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sábado, 2 de marzo de 2019

La lista propuesta por la Comisión Europea incluía también a cuatro territorios dependientes de los EEUU. Pero no incluía a seis Estados de la UE que actúan como auténticos paraísos fiscales: Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Chipre, Malta y el Reino Unido, a través de varias jurisdicciones dependientes de su Gobierno. Una vez más, los intentos del Parlamento Europeo o, en este caso, la Comisión Europea para enfrentarse al fraude fiscal, el lavado de dinero y las prácticas ilegales de los paraísos fiscales chocan con la falta de voluntad política de los gobiernos.Unas veces presionan las empresas financieras, otras las multinacionales, ahora los gobiernos de dentro de la UE, u otros de fuera tan poderosos como los de EE UU y Arabia Saudí.
¡Es un escándalo! El lavado de dinero hermana en los garitos financieros de los paraísos fiscales a defraudadores fiscales de todo pelaje -empresas o grandes fortunas-, políticos corruptos, carteles de la droga de cualquier parte del mundo y demás organizaciones de la economía criminal. Una vez lavado el dinero y utilizando las más variadas técnicas de ingeniería financiera (y delincuencia financiera) una parte de ese dinero vuelve a las venas del sistema financiero mundial legal
Por eso no hay voluntad política para acabar con los paraísos fiscales cuya existencia perjudica gravemente las finanzas de los Estados democráticos (y de todos los demás) y el bienestar de sus ciudadanos.
El 40% de la Inversión Extranjera Directa en el mundo,unos 12 billones de US$, pasa por empresas fantasmas, sin actividad económica alguna. Se trata de operaciones de lavado de dinero. De ese volumen de dinero, el 85% pasa por ocho países, seis de ellos dependientes de la UE: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y tres jurisdicciones del Reino Unido: Bermudas, Islas Caimán e Islas Vírgenes. Fuera de la UE: Hong-Kong SAR y Singapur. No lo dice la Plataforma por la Justicia Fiscal. Son datos de un documentado artículo publicado en "Finance and Development", la revista del FMI, en junio de 2018, por un economista senior del Fondo y dos catedráticos de la Universidad de Copenhague

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