El Gobierno de España no puede ponerse en segundo plano en la lucha contra la pandemia

Un artículo de El País, del 22 de agosto de 2020, titulado "El Gobierno traslada a las autonomías toda la presión política frente a la pandemia. El Ejecutivo desiste de las reformas legales anunciadas como alternativa al estado de alarma", me lleva a realizar la siguiente reflexión.

Es gravísimo que un juego político degradado y la irresponsabilidad de todo el arco parlamentario -la del PP, VOX y los independentistas en primer término- esté llevando a una tan desastrosa gestión de la lucha contra la pandemia de la Covid-19 como la que estamos padeciendo desde el precipitado fin del estado de alarma.

Como desde el sectarismo y el oportunismo más extremo tanto la oposición de derechas (PP y VOX) como los nacionalistas e independentistas periféricos exigieron al Gobierno de España que pusiera fin al estado de alarma y que fueran las comunidades autónomas quienes gestionasen la lucha contra el coronavirus, ahora el Gobierno de España se desentiende de establecer una dirección de la misma para todo el Estado, cuando esto es absolutamente necesario en cualquier circunstancia y máxime cuando las cifras de la pandemia muestran que estamos ante un repunte muy grave, se llame o no segunda ola.

El desconfinamiento se hizo sin que las administraciones sanitarias estuvieran suficientemente preparadas, sin que hubiera ni de lejos el número requerido de rastreadores ni unos servicios de atención sanitaria primaria reforzados en la mayoría de las comunidades autónomas. Entre otras cosas porque no hubo ni una norma estatal que estableciera los requisitos mínimos que tenían que cumplirse ni un plan de mejora urgente del sistema sanitario que podría haber sido financiado con fondos de la UE, por el Mecanismo de Estabilidad (MEDE) en particular. Tampoco hay una app útil para rastrear los contactos ni la habrá, al menos hasta septiembre si es que la hay, porque su puesta en funcionamiento práctico depende de cada una de las 17 comunidades autónomas.

A pesar del incremento del número de contagios que ha colocado a España a la cabeza de Europa en casos por 100.000 habitantes, con una curva de crecimiento alarmante, los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas no se han vuelto a reunir en el Consejo Interterritorial desde el fin del estado de alarma. Los consejeros de educación tienen previsto hacerlo por primera vez a finales de agosto, con el comienzo del curso escolar a las puertas y tras haberse filtrado, desde fuentes del Ministerio de Educación, que no es su intención establecer unas normas estatales comunes, educativas y sanitarias, para el curso escolar ni siquiera un protocolo marco que luego fuese aplicado con la flexibilidad debida en cada comunidad autónoma. De la financiación de un Plan estatal de reforzamiento de las plantillas de personal docente y de administración y servicios ni se oye hablar.

Conviene recordar aquí que en Italia se van a contratar a 180.000 docentes nuevos. En el campo de la educación como en el de las políticas sanitarias y de salud pública Italia está funcionando como una nación que tiene un Estado mucho más eficaz que el nuestro y les está yendo mucho mejor a pesar de la extensión y gravedad que tuvo el inicio de la pandemia en su territorio.

Es inaceptable la dejación de responsabilidades que está manifestando el Gobierno de Pedro Sánchez para dirigir la gestión de la pandemia en todo el territorio español, por más que estén justificadas todas las críticas al PP y a VOX y a los nacionalistas, tanto por la gestión que realizan en muchas de las comunidades autónomas que gobiernan -empezando por el ejemplo máximo de mala gestión: el Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid- como por la duplicidad e hipocresía de sus cambiantes discursos. No puede ser que por mor del nefasto juego político en torno a la pandemia que estamos padeciendo, la salud y el empleo de los españoles y la economía de nuestro país se conviertan en factores secundarios porque nadie quiera asumir algo tan obvio como la necesidad de una política común para toda España para enfrentarse a la pandemia.

No estoy defendiendo una recentralización de las competencias ni mucho menos. Es más, la gestión de la pandemia hubiese sido una oportunidad ideal para el rodaje y el reforzamiento de los mecanismos de gobierno común de la administración central del Estado con las administraciones de las comunidades autónomas. Una oportunidad para perfeccionar un modelo de tipo federal, o federalizante, basado en la coordinación estrecha, en la adopción de decisiones comunes, en la corresponsabilización de todas las administraciones en la aplicación de las mismas y en el respeto a las competencias autonómicas. Es decir autonomía sí pero con integración y cogobernanza.

