Ésta es la primera parte del artículo que Público ha sacado en su edición de hoy, 19 de octubre de 2020. Llevo trabajando sobre criminalidad fiscal y el cómo luchar contra ella en el CESE (Comité Económico y Social Europeo) desde que llegué allí, hace cinco año. En la UE hay instituciones que se empeñan en desterrarla , al igual que a su prima hermana la elusión fiscal. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son conscientes de la magnitud del problema y quieren enfrentarse a él. Pero está resultando dificilísimo. A pesar de la abundante legislación europea contra los delitos y faltas en este campo, los flujos dinerarios del fraude, la evasión, la elusión y el blanqueo siguen subiendo. ¿Cómo es posible esto? De ello se habla en el artículo del que mañana se publicará la segunda parte.
Público
La lucha contra los delitos fiscales y la elusión fiscal en la UE: una prioridad en tiempos de pandemia (I)
Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO
Las medidas emprendidas contra los delitos económicos y fiscales -entrelazados en muchos casos- por una parte de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas e internacionales no están surtiendo el efecto deseado. Están siendo ineficaces o insuficientes por los obstáculos que encuentra su aplicación práctica. Según los estudios académicos más solventes, que emplean las bases de datos de las instituciones internacionales de referencia en el tema (FMI y OCDE), el volumen de los flujos financieros que mueve el fraude fiscal, la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la elusión fiscal está creciendo.
La pandemia no parece haber limitado una actividad delictiva en la que convergen, con implicación directa o indirecta diversos actores: grandes fortunas, empresas multinacionales (EMN), instituciones financieras, políticos y empresarios corruptos, gobiernos dictatoriales o autoritarios, funcionarios de los mismos, organizaciones de la economía criminal, entre ellas las más sanguinarias mafias del tráfico de drogas, armas o personas, paraísos fiscales clásicos o Estados de la UE con gobiernos tolerantes o interesados.
Según el FMI (2019)[1], la evasión fiscal cuesta a los gobiernos unos 2,56 B€[2] al año. El Parlamento Europeo (PE) calcula que, en la UE, la cifra alcanzó los 825.000 M€ (2019). Según el FMI (2019), la riqueza privada en los centros financieros off-shore (paraísos fiscales) está comprendida entre 5,96 y 7,41 B€ (del 8% al 10% del PIB mundial). Según la ONU (2020)[3], el dinero lavado está comprendido entre el 2% y el 5% del PIB mundial. Es en esta figura delictiva, clave para la canalización de los recursos provenientes de otros ilícitos (fiscales, corrupción, los de la economía criminal) y en la elusión fiscal, donde la complicidad, connivencia o tolerancia de las instituciones financieras y de algunos gobiernos resulta clave.
Los últimos escándalos de grandes bancos en el blanqueo de capitales
El último dossier hecho público por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), responsable de investigaciones tan importantes como los Panama Papers (2016) y los Paradise Papers (2017), es el de los FinCEn files (septiembre 2020). El protagonista de los mismos es el principal banco privado alemán, el Deutsche Bank, merecedor de una larga lista de sanciones por prácticas poco escrupulosas o simplemente delictivas. La investigación se refiere a unas operaciones de blanqueo de unos 11.000 M$, desde su oficina en Moscú, por los que ya tuvo que pagar una multa de 258 M$ al Tesoro de los EE UU en 2015. Lo nuevo de los archivos de la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN)[4] del Tesoro de los EE UU, es el desvelamiento de los procedimientos utilizados por oligarcas, mafiosos y responsables del Deustche en Moscú para lavar dinero mediante "operaciones espejo" (vender acciones en Moscú y volverlas a comprar en la City londinense), y de los implicados. El banco, después de pagar la multa, siguió transfiriendo dinero a las personas y empresas sospechosas. Christian Sewing, el responsable del Departamento de Auditoría que hizo un informe muy favorable sobre la Oficina de Moscú en la época en la que sucedieron los hechos, fue nombrado CEO de la entidad tras la reestructuración posterior al estallido del escándalo. El presidente, Paul Achleitner, sigue en su puesto hasta el día de hoy.
