Una versión algo reducida de este artículo ha sido publicada en InfoLibre, en su edición del 13 de agosto de 2018. Se puede acceder a ella en este enlace: https://bit.ly/2MmPPWs
Cuando las políticas de
austeridad, puestas en marcha desde mayo de 2010, la consiguiente nueva
recesión que produjeron y las grandes divergencias entre los Estados que
generaron, impactaron sobre las graves carencias en el diseño institucional de
la Unión Monetaria, el euro vivió, en 2012, una crisis existencial. Cuenta el
relato periodístico de la crisis que unas palabras mágicas de Mario Dragui lo
salvaron en julio de aquel año[1].
Para sostener estas palabras, el
BCE se embarcó en una política monetaria no convencional fuertemente expansiva:
el quntitative easing. Los tipos de
interés preferenciales bajaron a cero y el BCE empezó a comprar masivamente
activos públicos y privados. En junio de 2018, la cartera de “valores
mantenidos con fines de política monetaria” del BCE sumaba 2,546 billones de
euros. A pesar de los requerimientos del propio Dragui y del FMI, la política
monetaria no fue acompañada por una política fiscal mínimamente expansiva que
corriera a cargo de los países con grandes superávits de la balanza por cuenta
corriente y saneadas finanzas públicas, empezando por Alemania. Sin embargo, la
política monetaria expansiva y la flexibilización en el calendario de
cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
permitieron finalmente que la recuperación llegara al conjunto de las economías
europeas (hoy el crecimiento medio de la UE y la UEM está en un entorno del 2%). En términos estrictamente económicos, la
equivocada política de austeridad extrema llevó a que la Gran Recesión durara
más tiempo y fuese más profunda en Europa que en otras regiones del mundo.
Pero las consecuencias sociales
de la crisis no se han superado: sigue habiendo mayores tasas de desempleo y de
niveles de pobreza y desigualdad social que entes de la crisis, en muchos
países de la UE. También la divergencia entre los Estados es mayor. Vencido,
por el momento, el riesgo de implosión del euro, que hubiera arrastrado a toda
la UE, son las consecuencias políticas de la crisis y su gestión, ligadas a las
secuelas sociales, las que comienzan a manifestarse con toda su crudeza poniendo
en cuestión la existencia misma de la UE.
Hoy, el principal problema de la
UE es político y se manifiesta en el auge de los nacionalismos, conservadores o de
extrema derecha, y de los populismos antieuropeístas. La UE es incompatible con
los nacionalismos, porque nació precisamente para superarlos, para que no
hubiera más guerras generados por ellos en el suelo europeo.
A pesar de su victoria en el
referéndum del Brexit y de su avance en muchos Estados, algunos leyeron mal los
resultados de las elecciones holandesas y francesas de 2015 y dijeron que la extrema
derecha estaban en retroceso. No ha sido así. Desde entonces sus avances
electorales les han permitido entrar en coalición en los gobiernos de Austria
(FPÖ de Heinz-Christian Strache) e Italia (Liga de
Matteo Salvini) y a revalidar una aplastante mayoría absoluta en Hungría.
Todos
los gobiernos del Grupo de Visegrado, que han logrado impedir que haya una
política común europea de asilo y migraciones en los últimos tres años, están
gobernados, por mayoría absoluta o en coalición, por partidos nacionalistas de
extrema derecha: Hungría por el Fidesz[2]
de Victor Orban; Polonia por Ley y Justicia (PiS), fundado por los gemelos Kaczynsky;
Chequia por la Alianza de Ciudadanos descontentos (ANO) del multimillonario
Andrej Babis[3]; y, en
Eslovaquia, el Partido Nacional Eslovaco (SNS) forma coalición con el socialdemócrata
SMER del dimitido Robert Fico[4],
ambos con un discurso autoritario y xenófobo en perfecta sintonía con los demás
colegas de Visegrado.
El problema se agrava por el
contagio ideológico y programático del centro derecha tradicional europeo por
la extrema derecha. El contagio ha llegado hasta Alemania. Su última y más
aguda manifestación ha sido el órdago que el líder de la CSU, Horst Seehofer, temeroso
de que la AfD le impida mantener la histórica mayoría absoluta en las próximas
elecciones en Baviera, ha realizado a la canciller Merkel. La amenaza de
dinamitar la coalición de gobierno alemana, junto con la presión de los
gobiernos de extrema derecha y la complacencia o aquiescencia de una mayoría de
los gobiernos, ha llevado a la cumbre del Consejo del 28 de junio a las más
bajas cotas políticas de los últimos años.
A los tres años de la llegada
masiva de refugiados y migrantes en 2015 (mucho menos masiva de la que soportan
países como Turquia, Líbano o Jordania, entre otros), con menos del 10% de las
entradas de entonces, la UE renuncia a tener una política común de asilo y
migraciones. La Comisión y el Consejo se comen sus resoluciones anteriores
sobre reparto solidario de los refugiados, vuelven a olvidar las obligaciones
de la Convención de Ginebra y proponen centros de internamiento internos
voluntarios y plataformas de retención y
clasificación en terceros países. Todo un triunfo para el Grupo de Visegrado y
el resto de la extrema derecha europea.
