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lunes, 2 de mayo de 2016

¿Hay voluntad política para acabar con los paraísos fiscales?


Este artículo ha sido publicado en Bez Diario, el día 5 de mayo de 2016.

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El impacto causado por la publicación de los Papeles de Panamá, otra gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a la democracia mediante la lucha contra la criminalidad económica, ha vuelto a colocar la cuestión de los paraísos fiscales en el centro del debate público mundial. Sin embargo, otra noticia muy significativa, también relacionada con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, ha tenido una repercusión mucho más limitada; me refiero al procesamiento, en Luxemburgo, de dos antiguos empleados de PWC.

En efecto, el pasado 26 de abril se inició en Luxemburgo el juicio contra Antoine Deltour y Raphaël Halet, ex-empleados de PricewaterhouseCoopers (PWC), acusados de haber filtrado a los medios de comunicación los Luxleaks papers. Como se recordará estos documentos demostraban que el Gobierno de Luxemburgo, a través de su Agencia Fiscal, había firmado centenares de acuerdos secretos con empresas multinacionales que permitían a éstas eludir el pago de los impuestos que debían pagar en los países donde desarrollaban sus actividades para, mediante conocidas técnicas de "ingeniería fiscal", trasladar los beneficios a Luxemburgo, donde sólo pagan un tipo del 1%. Buena parte de esos acuerdos se firmaron mientras el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro o/y ministro de finanzas del Gran Ducado.

Los dos ex-empleados de PWC están acusados de entregar, en 2014, al periodista Edouard Perrin, de Cash Investigation, la documentación que finalmente fue publicada en su totalidad por el ICIJ, en noviembre de dicho año. Deltour y Halet podrían ser condenados por los delitos por los que se les acusa, de acuerdo con la legislación luxemburguesa, a penas de hasta 10 años de prisión; nada menos. El periodista Perrin también está imputado por complicidad.

El Parlamento Europeo ha concedido el Premio Ciudadano Europeo 2015 a Antoine Deltour, por su contribución "a la cooperación europea y a la promoción de los valores comunes".

No hay que sorprenderse ya de estas paradojas y contradicciones de la vida social y política europea y mundial, en particular cuando se habla de paraísos fiscales, fraude o elusión fiscales (las fronteras entre estos dos conceptos son muy porosas). La hipocresía de las élites económicas y políticas, al respecto, no conoce límites. Recordemos que los líderes políticos mundiales, reunidos en la cumbre de Londres del G20 de abril de 2009, incluyeron en sus conclusiones el compromiso de erradicar los paraísos fiscales. Desde entonces, el dinero negro de la economía criminal, del sistema financiero, de las empresas multinacionales y de las élites económicas y políticas refugiado en los paraísos fiscales ha subido en un 25%, hasta alcanzar, según las estimaciones más prudentes, los 8 billones de euros, un 12% del PIB mundial aproximadamente. 

Dumping, elusión, fraude y paraísos fiscales en la UE y la UEM.
También, desde entonces, se han incrementado notablemente las decisiones políticas de numerosos gobiernos europeos que han favorecido o promovido las llamadas, eufemísticamente, "planificaciones fiscales agresivas", mediante las cuales las empresas multinacionales transfieren a sus sedes situadas en los paraísos fiscales europeos los beneficios generados en los restantes países de la UE, bajo la fraudulenta fórmula de pago de préstamos ficticios o royalties desorbitadas. De esta manera, las empresas multinacionales más rentables, entre ellas todas las punteras de la economía digital, apenas pagan impuestos en una parte de los países europeos,  entre ellos en España, y, por lo general, no más del uno por ciento de sus beneficios en los paraísos fiscales europeos.

Cuando hablo aquí de paraísos fiscales europeos, no me refiero a las jurisdicciones tipo Gibraltar, Andorra, Mónaco, Jersey, Islas Vírgenes, etc., dependientes todas ellas de la soberanía de Estados de la UE, y que llevan a cabo las operaciones más sucias e ilegales. Me refiero a los paraísos fiscales para las empresas multinacionales llamados Irlanda, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, etc., y por supuesto al país natal del Sr. Juncker, todos ellos Estados soberanos de la UE. Uno de los caminos típicos de los beneficios de las multinacionales va desde Francia, Italia, Alemania o España a Irlanda (12% de tipo máximo del impuesto de sociedades); de Irlanda a Holanda (1% de tipo mediante convenios especiales), y de Holanda a Islas Vírgenes, Delaware, etc (cero por ciento), pagando, o no pagando, en un sólo sitio, por supuesto.

