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lunes, 1 de febrero de 2016

La crisis del diálogo social europeo

Este artículo ha sido publicado en la revista de la FSC-CC OO de Cataluña:

PERSPECTIVA

Dejaré de lado en este artículo el diálogo social que se desarrolla en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), institución ya contemplada en el Tratado de Roma (1957), de carácter consultivo y con capacidad de iniciativa y que, junto a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales de cada uno de los Estados miembros, integra también a los de aquellas que son denominadas del “tercer sector”  (agrarias, de consumidores, de la economía social, etc.). Me referiré sólo a las instituciones y prácticas de negociación y consulta de ámbito europeo, en las que intervienen directamente los interlocutores sociales europeos; tanto las de carácter bipartito como tripartito.
El proceso de Val Duchesse
El diálogo social europeo, interprofesional y sectorial, tal y como lo conocemos hoy, tiene su origen en el llamado proceso de Val Duchesse (1985). Con anterioridad a esta fecha se encuentran antecedentes como el Comité Consultivo de la CECA[1], o las instituciones y prácticas impulsadas en los años 70, a partir de la constitución de organizaciones representativas de los interlocutores sociales de carácter europeo. Estas organizaciones comienzan a superar una tendencia anterior por la que sindicatos y patronales, sobre todo estas últimas, parecían preferir presionar en defensa de “sus” intereses europeos a través de los gobiernos nacionales. Entre estos antecedentes, impulsados por la cumbre del Consejo de La Haya (1969), destacan la creación del Comité Permanente para el Empleo (1970), las mesas paritarias de los interlocutores sociales y los encuentros tripartitos, en los que, además de la Comisión Europea (CE), intervenían los ministros de economía o/y los de empleo y asuntos sociales de los gobiernos nacionales. A partir de 1974, la CE desarrolló con carácter plurianual el Programa de Acción Social (posteriormente Agenda Social) que era consultado con los interlocutores sociales.
Los sujetos del diálogo social europeo han sido siempre la Confederación Europea de Sindicatos (CES), creada en 1973 con carácter unitario, y tres patronales europeas: Business Europe (creada en 1958, se llamó UNICE hasta 2006, y representa al sector privado), el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y Empresas de Interés Económico General (CEEP, fundada en 1961), y la Asociación Europea de Artesanos, Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME, 1979). Los interlocutores del diálogo social sectorial son las federaciones sindicales europeas, que están integradas en la CES y hoy son diez, y las organizaciones sectoriales de las patronales (alrededor de 40).
La cumbre del Consejo Europeo que se celebró en 1985 en el Castillo de Val Duchesse, situado en el sur de Bruselas, marca el inicio de las formas de diálogo social europeo que han pervivido, con altibajos, hasta el día de hoy.  El impulso lo dio la Comisión presidida por Jacques Delors, bajo la consideración de que un diálogo social supranacional europeo fuerte contribuiría al proceso de integración al tiempo que serviría de instrumento para la construcción del pilar social que compensaría la construcción del Mercado Único y la Unión Monetaria bajo los principios del liberalismo económico.
El Protocolo Social del Tratado de Maastricht
Se crearon instrumentos como el Comité de Diálogo Social (1991), que se sumó al preexistente Comité de Empleo y, tras consulta con los interlocutores sociales, se promulgó, en 1989, la Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores. Se promovieron  prácticas de diálogo social avanzadas cuya expresión más potente fue la posibilidad, consagrada en el Protocolo Social del Tratado de Maastricht (1991), de que acuerdos bipartitos de los interlocutores sociales europeos se transformasen en leyes europeas (directivas).  Esto confería al diálogo social bipartito una gran fortaleza, superior a la de cualquier modelo de diálogo social nacional. El Acuerdo sobre política social de octubre de 1991, suscrito por la CES y las patronales europeas, consagraba la apuesta por la primacía de un diálogo social bipartito basado en la negociación entre los interlocutores sociales europeos.