Luego, Angela Merkel consumó un
sui géneris pacto en el interior de la coalición CDU-CSU que consagra como
principio de política común europea, en un tema clave, el que cada país se las
arregle según las conveniencias electorales de sus gobernantes. La fotografía
de Seehofer, Salvini y Kickl (FPÖ) juntando las manos mientras anuncian una
colaboración tripartita futura, tras la reunión del Consejo de Interior de
Innsbruck del 11 de julio, es de las que hielan la sangre. ¿Comprometerá esa
alianza al gobierno alemán?
Pero el contagio se da también,
en otra dimensión, a través de la actividad del grupo informal de doce gobiernos
de la UE que lidera el holandés y que agrupa, entre otros, a los gobernantes
nórdicos y bálticos. Se oponen a las reformas de la UE y de la UEM que supongan
más integración y quieren reforzar el principio de subsidiariedad y
renacionalizar todo lo que se pueda.
El peso de este grupo, también
contagiado de nacionalismo, se dejó sentir en la lamentable cumbre de junio,
que debía haber avanzado también en la reforma de la UEM o, al menos, marcado
una hoja de ruta clara y que se limitó a reiterar por enésima vez que el Fondo
Único de Resolución (FUR) de la Unión Bancaria debería estar garantizado por el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y que la cuestión debería resolverse a
finales de año. Sobre la cuestión crucial del sistema común de garantía de
depósitos, un jeroglífico[5].
Del resto de propuestas sobre la reforma de la UEM y de la UE –las de la Comisión Europea, las
más avanzadas de Macron o las rebajadas de la última cumbre francoalemana- ni
rastro.
A principios de mayo, la Comisión
dio a conocer su propuesta sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027: un
nuevo escalón en la disminución del peso de los presupuestos europeos en
relación al volumen de su economía que se inició en los 90. En la UE27, pasarán de representar el
1,16% de la RNB europea a sólo el 1,11%. Los recortes se concentran en las
políticas de cohesión y en la PAC. Aún así, Holanda y otros países del grupo de
los doce quieren nuevos recortes.
Cuando se necesitaría una clara
iniciativa política que dijera a los gobiernos polaco y húngaro, y a quienes
osaran seguirles, que sus conductas son incompatibles con los principios del Estado
de Derecho y con la UE, y se actuara en consecuencia; cuando habría que
reformar la UEM y el BCE, antes de la próxima crisis, para que reuniera las
condiciones de una “zona monetaria óptima”; cuando habría que impulsar una
reforma de la UE hacia una mayor integración (en un sentido federal) con más
democracia; cuando habría que reconstruir la cohesión social y la convergencia
entre los Estados con un sólido Pilar de Derechos Sociales Europeos sostenido
por unos presupuestos fuertes; cuando los líderes de las dos principales
potencias nucleares, Trump y Putin, manifiestan su apoyo a la extrema derecha
europea y su hostilidad hacia la UE, sumando un obvio riesgo geopolítico a los
demás ya existentes en nuestra vecindad; cuando ocurre todo esto, los líderes
políticos de la UE están paralizados, incapaces de realizar las reformas
imprescindibles y de volver a ilusionar a la ciudadanía europea con un proyecto
atractivo de futuro.
La socialdemocracia europea
atraviesa una profunda crisis, en la que sólo parecen resistir los socialistas
ibéricos y el laborismo de Corbyn. Los partidos a su izquierda no han sido
capaces de formular conjuntamente un proyecto coherente de UE y algunos la
cuestionan abiertamente. El centroderecha, democristiano o liberal, se sitúa en
el campo del contagio y el apaciguamiento con la extrema derecha, olvidándose
de una de las principales lecciones del siglo XX: eso llevó al triunfo del
fascismo y el nazismo y a la 2ª Guerra Mundial. Por eso, se puede decir, sin
exagerar que la UE ha entrado en una zona de riesgo entre cuyas salidas está la
de su propia destrucción.
Pero hay otra salida. Uno de los
instrumentos de la misma sería la construcción de un movimiento supranacional europeo que afuera capaz de
agrupar, con amplitud y pluralidad, a organizaciones políticas y sociales
comprometidas con un proyecto de Unión basado en los principios y valores democráticos y sociales más avanzados
y en el vínculo de la solidaridad y la fraternidad.
[1] Las
pronunció el Presidente del BCE en Londres, el 26 de julio de 2012: “Dentro de
nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer todo lo necesario para preservar
el euro. Y créanme, será suficiente”. Y los mercados financieros se calmaron y
las primas de riego comenzaron a bajar.
[2] El
Fidesz es miembro del Partido Popular Europeo (PPE)
[3] El
populismo de derechas de Babis es complementado por el recién reelegido (enero
de 2018) Presidente de la República Checa, Milos Zeman, ex - comunista y
admirador de Putin y Trump. El rechazo a la inmigración les une.
[4]
El PSE expedientó al SMER por los discursos xenófobos y antimusulmanes de Fico,
pero perdonó su expulsión. Fico dimitió del cargo de primer ministro tras las
masivas manifestaciones de protesta que generó el asesinato del periodista Jan
Kuciak (y de su novia) que investigaba las relaciones entre la mafia calabresa,
la 'Ndrangheta, y una consejera política suya.
[5] El alemán Stefan Pluegger, director de la
Secretaría del Eurogrupo, en una
entrevista que tuve con él en mi condición de ponente del dictamen del CESE
sobre las Orientaciones de la política económica de la zona euro, afirmó sin
inmutarse que “La culminación de la Unión Bancaria es cosa de décadas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario