PLAZA PÚBLICA

El éxito de los miopes

Unai Sordo | Javier Doz

Publicada el 23/02/2020 a las 06:00Actualizada el 22/02/2020 a las 20:43

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/02/23/el_exito_los_miopes_104257_2003.html

Finalmente se ha confirmado: la cumbre del Consejo Europeo ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en torno al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, es decir, los presupuestos de la Unión Europea para los próximos seis años.

Una vez dejada de lado la propuesta de la Comisión Europea, al menos en lo que se refiere al techo de gasto, sobre la mesa estaba la propuesta que el presidente del Consejo, Charles Michel, había formulado para intentar llegar a un acuerdo en la cumbre del 20 de febrero.

La propuesta de la Comisión, formulada cuando la presidía Jean-Claude Juncker en 2018, suponía ya una disminución respecto a los presupuestos actuales (2014-2020), medida en términos de su peso respecto de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE-27.

Los 1,135 billones de euros[1], en compromisos de crédito de la propuesta de la Comisión, suponen el 1,11% de su RNB, frente al 1,16% de los presupuestos vigentes. Esa diferencia de 0,05 puntos de RNB significa una disminución de más de 51.000 millones de euros. Para conseguir aumentos en las prioridades que fijaba –medio ambiente y clima, I+D+i, Erasmus+, etc.–, la propuesta de la Comisión preconiza recortes del 10% en los fondos de cohesión y del 15% en la PAC.

Frente a esta propuesta –insistimos, ya de recorte– un grupo de gobiernos europeos, los de la llamada Liga Hanseática[2] capitaneada por el Gobierno neerlandés, ha planteado recortes más drásticos: establecer el tope de gasto en el 1,0% de la RNB, es decir en 1,022 billones de euros. Esto supone una disminución de cerca de 164.000 millones de euros respecto de los presupuestos actuales.

Frente a las posiciones de la Liga Hanseática, un grupo de países a los que se ha denominado de "Amigos de la cohesión"[3] –políticamente heterogéneos, como indica el que lo integren desde España y Portugal hasta Polonia y Hungría, pero unidos por el hecho de ser receptores de fondos y enfrentarse a los recortes en las políticas agraria y de cohesión– han anunciado su rechazo a la propuesta de Michel.

En la pasada cumbre europea, la Liga Hanseática se disgregó, incorporándose los países bálticos al grupo de "Amigos de la cohesión". Ha surgido un grupo radical de cuatro, los "amigos de la frugalidad", compuesto por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria. Detrás, a no mucha distancia, está Alemania: juntos han llegado hasta el punto de defender el mantenimiento de los "cheques", obtenidos a rebufo del "cheque británico", y que ha permitido a esos cinco gobiernos pagar menos de lo que debieran desde que Margaret Thatcher consiguiera el suyo.

Confirmado el desacuerdo, corresponderá a Alemania, cuyo gobierno ejercerá la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre del año, el intento final de obtenerlo. Hasta el momento Alemania ha mantenido una posición públicamente discreta, aunque se sabe que está más cercana a las posiciones de la Liga Hanseática que a las de la Comisión Europea.

Pacto verde y transición justa. Intenciones sin recursos

La nueva Comisión Europea presentó en enero su Programa de trabajo. Incluye propósitos de apoyar el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales con propuestas concretas sobre los salarios mínimos europeos y un seguro de desempleo europeo complementario. El proyecto principal es el Pacto Verde Europeo y su Mecanismo de Transición Justa.

Afirma el Programa que quiere asignar al Pacto Verde más de un billón de euros en los diez próximos años. En los siete de vigencia de los próximos presupuestos habría 700.000 millones para el Pacto, y de ellos unos 100.000 millones para el Mecanismo para la Transición Justa. Esta cantidad es insuficiente, a pesar de que consignar recursos con estos objetivos es capital si se quiere en serio alcanzar en 2050 una economía europea neutra en emisiones de carbono sin tener que afrontar un insoportable coste social y laboral.

