Este artículo ha sido publicado en Bez Diario, el día 5 de mayo de 2016.
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El impacto causado por la publicación de los Papeles
de Panamá, otra gran contribución del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) a la democracia mediante la lucha contra la criminalidad
económica, ha vuelto a colocar la cuestión de los paraísos fiscales en el
centro del debate público mundial. Sin embargo, otra noticia muy significativa,
también relacionada con el fraude fiscal y los paraísos fiscales, ha tenido una
repercusión mucho más limitada; me refiero al procesamiento, en Luxemburgo, de
dos antiguos empleados de PWC.
En efecto, el pasado 26 de abril se inició en Luxemburgo el juicio contra
Antoine Deltour y Raphaël Halet, ex-empleados de PricewaterhouseCoopers (PWC),
acusados de haber filtrado a los medios de comunicación los Luxleaks papers. Como se recordará estos documentos
demostraban que el Gobierno de Luxemburgo, a través de su Agencia Fiscal, había
firmado centenares de acuerdos secretos con empresas multinacionales que
permitían a éstas eludir el pago de los impuestos que debían pagar en los
países donde desarrollaban sus actividades para, mediante conocidas técnicas de
"ingeniería fiscal", trasladar los beneficios a Luxemburgo, donde
sólo pagan un tipo del 1%. Buena parte de esos acuerdos se firmaron mientras
el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer
ministro o/y ministro de finanzas del Gran Ducado.
Los dos ex-empleados de PWC están acusados de entregar, en 2014, al periodista
Edouard Perrin, de Cash
Investigation, la documentación que finalmente fue publicada en su
totalidad por el ICIJ, en noviembre de dicho año. Deltour y Halet podrían ser
condenados por los delitos por los que se les acusa, de acuerdo con la
legislación luxemburguesa, a penas de hasta 10 años de prisión; nada menos. El
periodista Perrin también está imputado por complicidad.
El Parlamento Europeo ha concedido el Premio Ciudadano Europeo 2015 a Antoine
Deltour, por su contribución "a la cooperación europea y a la promoción de
los valores comunes".
No hay que sorprenderse ya de estas paradojas y contradicciones de la vida
social y política europea y mundial, en particular cuando se habla de paraísos
fiscales, fraude o elusión fiscales (las fronteras entre estos dos conceptos
son muy porosas). La hipocresía de las élites económicas y políticas, al
respecto, no conoce límites. Recordemos que los líderes políticos mundiales,
reunidos en la cumbre de Londres del G20 de abril de 2009, incluyeron en sus
conclusiones el compromiso de erradicar los paraísos fiscales. Desde entonces,
el dinero negro de la economía criminal, del sistema financiero, de las
empresas multinacionales y de las élites económicas y políticas refugiado en
los paraísos fiscales ha subido en un 25%, hasta alcanzar, según las
estimaciones más prudentes, los 8 billones de euros, un 12% del PIB mundial
aproximadamente.
Dumping, elusión, fraude y paraísos fiscales
en la UE y la UEM.
También, desde entonces, se han incrementado
notablemente las decisiones políticas de numerosos gobiernos europeos que han
favorecido o promovido las llamadas, eufemísticamente, "planificaciones
fiscales agresivas", mediante las cuales las empresas multinacionales
transfieren a sus sedes situadas en los paraísos fiscales europeos los
beneficios generados en los restantes países de la UE, bajo la fraudulenta
fórmula de pago de préstamos ficticios o royalties desorbitadas. De esta
manera, las empresas multinacionales más rentables, entre ellas todas las
punteras de la economía digital, apenas pagan impuestos en una parte de los
países europeos, entre ellos en España, y, por lo general, no más del uno por ciento
de sus beneficios en los paraísos fiscales europeos.
Cuando hablo aquí de paraísos fiscales europeos, no me refiero a las
jurisdicciones tipo Gibraltar, Andorra, Mónaco, Jersey, Islas Vírgenes, etc.,
dependientes todas ellas de la soberanía de Estados de la UE, y que llevan a
cabo las operaciones más sucias e ilegales. Me refiero a los paraísos fiscales para
las empresas multinacionales llamados Irlanda, Reino Unido, Holanda, Bélgica,
Austria, etc., y por supuesto al país natal del Sr. Juncker, todos ellos
Estados soberanos de la UE. Uno de los caminos típicos de los beneficios de las
multinacionales va desde Francia, Italia, Alemania o España a Irlanda (12% de
tipo máximo del impuesto de sociedades); de Irlanda a Holanda (1% de tipo
mediante convenios especiales), y de Holanda a Islas Vírgenes, Delaware, etc
(cero por ciento), pagando, o no pagando, en un sólo sitio, por supuesto.