Al mismo tiempo, se estableció la consulta obligatoria de todas las normas sociales. Si los interlocutores sociales se comprometían a negociar, dentro de determinados plazos, el contenido de las iniciativas de la CE, las directivas recogerían el contenido de lo acordado como fruto de dicha negociación. Si los interlocutores sociales no llegaban a un acuerdo, la CE se reservaba el derecho a promover la norma. En los años 90, como resultado del diálogo social bipartito se aprobaron tres directivas: permisos parentales (1996), trabajo a tiempo parcial (1997) y contratos de duración determinada (1999).
Además del diálogo social interprofesional, se fomentó el diálogo social sectorial. Se crearon hasta 37 comités de diálogo social sectorial. Una de las dificultades a superar ha sido el exceso de patronales europeas de carácter sectorial: más de 50 federaciones. Los resultados del diálogo social sectorial han sido muy desiguales. Destacan los resultados en el sector del transporte, en donde las negociaciones bipartitas sobre jornada de trabajo llevaron a acuerdos, que también se transformaron en directivas europeas, que afectan a subsectores como el marítimo, la aviación civil, los ferrocarriles y el transporte por carretera.
Del comienzo del declive a la ruptura del contrato social europeo
El cambio de siglo ofreció resultados paradójicos, como también lo fue en cierto sentido la década de los noventa. En esta última, coincidiendo con la hegemonía ideológica y política del neoliberalismo a nivel mundial, en Europa como hemos visto se iba a contracorriente; al menos en parte. A principios de la década inaugural del Siglo XXI parecía que la UE iba a tener un nuevo impulso en su construcción política y que se no iba a relegar su pilar social.  La Cumbre del Consejo de Laeken (2001) creó nuevos instrumentos como la Cumbre Social Tripartita o el Diálogo Macroeconómico del Alto Nivel. Al tiempo, se iniciaban los procesos que, a través de convenciones, iban a redactar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el proyecto de Constitución Europea. La CES intervino activamente en ambas convenciones. Sin embargo, en el Siglo XXI ha terminado sucediendo todo lo contrario, hasta el punto de anular o congelar el diálogo social europeo y dejar completamente vacías de contenido sus principales instituciones.
El impulso político terminó con la aprobación de la Carta, de contenido avanzado en términos democráticos y sociales. El proyecto de Constitución quedó paralizado por los resultados contrarios de los referendos de Francia y Holanda (2005). Pero los factores contrarios,  tanto a una mayor integración política europea como aquellos que han promovido un serio debilitamiento de su pilar social, estaban ya en marcha. La crisis financiera y económica y la gestión política de la misma han culminado un profundo proceso de deterioro del modelo social europeo que ha afectado muy seriamente al diálogo social y la negociación colectiva. A partir de 2010 se ha prescindido incluso de las formas: las instituciones de la UE, bajo la hegemonía ideológica del neo-ordoliberalismo alemán y la política del gobierno presidido por Angela Merkel, han impuesto la austeridad y la devaluación interna sin ningún respeto por el acervo social europeo. La CES ha calificado esta acción política como la ruptura del contrato social europeo construido tras la 2ª Guerra Mundial. Pero no se debe olvidar que una parte importante de esta regresiva agenda de economía política ya había sido formulada por altos funcionarios de la DGECFIN[2] y del BCE bastante antes del estallido de la crisis como recogen las publicaciones especializadas.
Desde los primeros años del nuevo siglo los gobiernos nacionales fueron girando a la derecha y los partidos de derecha y centro derecha se radicalizaron en la misma dirección,  al calor del surgimiento de corrientes nacionalistas y de extrema derecha en sus países. Las presidencias de la Comisión y del Consejo quedaron en manos de políticos del PPE. Sólo hubo un corto intervalo, entre 2008 y 2010, en el que se quebró esta tendencia, cuando las instituciones europeas se plegaron de no muy buen grado a las orientaciones macroeconómicas neokeynesianas del G20, mientras que Nicolás Sarkozy  declaraba aquello de que había que “refundar el capitalismo”. La reunión del Ecofin del 9 y 10 de mayo de 2010 cierra abruptamente esta corta etapa. Austeridad y devaluación interna se convirtieron en los paradigmas de la economía política europea con las conocidas consecuencias de agudizar y prolongar la crisis; aumentar el paro, la pobreza y la desigualdad; y promover la divergencia entre los Estados y la ruptura de la cohesión europea. En suma: promover la profunda crisis política que vive hoy la UE.
