Este artículo ha sido publicado por el diario digital Bez, el 1 de junio de 2016:
http://goo.gl/ScQfsl
El pasado 20 de mayo se
produjo, en la Asamblea Nacional de Turquía, un hecho que probablemente marque
el paso del Rubicón del régimen progresivamente autoritario de Recep Tayyip
Erdogan hacia una deriva antidemocrática. La Asamblea Nacional aprobó levantar
la inmunidad parlamentaria a 138 diputados, casi todos de la oposición, con los
votos de los diputados del partido gobernante, el islamista Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP) que tiene la mayoría absoluta, del Partido de
Acción Nacionalista (MHP), de extrema derecha, y el inestimable apoyo de 20
diputados socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo (CHP),
a pesar de que un buen número de los diputados que serán procesados proceden de
las filas de este último partido.
Los cargos más comunes que
motivan los procesos, que pueden dar con los representantes de la soberanía popular
en la cárcel amén de ser inhabilitados para desempeñar las funciones por las
que fueron elegidos, son de naturaleza política : “injurias al jefe de
Estado”, por ser poco respetuosos en sus críticas a Erdogan, o los más graves
de “atentado contra la seguridad del Estado”, “espionaje” o “propaganda
terrorista”, que podrían conllevar condenas a largas penas de cárcel, incluida
la cadena perpetua.
Más de un centenar de los
diputados a los que se les ha privado de la inmunidad parlamentaria por cargos
de naturaleza política pertenecen al CHP y al Partido de la Democracia de los
Pueblos (HDP), de izquierdas y pro-kurdo. El más afectado es el CHP, que verá procesados a 50 de
sus 57 diputados que tendrán que hacer frente a 405 procesos
judiciales, de los cuales 77 corresponden a su líder, Selahattin Demirtas.
Ante estos hechos, la alta
representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, y el
comisario de Vecindad, Johannes Hahn, emitieron una declaración conjunta en la
que pusieron de manifiesto que el hecho les produce una "grave
preocupación". El Partido de los Socialistas Europeos, al que
pertenecen CHP y HDP, también hicieron público un comunicado crítico, valorando
que se trata de un nuevo intento de silenciar a la oposición. Y nada más. Por
el momento, Juncker, Tusk y los gobiernos de los Estados miembros permanecen
mudos.
La
larga sombra del Acuerdo para la deportación de los refugiados
El mismo día en el que el
Parlamento turco, el Meclis, perpetraba en Ankara este
ataque a la democracia, el Consejo Europeo de Ministros de Interior, instaba a
las autoridades griegas a que aplicaran el Acuerdo UE-Turquía y devolvieran a
territorio turco a refugiados e inmigrantes, muy preocupados por el escaso
número de devoluciones, por el hecho de que ningún solicitante de asilo haya
sido devuelto y porque los jueces griegos hayan dado la razón al primer
refugiado que solicitó su amparo. El comisario de migraciones, el
griego Dimitris Avramopoulos, y el ministro holandés de
migración, Klaas Dijkhoff , que ejerce la Presidencia de
turno de la UE, tras insistir en la vigencia del Acuerdo, apremiaron al
Gobierno de Atenas a ejecutarlo, al tiempo que, preguntados por la decisión de
la Asamblea Nacional turca, declinaron comentarla.
El 18 de marzo de 2016, el entonces primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, firmaron una simple Declaración conjunta, de más que dudosa validez jurídica, por la que el Gobierno de Turquía se comprometía a recibir a los refugiados y migrantes (sin distinción) que fueran deportados por las autoridades griegas a cambio de 6.000 millones de euros, la reactivación de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE y la supresión, a partir del mes de junio, del visado de entrada de los ciudadanos turcos en la UE. Esto último, si se cumplían una serie de requisitos, entre ellos unos leves retoques de la Ley antiterrorista turca, un auténtico compendio de vulneraciones de los derechos humanos.