Pero, además, en realidad en la propuesta de MFP 2021-2027 sólo figuran consignados para ese fin 7.500 millones de euros. El resto, hasta 100.000, vendrían de los fondos de las políticas de cohesión[4] –ya utilizados en la propuesta de Michel para finalidades diferentes como compensar los recortes en la Facilidad Europea para el Transporte–, de la cofinanciación de los países y de más créditos obtenidos por apalancamientos adicionales del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Respecto a los 700.000 millones globales de un Presupuesto que subirá poco por encima del billón de euros, sólo cabe decir que es imposible cuadrar el círculo: o bien se recortan drásticamente la mayoría de los demás programas o bien todos se pintan de verde, aunque sean de otro color.

Resulta lamentable la miopía de buen número de gobiernos europeos y de los principales responsables de las instituciones de la UE. Cuando la Unión vive la crisis política que sin duda supone la primera salida de uno de sus miembros, el Reino Unido, y cuando el nacionalpopulismo de extrema derecha progresa en bastantes países, presentar unas propuestas presupuestarias tan restrictivas significa apostar por menos Europa, es decir, ir en el sentido contrario de la única vía que permitiría ir cerrando las grietas y fortalecer el proyecto europeo.

Si se anuncian objetivos ambiciosos para el cambio de modelo económico hacia una economía verde y digitalizada, pero no se aporta una financiación mínimamente suficiente o creíble que proteja a los sectores afectados, en primer lugar a los trabajadores pero también a los propietarios de cientos de miles de pymes, al tiempo que se les encauza hacia nuevas formas de actividad y empleo, el resultado será un enorme descontento social que se achacará directamente a la UE. Si no se protege adecuadamente y se buscan nuevos empleos para los mineros del carbón, polacos o rumanos, o a los trabajadores del automóvil potencialmente afectados en Alemania o España, el resultado político más probable será un nuevo aumento del voto a la extrema derecha, y con ello enfilar el camino hacia el fin de la Unión.

El gen 'austericida' de los beneficiarios del euro

Es inadmisible el egoísmo y la insolidaridad de buena parte de los gobiernos de los países más ricos de la UE que sí, son contribuyentes netos a su Presupuesto, pero que al mismo tiempo son los que reciben las mayores ventajas en los intercambios económicos, tanto de mercancías como de capitales.

Resulta paradigmática al respecto la actitud del Gobierno neerlandés, presidido por el conservador Mark Rutte. Por un lado capitanea, con la condescendencia del Gobierno alemán, el bando de los recortes presupuestarios. Al tiempo muestra, al igual que Alemania, unos enormes superávits de sus balanzas comercial y por cuenta corriente, nunca corregidos por la aplicación del mecanismo de superávits excesivos: del 9,5% del PIB al 7,8% del PIB entre 2015 y 2020 (previsión de la CE), en lo que toca a la balanza de mercancías. Y del 11,2 %, 9,8%, 9,0% y 8,6% del PIB, entre 2018 y 2020, en la balanza por cuenta corriente.

Por otro lado, Países Bajos actúa como floreciente paraíso fiscal, cobijando la sede de decenas de miles de empresas fantasma, según denomina el FMI a las empresas sin actividad económica alguna, por las que pasan 3,5 billones de euros de falsa inversión extranjera directa[5]. Para reforzar la apuesta del gobierno neerlandés al dumping fiscal interno de la UE, que drena decenas de miles de millones de euros de recursos públicos a los Estados que no lo practican, el Gobierno de Rutte se opone a la aprobación de las directivas que pretenden acotar la competencia fiscal desleal en el impuesto de sociedades. También a la que propone cambiar el procedimiento de la unanimidad por el de voto por mayoría cualificada en materia de normas fiscales.

Comisiones Obreras rechaza firmemente las actitudes insolidarias de los gobiernos que pretenden realizar drásticos recortes en los próximos Presupuestos de la UE y pide al Gobierno español que se mantenga firme en su oposición a la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, y que apoye las propuestas del Parlamento Europeo y del CESE (Comité Económico y Social Europeo del que nuestro sindicato forma parte activa). Ambas instituciones defienden que el MFP 2021-2027 consigne recursos equivalentes al 1,3% de la RNB de la UE27, lo que supondría 1.328.791 millones de euros.

Es necesario que haya una mayor sensibilización de las opiniones públicas de los países europeos en torno a esta cuestión y que los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil presionemos a los gobiernos en el sentido de lograr unos presupuestos más fuertes, que permitan fortalecer a la UE, hacer frente a los desafíos que plantean las transiciones justas verde y digital y las tendencias continuadas de ralentización de la actividad económica mundial, en un entorno lleno de riesgos geoestratégicos.

