Artículo publicado en Espacio Público, sección de debate del diario digital Público, el 16 de julio de 2020.
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Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO
Los próximos días 17 y 18 de julio se va a celebrar una cumbre del Consejo Europeo muy importante para conocer el alcance de la implicación de la UE en la recuperación de las economías y las sociedades europeas de la peor crisis de su historia y, también, para calibrar el futuro de la propia Unión. La cumbre debería aprobar, ya con retaso, el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 e, insertado en el mismo, la propuesta de la Comisión Europea de Plan de Recuperación “Nueva Generación UE” (NGUE).
En el momento de escribir estas líneas, no parece que las concesiones que el Presidente del Consejo, Charles Michel, ha hecho a los “cuatro frugales” en su propuesta, ni las peregrinaciones de los primeros ministros de los países del Sur a La Haya para entrevistarse con Mark Rutte, hayan modificado la intransigencia del líder de ese grupo de países. Las diferencias afectan a la cuantía global, a las subvenciones y al reparto por países. Sus heterogéneas coaliciones de gobierno, lideradas en Holanda y Austria por partidos de la derecha liberal y en Dinamarca y Suecia por partidos socialdemócratas, se caracterizan por su oposición a una mayor integración europea y al cultivo de un nacionalismo que quiere sólo las ventajas del mercado único y ninguna de sus obligaciones.
Acaban de obtener una victoria importante al colocar como presidente del Eurogrupo, frente a Nadia Calviño, a Paschal Donohoe, Ministro de finanzas de Irlanda, país que junto a Holanda y Luxemburgo forma un grupo muy informal pero repleto de canales financieros subterráneos, el grupo de los tres mayores paraísos fiscales en suelo de la UE. Sólo la capacidad de presión de Alemania y Francia, si se deciden a utilizar todas sus armas, podría alejar esta cumbre del fracaso o de unas malas conclusiones.
Mientras, en España, la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica terminó, el 3 de julio, sus trabajos logrando sus conclusiones el apoyo de sólo el PSOE, UP y Cs pero no de nacionalistas e independentistas ni del PP, y el rechazo frontal de Vox. Pero la aplicación de sus principales conclusiones está condicionada, sean cual sean los textos finales y los votos del Pleno del Congreso del 22 de julio, a la aprobación del MFP 2021-2027 y del NGUE de la UE. Y, por supuesto, a que el Gobierno tenga una mayoría parlamentaria que permita abandonar los remendados presupuestos de Montoro de 2018, inservibles para insertar en ellos los programas y proyectos que pueden ser financiados con los fondos europeos.
Porque nuestro Plan de Reconstrucción depende del NGUE y de los presupuestos europeos, de que nos lleguen los 140.446 M€ (77.324 de subvenciones y 63.122 de créditos), estimados en base a la propuesta de la CE o los que finalmente nos toquen, según se le permita hacer a Rutte y la nueva “banda de los cuatro”. Baste recordar que, según las Previsiones de Primavera de la CE, España pasará de tener una deuda pública del 95,5% del PIB en 2019 a otra del 115,6% a finales de 2020.
Crisis de la pandemia y Gran recesión: diferentes respuestas
Hay que constatar una diferencia muy importante con lo sucedido en la Gran Recesión iniciada en 2008. Entonces, tras un periodo en el que se dejó arrastrar a regañadientes por las medidas keynesianas adoptadas por las cumbres del G20, haciendo muy poco y casi nada solidariamente, la UE se embarcó, a partir de mayo de 2010, en las políticas de austeridad extrema que hicieran recaer en la recesión a numerosos países además de producir deterioro laboral y social y divergencia entre los Estados de la UE. Le acompañó la política monetaria del BCE de Trichet que no tuvo empacho en volver a subir dos veces los tipos de interés en 2011 como ya lo había hecho en 2008. Algunas de las consecuencias sociales de aquella muy equivocada política y de sus recortes en los servicios públicos fundamentales, aplicada sin alternativas por el Gobierno de Zapatero y con convicción por el de Rajoy, las seguimos sufriendo hoy, como los que han debilitado al Sistema Público de Salud, esencial frente a la pandemia de la Covid-19.