En la resolución del Parlamento Europeo (PE), de marzo de 2019[5], figuran otros importantes casos de lavado protagonizados por bancos europeos. El protagonizado por el mayor Banco de Dinamarca, el Danske Bank, estalló en 2018 y por su volumen descomunal, 200.000 M€, se ha convertido en el mayor conocido hasta el momento en el mundo. Se realizó a través de la sucursal del Danske en Tallín y de 15.000 cuentas de extranjeros no residentes en Estonia. En una parte de las operaciones detectadas participaron gigantes bancarios como J.P. Morgan, Bank of America y, de nuevo, Deutsche Bank. En la investigación que continúa no parece que ninguno de sus directivos vaya a verse afectado. Otro implicado, el mayor grupo bancario de los países nórdicos y bálticos, el Swedbank, cuya oficina en Tallín lavó 3.700 M€; ha visto la dimisión de su presidente.
El blanqueo de capitales, conectado a tramas de corrupción política y económica mafiosas, estuvo en la raíz de dos asesinatos de periodistas en Malta y Eslovaquia. Daphne Caruana Galizia, uno de los miembros más destacados del ICIJ, fue asesinada en octubre de 2017,. Jan Kuciak lo fue, junto a su novia, en Bratislava, en febrero de 2018. Los dos investigaban flujos de dinero negro que conectaban a uno de los mayores empresarios de Malta y a la sección eslovaca de la mafia calabresa, la Ndrangheta, con miembros de los respectivos gobiernos. Los primeros ministros, Joseph Muscat y Robert Fico, ante la movilización de unas poblaciones indignadas, tuvieron que asumir sus responsabilidades políticas y acabaron dimitiendo, pero parecen haberse librado de las responsabilidades penales de las que había algunos inquietantes indicios.
Elusión y blanqueo: la connivencia de algunos gobiernos
En un paisaje menos dramático, pero más normalizado y extendido, se sitúa la connivencia de algunos gobiernos de la UE con los responsables de grandes operaciones de elusión fiscal, las EMN, en particular las de la economía digital y muy notablemente las cinco grandes tecoológicas norteamericanas -Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Facebook-, así como con empresas patrimoniales mercantilizadas de los poseedores de grandes fortunas.
Aunque la elusión fiscal no implique necesariamente un incumplimiento de la letra de la ley, sí supone siempre una violación de su espíritu. El artículo más actual sobre el tema (Torslow, Wier y Zucman, 2020) [6] nos muestra que los paraísos fiscales reciben alrededor de 600.000 M€ al año procedentes de la elusión fiscal de las empresas. Desde 21 Estados de la UE (incluido el Reino Unido) se trasladan a los paraísos fiscales beneficios empresariales por valor de 247.000 M€ anuales. Llama la atención que 205.000 M€ de ellos van a otros seis países de la UE: Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Chipre y Malta, produciendo una pérdida de ingresos fiscales de 50.000 M€ en los 21. Es decir, los más dañinos paraísos fiscales, en relación con la elusión fiscal, para la mayoría de los Estados europeos son seis miembros de la UE que, por eso mismo, no pueden entrar en su lista negra.
La práctica de la elusión fiscal va unida en muchas ocasiones a otros delitos como el blanqueo de capitales. Así lo indican las evaluaciones de la CE sobre el cumplimiento de las directivas 4ª (2015) y 5ª (2018) contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El alcance de la implicación de los paraísos fiscales europeos en estos delitos y malas prácticas se expuso en dos artículos publicados en la revista del FMI, Finance and Development, (2019)[7]. En ellos se calcula que el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) mundial va a parar a empresas fantasma (shell companies), sin actividad económica alguna. En total 15 B$ de flujos financieros procedentes de la elusión fiscal, la evasión fiscal y el lavado de dinero. El 85% de esa cantidad va a parar a 12 países o jurisdicciones. Seis de ellos son europeos: cinco miembros de la UE -Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Malta y Chipre- y Suiza; y tres son territorios con autonomía fiscal dependientes del Reino Unido: Islas Vírgenes, Islas Caimán y Bermudas[8]. El 50% del total, 7,5 B$ se transfieren a empresas fantasmas radicadas en Luxemburgo (4 B$, 55 veces su PIB) y los Países Bajos (3,5 billones, 4,32 veces su PIB).