En nuestro país las políticas fiscales liberales, la promoción del dumping fiscal interno drenando recursos a las arcas comunes, la oposición a las políticas de armonización básica de impuestos frente a la competencia desleal entre territorios y administraciones, tiene nombre, apellidos y siglas: los que exigirán contundencia al Gobierno de España "en la defensa de los intereses nacionales y de nuestros agricultores" enfrentándose en Europa a quienes defienden las mismas políticas fiscales y presupuestarias que el PP de Díaz Ayuso en España. Políticas que disuelven democracias y fracturan sociedades.

[1] Todas las cifras se expresan en euros constantes de 2018

[2] Integran la Liga Hanseática los gobiernos de: Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa e Irlanda

[3] Son un total de 16 países: España, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. Es de destacar la deserción, no se sabe si temporal o definitiva, de la Liga Hanseática de los países bálticos.

[4] Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo + (FSE+) y Fondo de Cohesión.

[5] Según la revista del FMI, Finance Development, en sus números de junio de 2018 y septiembre de 2019, el 40% de la IED del mundo, unos 15 billones de euros, pasa por “empresas fantasma”. El 85% están radicadas en 10 países, tres son Estados miembros de la Unión: Luxemburgo, 4 billones de euros, Países Bajos, 3,5 billones e Irlanda.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).
Javier Doz es representante de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

La UE en la hora de la verdad: los Presupuestos 2021-2027

Este artículo ha sido publicado en el diario electrónico Nueva Tribuna . 

https://www.nuevatribuna.es/

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/consejoeuropeo-presupuestosue-estadobienestar/20200214163549171098.html

Cuando la UE todavía no ha empezado a digerir el impacto político del Brexit ni a afrontar sus consecuencias prácticas, en la semana que comienza el 17 de febrero el Consejo Europeo va a intentar llegar a una posición común sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, en reuniones de su Consejo de Asuntos Generales y del Ecofin que prepararán la Cumbre extraordinaria del día 20. Es muy difícil que se alcance un acuerdo sobre los presupuestos de la UE para los próximos siete años, pero cualquiera de los términos que se barajan para ello representaría importantes recortes respecto a los presupuestos vigentes y recortes adicionales a los contenidos en la propuesta de  la Comisión Juncker (2018). Con ello se profundizaría el continuo declive de los recursos presupuestarios de la UE respecto a la riqueza que produce, declive que se manifiesta desde finales del Siglo XX. Y se despreciaría la voluntad política de la ciudadanía europea, expresada por el Parlamento, y la de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, expresada a través del CESE, que reclaman en términos muy parecidos más recursos financieros para fortalecer el proyecto común europeo en un momento clave de su historia.

En sentido contrario, la voluntad de una parte de los gobiernos de los Estados miembros, al menos de una mayoría de los gobiernos de los países que son contribuyentes netos, es meramente contable y restrictiva y contraria a cualquier tipo de compromiso de fortalecimiento de la Unión. El modo que tienen de enfrentarse a la crisis política que el Brexit supone para la UE, y a las crisis políticas generadas por el avance del nacional populismo de extrema derecha en numerosos países, es miope y desolador: quieren “menos Europa”.

Y si, como ha sucedido casi siempre, son los países contribuyentes netos los que determinan finalmente cual es el techo de gasto, las bien intencionadas y bien orientadas iniciativas formuladas por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen -por ejemplo la principal de ellas, el Pacto Verde Europeo- quedarán en agua de borrajas. La actitud de los países más ricos no puede justificarse por el hecho de que tengan que aportar más dinero por la salida del Reino Unido que, a pesar del “cheque británico”, realizaba anualmente una aportación neta de unos 11.000 M€. Porque, como veremos más adelante, son los que más se benefician de la UE y del euro, en términos comerciales y de balanza de pagos, al tiempo que se oponen a que la UE vea aumentados sus recursos propios, cosa que les liberaría de una parte importante de su contribución neta,. Algunos de ellos, además, propician a través de la competencia fiscal desleal el deterioro de los ingresos públicos de otros Estados y de la propia Unión.