¿Cómo es posible construir una Unión Económica y Monetaria y una Unión política, dignas de tales nombres, cuando una parte de los socios que la componen promueven un fraude fiscal en detrimento de los ingresos fiscales de otra parte de los mismos? Fuentes oficiales de la UE han cifrado la cuantía de este fraude, que siguen llamando "elusión", en 70.000 millones de euros.


Las iniciativas de la Comisión contra la elusión fiscal
Desde finales del pasado año, la Comisión Europea, presidida por Juncker, ha puesto en marcha numerosas iniciativas legislativas a las que se ha bautizado como "Paquete contra la elusión fiscal". El Comité Económico y Social Europeo aprobó, el pasado 28 de abril, un dictamen sobre dos de sus propuestas de directivas, la que modifica la Directiva 16/2011 sobre intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, y la que establece normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Esta última pretende aplicar en la UE, de un modo uniforme, las normas recogidas en el proyecto de "lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios" de la OCDE (BEPS, por sus siglas en inglés), que es la iniciativa que el G20 le ha encargado para intentar poner algún freno al escandaloso hecho de que las multinacionales  que más beneficios obtienen apenas pagan impuestos.

Dentro del Paquete fiscal, la Comisión hizo pública, en junio de 2015, una comunicación que contenía la recomendación de establecer una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades. De esta recomendación todavía no se ha deducido una propuesta legislativa europea que obligue a los estados miembros. El necesario establecimiento de un tipo mínimo común en este impuesto sigue siendo una utopía, incluso la mera proposición.


La falta de credibilidad de la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales
¿Cabe deducir de estas iniciativas que estamos asistiendo a una rectificación creíble de la interesada permisividad de los gobiernos e instituciones multilaterales internacionales hacia los paraísos fiscales? 

Me permito dudarlo. Que hay que aparentar que se hace algo, y hacer al menos algunas cosas que pongan freno a las conductas más escandalosas, es obligado. Sobre todo aparentar cierta energía verbal ante unas opiniones públicas muy indignadas al respecto. Que, después de sufrir buena parte de la ciudadanía europea unas políticas de ajuste que han hecho caer el peso de la crisis sobre los más desfavorecidos, las empresas multinacionales más rentables y muchos individuos de las élites económicas, políticas, culturales y deportivas no paguen impuestos, utilizando unos paraísos fiscales que siguen florecientes a pesar de las continuas promesas de los gobernantes de que van a erradicarlos, es sencillamente intolerable.  Conduce  a la total deslegitimación de las instituciones políticas democráticas. Pero que esa apariencia de voluntad política de cambiar este estado de cosas encierre voluntad real y fuerza política para acabar con el probablemente más grave escándalo de la economía globalizada, es otra cosa. Conviene recordar algunos hechos que sumar a los incumplimientos de compromisos ya mencionados:

El 28 de febrero de 2001, un subcomité del Senado de los Estados Unidos hizo público un riguroso informe sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales, los modos de lavar dinero de las peores organizaciones de la economía criminal, la gravedad de los delitos que se cometían, y las conexiones de las empresas financieras de las jurisdicciones offshore con el sistema financiero legal. Las conclusiones del informe deberían haber llevado a enérgicas actuaciones por parte del gobierno de los EE UU y de las instituciones financieras y políticas internacionales. No hubo ninguna, ni el Senado las reclamó. Tal vez porque una de las conclusiones decía que, una vez lavado en los paraísos fiscales, la mayoría del dinero volvía al sistema financiero norteamericano.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE fue creado por el G7, en 1989, como instrumento para luchar contra el fraude y los paraísos fiscales. Fue reactivado, en 2009, para impulsar el cumplimiento de las resoluciones de la cumbre de Londres del G20. Además de elaborar un conjunto de recomendaciones centradas en el intercambio de información fiscal entre los Estados, estableció una serie de listas de países, clasificadas por colores, según el grado de colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones. De la lista gris (países con "deficiencias estratégicas" pero que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas) hasta la lista roja (países con recomendación de sanciones por riesgos de lavado de dinero negro y financiación del terrorismo), pasando por la negra (países con deficiencias que no han hecho progresos o no tienen suscrito un plan con el GAFI y sobre los que se recomienda que "se consideren los riesgos que representan") o la gris oscurecida (riesgo de caer en la negra).

