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Cuando la UE todavía no ha empezado a digerir el impacto
político del Brexit ni a afrontar sus consecuencias prácticas, en la semana que
comienza el 17 de febrero el Consejo Europeo va a intentar llegar a una
posición común sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, en
reuniones de su Consejo de Asuntos Generales y del Ecofin que prepararán la Cumbre extraordinaria del día 20. Es muy difícil que se alcance un acuerdo
sobre los presupuestos de la UE para los próximos siete años, pero cualquiera
de los términos que se barajan para ello representaría importantes recortes
respecto a los presupuestos vigentes y recortes adicionales a los contenidos en
la propuesta de la Comisión Juncker (2018).
Con ello se profundizaría el continuo declive de los recursos presupuestarios
de la UE respecto a la riqueza que produce, declive que se manifiesta desde
finales del Siglo XX. Y se despreciaría la voluntad política de la ciudadanía
europea, expresada por el Parlamento, y la de los interlocutores sociales y las
organizaciones de la sociedad civil, expresada a través del CESE, que reclaman
en términos muy parecidos más recursos financieros para fortalecer el proyecto
común europeo en un momento clave de su historia.
En sentido contrario, la voluntad de una parte de los
gobiernos de los Estados miembros, al menos de una mayoría de los gobiernos de los
países que son contribuyentes netos, es meramente contable y restrictiva y
contraria a cualquier tipo de compromiso de fortalecimiento de la Unión. El
modo que tienen de enfrentarse a la crisis política que el Brexit supone para
la UE, y a las crisis políticas generadas por el avance del nacional populismo
de extrema derecha en numerosos países, es miope y desolador: quieren “menos
Europa”.
Y si, como
ha sucedido casi siempre, son los países contribuyentes netos los que
determinan finalmente cual es el techo de gasto, las bien intencionadas y bien
orientadas iniciativas formuladas por la Comisión presidida por Ursula von der
Leyen -por ejemplo la principal de ellas, el Pacto Verde Europeo- quedarán en
agua de borrajas. La actitud de los países más ricos no puede justificarse por
el hecho de que tengan que aportar más dinero por la salida del Reino Unido
que, a pesar del “cheque británico”, realizaba anualmente una aportación neta
de unos 11.000 M€. Porque, como veremos más adelante, son los que más se
benefician de la UE y del euro, en términos comerciales y de balanza de pagos,
al tiempo que se oponen a que la UE vea aumentados sus recursos propios, cosa
que les liberaría de una parte importante de su contribución neta,. Algunos de
ellos, además, propician a través de la competencia fiscal desleal el deterioro
de los ingresos públicos de otros Estados y de la propia Unión.
“Síndrome de Greta Thumberg” o egoísmos nacionales
Recientemente,
el Alto Representante de la PESC, Josep Borrell, achacó a los jóvenes europeos
de padecer el “síndrome de Greta Thumberg” y dudó de su voluntad de sacrificar
su nivel de vida para hacer frente a las grandes necesidades financieras de una
transición justa hacia una economía descarbonizada. La única excusa que podrían
tener las desabridas y mal orientadas palabras de Borrell es que en realidad
estuviera pensando en el egoísmo de los gobiernos de los países más ricos,
probable reflejo de lo que piensan una mayoría de sus ciudadanos poco
dispuestos a aceptar tales sacrificios, y que dudara de los anuncios
triunfalistas que la Comisión acababa de realizar sobre la financiación del
Pacto Verde Europeo. Nuestro Alto Representante tiene que conocer bien el
estado del debate presupuestario en el Consejo.
El 14 de
enero la Comisión Europea hizo públicas dos comunicaciones sobre el Plan de inversiones
del Pacto Verde Europeo y la propuesta de Reglamento del Fondo de Transición
Justa. Según sus portavoces, se estaba hablando de destinar un billón de euros
entre 2021 y 2030 para su financiación. En los siete años de vigencia del MFP
2021-2027 serían unos 700.000 millones de euros. Dentro de esta financiación, el
Mecanismo de la Transición Justa podría
generar, en diez años, unos 143.000 millones de euros, principalmente a través
de inversiones -públicas y privadas- financiadas por los créditos apalancados
del BEI, de las transferencias de los fondos de cohesión (FEDER y FSE+) y de la
cofinanciación de los Estados miembros. Porque, en realidad, el nuevo Fondo de
Transición Justa, apenas tendría 7.500 M€ en los próximos presupuestos
plurianuales (2021-2027).
En una
primera apreciación se puede decir que mientras que el Mecanismo de la
Transición Justa tiene una financiación claramente insuficiente, el problema
sobre las cifras globales, sean los 700.000 M€ o el billón, son las dudas
acerca de dónde pueden provenir, habida cuenta de la escasez de los recursos
del MFP 2021-2027 que la Comisión, y no digamos el Consejo, están proponiendo.
