Elección de alcaldes: ¿Regeneración o aferrarse al poder?

Publicado en Nueva Tribuna.es

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¿Qué diríamos de un gobierno que, utilizando una mayoría absoluta circunstancial, cambia el sistema electoral, en contra de la opinión de la oposición y a sólo unos meses de la celebración de unas elecciones con el claro propósito de establecer otro que favorece su continuidad en el poder y perjudica las opciones de sus adversarios? Como poco, cualquier demócrata diría que es un acto autoritario que erosiona gravemente la democracia, al romper sin acuerdo las reglas de juego establecidas 

Pues bien, esto es lo que justamente está preparando hacer, en España, el Gobierno del Partido Popular con los cambios que quiere imponer en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985) para establecer que, en las próximas elecciones municipales, sea nombrado alcalde el cabeza de la lista más votada. Aunque no alcance la mayoría absoluta de los concejales según el sistema proporcional vigente (ya corregido por la Ley D'Hondt en favor de las opciones mayoritarias).

Cabían algunas dudas acerca de si el PP se atrevería a llevar adelante en solitario un desafuero político de semejante tamaño, pero las recientes declaraciones agosteñas de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, no dejan lugar a dudas. Cuando utilizando el tan habitual (en política) género de la mistificación del lenguaje afirma que el PP está "dispuesto a negociar hasta la extenuación" con el PSOE -y “el resto de la oposición”, con la boca pequeña- para que la reforma de la ley electoral cuente con el máximo consenso, no está queriendo decir otra cosa que lo que llaman "elección directa de los alcaldes" se va a imponer, sí o sí, con el rodillo de la mayoría absoluta de la que disponen en el Congreso y en el Senado.

El PP ha desenterrado una antigua propuesta tras el análisis de las elecciones europeas y de las tendencias electorales que marcan las encuestas que parecen confirmar el importante descenso de los apoyos electorales del PP, que unidos a los que sufre el PSOE marcan una corriente hacia el fin del bipartidismo, y el fraccionamiento del voto de la izquierda en torno a tres opciones: PSOE, IU y Podemos. Pero la espectacular irrupción de Podemos, que en la encuesta del CIS de julio dobla los resultados que obtuvo en las elecciones europeas, hace que la izquierda en su conjunto ascienda claramente en intención de voto,  aún sin contar los avances de ERC en Cataluña y Bildu en Euskadi. 

Es decir, que de confirmarse estas tendencias y con el actual sistema electoral, la izquierda podría recuperar la mayoría de los municipios si llega a acuerdos de gobierno, cuestión nada fácil, dicho sea al margen. Y sin embargo, ¡oh casualidad!, con las mismas tendencias pero con la reforma de la ley electoral que quiere imponer el PP, sería este partido el que conservaría el poder en la mayoría de los municipios importantes, aunque sufriera un descenso fuerte de votos y se quedara en minoría en todos ellos. No se puede olvidar que la estrategia del PP para conservar todo el electorado que va del centro derecha a la extrema derecha, que tan buenos réditos electorales le ha proporcionado hasta el momento, tiene su talón de Aquiles en la extrema dificultad para formar alianzas de gobierno con otros partidos cuando no alcanza la mayoría absoluta. Pero, al menos para el ámbito municipal, el PP ha encontrado la fórmula ideal para resolver los dos problemas (descenso de votos e imposibilidad de alianzas) de una vez: que gobiernen los ayuntamientos las listas más votadas aunque no tengan la mayoría absoluta.

Pero claro, una propuesta con intenciones tan partidistas y sectarias hay que revestirla como sea con motivaciones más nobles. Y aquí entra un agravante, el de la forma de justificación pública de su propuesta, que entra de lleno en el terreno de la desfachatez política. El argumento principal a favor, que repiten cual letanía  de argumentario bien aprendido todos los portavoces populares, lo fijó Rajoy en el pleno del Congreso de finales de junio cuando formuló por primera vez la propuesta. Se trataría, según Rajoy, de una medida para contribuir a la regeneración de la política: “…para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones como están reclamando los ciudadanos” [fin de la cita]. Es decir, el partido que no ha sido capaz de dar una sola explicación coherente, no digamos ya de asumir responsabilidades políticas, de los gravísimos casos de corrupción política que le afectan -Gurtel (con sus tres últimos tesoreros nacionales procesados por el juez Ruz) y Bárcenas, en su dirección nacional con Rajoy y Cospedal directamente tocados, más un impresionante historial de corrupción autonómica y municipal, en muchos casos sin depurar, en varias comunidades- pretende hacer pasar como "regeneradora de la vida política" una reforma que ante todo busca el mantenimiento del poder en una mayoría de alcaldías que previsiblemente perdería con la actual ley electoral.