“Síndrome de Greta Thumberg” o egoísmos nacionales

Recientemente, el Alto Representante de la PESC, Josep Borrell, achacó a los jóvenes europeos de padecer el “síndrome de Greta Thumberg” y dudó de su voluntad de sacrificar su nivel de vida para hacer frente a las grandes necesidades financieras de una transición justa hacia una economía descarbonizada. La única excusa que podrían tener las desabridas y mal orientadas palabras de Borrell es que en realidad estuviera pensando en el egoísmo de los gobiernos de los países más ricos, probable reflejo de lo que piensan una mayoría de sus ciudadanos poco dispuestos a aceptar tales sacrificios, y que dudara de los anuncios triunfalistas que la Comisión acababa de realizar sobre la financiación del Pacto Verde Europeo. Nuestro Alto Representante tiene que conocer bien el estado del debate presupuestario en el Consejo.

El 14 de enero la Comisión Europea hizo públicas dos comunicaciones sobre el Plan de inversiones del Pacto Verde Europeo y la propuesta de Reglamento del Fondo de Transición Justa. Según sus portavoces, se estaba hablando de destinar un billón de euros entre 2021 y 2030 para su financiación. En los siete años de vigencia del MFP 2021-2027 serían unos 700.000 millones de euros. Dentro de esta financiación, el Mecanismo de  la Transición Justa podría generar, en diez años, unos 143.000 millones de euros, principalmente a través de inversiones -públicas y privadas- financiadas por los créditos apalancados del BEI, de las transferencias de los fondos de cohesión (FEDER y FSE+) y de la cofinanciación de los Estados miembros. Porque, en realidad, el nuevo Fondo de Transición Justa, apenas tendría 7.500 M€ en los próximos presupuestos plurianuales (2021-2027).

En una primera apreciación se puede decir que mientras que el Mecanismo de la Transición Justa tiene una financiación claramente insuficiente, el problema sobre las cifras globales, sean los 700.000 M€ o el billón, son las dudas acerca de dónde pueden provenir, habida cuenta de la escasez de los recursos del MFP 2021-2027 que la Comisión, y no digamos el Consejo, están proponiendo. O, dicho de otro modo, o bien el Pacto Verde se lleva casi todo los recursos presupuestarios de la UE, recortando radicalmente el resto de los programas, o bien, los programas ordinarios se pintan de verde, un verde muy clarito naturalmente.

MFP 2021-2027. Algunas cifras y los términos del debate

La duda se transforma en perplejidad cuando se examinan las cifras principales de la propuesta de la Comisión y las posiciones tentativas que se barajan desde el Consejo.

La propuesta de la Comisión establece una cifra global de ingresos y gastos de 1.134.583 M€ (euros constantes de 2018) para los próximos siete años. Esto supone un 1,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27, frente al 1,16% del vigente MFP 2014-2020,  en comparación consolidada (sin las aportaciones y retornos del Reino Unido). Esto supone, de entrada, un recorte  de 53.315 M€. Lo sufren dos políticas: las de cohesión (-10%) y la PAC (-15%). Datos difícilmente compatibles con la literatura de apoyo a la Europa social -sus pilares de derechos y su cohesión- que prodigó la Comisión Juncker y heredó, e incluso reforzó, la Comisión Von der Leyen.

Pero a la moderna “Liga Hanseática”, conjunto de nueve países liderados por Holanda[1], el recorte de la Comisión les parece insuficiente. Exigen que los gastos no excedan del 1% de la RNB. Esto supone un recorte de nada menos que 220.000 M€ respecto a los presupuestos vigentes  y de 150.000 M€ respecto a la propuesta de la Comisión.

La Presidencia de turno finlandesa presentó en el Consejo un intento de compromiso cifrado en un tope del 1,07% de la RNB. Incluso concretó los nuevos recortes de 112.500 M€, respecto a los presupuestos vigentes, y de 50.000 M€, respecto a la propuesta de la CE. Se repartirían entre las políticas de cohesión (-13,71%) y las prioridades de la propuesta de la Comisión. Entre ellas están, lógicamente, el clima y el medio ambiente.

El Consejo de diciembre no tomó ninguna decisión y mandató a su presidente, Charles Michel, a que hiciera una ronda entre todos los países europeos. La propuesta que supuestamente llevará a la cumbre del Consejo del día 20, según han filtrado diversos medios periodísticos europeos, es que el tope de gasto se sitúe en el 1,04% de la RNB, lo que supondría un recorte de 165.000 M€, respecto a los presupuestos actuales, y de 95.500 respecto a la propuesta de la Comisión.