Todavía se está a tiempo para rectificar. Hay que rectificar. Estoy convencido que la gran mayoría de los españoles desearían que se hiciera en el sentido de lo que estoy proponiendo. Y que se pusiera fin de una vez a ese tipo de lucha política que hemos padecido hasta el momento, basada en el sectarismo y el oportunismo. No soy demasiado optimista pero no me cansaré de decir esto que digo.

Financiemos con el MEDE un Plan urgente de mejora del sistema sanitario público y de las políticas preventivas de salud pública

Artículo publicado en Nueva Tribuna el 5 de agosto de 2020

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/financiemos-mede-planurgente-sistemasanitariopublico-politicaspreventivas-saludpublica-economia-ue-go

JAVIER DOZ

5 DE AGOSTO DE 2020, 12:43

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes 4 de agosto, a preguntas de un periodista, descartó prácticamente la idea de pedir dinero prestado al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). Lo despachó diciendo que los préstamos del MEDE sólo se puede pedir para gastos sanitarios y que no hacía falta, después de recordar que sí se va a pedir dinero al SURE (siglas en inglés del programa denominado "Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia"), unos 20.000 millones de euros, para la financiación de los ERTE y subrayar que, a pesar de lo que diga la oposición, "eso no es un rescate". Creo que es un error no pedir dinero prestado al MEDE. Y que el error viene motivado por evitar las críticas de la oposición que diría, falsamente como en tantas otras cuestiones, que España estaría siendo "rescatada".

Los motivos por los que creo que es un error no acudir al MEDE son:

1. Se obtendría una financiación más barata que la que proporcionan los mercados de deuda, aún siendo el tipo de interés del bono español a diez años en el día de hoy del 0,28%. El MEDE, que está deseoso de que le pidan prestado, ha calculado que si España pidiera la totalidad de la cantidad a la que podría aspirar, unos 24.000 millones de euros (el 2% del PIB español) el ahorro sería de unos 1.300 millones respecto a la financiación obtenida en los mercados de deuda pública. Y lo más importante: como el MEDE consigue financiación a tipos negativos, la trasladaría a los préstamos a los Estados miembros de la UE que lo solicitaran. Contando con la pequeña comisión de apertura y la comisión anual y un tipo de interés del 0,1%, el MEDE, por financiarse a tipo claramente negativos, puede conceder los préstamos a tipos de interés también negativos, comprendidos entre el -0,12% y el -0,26%, según los plazos de devolución. Es decir, no conllevarían carga financiera alguna y habría que devolver un poquito menos de lo que se pide prestado.

Al Gobierno de España le diría que pidiese al MEDE lo que sea necesario para financiar tanto los gastos de inversión como los gastos corrientes de un Plan ambicioso

2. Es la única financiación de la UE que puede recibirse ya en 2020, en cuanto se cumplan con los trámites de solicitud y concesión. La decisión la adoptarían el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores del MEDE. Este último está formado por los ministros de finanzas de la zona euro y está presidido por el presidente del Eurogrupo. Los préstamos y subvenciones del Plan de Recuperación Nueva Generación UE (PRNG UE), los famosos 140.000 millones que le corresponden a España, no comenzarán a llegar a las arcas de nuestro Tesoro hasta el segundo semestre de 2021 y su recepción se prolongará hasta 2026. Comienzo tardío y plazo demasiado extenso para contribuir bien a una recuperación rápida de las economías europeas más dañadas por la brutal recesión causada por la pandemia de la Covid-19. Para acceder a las subvenciones y préstamos del PRNG hay que elaborar y presentar primero el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia e insertarlo en los Presupuestos Generales de Estado para 2021 y años siguientes. Y lógicamente, que ambos instrumentos sean aprobados, el primero por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, y ambos por el Parlamento de España. Como muy pronto, en diciembre de 2020.