La orientación neoliberal de las políticas europeas fue reforzada por los nuevos países del centro y el este de Europa que ingresaron en la UE a partir de 2004. También la tendencia atlantista, opuesta a los valores de la política exterior europea, que tuvo su culmen en el apoyo al gobierno de George W. Bush en la insensata aventura de Iraq, en oposición frontal a la “Vieja Europa”.
La patronal europea ya no quiere normas europeas
Las patronales europeas manifestaron desde 2000 un nulo interés en seguir promoviendo, a través del diálogo social bipartito, directivas laborales o sociales europeas. Expresaban su oposición al exceso de regulaciones europeas, en particular las de carácter social. En los últimos 16 años sólo se utilizó una vez ese poderoso instrumento de diálogo social y negociación colectiva supranacional europea: fue en 2008, para acordar el texto de la  directiva de empresas de trabajo temporal. Las patronales europeas aceptaron, en un principio, utilizar la otra vía que contemplaba el Protocolo Social del Tratado de Maastricht: la de los acuerdos que obligan a las partes. De esa manera se alcanzaron acuerdos, entre los que cabe destacar los de estrés laboral, violencia y acoso en el trabajo y teletrabajo. El carácter obligatorio de los contenidos de estos acuerdos está, sin embargo, lejos de alcanzar a todas las empresas y todos los trabajadores, habida cuenta del complejo proceso de aplicación en cada país y de la existencia de muy diferentes tradiciones de diálogo social nacional.
Pero en los últimos acuerdos, entre la CESBusiness Europe y las otras patronales europeas sobre los programas trianuales del diálogo social europeo, apenas aparecían compromisos de negociación de acuerdos obligacionales de las partes. En ellos, prácticamente sólo se hablaba de análisis, opiniones u orientaciones conjuntas, análisis o códigos de buenas prácticas, etc. Es decir instrumentos sumamente débiles, que no obligan a las partes y que no son sino la expresión del vaciamiento del diálogo social europeo, de su profunda crisis.
Coincidiendo en el tiempo, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) en los  casos Laval, Vicking , Rüffert y Luxemburgo supusieron un claro sostén al dumping salarial llevado a cabo mediante el desplazamiento temporal de trabajadores de un país comunitario a otro, para la realización de una obra o la prestación de un servicio, con los salarios y las condiciones de trabajo del país de origen de la empresa. El TJE se apoyó en la mala regulación de la Directiva de desplazamiento de los trabajadores (1996)[3]para, yendo más allá, dictaminar la primacía de la libertad de establecimiento empresarial sobre los derechos laborales y sindicales fundamentales.
Lo ocurrido, a partir de los primeros años de la década 2000-2010, es que mientras que los nuevos instrumentos de diálogo social creados por la cumbre de Laeken nunca llegaron a funcionar con resultados apreciables, los anteriormente potentes del proceso de Val Duchesse fueron perdiendo progresivamente su fuerza, hasta quedar unos y otros congelados por la imposición de las políticas de austeridad. Como testigo directo de las reuniones de las Cumbres Tripartitas del Diálogo Social y del Diálogo Macroeconómico de Alto Nivel puedo afirmar que, a partir de 2010, se convirtieron en un insufrible diálogo de sordos.
La responsabilidad de los dirigentes políticos de la Comisión, el BCE y el FMI, integrantes de la Troika, y del Consejo Europeo en el proceso de degradación del diálogo social y la negociación colectiva ha ido mucho más allá, puesto que han intervenido de forma decisiva y coactiva para degradarlos también en numerosos ámbitos nacionales. A través de los memorandos de condiciones de los planes de rescate de las finanzas públicas o privadas (fue el caso de España) o de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea dentro de los procedimientos del Semestre Europeo se han impuesto duros recortes del gasto social y se ha promovido la devaluación salarial, vulnerando para ello las legislaciones sobre negociación colectiva y los convenios fundamentales de la OIT y congelando todas las formas del diálogo social. En su caso, imponiendo o promoviendo reformas laborales que debilitaran la negociación colectiva para facilitar la disminución de los salarios (caso de España y otros países).
