Este artículo ha sido publicado en el Nº 354 (enero-febrero de 2016) de la Revista TE de la Federación de Enseñanza de CC OO
EL 20D ha ofrecido unos resultados más esperanzadores que los de
muchos países europeos. Sin embargo, hay
que reprochar a los partidos parlamentarios
la tardanza en comenzar a hablar de programas
de gobierno. Tres deberían ser los
grandes objetivos del nuevo gobierno: reducir
los insoportables niveles de pobreza y
desigualdad; regenerar la vida democrática;
y resolver el conflicto catalán de forma negociada
y partiendo de una reforma federal
del Estado. La educación, además de palanca
para la igualdad y la formación de ciudadanos
críticos, debe servir para construir un
nuevo modelo productivo para la del economía
conocimiento.
Los resultados de las elecciones del 20 de
diciembre tienen una primera lectura claramente
positiva si las situamos en el contexto
político europeo. Mientras que en muchos
países de la UE los principales partidos
emergentes se sitúan entre la derecha y
la extrema derecha; mientras que, en Francia,
el Frente Nacional gana votos, elección
tras elección, hasta convertirse en el partido
más votado; mientras que muchas de las
nuevas formaciones políticas beben en las
fuentes ideológicas de los nacionalismos
y los populismos antieuropeístas; mientras
que los gobiernos de Victor Orban, en Hungría,
o el de Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczinski,
en Polonia, vulneran con sus leyes
y sus decisiones los valores democráticos
de la UE; mientras sucede todo eso, en España
los partidos emergentes -Podemos y
Ciudadanos- que han puesto en cuestión
el bipartidismo imperfecto que surgió de la
transición son partidos democráticos, totalmente
alejados de las peligrosas tendencias
que ensombrecen la política europea.
El fin del bipartidismo, sin que esto haya
supuesto un hundimiento de las dos principales
formaciones -PP y PSOE- a pesar de
sus fuertes pérdidas, también es un hecho
positivo. Los vicios que ha generado forman
parte del cuadro de deterioro del sistema
político español surgido de la Transición y
de la Constitución de 1978.
Sin embargo, al tiempo que las elecciones
han expresado el deseo de los españoles
de un mayor pluralismo político que obliga
a formar coaliciones de gobierno, han generado
un mapa político cuya aritmética
las hace difíciles, al menos las dos más naturales
-la del centro y la derecha y la del
centro izquierda y la izquierda-. Con el agravante, de
que los nacionalismos periféricos,
ahora ya secesionistas en Cataluña, siguen
teniendo la llave de algunas de las posibles
combinaciones de gobierno.
No obstante, hay que hacer dos reproches
a casi todos los partidos políticos, antes y
después del 20D. El primero, por las grandes
lagunas en los programas y los debates
electorales. Las más importantes, a mi juicio,
fueron las referidas a la política europea
e internacional y a las propuestas concretas
para resolver el conflicto de Cataluña .
La cuestión catalana ha vuelto a reactivarse
tras la constitución del gobierno de coalición
independentista y, por otro lado, un
choque serio con las instituciones de la UE,
que no se han apeado de las fracasadas
políticas de austeridad, le vendrá encima al
nuevo gobierno en cuanto se forme.
El segundo gran reproche es que, cuando
se cumplen seis semanas del 20D en el momento
de escribir estas líneas, todavía no se
han iniciado conversaciones para construir
ningún tipo de programa de gobierno. Hemos
vivido un período demasiado prolongado
de maniobras tácticas ayunas de contenidos
políticos que se relacionen con los problemas que el gobierno deberá enfrentar.
Confío en que los partidos se percaten
de que no pueden seguir así mucho tiempo
más. Fracasar a la hora de conformar un
programa de gobierno por no poder resolver
sus diferencias políticas es asumible, pero lo que que sería imperdonable es que nos
llevaran a unas nuevas elecciones -que probablemente
producirían un parecido mapa
electoral- sin haber puesto en práctica, con
seriedad, la voluntad de construir una coalición
de gobierno coherente. Esto añadiría
nuevos factores de inestabilidad en un momento
muy complicado de la situación política interna, europea e internacional.
Grandes objetivos para un cambio
necesario
Tres deberían ser, a mi juicio, los grandes
objetivos de un programa de gobierno progresista.
El primero, reducir fuertemente la
pobreza y la desigualdad, además de restaurar
los derechos laborales y sindicales
perdidos, en particular los que han debilitado
seriamente la negociación colectiva.
En segundo lugar, regenerar y vivificar la
vida política española, con medidas contundentes
y eficaces contra la corrupción
y fomentando la participación de la sociedad
civil en la vida política democrática. El
tercero, buscar una solución dialogada al
conflicto planteado por el independentismo
catalán que, a pesar de no ser mayoritario,
ha logrado un arraigo importante; una
solución que garantice la integridad territorial
de España.
Este último objetivo, pero también los anteriores,
al menos en algunos aspectos, requieren
de una reforma de la Constitución
de 1978. No pienso en la apertura de un
proceso constituyente, pienso en su reforma.
La Constitución ha prestado un buen
servicio a la democracia española y tiene
aspectos avanzados que habría que conservar.
Se trataría de realizar una reforma
que establezca un nuevo modelo territorial,
basado en el federalismo, y que incorpore
la garantía de la realización efectiva de los
derechos económicos, sociales y políticos
fundamentales, así como las bases de la regeneración
democrática.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad
deberían informar todo el cambio de rumbo
de la política económica, de las políticas
sociales y de la educativa. La gestión de la
crisis, realizada bajo los dictados del ordoliberalismo
alemán -convertido en la ideología
en materia de economía política de las
instituciones europeas- ha producido severos
estragos sociales en nuestro país. Las
políticas de austeridad y devaluación interna
son doblemente criticables: por producir
estos efectos y por haber fracasado en
términos de crecimiento económico (compárese
la evolución de Europa y los EE UU
al respecto).
En aumento de la desigualdad, el comportamiento
de España ha sido mucho peor que
el de Grecia, Portugal, Rumania o Bulgaria,
lo que dice mucho de la negativa aportación
de factores y políticas nacionales. Hemos
pasado, en muy pocos años, de estar
en la parte media del ranking europeo de la
desigualdad en la distribución de la renta a
figurar en los puestos de cabeza.
Para revertir esta situación hay que comenzar
por promover un crecimiento sostenible de la economía y el empleo, basado en los
dos factores que dinamizan la demanda interna:
la inversión y los salarios. La actuación
sobre los salarios tiene que tener un
efecto redistribuidor. Hay que subir el SMI
hasta al menos 800 euros y restaurar la fortaleza
de la negociación colectiva, donde
se produce el reparto primario de la riqueza,
para lo que hay que derogar la reforma
laboral de 2012. La prestación de ingresos
mínimos para las personas que carecen de
ellos completaría las actuaciones en el nivel
primario.
La importancia de una fiscalidad justa y
de la armonización fiscal europea
Actuar contra la desigualdad en el nivel
secundario es, ante todo, plantearse una
reforma fiscal que restaure la suficiencia y
la progresividad de nuestro sistema impositivo
y emprender una acción contundente
contra el fraude y la elusión fiscales. Terminar
con el enorme desfase de los ingresos
públicos de España respecto a la media
europea (6,6 puntos de PIB menos que
la media de la UE y 7,2 puntos respecto a
la media de la zona euro, en 2014) y a los
países más avanzados (19,6 puntos de PIB
menos que Dinamarca) es la única forma de
lograr el equilibrio fiscal sin tener que afrontar
nuevos recortes de gasto que incidirían
muy negativamente, de nuevo, en el crecimiento.
Habría que negociar -desde un amplio
consenso y con la voluntad de establecer
alianzas en Europa- una ampliación de
los plazos para alcanzar el equilibrio fiscal,
hasta el momento de que los efectos combinados
del crecimiento y la reforma fiscal
permitieran hacerlo sin recortes.
La vuelta a una política europea activa de
España debería contribuir a la armonización
fiscal de la UE, empezando por la zona euro,
y a reforzar el frente de Estados dispuestos
a luchar en serio contra el fraude y la elusión
fiscales y los paraísos fiscales en Europa. Si
es inaceptable el dumping fiscal que practican
diversos Estados de la UE, es intolerable,
política y moralmente, seguir permitiendo
la colaboración de numerosos gobiernos
europeos con las multinacionales para que
éstas no paguen impuestos o para mantener
paraísos fiscales bajo jurisdicción de Estados
de la UE, bien conectados con la red
mundial de los paraísos del dinero negro y la
economía criminal. Responsables de lo uno
o de lo otro son, entre otros: Reino Unido,
Irlanda, Luxemburgo, Holanda o Bélgica.