La posición del PE, el CESE, el CdR y de los países de menor renta

El Parlamento Europeo y el CESE se sitúan en una óptica completamente opuesta: critican la propuesta de la Comisión por insuficiente, rechazan los recortes en políticas de cohesión y en la PAC, exigen una reforma en profundidad del sistema de ingresos para que los recursos propios sean su parte principal[2], y piden que ingresos y gastos alcancen el 1,3% de la RNB. Esto supone un incremento, respecto de los presupuestos vigentes, de 202.595 M€, cerca de 29.000 M€ anuales. La posición es compartida por el Comité de las Regiones. Conviene no olvidar que, hace pocos años, el objetivo de quienes defendíamos una UE fuerte con una capacidad presupuestaria significativa era establecer un suelo presupuestario del 3% de la RNB.

El PE mantiene, hasta el momento una posición firme. En su última resolución sobre el tema (octubre de 2019) se reafirma en la petición del 1,3% del PIB, sostiene que no aprobará ningún presupuesto que no conlleve una reforma en profundidad de los recursos propios y pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para prorrogar el MFP 2014-2020, en la previsión de que no haya acuerdo en el “triálogo” con la Comisión y el Consejo antes de finales de año. Pero el “triálogo” no puede iniciarse hasta que el Consejo tenga una posición, por lo que la aprobación, si es que llega, no será antes de que culmine la Presidencia alemana, en el segundo semestre de 2020.

Mientras que Alemania y Austria mantienen posiciones muy cercanas a la Liga Hanseática, España y Portugal, junto con otros países del Sur y el Este de Europa han creado otro grupo, “Amigos de la Cohesión”[3] que se opone a los recortes drásticos en cohesión y PAC, aún moviéndose en el marco de la propuesta de la Comisión Juncker.

El injustificable egoísmo de buena parte de los países ricos de la UE

Si nos limitamos a los datos de las siempre engañosas –en la UE y en el interior de los Estados miembros- balanzas fiscales, puede surgir una comprensión hacia los países que tienen que pagar más, los contribuyentes netos, y sus opiniones públicas. Pero en cualquier sistema de intercambios comerciales, mucho más aún en un mercado único con moneda común e instituciones políticas, los términos principales del intercambio entre los Estados lo dan las balanzas comerciales y por cuenta corriente. Y aquí los datos son concluyentes de las enormes ventajas que países como Alemania y Holanda obtienen de la UE y de la moneda común. Sus superávits comerciales, actuales y previstos hasta 2021, son del orden del 6,5% en el caso de Alemania y del 8% en el de Holanda. Y sus superávits de la balanza de pagos son  del orden del 7%, en Alemania, y del 9,5% en Holanda.

Esta situación, inaceptable en una economía integrada, sólo ha motivado débiles exhortaciones en pro de su reducción por parte de las instituciones de la UE que nunca han iniciado un “procedimiento por superávit excesivo” que estaría más que justificado. Los países que se benefician de un desequilibrio de esta naturaleza, gran favorecedor de su riqueza, deben, entre otras cosas, aportar más al pequeño presupuesto común.

En el caso de Holanda, su papel es aún más criticable puesto que es uno de los países que más practican el dumping fiscal en el interior de la UE, con prácticas que favorecen la elusión fiscal a gran escala, y aún el fraude fiscal, que drenan importantes recursos financieros para realizar las políticas públicas a los demás Estados miembros y contribuye a sus déficits fiscales. Los recientes artículos de tres expertos daneses en la revista del FMI, Finance & Development, (Damgaard, Elkjaer y Jahannesen, 2018 y 2019)[4] dan cumplida evidencia del escandaloso volumen del problema y de la decisiva contribución de Holanda, junto con Luxemburgo e Irlanda, al mismo. A partir de las bases de datos del FMI y de la OCDE, estos economistas llegan a estas conclusiones: el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del mundo circula por “empresas fantasma” que no tienen ningún tipo de actividad económica. Estos flujos de elusión y fraude fiscal suman 15 billones de dólares (más que las economías china y alemana juntas). El 85% de esa cantidad va a empresas fantasma de 10 países, entre ellos los tres paraísos fiscales mencionados que son tres Estados de la UE. En cabeza: Luxemburgo, 4,0 B$; y Holanda, 3,5 B$.