En el pobre documento de los “cinco presidentes”[4] que plantea  un conjunto bastante limitado de medidas para avanzar en la realización de la Unión Económica y Monetaria, el pilar social de la construcción europea ha quedado totalmente olvidado. Como gran aportación para mejorar la competitividad no se les ha ocurrido otra cosa que la creación en todos los países de la Eurozona de unas “autoridades nacionales de la competitividad”, formadas por expertos independientes, que, entre otras funciones, propongan los aumentos salariales compatibles con su concepto de competitividad. Aunque la propuesta de la Comisión, que desarrolla este punto, lo matiza algo -habla de “consejos nacionales de la competitividad” y afirma que hay que respetar los procedimientos de  negociación colectiva de cada país-, la acción de dichos consejos interferiría necesariamente en la libertad y autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.
Algunas conclusiones
Una primera conclusión extraigo de esta historia: si la legislación, las instituciones y los procedimientos del diálogo social y la negociación colectiva pueden facilitar o dificultar su realización o sus resultados, estos, en última instancia, terminan dependiendo más de la voluntad de los sujetos políticos y sociales, de la correlación de fuerzas y del marco político existente.
La segunda es que el diálogo social europeo vive una profunda crisis que está en consonancia con la también profunda crisis política que vive la Unión Europea.
La prioridad del sindicalismo europeo –de la CES y sus federaciones sectoriales europeas y de las centrales nacionales- debería ser la de construir una correlación de fuerzas que permita terminar con las políticas de austeridad y las reformas estructurales de carácter neoliberal.
La CES debería formular una propuesta de revitalización del diálogo social europeo y procurar su puesta en práctica. Habría que llenar de nuevos contenidos el funcionamiento de los órganos e instituciones existentes, cambiando eso sí los métodos de trabajo. En particular, habría que diseñar con precisión cómo se participa mediante un diálogo social estructurado en los nuevos instrumentos de gobernanza económica europea, los del Semestre Europeo, tanto a nivel europeo como en los ámbitos nacionales. Y procurar una articulación eficaz entre ellos.  El Dialogo Macroeconómico de alto nivel y las Cumbres Tripartitas del Dialogo Social no son de una gran utilidad con los métodos y prácticas desarrollados hasta el momento. Sin embargo, a partir de sus reuniones y mediante la creación de estructuras especializadas pueden acoger este nuevo diálogo social estructurado para el gobierno económico y social de la zona euro con proyección hacia el conjunto de la UE. Podrían establecerse estructuras diferenciadas para el ámbito euro y el general.
Recobrar la capacidad de negociar normas laborales y sociales europeas a través del diálogo social bipartito debería ser un objetivo permanente. Requiere un consenso sindical previo fuerte sobre lo que se quiere regular, perseverancia y fuerza.
Finalmente, en mi opinión, el sindicalismo europeo debería implicarse en la formulación de un proyecto de refundación política europea basado en la profundización de la integración sobre bases democráticas y de justicia social. Aunque sólo sea porque si no se resuelve la crisis política que hoy vive la UE difícilmente se podrá progresar en el campo social.
Europa necesita más reflexión y nuevas propuestas y prácticas.
[1] CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero, creada en 1951; antecesora  de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la UE.
[2] DGECFIN: Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión          Europea.
[3] La Directiva 1996/71 sobre el desplazamiento de los trabajadores en el       marco de una prestación de servicios fue complementada, 18 años después y    tras el fuerte conflicto que las sentencias del TJE motivaron, por una directiva deaplicación y de garantía de su cumplimiento, la Directiva 2014/67, que no 
satisface ni mucho menos las críticas planteadas por los sindicatos.
[4] Promovido el pasado mes de junio por Jean Claude Jean Claude Juncker   (Comisión), y refrendando por los también presidentes Martin Schulz (Parla-mento), Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupo), Donald Tusk (Consejo) y Mario  Draghi (BCE).

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