Además de la inconsistencia de la base jurídica del Acuerdo, el principal motivo por el que la práctica totalidad de las organizaciones e instituciones que se ocupan de los derechos humanos, las migraciones y los refugiados, en particular ACNUR, lo rechazan es porque no cumple la legalidad internacional. Por no reconocer el estatuto de refugiado a quien lo necesita y merece y proceder a su deportación a Turquía a la que se concede el título de "país seguro a efectos de asilo", cuando no lo es. No lo es por dos razones de mucho peso cada una de ellas. La primera es que Turquía ha ratificado la Convención de Ginebra (1951) y el Protocolo de Nueva York (1967) sobre el Estatuto de los Refugiados, con una cláusula de reserva, o de excepción, geográfica por la cual sólo reconoce el Estatuto de refugiado a ciudadanos de países europeos. Es decir, sirios, afganos, somalíes y demás ciudadanos "no europeos" no tienen, en Turquía, las garantías y los derechos inherentes a la condición de refugiado.
El Comité Económico y Social
Europeo (CESE) ha aprobado por práctica unanimidad un Dictamen que pone en
cuestión el carácter de “país seguro”, a efectos de asilo, de Turquía, y hecho
público un Informe de la Misión de tres de sus consejeros a Turquía en el que,
además de describir la situación de los refugiados en este país, niega el
carácter de “país seguro”, por la excepción geográfica, por el estado de la
protección de los derechos humanos y por no disponer de libertad de movimientos
buena parte de ellos, los que viven en las 62 ciudades satélites establecidas al
efecto. El redactor de ambos documentos ha sido el consejero de CC OO en el
CESE, José Antonio Moreno[1].
Violaciones
de los Derechos Humanos y deterioro de la democracia
La otra razón principal por la
que Turquía no puede considerarse un "país seguro a efectos del asilo” es
el nivel alcanzado por las violaciones de los derechos humanos fundamentales
por parte de su Gobierno. Este fenómeno, que corre en paralelo a los intentos
de Erdogan de construir un régimen político presidencialista autoritario que le
perpetúe en el poder, ha ido agudizándose a partir de la respuesta represiva a
las masivas protestas de 2013 de la Plaza Taskim-Parque Guezi, del reinicio de
las hostilidades en el Kurdistán turco -tras la ruptura de la tregua y de las
conversaciones de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK),
en la que la voluntad de Erdogan fue determinante-; y de las denuncias de
corrupción contra el entorno familiar y político del Presidente.
En los últimos años, miles de
personas han sido detenidas por la policía -torturadas en bastantes casos, en
particular en el Kurdistán-, procesadas y encarceladas por delitos de
naturaleza política. Entre los más repetidos, las injurias al jefe del Estado
-así se consideran las críticas a Erdogan o las acusaciones de corrupción contra
personas de su entorno- y los delitos contra la seguridad del Estado y de
traición a la patria (manifestación ilegal, revelación de secretos, espionaje,
colaboración con el terrorismo, etc.), de los que son acusados activistas
políticos de izquierdas o del movimiento Hizmet del predicador islamista
Fethullah Güllen, sindicalistas (de las centrales DISK y KESK [2], en particular),
estudiantes, periodistas, o trabajadores del sector público (policías, jueces,
fiscales y profesores son colectivos que se han visto particularmente afectados
por la persecución del gobierno del AKP que ha llegado en algunos casos al
despido de funcionarios). La violación de los derechos humanos y el deterioro
de la democracia en Turquía ha sido ampliamente documentados por organizaciones
tan fiables como Amnistía Internacional y Human Rights Watch [3].
La
debilidad política y diplomática de la UE incentiva la deriva autoritaria de
Erdogan
Y en esta situación, una UE
incapaz de adoptar frente a la crisis de los refugiados una solución común
respetuosa con sus valores constituyentes y con la legalidad internacional, una
UE muy débil política y diplomáticamente, subarrienda al Gobierno turco su
supuesta solución, pagando altos y diversos precios, el menor de los cuales no
es el cerrar los ojos ante las violaciones de los derechos humanos en Turquía y
la deriva autoritaria del régimen de Erdogan.