3. Pedro Sánchez ha cometido, a mi juicio, un error diciendo que no son necesarios para financiar los gastos sanitarios derivados de la pandemia. Por un lado están las necesidades más inmediatas que estamos viendo que no cubren las Comunidades Autónomas. Las más urgentes, las de incremento de las plantillas de profesionales sanitarios en la asistencia primaria y las derivadas de la formación de equipos de rastreadores debidamente formados. Por cierto, creo que hay que decir que es una grave irresponsabilidad política la que están demostrando los gobierno de algunas Comunidades autónomas, en particular los de Cataluña y Madrid, por no poner todos los medios necesarios para rastrear, aislar y eliminar los focos de contagio. Se sabía lo que había que hacer y no se ha hecho; y ahora asistimos a un repunte inquietante de la curva de contagios de la pandemia que ya, por lo pronto, ha acabado por arruinar las expectativas del sector  turístico en este verano. En Madrid y en Cataluña se han tenido sólo un rastreador por 47.000 o 37.000 habitantes, cuando había que haber tenido uno por cada 5.000, al menos (Alemania tiene uno por 3.000). También me parece criticable la relativa pasividad del Gobierno de España por no intervenir con unas directrices claras al respecto y con las ayudas económicas que las comunidades autónomas necesitasen.

4. Por supuesto que haría falta una financiación europea para un Plan de medidas urgentes de mejora del sistema sanitario público y de las políticas de salud pública para prevenir la pandemia de la Covid-19. Porque a las necesidades más urgentes de la atención primaria y de los grupos de rastreadores que he comentado, hay que añadir la mejora general de la infraestructura, los equipamientos, las plantillas y los suministros que necesitan las redes hospitalarias públicas de las comunidades autónomas. Éstas todavía no se han recuperado de los indeseables recortes que sufrieron por la aplicación de la nefasta política de austeridad extrema impuesta por los responsables políticos de de la UE para hacer frente equivocadamente a la Gran Recesión. Recortes que comenzó a aplicar el Gobierno de Zapatero y culminó con gran profundidad el de Mariano Rajoy. A esto habría que añadir las medidas sociales de prevención de la pandemia que van desde la realización masiva de test, a las que se deberían realizarse en todos los aeropuertos, o las que habría que aplicar en los centros de enseñanza para garantizar la educación presencial con distancia social.

5. Los préstamos de la línea de crédito del MEDE contra la pandemia del coronavirus (240.000 millones) pueden financiar los gastos sanitarios "directos e indirectos ligados a la pandemia". No están sometidos a la firma de ningún memorando de condiciones ni a ningún tipo de condición específica para un país. Sólo a las generales de sostenibilidad financiera a largo plazo, pero en un momento en que está vigente, y seguirá estando casi seguro hasta 2022, la cláusula general de suspensión de las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Después habrá que hacer frente a la creación de las condiciones fiscales que permitan reducir la deuda y el déficit, sin que los préstamos del MEDE supongan una gravosa carga financiera para ello.

6. La financiación de un Plan de medidas urgentes de mejora del sistema sanitario público y de las políticas de salud pública es, tal vez, la principal urgencia de los planes de recuperación y reconstrucción. No puede esperar al segundo semestre de 2021. Al Gobierno de España le diría que pidiese al MEDE lo que sea necesario para financiar tanto los gastos de inversión como los gastos corrientes de un Plan ambicioso. Y que reserve las ayudas, en primer lugar, y los créditos si son necesarios del PRNG para todos los demás proyectos de reconstrucción económica y social. Y que, si es posible, se coordine con Italia y otros países para hacerlo, y que, en todo caso no tema lo que vayan a decir el PP y Vox. Lo dirán en cualquier caso, y en éste sus argumentos son fácilmente desmontables. Y si los mercados de la deuda se ponen algo nerviosos y presionan al alza nuestra prima de riesgo, ya se encargará el BCE, creo que podemos confiar en ello, de hacerla bajar.