Algunas conclusiones

Al pesimismo de la razón hay que combatirlo con el optimismo de la voluntad, siguiendo la máxima del viejo Gramsci. Sindicatos, organizaciones sociales y políticas progresistas europeas deberían movilizarse para exigir a los gobiernos nacionales y a las instituciones comunitarias que se abandone la política deflacionaria que lastra el crecimiento y que concentra los recortes presupuestarios en capítulos clave para el fomento de la convergencia entre los Estados y la cohesión social. Y decir bien claro que la necesaria transición hacia una economía verde y digitalizada tiene que ser justa, es decir tiene que hacerse con una alta protección de los trabajadores afectados. Y que eso cuesta mucho dinero, dinero que no está ni en las propuestas de la Comisión ni menos aún en lo que baraja el Consejo.

Hay que presionar a los eurodiputados para que el PE se mantenga firme en su buena propuesta. Y a gobiernos como el español, para que no cedan. Y transmitir a los responsables políticos europeos que abandonen su increíble ceguera. Al nacional populismo de extrema derecha sólo se le vence con una Europa más fuerte, con recursos para hacer políticas en favor de la gran mayoría de la población y de los que más lo necesitan. Que entiendan que si a los afectados por la transición verde, de los mineros del carbón polacos o rumanos a los trabajadores del automóvil alemanes o españoles no se les protege suficientemente y se les proporciona, en su caso, nuevos empleos de calidad, el triunfo de la  extrema derecha está asegurado  y con ello el fin de la Unión.  

Javier Doz

Consejero del Comité Económico y Social Europeo por CC OO

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[1] Integran la Liga Hanseática: Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa e Irlanda

[2] Con establecimiento de nuevas figuras impositivas –impuesto a las transacciones financieras, tasa digital, impuesto al carbono, etc.- y reforma de otras para incrementar los ingresos compartidos con los Estados miembros –introducción de la Base Impositiva Común Consolidada del Impuesto de Sociedades (BICCIS) e IVA-.

[3] Son un total de 16 países: España,  Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. De gobiernos tan antagónicos como el español y portugués respecto al húngaro o polaco, su nexo de unión es que son países de renta inferior a la media europea. Por ello han atraído a los tres miembros bálticos de la Liga Hanseática.

[4] J.Damgaard, T. Elkjaer y N. Johannesen: 2018 Piercing The Veil: Some $12 Trillion Worldwide Is Just Phantom Corporate Investment , en F&D de 10/06; 2019 “The rise of phantom investments” en F&D September 2019 Follow the Money

Por qué me empieza a preocupar la epidemia del coronavirus de Wuhan

Después de leer el artículo de EL País, que publico aquí después de este breve comentario, por primera vez desde el comienzo de la epidemia del coronavirus de Wuhan, me he empezado a preocupar seriamente sobre sus consecuencias sanitarias, económicas y políticas. Por un lado, porque la muy probable existencia de bastantes más muertos de los que recogen las estadísticas oficiales hace no fiable la tasa de mortalidad oficial que no era superior, hasta el momento, a la de una gripe ordinaria. Las autoridades chinas han implantado la censura sobre las informaciones sobre la enfermedad precisamente  cuando informaciones periodísticas fiables, que utilizaban un momento de libertad de información sin precedentes para hablar sobre la epidemia, decían que muchos miles de personas no podían ser atendidas en los hospitales y algunas de ellas morían en sus domicilios y no eran contabilizadas en las estadísticas oficiales. 

Por otro lado, la paralización de muchos sectores de la economía china, con vacaciones forzosas para decenas de millones de trabajadores, puede tener un impacto serio en su tasa de crecimiento y acabar teniéndolo en la de la economía mundial. Cuando se ha aparcado el conflicto comercial entre los EE UU y China como factor de riesgo para una recesión económica general, ahora surge una epidemia vírica como inesperado nuevo factor de riesgo.

Sobre las consecuencias políticas me limito a un hecho del que me informaban ayer unos amigos italianos: varios dirigentes de la Liga, el partido de Salvini, han pedido a su gobierno que establezca una cuarentena para los residentes chinos y así evitar la propagación de la epidemia en Italia. Todo una insuperable mezcla de ignorancia y xenofobia que hace de la propagación del miedo al otro y de los peores instintos un arma política. ¡El coronavirus de Wuhan como instrumento al servicio de la propaganda del nacional-populisno europeo de extrema derecha! Con esto sí que no contaba.