Y ha sucedido lo peor que podía
suceder, pero que era perfectamente previsible cuando se negocia en condiciones
de debilidad con un gobierno autoritario: Erdogan se ha crecido y ha pisado,
desde la firma del “Acuerdo de la Vergüenza”, el acelerador antidemocrático
para escarnio de los políticos europeos responsables del mismo, en especial de
Ángela Merkel, su principal valedora. ¿Es que Europa está olvidando algunas de
las lecciones básicas de la historia de su Siglo XX?
La
libertad de expresión vapuleada ante la pasividad de la UE
Mencionaré sólo los casos más
significativos y recientes de ataques a la libertad de expresión de entre los
centenares documentados en los informes de AI y HRW, entre ellos centenares de
juicios criminales por insultos a Erdogan en aplicación del artículo 299 del
Código Penal. Ya, en el intervalo comprendido entre el preacuerdo y la firma
del Acuerdo para la deportación de refugiados y migrantes, el 4 de marzo, un
juez a las órdenes del Gobierno procedió a la incautación del periódico de
mayor tirada, Zaman, y de su edición
en inglés, para entregarlo a administradores afines al AKP que han cambiado
radicalmente su línea editorial hasta entonces crítica con Erdogan. El supuesto
delito del que se le acusa es el de estar bajo el control de la Red de Fetullah
Güllen. En 2013, Zaman acusó de
corrupción a Erdogan, cuando era primer ministro. Otro grupo mediático gülenista, Koza-Ipek, con dos periódicos
y dos televisiones, fue igualmente incautado días antes de las elecciones que,
en el pasado noviembre, revalidaron la mayoría absoluta del AKP. El 26 de
febrero fue cerrada la plataforma de televisión por satélite TurkSat, de
orientación de izquierdas y pro-kurda.
La incautación de Zaman sólo motivó una genérica e inocua
referencia a la libertad de prensa en las conclusiones de la cumbre del Consejo
Europeo que aprobó el Acuerdo con Turquía.
Pero el poder de Erdogan contra
los que le critican o se burlan de él ha traspasado fronteras. Penetró en
Alemania cuando, el 21 de abril, la canciller Merkel, en una sorprendente
muestra de servilismo hacia el Presidente turco y de desprecio a la libertad de
expresión en la misma Alemania, autorizó
el procesamiento de Jan Böhmermann, humorista de la televisión pública alemana
ZDF, que había recitado un poema satírico contra Erdogan. Lo autorizó,
desempolvando un artículo del Siglo XIX del Código Penal, ya en desuso, que
castiga con penas de hasta cinco años de cárcel a quien ofenda a “órganos y
representantes de Estados extranjeros”
El pasado 6 de mayo, el
director, Can Dündar, y el redactor jefe, Erdem Güll, del diario Cumhuriyet fueron
condenados a cinco años y diez meses de prisión, por “revelación de secretos de
Estado”, por un reportaje que informaba que un convoy de supuesta ayuda
humanitaria a Siria, escoltado por los servicios secretos turcos, en realidad
contenía armas destinadas a los grupos islamistas que luchan contra el gobierno
de al-Ásad.
Resulta muy
llamativo que, tras haber permitido las exportaciones de petróleo del Estado
Islámico, a través de la frontera siria, el gobierno de Erdogan -junto con los
de Arabia Saudí y Qatar- esté actualmente financiando y armando al Ejército de
la Conquista, coalición de grupos islamistas radicales entre los que está la
filial de Al Qaeda en Siria, el Frente Al-Nusra. Y más llamativo aún que pueda
hacerlo sin dejar de ser, al mismo tiempo, socio político privilegiado de la UE
y socio militar –de la UE y los EE UU- en la OTAN. Por supuesto, el Frente Al-Nusra está en
lugar destacado de la lista de organizaciones terroristas de los EE UU y de la
UE.