Reconstrucción y presupuestos: UE y España

Artículo publicado en Espacio Público, sección de debate del diario digital Público, el 16 de julio de 2020.  

https://espacio-publico.com/un-debate-cargado-de-presente-y-de-futuro/comment-page-1#comment-6978

Javier Doz   

Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO

Los próximos días 17 y 18 de julio se va a celebrar una cumbre del Consejo Europeo muy importante para conocer el alcance de la implicación de la UE en la recuperación de las economías y las sociedades europeas de la peor crisis de su historia y, también, para calibrar el futuro de la propia Unión. La cumbre debería aprobar, ya con retaso, el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 e, insertado en el mismo, la propuesta de la Comisión Europea de Plan de Recuperación “Nueva Generación UE” (NGUE).

En el momento de escribir estas líneas, no parece que las concesiones que el Presidente del Consejo, Charles Michel, ha hecho a los “cuatro frugales” en su propuesta, ni las peregrinaciones de los primeros ministros de los países del Sur a La Haya para entrevistarse con Mark Rutte, hayan modificado la intransigencia del líder de ese grupo de países. Las diferencias afectan a la cuantía global, a las subvenciones y al reparto por países. Sus heterogéneas coaliciones de gobierno, lideradas en Holanda y Austria por partidos de la derecha liberal y en Dinamarca y Suecia por partidos socialdemócratas, se caracterizan por su oposición a una mayor integración europea y al cultivo de un nacionalismo que quiere sólo las ventajas del mercado único y ninguna de sus obligaciones.

Acaban de obtener una victoria importante al colocar como presidente del Eurogrupo, frente a Nadia Calviño, a Paschal Donohoe, Ministro de finanzas de Irlanda, país que junto a Holanda y Luxemburgo forma un grupo muy informal pero repleto de canales financieros subterráneos, el grupo de los tres mayores paraísos fiscales en suelo de la UE. Sólo la capacidad de presión de Alemania y Francia, si se deciden a utilizar todas sus armas, podría alejar esta cumbre del fracaso o de unas malas conclusiones.

Mientras, en España, la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica terminó, el 3 de julio, sus trabajos logrando sus conclusiones el apoyo de sólo el PSOE, UP y Cs pero no de nacionalistas e independentistas ni del PP, y el rechazo frontal de Vox. Pero la aplicación de sus principales conclusiones está condicionada, sean cual sean los textos finales y los votos del Pleno del Congreso del 22 de julio, a la aprobación del MFP 2021-2027 y del NGUE de la UE. Y, por supuesto, a que el Gobierno tenga una mayoría parlamentaria que permita abandonar los remendados presupuestos de Montoro de 2018, inservibles para insertar en ellos los programas y proyectos que pueden ser financiados con los fondos europeos.

Porque nuestro Plan de Reconstrucción depende del NGUE y de los presupuestos europeos, de que nos lleguen los 140.446 M€ (77.324 de subvenciones y 63.122 de créditos), estimados en base a la propuesta de la CE o los que finalmente nos toquen, según se le permita hacer a Rutte y la nueva “banda de los cuatro”. Baste recordar que, según las Previsiones de Primavera de la CE, España pasará de tener una deuda pública del 95,5% del PIB en 2019 a otra del 115,6% a finales de 2020.

Crisis de la pandemia y Gran recesión: diferentes respuestas

Hay que constatar una diferencia muy importante con lo sucedido en la Gran Recesión iniciada en 2008. Entonces, tras un periodo en el que se dejó arrastrar a regañadientes por las medidas keynesianas adoptadas por las cumbres del G20, haciendo muy poco y casi nada solidariamente, la UE se embarcó, a partir de mayo de 2010, en las políticas de austeridad extrema que hicieran recaer en la recesión a numerosos países además de producir deterioro laboral y social y divergencia entre los Estados de la UE. Le acompañó la política monetaria del BCE de Trichet que no tuvo empacho en volver a subir dos veces los tipos de interés en 2011 como ya lo había hecho en 2008. Algunas de las consecuencias sociales de aquella muy equivocada política y de sus recortes en los servicios públicos fundamentales, aplicada sin alternativas por el Gobierno de Zapatero y con convicción por el de Rajoy, las seguimos sufriendo hoy, como los que han debilitado al Sistema Público de Salud, esencial frente a la pandemia de la Covid-19.