¿Cómo
es posible construir una Unión Económica y Monetaria y una Unión política,
dignas de tales nombres, cuando una parte de los socios que la componen
promueven un fraude fiscal en detrimento de los ingresos fiscales de otra parte
de los mismos? Fuentes oficiales de la UE han cifrado la cuantía de este
fraude, que siguen llamando "elusión", en 70.000 millones de euros.
Las iniciativas de la Comisión contra la
elusión fiscal
Desde finales del pasado año, la Comisión Europea,
presidida por Juncker, ha puesto en marcha numerosas iniciativas legislativas a
las que se ha bautizado como "Paquete contra la elusión fiscal". El
Comité Económico y Social Europeo aprobó, el pasado 28 de abril, un dictamen sobre
dos de sus propuestas de directivas, la que modifica la Directiva 16/2011 sobre
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad, y la que establece normas contra las prácticas de elusión fiscal
que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. Esta última
pretende aplicar en la UE, de un modo uniforme, las normas recogidas en el
proyecto de "lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios" de la OCDE (BEPS, por sus siglas en inglés), que es la
iniciativa que el G20 le ha encargado para intentar poner algún freno al
escandaloso hecho de que las multinacionales que más beneficios obtienen
apenas pagan impuestos.
Dentro del Paquete fiscal, la Comisión hizo pública, en junio de 2015, una
comunicación que contenía la recomendación de establecer una base impositiva
común consolidada del impuesto de sociedades. De esta recomendación todavía no
se ha deducido una propuesta legislativa europea que obligue a los estados
miembros. El necesario establecimiento de un tipo mínimo común en este impuesto
sigue siendo una utopía, incluso la mera proposición.
La falta de credibilidad de la lucha contra
el fraude y los paraísos fiscales
¿Cabe deducir de estas iniciativas que estamos
asistiendo a una rectificación creíble de la interesada permisividad de los
gobiernos e instituciones multilaterales internacionales hacia los paraísos
fiscales?
Me permito dudarlo. Que hay que aparentar que se hace algo, y hacer al menos
algunas cosas que pongan freno a las conductas más escandalosas, es obligado.
Sobre todo aparentar cierta energía verbal ante unas opiniones públicas muy
indignadas al respecto. Que, después de sufrir buena parte de la ciudadanía
europea unas políticas de ajuste que han hecho caer el peso de la crisis sobre
los más desfavorecidos, las empresas multinacionales más rentables y muchos
individuos de las élites económicas, políticas, culturales y deportivas no paguen
impuestos, utilizando unos paraísos fiscales que siguen florecientes a pesar de
las continuas promesas de los gobernantes de que van a erradicarlos, es
sencillamente intolerable. Conduce a la total deslegitimación de
las instituciones políticas democráticas. Pero que esa apariencia de voluntad política
de cambiar este estado de cosas encierre voluntad real y fuerza política para
acabar con el probablemente más grave escándalo de la economía globalizada, es
otra cosa. Conviene recordar algunos hechos que sumar a los incumplimientos de
compromisos ya mencionados:
El 28 de febrero de 2001, un subcomité del Senado de los Estados Unidos hizo
público un riguroso informe sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales,
los modos de lavar dinero de las peores organizaciones de la economía criminal,
la gravedad de los delitos que se cometían, y las conexiones de las empresas
financieras de las jurisdicciones offshore con el sistema financiero legal. Las
conclusiones del informe deberían haber llevado a enérgicas actuaciones por parte
del gobierno de los EE UU y de las instituciones financieras y políticas
internacionales. No hubo ninguna, ni el Senado las reclamó. Tal vez porque una
de las conclusiones decía que, una vez lavado en los paraísos fiscales, la
mayoría del dinero volvía al sistema financiero norteamericano.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la OCDE fue creado por el
G7, en 1989, como instrumento para luchar contra el fraude y los paraísos
fiscales. Fue reactivado, en 2009, para impulsar el cumplimiento de las
resoluciones de la cumbre de Londres del G20. Además de elaborar un conjunto de
recomendaciones centradas en el intercambio de información fiscal entre los
Estados, estableció una serie de listas de países, clasificadas por colores,
según el grado de colaboración en el cumplimiento de las recomendaciones. De la
lista gris (países con "deficiencias estratégicas" pero que han
elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas) hasta la lista roja
(países con recomendación de sanciones por riesgos de lavado de dinero negro y
financiación del terrorismo), pasando por la negra (países con deficiencias que
no han hecho progresos o no tienen suscrito un plan con el GAFI y sobre los que
se recomienda que "se consideren los riesgos que representan") o la
gris oscurecida (riesgo de caer en la negra).
¿Qué países están en las listas del GAFI en 2016? En
la roja, Irán y Corea del Norte, por motivos directamente políticos de no
colaboración en ningún terreno. En la negra y en la gris oscurecida: ¡ninguno!