¿Qué países están en las listas del GAFI en 2016? En la roja, Irán y Corea del Norte, por motivos directamente políticos de no colaboración en ningún terreno. En la negra y en la gris oscurecida: ¡ninguno! Y en la gris, doce del tipo Iraq, Siria, Myanmar o Afganistan. Pero, excepto Vanuatu, ninguno de los conocidos paraísos fiscales donde se refugia más del 95% del dinero negro mundial. ¿Es que para la OCDE o el G20 ya no existen paraísos fiscales? No lo sabemos. El caso es que después de hacer una buena labor inicial, a los responsables del GAFI, o a sus superiores de la OCDE, no se les ocurrió otra idea para dejar de considerar a un Estado o territorio dependiente -distinción que ya exime sin razón a algunos de los grandes Estados de entrar en las listas- como "jurisdicción no colaborativa"-, el que hubieran firmado 12 convenios de intercambio de información fiscal con otros Estados; considerando válidos, eso sí, los que firmasen los paraísos fiscales entre sí. Y firmando entre ellos casi todos los paraísos fiscales salieron de las listas negras y grises. Esta tomadura de pelo a la verdad, la justicia y a los habitantes honrados del planeta todavía no ha sido rectificada.

En Europa, desde 2009, no sólo no ha remitido sino que se ha incrementado el dumping fiscal entre los Estados miembros, tomando la forma de facilitación de la elusión/fraude fiscal en el caso de las multinacionales, como hemos visto. Y, por supuesto, también entre los miembros de la zona euro, a pesar de ser algo que debería ser especialmente incompatible con la pertenencia a una zona monetaria común. Estas destructivas prácticas han venido acompañadas de enfáticas declaraciones verbales de signo contrario. Por poner otro ejemplo significativo en un tema clave: el establecimiento de una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades, que ahora nos vuelve a venir bajo la tímida forma de recomendación de la Comisión, fue solemnemente aprobado por la cumbre del Consejo Europeo de junio de 2011, que estableció un mandato de seis meses para que la Comisión presentara una propuesta que debería ser definitivamente aprobada como decisión del Consejo en diciembre de ese mismo año. Y después, los líderes europeos se olvidaron completamente de su compromiso, que, cinco años después, la Comisión retoma con timidez.

Y ahora asistimos a la tremenda contradicción que supone: por un lado, el juicio con riesgo de posible condena a pesadas penas de cárcel a "ciudadanos ejemplares", según el Parlamento Europeo, que nos han permitido conocer la reprobable conducta del gobierno de Luxemburgo y, tal vez, lograr que en el futuro algunas grandes multinacionales paguen impuestos; por otro lado, que el que era primer ministro cuando se firmaron los acuerdos que facilitaban la elusión/fraude fiscal fuese nombrado presidente de la Comisión Europea, cuando ya se conocían los hechos, y que las empresas multinacionales implicadas, sigan, por el momento, sin pagar lo que deben. 

Y hay más sobre la credibilidad del propósito de la enmienda de Luxemburgo, paraíso fiscal consentido de la UE. En febrero se nombró a Claude Max director general de la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo, organismo encargado de velar por el recto y prudente funcionamiento de sus entidades financieras. Pues bien, su nombre acaba de aparecer con profusión en los "Papeles de Panamá", porque cuando era director adjunto de HSBC Luxemburgo, de 1994 a 2011, esta filial del gigante bancario de matriz británica utilizó reiteradamente el despacho de abogados Mossack Fonseca para abrir y cerrar numerosas sociedades offshore propiedad de la filial luxemburguesa, según revelaron el pasado 26 de abril periodistas belgas y luxemburgueses.

Estos hechos, lo mismo que la simple lectura del elenco de personajes que salen en los "Papeles de Panamá", nos deberían llevar al más absoluto escepticismo sobre la voluntad real de las élites políticas y económicas mundiales de erradicar la lacra de los paraísos fiscales.

La UE está profundamente cuarteada por la mala y antisocial gestión política de la crisis económica, por las regresivas concesiones –que hipotecan el futuro de todos- al gobierno de Cameron para ayudarle a ganar el referendum sobre el Brexit, o por la impotencia, insolidaridad y abandono de los valores y de las leyes internacionales que emanan de la nefasta gestión de la crisis de los refugiados y del acuerdo con Turquía. La UE no puede sumar a lo anterior la pasividad frente al fraude fiscal, los paraísos fiscales o el dumping fiscal interno. Todo ello junto puede abocar a su destrucción.

La justicia fiscal ha estado a lo largo de la historia en el centro de muchas rebeliones y revoluciones. Hay que utilizar el optimismo de la voluntad y pensar que organizaciones políticas y sociales, honradas y coherentes, y ciudadanos comprometidos podrán ser capaces de colocar la cuestión de la justicia fiscal en el centro del debate político europeo, para poner fin a tanta hipocresía y tanta inmoralidad en una tema capital para la pervivencia de la UEM y del proyecto político europeo. 


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