Ahora, sin embargo, la CE ha reaccionado en un sentido contrario y con celeridad. Tras reunir 38.000 M€ de remanentes de los presupuestos vigentes para atender a la emergencia sanitaria[1], aplicó, el 13 de marzo, la cláusula de suspensión general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (de sus techos de déficit y deuda) y diseñó un primer Plan de 540.000 M€ de préstamos blandos[2]. El 28 de mayo se hizo pública la propuesta de Plan de Recuperación de 750.000 M€: 500.000 M€ en transferencias directas y 250.000 M€ en créditos.

El reparto entre los países miembros se quiere hacer según las necesidades derivadas de la situación económica, social y sanitaria. Su objetivo general se define así: “Una recuperación colectiva y cohesionada que acelere la doble transición ecológica y digital no hará sino fortalecer la competitividad de Europa, su resiliencia y su posición como actor mundial. Es por ello que la solidaridad, la cohesión y la convergencia deben macar la recuperación de Europa”.

Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuanto proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil.

Estas son las condiciones. No se van a recibir subvenciones a fondo perdido ni créditos para financiar el déficit presupuestario sin más. El Plan de la UE financiará proyectos coherentes con sus objetivos. Las condiciones no son las que el PP, torpemente, ha insinuado: que no se toque la reforma laboral o que no haya una reforma fiscal progresiva.

Por fin, deuda europea

Pero el mayor avance lo supone la financiación del Plan. El gobierno alemán, tal vez porque no había otro remedio, ha aceptado finalmente que se haga con deuda europea. Se ha traspasado una de las principales líneas rojas de las últimas décadas. Los 750.000 M€ se devolverían a partir de 2028 (de 2026 en la propuesta de Michel) con nuevos recurso propios de la UE.

Se podría decir que la magnitud de la crisis económica requeriría un plan más ambicioso. El PE había propuesto llegar a los dos billones de euros. Pero, además de subrayar el exceso de la parte de los créditos -790.000 M€, contando el plan del 28 de mayo-, la crítica más importante es la tardanza en su implementación. Los recursos se necesitan ya, para evitar una destrucción importante del tejido productivo. Sólo se podrían anticipar a 2020 los 31.000 M€ del Instrumento de Ayuda a la Solvencia[3]. El encaje de NGUE en el MFP 2021-2027 prevé gastar el 70% del mismo entre 2021 y 2022, y el 30% restante en 2023. En comparación, la mayor parte del primer plan de estímulos fiscales del Gobierno federal de los EEUU, dotado con 2,1 billones de dólares, está ya gastado.

Política monetaria: Lagarde en la senda de Dragui

El BCE, presidido por Christine Lagarde sigue la política monetaria expansiva que impulsó Mario Dragui, a partir de 2012, con lo cual se podría alcanzar lo que el italiano reclamó en vano durante muchos años: la conjunción de políticas monetarias y fiscales del mismo signo expansivo; aunque la lentitud de la respuesta fiscal les va a hacer perder eficacia. Incluso es más contundente, porque el BCE va a comprar, hasta finales de 2020, deuda pública y privada por un valor total de 1,71 billones de euros, de los cuales 1,35 B€ en función de las necesidades financieras nacionales. Al mismo tiempo, seguirá proporcionando liquidez ilimitada a los bancos, con tipos de interés negativos tanto para sus depósitos en el BCE como para concederles créditos para que presten[4].

Presupuestos plurianuales 2021-2027

Respecto a los próximos presupuestos plurianuales de la UE, en los que se inserta NGUE, hay que ser muy críticos y decir que las cosas están yendo a peor y así pueden seguir, aunque entre 2021 y 2023 quedará compensado por el impacto del NGUE. Se partió de una propuesta inicial regresiva, formulada por la CE en mayo de 2018, con ingresos y gastos globales de 1.134.583 M€[5]. Comparado homogéneamente con el MFP 2014-2020 (sin el Reino Unido) significaba pasar del 1,16% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27 al 1,11%, sacrificando las políticas de cohesión (-10%) y la PAC (-15%). Con ello se continuaba con una línea descendente del gasto en relación con la RNB, iniciada a finales del Siglo XX. Tanto el PE como el CESE, rechazaron esta propuesta y pidieron que el MFP 2021-2027 aumentara un 12%, hasta alcanzar el 1,3% de la RNB.