O, dicho de otro modo, o bien el Pacto Verde se lleva casi todo los recursos
presupuestarios de la UE, recortando radicalmente el resto de los programas, o
bien, los programas ordinarios se pintan de verde, un verde muy clarito
naturalmente.
MFP 2021-2027. Algunas cifras y los términos del debate
La duda se
transforma en perplejidad cuando se examinan las cifras principales de la
propuesta de la Comisión y las posiciones tentativas que se barajan desde el
Consejo.
La propuesta
de la Comisión establece una cifra global de ingresos y gastos de 1.134.583 M€ (euros
constantes de 2018) para los próximos siete años. Esto supone un 1,11% de la
Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27,
frente al 1,16% del vigente MFP 2014-2020,
en comparación consolidada (sin las aportaciones y retornos del Reino
Unido). Esto supone, de entrada, un recorte de 53.315 M€. Lo sufren dos políticas: las de cohesión
(-10%) y la PAC (-15%). Datos difícilmente compatibles con la literatura de
apoyo a la Europa social -sus pilares de derechos y su cohesión- que prodigó la
Comisión Juncker y heredó, e incluso reforzó, la Comisión Von der Leyen.
Pero a la
moderna “Liga Hanseática”, conjunto de nueve países liderados por Holanda[1],
el recorte de la Comisión les parece insuficiente. Exigen que los gastos no
excedan del 1% de la RNB. Esto supone un recorte de nada menos que 220.000 M€
respecto a los presupuestos vigentes y de 150.000 M€ respecto a la propuesta de la Comisión.
La
Presidencia de turno finlandesa presentó en el Consejo un intento de compromiso
cifrado en un tope del 1,07% de la RNB. Incluso concretó los nuevos recortes de
112.500 M€, respecto a los presupuestos vigentes, y de 50.000 M€, respecto a la
propuesta de la CE. Se repartirían entre las políticas de cohesión (-13,71%) y
las prioridades de la propuesta de la Comisión. Entre ellas están, lógicamente,
el clima y el medio ambiente.
El Consejo
de diciembre no tomó ninguna decisión y mandató a su presidente, Charles
Michel, a que hiciera una ronda entre todos los países europeos. La propuesta
que supuestamente llevará a la cumbre del Consejo del día 20, según han
filtrado diversos medios periodísticos europeos, es que el tope de gasto se
sitúe en el 1,04% de la RNB, lo que supondría un recorte de 165.000 M€,
respecto a los presupuestos actuales, y de 95.500 respecto a la propuesta de la
Comisión.
La posición del PE, el CESE, el CdR y de los países de
menor renta
El
Parlamento Europeo y el CESE se sitúan en una óptica completamente opuesta:
critican la propuesta de la Comisión por insuficiente, rechazan los recortes en
políticas de cohesión y en la PAC, exigen una reforma en profundidad del
sistema de ingresos para que los recursos propios sean su parte principal[2], y
piden que ingresos y gastos alcancen el 1,3% de la RNB. Esto supone un
incremento, respecto de los presupuestos vigentes, de 202.595 M€, cerca de
29.000 M€ anuales. La posición es compartida por el Comité de las Regiones.
Conviene no olvidar que, hace pocos años, el objetivo de quienes defendíamos
una UE fuerte con una capacidad presupuestaria significativa era establecer un
suelo presupuestario del 3% de la RNB.
El PE
mantiene, hasta el momento una posición firme. En su última resolución sobre el
tema (octubre de 2019) se reafirma en la petición del 1,3% del PIB, sostiene
que no aprobará ningún presupuesto que no conlleve una reforma en profundidad
de los recursos propios y pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias
para prorrogar el MFP 2014-2020, en la previsión de que no haya acuerdo en el
“triálogo” con la Comisión y el Consejo antes de finales de año. Pero el
“triálogo” no puede iniciarse hasta que el Consejo tenga una posición, por lo
que la aprobación, si es que llega, no será antes de que culmine la Presidencia
alemana, en el segundo semestre de 2020.
Mientras que Alemania y Austria mantienen posiciones muy
cercanas a la Liga Hanseática, España y Portugal, junto con otros países del
Sur y el Este de Europa han creado otro grupo, “Amigos de la Cohesión”[3]
que se opone a los recortes drásticos en cohesión y PAC, aún moviéndose en el
marco de la propuesta de la Comisión Juncker.