Ahora, sin embargo, la CE ha reaccionado en un sentido contrario y con celeridad. Tras reunir 38.000 M€ de remanentes de los presupuestos vigentes para atender a la emergencia sanitaria[1], aplicó, el 13 de marzo, la cláusula de suspensión general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (de sus techos de déficit y deuda) y diseñó un primer Plan de 540.000 M€ de préstamos blandos[2]. El 28 de mayo se hizo pública la propuesta de Plan de Recuperación de 750.000 M€: 500.000 M€ en transferencias directas y 250.000 M€ en créditos.
El reparto entre los países miembros se quiere hacer según las necesidades derivadas de la situación económica, social y sanitaria. Su objetivo general se define así: “Una recuperación colectiva y cohesionada que acelere la doble transición ecológica y digital no hará sino fortalecer la competitividad de Europa, su resiliencia y su posición como actor mundial. Es por ello que la solidaridad, la cohesión y la convergencia deben macar la recuperación de Europa”.
Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuanto proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil.
Estas son las condiciones. No se van a recibir subvenciones a fondo perdido ni créditos para financiar el déficit presupuestario sin más. El Plan de la UE financiará proyectos coherentes con sus objetivos. Las condiciones no son las que el PP, torpemente, ha insinuado: que no se toque la reforma laboral o que no haya una reforma fiscal progresiva.
Por fin, deuda europea
Pero el mayor avance lo supone la financiación del Plan. El gobierno alemán, tal vez porque no había otro remedio, ha aceptado finalmente que se haga con deuda europea. Se ha traspasado una de las principales líneas rojas de las últimas décadas. Los 750.000 M€ se devolverían a partir de 2028 (de 2026 en la propuesta de Michel) con nuevos recurso propios de la UE.
Se podría decir que la magnitud de la crisis económica requeriría un plan más ambicioso. El PE había propuesto llegar a los dos billones de euros. Pero, además de subrayar el exceso de la parte de los créditos -790.000 M€, contando el plan del 28 de mayo-, la crítica más importante es la tardanza en su implementación. Los recursos se necesitan ya, para evitar una destrucción importante del tejido productivo. Sólo se podrían anticipar a 2020 los 31.000 M€ del Instrumento de Ayuda a la Solvencia[3]. El encaje de NGUE en el MFP 2021-2027 prevé gastar el 70% del mismo entre 2021 y 2022, y el 30% restante en 2023. En comparación, la mayor parte del primer plan de estímulos fiscales del Gobierno federal de los EEUU, dotado con 2,1 billones de dólares, está ya gastado.
Política monetaria: Lagarde en la senda de Dragui
El BCE, presidido por Christine Lagarde sigue la política monetaria expansiva que impulsó Mario Dragui, a partir de 2012, con lo cual se podría alcanzar lo que el italiano reclamó en vano durante muchos años: la conjunción de políticas monetarias y fiscales del mismo signo expansivo; aunque la lentitud de la respuesta fiscal les va a hacer perder eficacia. Incluso es más contundente, porque el BCE va a comprar, hasta finales de 2020, deuda pública y privada por un valor total de 1,71 billones de euros, de los cuales 1,35 B€ en función de las necesidades financieras nacionales. Al mismo tiempo, seguirá proporcionando liquidez ilimitada a los bancos, con tipos de interés negativos tanto para sus depósitos en el BCE como para concederles créditos para que presten[4].
Presupuestos plurianuales 2021-2027
Respecto a los próximos presupuestos plurianuales de la UE, en los que se inserta NGUE, hay que ser muy críticos y decir que las cosas están yendo a peor y así pueden seguir, aunque entre 2021 y 2023 quedará compensado por el impacto del NGUE. Se partió de una propuesta inicial regresiva, formulada por la CE en mayo de 2018, con ingresos y gastos globales de 1.134.583 M€[5]. Comparado homogéneamente con el MFP 2014-2020 (sin el Reino Unido) significaba pasar del 1,16% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27 al 1,11%, sacrificando las políticas de cohesión (-10%) y la PAC (-15%). Con ello se continuaba con una línea descendente del gasto en relación con la RNB, iniciada a finales del Siglo XX. Tanto el PE como el CESE, rechazaron esta propuesta y pidieron que el MFP 2021-2027 aumentara un 12%, hasta alcanzar el 1,3% de la RNB.