Esta situación es insostenible. No se pueden mantener por más tiempo unas prácticas y unas políticas tan radicalmente incompatibles con los principios y valores de la UE, máxime cuando la COVID-19 está asolando Europa y el mundo.
NOTAS
Los próximos días 17 y 18 de julio se va a celebrar una cumbre del Consejo Europeo muy importante para conocer el alcance de la implicación de la UE en la recuperación de las economías y las sociedades europeas de la peor crisis de su historia y, también, para calibrar el futuro de la propia Unión. La cumbre debería aprobar, ya con retaso, el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 e, insertado en el mismo, la propuesta de la Comisión Europea de Plan de Recuperación “Nueva Generación UE” (NGUE).
En el momento de escribir estas líneas, no parece que las concesiones que el Presidente del Consejo, Charles Michel, ha hecho a los “cuatro frugales” en su propuesta, ni las peregrinaciones de los primeros ministros de los países del Sur a La Haya para entrevistarse con Mark Rutte, hayan modificado la intransigencia del líder de ese grupo de países. Las diferencias afectan a la cuantía global, a las subvenciones y al reparto por países. Sus heterogéneas coaliciones de gobierno, lideradas en Holanda y Austria por partidos de la derecha liberal y en Dinamarca y Suecia por partidos socialdemócratas, se caracterizan por su oposición a una mayor integración europea y al cultivo de un nacionalismo que quiere sólo las ventajas del mercado único y ninguna de sus obligaciones.
Acaban de obtener una victoria importante al colocar como presidente del Eurogrupo, frente a Nadia Calviño, a Paschal Donohoe, Ministro de finanzas de Irlanda, país que junto a Holanda y Luxemburgo forma un grupo muy informal pero repleto de canales financieros subterráneos, el grupo de los tres mayores paraísos fiscales en suelo de la UE. Sólo la capacidad de presión de Alemania y Francia, si se deciden a utilizar todas sus armas, podría alejar esta cumbre del fracaso o de unas malas conclusiones.
Mientras, en España, la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica terminó, el 3 de julio, sus trabajos logrando sus conclusiones el apoyo de sólo el PSOE, UP y Cs pero no de nacionalistas e independentistas ni del PP, y el rechazo frontal de Vox. Pero la aplicación de sus principales conclusiones está condicionada, sean cual sean los textos finales y los votos del Pleno del Congreso del 22 de julio, a la aprobación del MFP 2021-2027 y del NGUE de la UE. Y, por supuesto, a que el Gobierno tenga una mayoría parlamentaria que permita abandonar los remendados presupuestos de Montoro de 2018, inservibles para insertar en ellos los programas y proyectos que pueden ser financiados con los fondos europeos.
Porque nuestro Plan de Reconstrucción depende del NGUE y de los presupuestos europeos, de que nos lleguen los 140.446 M€ (77.324 de subvenciones y 63.122 de créditos), estimados en base a la propuesta de la CE o los que finalmente nos toquen, según se le permita hacer a Rutte y la nueva “banda de los cuatro”. Baste recordar que, según las Previsiones de Primavera de la CE, España pasará de tener una deuda pública del 95,5% del PIB en 2019 a otra del 115,6% a finales de 2020.
Crisis de la pandemia y Gran recesión: diferentes respuestas
Hay que constatar una diferencia muy importante con lo sucedido en la Gran Recesión iniciada en 2008. Entonces, tras un periodo en el que se dejó arrastrar a regañadientes por las medidas keynesianas adoptadas por las cumbres del G20, haciendo muy poco y casi nada solidariamente, la UE se embarcó, a partir de mayo de 2010, en las políticas de austeridad extrema que hicieran recaer en la recesión a numerosos países además de producir deterioro laboral y social y divergencia entre los Estados de la UE. Le acompañó la política monetaria del BCE de Trichet que no tuvo empacho en volver a subir dos veces los tipos de interés en 2011 como ya lo había hecho en 2008. Algunas de las consecuencias sociales de aquella muy equivocada política y de sus recortes en los servicios públicos fundamentales, aplicada sin alternativas por el Gobierno de Zapatero y con convicción por el de Rajoy, las seguimos sufriendo hoy, como los que han debilitado al Sistema Público de Salud, esencial frente a la pandemia de la Covid-19.