El injustificable egoísmo
de buena parte de los países ricos de la UE
Si nos limitamos a los datos de las siempre engañosas –en
la UE y en el interior de los Estados miembros- balanzas fiscales, puede surgir
una comprensión hacia los países que tienen que pagar más, los contribuyentes
netos, y sus opiniones públicas. Pero en cualquier sistema de intercambios
comerciales, mucho más aún en un mercado único con moneda común e instituciones
políticas, los términos principales del intercambio entre los Estados lo dan
las balanzas comerciales y por cuenta corriente. Y aquí los datos son
concluyentes de las enormes ventajas que países como Alemania y Holanda
obtienen de la UE y de la moneda común. Sus superávits comerciales, actuales y
previstos hasta 2021, son del orden del 6,5% en el caso de Alemania y del 8% en
el de Holanda. Y sus superávits de la balanza de pagos son del orden del 7%, en Alemania, y del 9,5% en
Holanda.
Esta situación, inaceptable en una economía integrada,
sólo ha motivado débiles exhortaciones en pro de su reducción por parte de las
instituciones de la UE que nunca han iniciado un “procedimiento por superávit
excesivo” que estaría más que justificado. Los países que se benefician de un
desequilibrio de esta naturaleza, gran favorecedor de su riqueza, deben, entre
otras cosas, aportar más al pequeño presupuesto común.
En el caso de Holanda, su papel es aún más criticable
puesto que es uno de los países que más practican el dumping fiscal en el
interior de la UE, con prácticas que favorecen la elusión fiscal a gran escala,
y aún el fraude fiscal, que drenan importantes recursos financieros para
realizar las políticas públicas a los demás Estados miembros y contribuye a sus
déficits fiscales. Los recientes artículos de tres expertos daneses en la
revista del FMI, Finance &
Development, (Damgaard, Elkjaer y Jahannesen, 2018 y 2019)[4]
dan cumplida evidencia del escandaloso volumen del problema y de la decisiva
contribución de Holanda, junto con Luxemburgo e Irlanda, al mismo. A partir de
las bases de datos del FMI y de la OCDE, estos economistas llegan a estas
conclusiones: el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del mundo circula
por “empresas fantasma” que no tienen ningún tipo de actividad económica. Estos
flujos de elusión y fraude fiscal suman 15 billones de dólares (más que las
economías china y alemana juntas). El 85% de esa cantidad va a empresas
fantasma de 10 países, entre ellos los tres paraísos fiscales mencionados que
son tres Estados de la UE. En cabeza: Luxemburgo, 4,0 B$; y Holanda, 3,5 B$.
Algunas conclusiones
Al pesimismo de la razón hay que combatirlo con el
optimismo de la voluntad, siguiendo la máxima del viejo Gramsci. Sindicatos,
organizaciones sociales y políticas progresistas europeas deberían movilizarse
para exigir a los gobiernos nacionales y a las instituciones comunitarias que
se abandone la política deflacionaria que lastra el crecimiento y que concentra
los recortes presupuestarios en capítulos clave para el fomento de la
convergencia entre los Estados y la cohesión social. Y decir bien claro que la
necesaria transición hacia una economía verde y digitalizada tiene que ser
justa, es decir tiene que hacerse con una alta protección de los trabajadores
afectados. Y que eso cuesta mucho dinero, dinero que no está ni en las
propuestas de la Comisión ni menos aún en lo que baraja el Consejo.
Hay que presionar a los eurodiputados para que el PE se
mantenga firme en su buena propuesta. Y a gobiernos como el español, para que
no cedan. Y transmitir a los responsables políticos europeos que abandonen su
increíble ceguera. Al nacional populismo de extrema derecha sólo se le vence
con una Europa más fuerte, con recursos para hacer políticas en favor de la gran
mayoría de la población y de los que más lo necesitan. Que entiendan que si a
los afectados por la transición verde, de los mineros del carbón polacos o
rumanos a los trabajadores del automóvil alemanes o españoles no se les protege
suficientemente y se les proporciona, en su caso, nuevos empleos de calidad, el
triunfo de la extrema derecha está
asegurado y con ello el fin de la Unión.
Javier Doz
Consejero del Comité Económico y Social Europeo por CC OO
[1] Integran la Liga Hanseática: Holanda, Suecia, Finlandia,
Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa e Irlanda
[2] Con establecimiento de nuevas figuras impositivas
–impuesto a las transacciones financieras, tasa digital, impuesto al carbono,
etc.- y reforma de otras para incrementar los ingresos compartidos con los
Estados miembros –introducción de la Base Impositiva Común Consolidada del
Impuesto de Sociedades (BICCIS) e IVA-.
[3] Son un total de 16 países: España, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. De
gobiernos tan antagónicos como el español y portugués respecto al húngaro o
polaco, su nexo de unión es que son países de renta inferior a la media
europea. Por ello han atraído a los tres miembros bálticos de la Liga
Hanseática.
[4] J.Damgaard, T. Elkjaer y N. Johannesen:
2018 Piercing The Veil: Some $12 Trillion Worldwide Is Just
Phantom Corporate Investment
, en F&D de 10/06; 2019 “The rise of phantom investments” en F&D
September 2019 Follow the Money
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