Y en la gris, doce del tipo Iraq, Siria, Myanmar o Afganistan. Pero, excepto
Vanuatu, ninguno de los conocidos paraísos fiscales donde se refugia más del
95% del dinero negro mundial. ¿Es que para la OCDE o el G20 ya no existen paraísos
fiscales? No lo sabemos. El caso es que después de hacer una buena labor
inicial, a los responsables del GAFI, o a sus superiores de la OCDE, no se les
ocurrió otra idea para dejar de considerar a un Estado o territorio dependiente
-distinción que ya exime sin razón a algunos de los grandes Estados de entrar
en las listas- como "jurisdicción no colaborativa"-, el que hubieran
firmado 12 convenios de intercambio de información fiscal con otros Estados;
considerando válidos, eso sí, los que firmasen los paraísos fiscales entre sí.
Y firmando entre ellos casi todos los paraísos fiscales salieron de las listas
negras y grises. Esta tomadura de pelo a la verdad, la justicia y a los
habitantes honrados del planeta todavía no ha sido rectificada.
En
Europa, desde 2009, no sólo no ha remitido sino que se ha incrementado el
dumping fiscal entre los Estados miembros, tomando la forma de facilitación de
la elusión/fraude fiscal en el caso de las multinacionales, como hemos visto.
Y, por supuesto, también entre los miembros de la zona euro, a pesar de ser
algo que debería ser especialmente incompatible con la pertenencia a una zona
monetaria común. Estas destructivas prácticas han venido acompañadas de
enfáticas declaraciones verbales de signo contrario. Por poner otro ejemplo
significativo en un tema clave: el establecimiento de una base impositiva común
consolidada del impuesto de sociedades, que ahora nos vuelve a venir bajo la
tímida forma de recomendación de la Comisión, fue solemnemente aprobado por la
cumbre del Consejo Europeo de junio de 2011, que estableció un mandato de seis
meses para que la Comisión presentara una propuesta que debería ser
definitivamente aprobada como decisión del Consejo en diciembre de ese mismo
año. Y después, los líderes europeos se olvidaron completamente de su
compromiso, que, cinco años después, la Comisión retoma con timidez.
Y
ahora asistimos a la tremenda contradicción que supone: por un lado, el juicio
con riesgo de posible condena a pesadas penas de cárcel a "ciudadanos
ejemplares", según el Parlamento Europeo, que nos han permitido conocer la
reprobable conducta del gobierno de Luxemburgo y, tal vez, lograr que en el
futuro algunas grandes multinacionales paguen impuestos; por otro lado, que el
que era primer ministro cuando se firmaron los acuerdos que facilitaban la
elusión/fraude fiscal fuese nombrado presidente de la Comisión Europea, cuando
ya se conocían los hechos, y que las empresas multinacionales implicadas,
sigan, por el momento, sin pagar lo que deben.
Y
hay más sobre la credibilidad del propósito de la enmienda de Luxemburgo,
paraíso fiscal consentido de la UE. En febrero se nombró a Claude Max director
general de la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo,
organismo encargado de velar por el recto y prudente funcionamiento de sus
entidades financieras. Pues bien, su nombre acaba de aparecer con profusión en
los "Papeles de Panamá", porque cuando era director adjunto de HSBC
Luxemburgo, de 1994 a 2011, esta filial del gigante bancario de matriz
británica utilizó reiteradamente el despacho de abogados Mossack Fonseca para
abrir y cerrar numerosas sociedades offshore propiedad de la filial luxemburguesa, según revelaron el pasado 26 de
abril periodistas belgas y luxemburgueses.
Estos
hechos, lo mismo que la simple lectura del elenco de personajes que salen en
los "Papeles de Panamá", nos deberían llevar al más absoluto
escepticismo sobre la voluntad real de las élites políticas y económicas
mundiales de erradicar la lacra de los paraísos fiscales.
La
UE está profundamente cuarteada por la mala y antisocial gestión política de la
crisis económica, por las regresivas concesiones –que hipotecan el futuro de todos-
al gobierno de Cameron para ayudarle a ganar el referendum sobre el Brexit, o por la impotencia,
insolidaridad y abandono de los valores y de las leyes internacionales que
emanan de la nefasta gestión de la crisis de los refugiados y del acuerdo con Turquía.
La UE no puede sumar a lo anterior la pasividad frente al fraude fiscal, los
paraísos fiscales o el dumping fiscal interno. Todo ello junto puede abocar a
su destrucción.
La justicia fiscal ha estado a lo largo de la historia
en el centro de muchas rebeliones y revoluciones. Hay que utilizar el optimismo
de la voluntad y pensar que organizaciones políticas y sociales, honradas y coherentes,
y ciudadanos comprometidos podrán ser capaces de colocar la cuestión de la
justicia fiscal en el centro del debate político europeo, para poner fin a tanta
hipocresía y tanta inmoralidad en una tema capital para la pervivencia de la UEM
y del proyecto político europeo.
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