Otro agravante de fondo son sus visos de inconstitucionalidad. La Constitución Española establece la proporcionalidad como principio básico de nuestro sistema electoral, y lo desarrolla en una ley orgánica común para los ámbitos municipal, autonómico y estatal. Cualquier reforma que colocara automáticamente al cabeza de la lista más votada como alcalde tendría que llevar aparejada el que se le diera también automáticamente a su partido  una mayoría absoluta de los concejales, so pena de hacer ingobernable el municipio si se dejara al alcalde en minoría permanente en su pleno municipal. De esta manera se establecería un sistema mayoritario no sólo para el nombramiento del alcalde sino para la determinación de la composición del pleno del ayuntamiento.

Al PP no parece importarle que, como efecto secundario, su nueva fórmula para la elección de los alcaldes diera una mayoría del poder municipal en Cataluña a ERC y en Euskadi a Bildu, como también parecen reflejar las encuestas. Y esto cuando el movimiento secesionista que lidera ERC marcha a velocidad de crucero y cuando empieza a haber síntomas de que en Euskadi  volverá a marchar aunque sea a un ritmo más pausado pero con el espectro de ETA todavía en el mapa. Conviene recordar que, a pesar de la pretensión del PP de figurar con la exclusiva del patriotismo en temas como el terrorismo o la unidad de España, su comportamiento en diversos momentos ha puesto de manifiesto que utiliza estos "temas sagrados" en la lucha política partidista, incluso subordinando los intereses de Estado a la conquista del poder o a su mantenimiento en él. Tal ha sido el caso de la utilización del terrorismo como arma política: el de ETA, tanto por parte de Aznar como de Rajoy cuando estaban en la oposición, o el islamista, fomentando más allá de cualquier límite ético o racional la "teoría de la conspiración" sobre la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004. Además, cuando se habla del modelo de Estado y de la unidad de España, hay que recordar un hecho muy poco aireado: fue el primer gobierno de Aznar, necesitado de los votos del PNV, quien llegó a un acuerdo con los nacionalistas vascos para hacer permanentes las reglas de determinación del "cupo" (lo que devuelve el Gobierno de Euskadi al Estado español de la totalidad de impuestos que recauda) del Concierto vasco. El problema fue, y es, que esas reglas, más que el propio régimen de conciertos, son las que han hecho del régimen fiscal vasco un régimen de privilegio, con influencia nada desdeñable en la "cuestión catalana" y en el resquebrajamiento del modelo autonómico de la Constitución española. Con estos antecedentes, no hay por qué asombrarse de que una toma generalizada del poder municipal, en Cataluña y Euskadi, por parte de las opciones independentistas más radicales, con las nuevas reglas electorales que el Gobierno pretende imponer, sea para el PP una cuestión secundaria con respecto a su objetivo principal: conservar para sí mismo y a toda costa la máxima cuota de poder.  

Lo que pretende hacer le PP es autoritario y antidemocrático. Es inaceptable en democracia que se cambien las reglas de juego -las esenciales son la Constitución y la ley electoral- a golpe de mayoría absoluta, poco antes de celebrarse unas elecciones para imponer un sistema que le beneficia claramente. En Europa lo ha hecho recientemente un político nacionalista de extrema derecha, Victor Orban en Hungría, con consecuencias sumamente peligrosas para su país y para la UE.  Aunque para dar la mayoría absoluta y la alcaldía a la lista más votada se establezca la cautela de que sólo se aplique esta regla si dicha lista alcanza el 40% de los votos (al menos esto figuraba en la propuesta que hizo el PP hace cuatro años), esto no salva las críticas de fondo que se pueden hacer al contenido de esta reforma de la ley electoral y no afecta para nada a las muy duras que merece el modo de realizarla. Y tratándose de una ley electoral las formas son esenciales.

El PP simula no enterarse de cuáles son los motivos concretos por los que la gran mayoría de la ciudadanía española muestra un tan profundo como preocupante desapego por sus instituciones democráticas. No es una desafección con respecto a la democracia sino con el mal funcionamiento de las instituciones democráticas por la mala conducta de sus principales agentes, los partidos políticos, en particular aquellos que tienen o han tenido las principales responsabilidades de gobierno. En la lista de motivos concretos figura muy destacadamente la corrupción pero en ella también destaca el hartazgo con las mayorías absolutas y el bipartidismo a los que con razón achacan los ciudadanos parte de los males principales. Por eso, una reforma que pretende dar mayorías absolutas a quienes no la alcanzan con los votos va en contra de lo que la mayoría de los españoles entiende por regeneración democrática. Y por ello, la argumentación principal del PP suena tan falaz. Tampoco debiera olvidar el partido que nos gobierna que otra de las cosas que más detestan los ciudadanos del discurso político es la utilización de la mentira. Las han captado tantas veces que en ocasiones no se creen ni las verdades

Pienso que el tema tiene la suficiente importancia  como para que pueda levantarse una fuerte contestación política y social que haga pensar al PP en que no es conveniente, incluso en términos del propio interés electoral, realizar una fechoría política de tal calibre cambiando las reglas de juego electorales en beneficio propio a las puertas de unas elecciones