El mismo día, 6
de mayo, Erdogan se negaba en redondo a cambiar cualquier aspecto de la Ley
antiterrorista, uno de los requisitos de la UE para suprimir la necesidad de
visado de entrada a los ciudadanos turcos. De paso, desautorizaba al
primer ministro Davutoglu que había negociado con los responsables de la UE
unos retoques cosméticos a la Ley. Pero ni eso aceptó Erdogan que con verbo
desafiante declaró: “Lo siento, nosotros seguiremos por nuestro camino, tú [por
la UE] sigue por el tuyo y entiéndete con quien puedas”.
El 22 de mayo,
dos días después de que la Asamblea Nacional votase enviar a la gran mayoría de
la bancada opositora a los tribunales para ser procesados por delitos
políticos, Ahmet Davutoglu, dimitió. El primer ministro no era un entusiasta
del plan de Erdogan de convertir a Turquía en un régimen presidencialista
autoritario, hecho a la medida de su persona y su pensamiento. Para sustituido,
al frente del Gobierno y del AKP, Erdogan, que según la Constitución turca no puede
intervenir en la vida partidaria y por eso tuvo que dejar de ser formalmente
militante de su partido, designó a un incondicional: Binali Yildirim.
Sin respetar los valores democráticos y sociales que la
cohesionan la UE no subsistirá
Un proyecto
político supranacional como la UE necesita para subsistir estar basado en unos
valores y principios compartidos que le
den cohesión política y social. Y que su práctica política sea coherente con
ellos. Esos valores son los de una democracia avanzada, plenamente respetuosa
con los derechos humanos, y los de la solidaridad y la justicia social
encarnados en el llamado Modelo Social Europeo. Estos valores y principios también tienen que informar toda su política
exterior. La crisis económica y la nefasta gestión política de la misma por
parte de los responsables de las instituciones europeas y los gobiernos
nacionales los están socavando. El neoliberalismo económico y los nacionalismos
emergentes están poniendo en peligro la existencia de la UE. Si la política
europea sigue por el camino de la crónica negra de la crisis migratoria y de
los refugiados y de las relaciones con Turquía que describe este artículo
podemos comenzar a olvidarnos de la UE.
Los resultados
de las elecciones presidenciales austríacas dan cuenta, al mismo tiempo, de la
magnitud del problema y del único antídoto para combatir lo peor de la historia
política europea: la coherencia con los valores y principios solidarios y
democráticos. Quienes se contagiaron, por miedo y oportunismo, del discurso
político de la extrema derecha –socialdemócratas y populares- fueron barridos.
Sólo refundando el proyecto político europeo en torno a un modelo federal que
encarne en la práctica lo que hoy deben significar los tres principios del lema
universal de la Revolución francesa –Libertad, Igualdad y Fraternidad-, se puede,
en mi opinión, sostener la UE, aunque sea embarcándose en el nuevo proyecto sólo
una parte de sus miembros
[1] Dictamen REX/457 del CESE sobre la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una
lista común a la UE de países de origen seguros: https://goo.gl/kzbSoL
Informe del CESE: Misión-Turquía (9 a 11 de marzo de
2016) sobre la situación de los refugiados y el punto de vista de las
organizaciones de la sociedad civil: http://goo.gl/BWkfHW
(versión inglesa)
[2] DISK:
Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía; KESK: Confederación de
Sindicatos del Sector Público
[3] Turquía 2015/2016, en el Informe de Amnistía
Internacional 2015/2016 sobre la Situación de los Derechos Humanos en el
Mundo: https://goo.gl/5hvKes World Report 2015: Turkey, en World Report 2015 de Human Rights Watch: https://goo.gl/8eeUjP
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