CORONAVIRUS DE WUHAN

China impone la censura frente a la ira ciudadana por la epidemia

El Politburó refuerza el control de los medios e Internet y envía a 300 propagandistas a Hubei tras publicarse irregularidades sobre las cifras de muertos y el reparto de mascarillas

MACARENA VIDAL LIY

Pekín 5 FEB 2020 - 08:39 CET

No todos los que fallecen en Wuhan por el coronavirus aparecen en las listas oficiales. El desbordamiento es tal que solo un pequeño número, los más graves, son admitidos finalmente en los hospitales. El resto debe volver a sus domicilios con la orden de someterse a una cuarentena estricta, y esperar. Los que mueren esperando no se incluyen en el recuento de víctimas, por lo que la cifra real puede ser mucho más alta de la que cada mañana anuncia la Comisión Nacional de Salud. La respetada revista económica china Caijing así lo denunciaba el fin de semana en un extenso artículo titulado Fuera de las estadísticas. El reportaje ha desaparecido de su página web.

Después de que, tras conocerse la verdadera gravedad de la epidemia, el Gobierno chino prometiera transparencia, las últimas dos semanas han sido, para la prensa china, un pequeño oasis de libertad. Las informaciones publicadas en torno a la situación en Wuhan y su provincia, Hubei, han sido insólitamente incisivas. La apertura se extendió a las redes sociales, a través de las cuales han circulado informaciones que dejaban claro hasta qué punto se ocultó información en la provincia al comienzo de la crisis. Una oleada de vídeos que denunciaban la precaria situación de los hospitales en el foco de la infección, que ya ha contagiado a más de 24.000 personas y ha matado a 492. Las imágenes de médicos exhaustos, con la cara deformada por las horas ininterrumpidas de trabajo con la mascarilla puesta, han dado la vuelta al mundo.

“En este clima, las élites gobernantes en China se vieron arrojadas de repente a un coliseo virtual en el que sus destrezas políticas se vieron puestas a prueba sin piedad. Y fracasaron de modo espectacular”, apunta el comentarista social Ma Tianjie en su blog Chublic Opinion.

Pero ese breve lapso de relativa libertad informativa parece tener las horas contadas. La ira ciudadana no es un fenómeno con el que el Gobierno chino se encuentre a gusto. La estabilidad social siempre ha sido su principal objetivo, por encima incluso de las metas económicas. El domingo se reunía por segunda vez en ocho días -algo extraordinario, apenas se ha producido un puñado de estos encuentros en los últimos cinco años- el Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista, el máximo órgano de poder en China, para analizar la respuesta al virus.

Ausente en público desde hace ocho días, toda una rareza, el presidente chino, Xi Jinping, instaba en la reunión a contener rápidamente la epidemia, un esfuerzo que -recalcaba-tendrá un impacto en la salud pública, la economía del país y la paz social. Y entre las recetas que la reunión ha acordado aplicar se encontraba una receta de siempre: “Fortalecer el control de los medios e Internet”.

Imponerse al virus es una cuestión vital para el régimen, y quien no cumpla su parte se verá duramente castigado. “Es una prueba clave del sistema de China y su capacidad de gobierno”, apuntaba Xi, según lo ha recogido la agencia oficial de noticias china, Xinhua.

Las redes y los medios destapaban este fin de semana irregularidades en el reparto de donativos de máscaras y otro material protector. Salían a la luz denuncias de que la Cruz Roja china, un organismo estatal no afiliado con la Cruz Roja Internacional y que arrastra una pésima reputación de corrupción desde hace años, era la institución que centralizaba la recepción de esos suministros, aunque se hubiesen enviado a un hospital concreto. Y que, en lugar de repartirlos en los hospitales que más los necesitaban, los desviaba hacia los altos cargos de la zona o centros médicos dudosos, lejos de la línea de frente contra la enfermedad.

