrática y social, nueva política de crecimiento sostenible y culminar la construcción de la zona euro

Ante el avance de los partidos nacionalistas de derecha y extrema derecha, que llevan en su núcleo la destrucción del proyecto político europeo, y ante la incapacidad manifestada por las dos principales formaciones políticas europeas –que siguen teniendo una muy débil proyección como partidos europeos- para contrarrestar este avance con una propuesta de renovación y fortalecimiento de la UE, resulta muy necesario que las organizaciones de la sociedad civil, empezando por los sindicatos, emplacen a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en una encrucijada histórica. Y que lo hagan formulando las bases de un nuevo modelo para Europa.

Lo he escrito en más de una ocasión: es necesario formular una propuesta de refundación política de Europa. Una refundación cuyo horizonte sea la creación de los Estados Unidos de Europa, un proyecto de federación o confederación de los Estados miembros, que conlleve superiores grados de integración, un funcionamiento más democrático de sus instituciones y una dimensión social fuerte. Se podrá avanzar más o menos hacia este objetivo, en más  tiempo o en menos, pero hay que agrupar en torno a él a todos los que consideren que la UE es un proyecto imprescindible para la paz, los derechos humanos y el bienestar social.

Y en paralelo, y con urgencia, hay que construir una nueva política económica europea para el crecimiento sostenible y el empleo de calidad, y dar a la UEM las herramientas necesarias que superen los pesados errores de la construcción del euro: Tesoro Común, emisión de deuda en euros, presupuesto propio suficiente, armonización fiscal y mecanismo de reequilibrio de los déficits y superávits excesivos.

La izquierda europea necesita unos estados generales que, entre otras cosas, le sirvan para formular  un proyecto europeo común  de futuro que le permita, a través de un amplio proceso de convergencia política europea, la construcción de un bloque político y social que sostenga el proyecto de refundación.


3.      Desde el observatorio del CESE

El CESE es un buen observatorio de la realidad política y social europea desde el que se puede seguir el devenir de sus diversas políticas e intervenir en ellas. Está compuesto por 350 consejeros de los 28 Estados miembros, distribuidos en función de su población y de la representación de tres sectores básicos: empresarios, trabajadores y tercer sector (agricultores, economía social y consumidores, básicamente). Elabora dictámenes preceptivos sobre un espectro muy amplio de políticas y normas legales de las instituciones europeas, entre ellas todas las de carácter económico, social y medioambiental, las de seguridad y exteriores, las de interior y derechos fundamentales, etc. También elabora dictámenes de iniciativa propia o a petición de las instituciones sobre los mismos campos, y realiza estudios sobre diversos temas.

Lo primero que llama la atención, en relación con una realidad ciertamente complicada y con unos niveles importantes de enfrentamiento político como es la europea, es la capacidad que tiene el Comité de elaborar posiciones comunes con un elevado grado de consenso en la mayoría de los casos. Para alcanzar este consenso se hace necesario,  lógicamente, renunciar a parte de las posiciones propias de las organizaciones, en particular de aquellas que enfrentan a los sindicatos y a las patronales. Pero el punto de equilibrio está situado, por lo general, en la zona donde convergen las posiciones partidarias de la integración europea sobre bases más democráticas y con un contenido social relativamente elevado.


El CESE, por sus conexiones con la Comisión y el Parlamento Europeo, por un lado, con las organizaciones europeas de la sociedad civil, por otro, y también con las organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil nacionales, podría jugar un papel articulador del necesario debate tendente a reforzar, renovar e impulsar el proyecto político europeo en el momento particularmente crítico que está viviendo.