Ahora, sin embargo, la CE ha reaccionado en un sentido contrario y con celeridad. Tras reunir 38.000 M€ de remanentes de los presupuestos vigentes para atender a la emergencia sanitaria[1], aplicó, el 13 de marzo, la cláusula de suspensión general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (de sus techos de déficit y deuda) y diseñó un primer Plan de 540.000 M€ de préstamos blandos[2]. El 28 de mayo se hizo pública la propuesta de Plan de Recuperación de 750.000 M€: 500.000 M€ en transferencias directas y 250.000 M€ en créditos.
El reparto entre los países miembros se quiere hacer según las necesidades derivadas de la situación económica, social y sanitaria. Su objetivo general se define así: “Una recuperación colectiva y cohesionada que acelere la doble transición ecológica y digital no hará sino fortalecer la competitividad de Europa, su resiliencia y su posición como actor mundial. Es por ello que la solidaridad, la cohesión y la convergencia deben macar la recuperación de Europa”.
Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuanto proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil.
Estas son las condiciones. No se van a recibir subvenciones a fondo perdido ni créditos para financiar el déficit presupuestario sin más. El Plan de la UE financiará proyectos coherentes con sus objetivos. Las condiciones no son las que el PP, torpemente, ha insinuado: que no se toque la reforma laboral o que no haya una reforma fiscal progresiva.
Por fin, deuda europea
Pero el mayor avance lo supone la financiación del Plan. El gobierno alemán, tal vez porque no había otro remedio, ha aceptado finalmente que se haga con deuda europea. Se ha traspasado una de las principales líneas rojas de las últimas décadas. Los 750.000 M€ se devolverían a partir de 2028 (de 2026 en la propuesta de Michel) con nuevos recurso propios de la UE.
Se podría decir que la magnitud de la crisis económica requeriría un plan más ambicioso. El PE había propuesto llegar a los dos billones de euros. Pero, además de subrayar el exceso de la parte de los créditos -790.000 M€, contando el plan del 28 de mayo-, la crítica más importante es la tardanza en su implementación. Los recursos se necesitan ya, para evitar una destrucción importante del tejido productivo. Sólo se podrían anticipar a 2020 los 31.000 M€ del Instrumento de Ayuda a la Solvencia[3]. El encaje de NGUE en el MFP 2021-2027 prevé gastar el 70% del mismo entre 2021 y 2022, y el 30% restante en 2023. En comparación, la mayor parte del primer plan de estímulos fiscales del Gobierno federal de los EEUU, dotado con 2,1 billones de dólares, está ya gastado.
Política monetaria: Lagarde en la senda de Dragui
El BCE, presidido por Christine Lagarde sigue la política monetaria expansiva que impulsó Mario Dragui, a partir de 2012, con lo cual se podría alcanzar lo que el italiano reclamó en vano durante muchos años: la conjunción de políticas monetarias y fiscales del mismo signo expansivo; aunque la lentitud de la respuesta fiscal les va a hacer perder eficacia. Incluso es más contundente, porque el BCE va a comprar, hasta finales de 2020, deuda pública y privada por un valor total de 1,71 billones de euros, de los cuales 1,35 B€ en función de las necesidades financieras nacionales. Al mismo tiempo, seguirá proporcionando liquidez ilimitada a los bancos, con tipos de interés negativos tanto para sus depósitos en el BCE como para concederles créditos para que presten[4].
Presupuestos plurianuales 2021-2027
Respecto a los próximos presupuestos plurianuales de la UE, en los que se inserta NGUE, hay que ser muy críticos y decir que las cosas están yendo a peor y así pueden seguir, aunque entre 2021 y 2023 quedará compensado por el impacto del NGUE. Se partió de una propuesta inicial regresiva, formulada por la CE en mayo de 2018, con ingresos y gastos globales de 1.134.583 M€[5]. Comparado homogéneamente con el MFP 2014-2020 (sin el Reino Unido) significaba pasar del 1,16% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE27 al 1,11%, sacrificando las políticas de cohesión (-10%) y la PAC (-15%). Con ello se continuaba con una línea descendente del gasto en relación con la RNB, iniciada a finales del Siglo XX. Tanto el PE como el CESE, rechazaron esta propuesta y pidieron que el MFP 2021-2027 aumentara un 12%, hasta alcanzar el 1,3% de la RNB.