Mientras, en el epicentro de la crisis, algunos médicos tenían que recurrir a protegerse con chubasqueros en lugar de trajes especiales, o confeccionar sus propias mascarillas. Los llamamientos de ayuda se multiplicaban en redes. Fotos y vídeos en los que se ve a los médicos protegidos con simples mascarillas quirúrgicas mientras los políticos con los que se reúnen llevan las codiciadas N95 -agotadas en toda China- desataron una oleada de indignación en internet. “Es muy frustrante”, comenta Niao, un estudiante de Ingeniería en su último año de Universidad, “se suponía que estas lecciones ya se habían aprendido hace 17 años, con la epidemia de Sara. Y estamos en las mismas otra vez”.

Hasta tal punto que las autoridades han tenido que ceder y permitir que los hospitales puedan recibir directamente los donativos que se les envíen.

Pero el cambio de tono en los medios, a raíz de la reunión del Comité Permanente, comienza a notarse. Además de la desaparición del reportaje de Caijing -disponible, no obstante, en algunos agregadores-, ya las búsquedas en Internet de palabras clave (“escándalo cruz roja”, por ejemplo) arrojan muchos menos resultados o ninguno. El Departamento Central de Propaganda ha enviado este martes a más de 300 periodistas a Hubei para que hagan una "cobertura en la línea de frente", informaba la televisión estatal CCTV.

La revista Caixin, uno de los medios privados de mayor renombre en China, y que ha sido estos días una de las publicaciones más combativas, publicaba este martes un editorial de llamamiento a la transparencia. “Pedimos transparencia a lo largo de todo el proceso. La transparencia debería de reflejarse en todos los aspectos de la investigación científica, tratamiento médico y despliegue de personal y material, con todos los niveles y departamentos obligados a rendir cuentas. La difusión de información debería ser veraz, precisa, completa y rápida, sin omisiones arbitrarias ni silencios sobre cuestiones importantes que solo reconocen problemas pequeños, y sin huir de la realidad”.

Pero el Gobierno, a través de los medios de comunicación estatales, ya trata de tomar las riendas del relato. La construcción en tiempo récord de dos hospitales en Wuhan -el primero ya está en funcionamiento y el segundo lo hará a finales de esta semana- era primordial tanto desde el punto de vista sanitario como el de propaganda: un modo de demostrar que, cuando se lo propone, China puede acometer proyectos prodigiosos de los que ningún otro país es capaz.

Aunque el propio Gobierno ha admitido que continúan los problemas de suministros médicos para Wuhan y el resto de ciudades en cuarentena, que acumulan cerca de 50 millones de personas desde que se sumase Wenzhou, la única fuera del foco de la infección. “Lo que China necesita urgentemente son máscaras médicas, trajes protectores y gafas de seguridad”, ha precisado el Ministerio de Exteriores”. Tras el parón por el Año Nuevo Lunar, las fábricas chinas aún se encuentran solo al 70% de su capacidad de producción de 20 millones de mascarillas al día. La epidemia dista mucho aún de estar bajo control.

EL MÉDICO QUE LANZÓ LA ALERTA Y AHORA ES UN ENFERMO MÁS

M.V.L

El 30 de diciembre, el oftalmólogo Li Wenliang, de 34 años, escribió un mensaje alarmante en su grupo de amigos de la Facultad. En su hospital habían ingresado siete pacientes, todos relacionados con un mercado de pescado y con síntomas muy similares al SARS, la epidemia causada por otro coronavirus que mató a casi 800 personas en 2003.

No tenía intención de diseminar la información más allá de su círculo de amistades. Simplemente, pedía a sus antiguos compañeros que advirtieran a sus familias y tuvieran cuidado. Pero el mensaje se hizo viral. Cuatro días más tarde, la Policía le acusaba de difundir rumores, un cargo que puede acarrear hasta siete años de cárcel en China. Otros siete médicos recibieron la misma acusación.

En comisaría, el médico tuvo que firmar una declaración en la que admitía su falta y prometía no reincidir, antes de que se le permitiera regresar a su casa.

Pocos días más tarde trató a un enfermo, sin saber que su paciente estaba infectado con el virus. El día 10 empezó a mostrar síntomas, y el 12 quedó ingresado en un hospital, donde su estado continuó empeorando. El sábado pasado concedía una entrevista a la revista Caixin. Le acababan de confirmar su diagnóstico: tenía el coronavirus

El sábado pasado, en una entrevista con la revista Caixin, Li revelaba que él mismo había contraído la enfermedad. Había empezado a sentirse enfermo el 10 de enero, después de tratar a un paciente infectado, y quedó ingresado en un hospital.