En la propuesta que la CE realizó el 27 de mayo, junto a la del NGUE, el monto global se reducía a 1,1 B€ y en la de compromiso de Michel a 1,074 B€. O sea, que una vez consumido el NGUE, en 2023, los presupuestos serían los de una Unión muy disminuida.

Pero la propuesta del Presidente del Consejo contiene otras concesiones criticables. La principal, el mantenimiento de los “cheques” que, a rebufo del aireado “cheque británico” que arrancó Margaret Tatcher, consiguieron los países que más contribuyen por ser más ricos. Cinco países, Alemania y casualmente los “cuatro frugales”, dejarán de aportar, en los próximos siete años, 45.353 M€ de lo que les correspondería en función de su riqueza y población[6]. Tras el Brexit hubiera sido lógico el fin de los “cheques británicos”, pero no. Y la más peligrosa, la de que los planes nacionales de recuperación que deberá elaborar cada Estado miembro para recibir los fondos, sean aprobados por el Consejo, a propuesta de la CE. En lugar de sólo por la Comisión y supervisados en el marco del Semestre Europeo. Aunque el procedimiento de aprobación será por mayoría cualificada, un Rutte crecido está pretendiendo, nada menos, que se haga por unanimidad para ostentar un derecho de veto.

Algunas conclusiones y sinergias

A la espera de conocer los resultados de la próxima cumbre, si ésta o las siguientes no desfiguran en exceso el contenido de NGUE y España puede recibir una cantidad más o menos equivalente a la que le correspondía en los cálculos iniciales de la Comisión, ésta representaría una importante y necesaria ayuda para la reactivación de la economía española. Debería llevar aparejado el asentamiento de las bases de un cambio de modelo productivo que nos lleve a una economía sostenible tanto desde un punto de vista ambiental como social. El reto de la neutralidad climática en 2050 es enormemente ambicioso.

Tiene que venir acompañado de otros retos igualmente importantes como: el fortalecimiento del tejido industrial a través de políticas industriales nacionales y europeas con producción energética y transportes limpios, el del empleo de calidad, el dar un salto real en nuestro sistema de I+D+i y en la conexión entre un sistema educativo de mayor calidad y el tejido productivo, el de la mejora de la calidad y las capacidades de los servicios públicos, empezando por el de salud, o el de unas políticas sociales y de cuidados más avanzadas que sepan extraer todas las lecciones de la trágica pandemia. El desarrollo de los contenidos del Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo, recientemente suscrito entre CCOO, UGT, CEOE/CEPYME y el Gobierno debería ayudar a definir una parte de los contenidos del cambio de modelo y a construir sinergias que articulen las políticas presupuestarias europeas y españolas en los próximos años.

Notas:

[1] De ellos, 4.145 M€ le corresponden a España.

[2] El Plan, presentado el 23 de abril por la CE ha entrado en vigor en junio, tiene tres secciones: a las finanzas públicas de los Estados, a través del MEDE, por valor de 240.000 M€ (España podría recibir, en las dos líneas establecidas, hasta 35.000 M€ en créditos); a las empresas, a través del BEI, por valor de 200.000 M€; SURE para financiar los ERTES y equivalentes, por valor de 100.000 M€.

[3] Con este dinero se pretende aumentar las garantía crediticia hasta 66.000 M€ para que el BEI conceda una línea de crédito de hasta 300.000 M€

[4] La “facilidad de depósito” está en el -0,50% y la de “crédito” (a un día) en el -0,25%, mientras que para que los bancos puedan prestar a largo plazo, las TLTRO (Targeted Longer-term Recinancing Operations) tienen tipos entre -0,50% y -1,0% y para respaldar su liquidez o para que compren deuda, a través de las PELTRO (Pandemic Emergency Long-term Refinancing Operations) los bancos pueden obtener créditos al -0,25%.

[5] Las cifras se expresan en euros constantes de 2018, aunque correspondan a un período posterior de siete años.

[6] El monto total de los cheques, expresado en euros de 2020, se distribuye así: Alemania, 25.697 M€; Holanda, 11.032 M€; Suecia, 5.586 M€; Austria, 1659 M€ y Dinamarca, 1.379 M€.