En la propuesta que la CE realizó el 27 de mayo, junto a la del NGUE, el monto global se reducía a 1,1 B€ y en la de compromiso de Michel a 1,074 B€. O sea, que una vez consumido el NGUE, en 2023, los presupuestos serían los de una Unión muy disminuida.
Pero la propuesta del Presidente del Consejo contiene otras concesiones criticables. La principal, el mantenimiento de los “cheques” que, a rebufo del aireado “cheque británico” que arrancó Margaret Tatcher, consiguieron los países que más contribuyen por ser más ricos. Cinco países, Alemania y casualmente los “cuatro frugales”, dejarán de aportar, en los próximos siete años, 45.353 M€ de lo que les correspondería en función de su riqueza y población[6]. Tras el Brexit hubiera sido lógico el fin de los “cheques británicos”, pero no. Y la más peligrosa, la de que los planes nacionales de recuperación que deberá elaborar cada Estado miembro para recibir los fondos, sean aprobados por el Consejo, a propuesta de la CE. En lugar de sólo por la Comisión y supervisados en el marco del Semestre Europeo. Aunque el procedimiento de aprobación será por mayoría cualificada, un Rutte crecido está pretendiendo, nada menos, que se haga por unanimidad para ostentar un derecho de veto.
Algunas conclusiones y sinergias
A la espera de conocer los resultados de la próxima cumbre, si ésta o las siguientes no desfiguran en exceso el contenido de NGUE y España puede recibir una cantidad más o menos equivalente a la que le correspondía en los cálculos iniciales de la Comisión, ésta representaría una importante y necesaria ayuda para la reactivación de la economía española. Debería llevar aparejado el asentamiento de las bases de un cambio de modelo productivo que nos lleve a una economía sostenible tanto desde un punto de vista ambiental como social. El reto de la neutralidad climática en 2050 es enormemente ambicioso.
Tiene que venir acompañado de otros retos igualmente importantes como: el fortalecimiento del tejido industrial a través de políticas industriales nacionales y europeas con producción energética y transportes limpios, el del empleo de calidad, el dar un salto real en nuestro sistema de I+D+i y en la conexión entre un sistema educativo de mayor calidad y el tejido productivo, el de la mejora de la calidad y las capacidades de los servicios públicos, empezando por el de salud, o el de unas políticas sociales y de cuidados más avanzadas que sepan extraer todas las lecciones de la trágica pandemia. El desarrollo de los contenidos del Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo, recientemente suscrito entre CCOO, UGT, CEOE/CEPYME y el Gobierno debería ayudar a definir una parte de los contenidos del cambio de modelo y a construir sinergias que articulen las políticas presupuestarias europeas y españolas en los próximos años.
Notas:
[1] De ellos, 4.145 M€ le corresponden a España.
[2] El Plan, presentado el 23 de abril por la CE ha entrado en vigor en junio, tiene tres secciones: a las finanzas públicas de los Estados, a través del MEDE, por valor de 240.000 M€ (España podría recibir, en las dos líneas establecidas, hasta 35.000 M€ en créditos); a las empresas, a través del BEI, por valor de 200.000 M€; SURE para financiar los ERTES y equivalentes, por valor de 100.000 M€.
[3] Con este dinero se pretende aumentar las garantía crediticia hasta 66.000 M€ para que el BEI conceda una línea de crédito de hasta 300.000 M€
[4] La “facilidad de depósito” está en el -0,50% y la de “crédito” (a un día) en el -0,25%, mientras que para que los bancos puedan prestar a largo plazo, las TLTRO (Targeted Longer-term Recinancing Operations) tienen tipos entre -0,50% y -1,0% y para respaldar su liquidez o para que compren deuda, a través de las PELTRO (Pandemic Emergency Long-term Refinancing Operations) los bancos pueden obtener créditos al -0,25%.
[5] Las cifras se expresan en euros constantes de 2018, aunque correspondan a un período posterior de siete años.
[6] El monto total de los cheques, expresado en euros de 2020, se distribuye así: Alemania, 25.697 M€; Holanda, 11.032 M€; Suecia, 5.586 M€; Austria, 1659 M€ y Dinamarca, 1.379 M€.
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