En la propuesta que la CE realizó el 27 de mayo, junto a la del NGUE, el monto global se reducía a 1,1 B€ y en la de compromiso de Michel a 1,074 B€. O sea, que una vez consumido el NGUE, en 2023, los presupuestos serían los de una Unión muy disminuida.
Pero la propuesta del Presidente del Consejo contiene otras concesiones criticables. La principal, el mantenimiento de los “cheques” que, a rebufo del aireado “cheque británico” que arrancó Margaret Tatcher, consiguieron los países que más contribuyen por ser más ricos. Cinco países, Alemania y casualmente los “cuatro frugales”, dejarán de aportar, en los próximos siete años, 45.353 M€ de lo que les correspondería en función de su riqueza y población[6]. Tras el Brexit hubiera sido lógico el fin de los “cheques británicos”, pero no. Y la más peligrosa, la de que los planes nacionales de recuperación que deberá elaborar cada Estado miembro para recibir los fondos, sean aprobados por el Consejo, a propuesta de la CE. En lugar de sólo por la Comisión y supervisados en el marco del Semestre Europeo. Aunque el procedimiento de aprobación será por mayoría cualificada, un Rutte crecido está pretendiendo, nada menos, que se haga por unanimidad para ostentar un derecho de veto.
Algunas conclusiones y sinergias
A la espera de conocer los resultados de la próxima cumbre, si ésta o las siguientes no desfiguran en exceso el contenido de NGUE y España puede recibir una cantidad más o menos equivalente a la que le correspondía en los cálculos iniciales de la Comisión, ésta representaría una importante y necesaria ayuda para la reactivación de la economía española. Debería llevar aparejado el asentamiento de las bases de un cambio de modelo productivo que nos lleve a una economía sostenible tanto desde un punto de vista ambiental como social. El reto de la neutralidad climática en 2050 es enormemente ambicioso.
Tiene que venir acompañado de otros retos igualmente importantes como: el fortalecimiento del tejido industrial a través de políticas industriales nacionales y europeas con producción energética y transportes limpios, el del empleo de calidad, el dar un salto real en nuestro sistema de I+D+i y en la conexión entre un sistema educativo de mayor calidad y el tejido productivo, el de la mejora de la calidad y las capacidades de los servicios públicos, empezando por el de salud, o el de unas políticas sociales y de cuidados más avanzadas que sepan extraer todas las lecciones de la trágica pandemia. El desarrollo de los contenidos del Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo, recientemente suscrito entre CCOO, UGT, CEOE/CEPYME y el Gobierno debería ayudar a definir una parte de los contenidos del cambio de modelo y a construir sinergias que articulen las políticas presupuestarias europeas y españolas en los próximos años.
Notas:
[1] De ellos, 4.145 M€ le corresponden a España.
[2] El Plan, presentado el 23 de abril por la CE ha entrado en vigor en junio, tiene tres secciones: a las finanzas públicas de los Estados, a través del MEDE, por valor de 240.000 M€ (España podría recibir, en las dos líneas establecidas, hasta 35.000 M€ en créditos); a las empresas, a través del BEI, por valor de 200.000 M€; SURE para financiar los ERTES y equivalentes, por valor de 100.000 M€.
[3] Con este dinero se pretende aumentar las garantía crediticia hasta 66.000 M€ para que el BEI conceda una línea de crédito de hasta 300.000 M€
[4] La “facilidad de depósito” está en el -0,50% y la de “crédito” (a un día) en el -0,25%, mientras que para que los bancos puedan prestar a largo plazo, las TLTRO (Targeted Longer-term Recinancing Operations) tienen tipos entre -0,50% y -1,0% y para respaldar su liquidez o para que compren deuda, a través de las PELTRO (Pandemic Emergency Long-term Refinancing Operations) los bancos pueden obtener créditos al -0,25%.
[5] Las cifras se expresan en euros constantes de 2018, aunque correspondan a un período posterior de siete años.
[6] El monto total de los cheques, expresado en euros de 2020, se distribuye así: Alemania, 25.697 M€; Holanda, 11.032 M€; Suecia, 5.586 M€; Austria, 1659 M€ y Dinamarca, 1.379 M€.