La contribución a la reducción de la pobreza
y la desigualdad en el nivel secundario
también tiene que realizarse desde el lado
del gasto: en prestaciones sociales y en los
servicios públicos fundamentales. Habría
que centrarse en educación, sanidad, dependencia,
y protección al desempleo. Y,
por supuesto, en políticas activas de empleo.
Reforzar la universalidad, la gratuidad
y la calidad de los servicios públicos y el
carácter público de su gestión, contribuirá
también a la lucha contra la desigualdad.
La educación como arma de futuro
La educación es una palanca fundamental
para la igualdad y para construir una sociedad
de individuos libres, autónomos y críticos. También lo es para generar el capital
humano que haga de la economía española
una economía basada en el conocimiento,
con un modelo productivo que genere un
alto valor añadido. La competitividad de
nuestra economía tiene que basarse en aumentos
de la productividad generados por
la capacidad de innovación, buena gestión
empresarial y participación de los trabajadores,
y no en los bajos salarios, que es
adonde pretenden seguir confinando a España
algunos tecnócratas y políticos europeos.
Por eso hay que colocar la inversión
en educación y en I+D+i como objetivos
prioritarios de la política española.
Finalmente, habría que derogar la LOMCE,
la peor y más inútil ley educativa de la democracia,
para construir, esta vez sí, un Pacto
de Estado por la Educación, al que pudieran
sumarse el mayor número de fuerzas políticas
y sociales y, por supuesto, aquellas que
representan a la comunidad educativa.
Acabar con la corrupción o reducirla a su
mínima expresión no tendría que ser tan
complicado. Hay que tener la voluntad de
cumplir y hacer cumplir la ley. Y aplicarse en
ello. Para que la voluntad no desfallezca hay
que acompañarla de mecanismos de transparencia y control abiertos a la ciudadanía.
En todas las esferas de funcionamiento de
las administraciones, pero de forma especial
en las contrataciones y en las decisiones
urbanísticas. Regeneración democrática
también tendría que significar reforma de
la ley electoral y fomento de una democracia
más participativa.
Cataluña dentro del nuevo proyecto para España
El inmovilismo del gobierno del PP ha ayudado
a quienes pretenden separar Cataluña
de España, de modo unilateral, al margen
de la Constitución y de las leyes, y sin contar
con lo que ha opinado la mayoría de la
población de Cataluña. Lo primero sería
restablecer el diálogo y formular una propuesta
que sirviera para un nuevo encaje de
Cataluña en España. Esta propuesta lógicamente
afectaría a todas las comunidades
autónomas y debería llevar, a través de la
reforma constitucional, a un nuevo modelo
territorial que, a mi juicio, no puede sino basarse
en el federalismo. No hay que tener
miedo en hablar de federalismo asimétrico.
Ya lo es el actual Estado de las autonomías
en cuestiones como la fiscalidad, las políticas
lingüísticas o las policías autonómicas.
Lo único que no es aceptable, tanto en el
modelo autonómico como en el federal, es
que haya privilegios fiscales o que los derechos
fundamentales garantizados por la
Constitución no afecten por igual a todos
los españoles. Aunque las fuerzas políticas
secesionistas rechazaran una propuesta de
esta naturaleza, serviría para trabajar en pro
de un acuerdo que pudiera ser refrendado
por una mayoría de los catalanes y de los
españoles.
Los partidos a los que los electores hemos
dado la responsabilidad de formar gobierno
deberían ser conscientes de que más allá
de la buena gestión de los asuntos más urgentes,
si se quiere reforzar la cohesión entre
los pueblos, nacionalidades o naciones
-tanto me da el término que se use- tienen
que ser capaces de formular un proyecto
común renovado para una España socialmente
más justa y políticamente más democrática
y honesta, dentro de una Europa
en la que esos valores vuelvan a presidir sus
decisiones.
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