La UE en su laberinto

Este artículo ha sido publicado el 24 de febrero de 2016 en el diario digital:

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Cumbre tras cumbre de su Consejo intergubernamental, la Unión Europea va profundizando en la pendiente que puede llevarla, incluso, a su destrucción. Destrucción, al menos como proyecto político que, para lo común de todos, promueve también lo que debe exigir a las naciones que lo integran: ser democracias avanzadas  con sociedades socialmente justas. Podrá quedar, como quieren los británicos, sólo como un mercado único, en el que exista el menor número posible de normas que regulen el comercio y la inversión, con una libre circulación entendida sobre todo como de capitales, bienes y servicios, porque la de las personas ya es harina de otro costal, como se han encargado de decirnos todos los líderes políticos europeos que han aprobado, de peor o mejor grado, pero por unanimidad, las vergonzosas conclusiones de la cumbre que se celebró en Bruselas los días 18 y 19 de febrero.

No me gusta utilizar adjetivos fuertes para calificar conductas, instituciones o personas, pero en este caso todo lo relacionado con esta cumbre europea merece los más duros calificativos, por más que algunos comentaristas pretendan edulcorar el trago subrayando que se ha conseguido el objetivo principal: que el Reino Unido no vaya a abandonar la UE. Lo primero que hay que decir es que eso está todavía por ver, pero que, en todo caso, lo que hay que analizar es a costa de qué va, eventualmente, permanecer el Reino Unido en la UE, y cuáles serán las consecuencias de haber aceptado un chantaje tan grueso para ayudar a resolver los problemas internos del Partido Conservador británico.

Sin pretender establecer ningún tipo de paralelismo histórico, hay que decir que la historia europea del Siglo XX, está repleta de ejemplos acerca de las malas –en ocasiones, nefastas- consecuencias que tiene la aceptación de los chantajes de una potencia europea en aras de conseguir algún supuesto bien superior (en ocasiones hasta la paz) o lograr su “apaciguamiento”. En nuestro caso, la gravedad de la situación y lo negativo de las concesiones a Cameron estriban en que, después de seis años de muy mala gestión política de la crisis por parte de los políticos conservadores europeos, que han impuesto las políticas de austeridad y devaluación interna, con sus muy malos resultados económicos, sociales y políticos, y en una situación de crisis política del proyecto de la Unión Europea que afecta a las instituciones y a la ciudadanía, lo que se necesitaba era, en el primer encuentro político de trascendencia, mandar un mensaje claro de más Europa, una Europa más democrática y socialmente más justa.

El Acuerdo UE-Reino Unido para evitar el Brexit

En lugar de eso, la Decisión y las seis Declaraciones que configuran el Acuerdo entre el Reino Unido y  la UE, nos van a llevar a menos Europa y a una Europa socialmente más injusta. Y no a una Europa más democrática. Por el contrario, puede llevarnos a menos democracia europea, porque la facultad que se otorga a los parlamentos nacionales de vetar decisiones legislativas de la UE, si reúnen un 55% de los votos europeos ponderados, puede convertirse en un instrumento contra la democracia europea, por apuntar sobre todo a las decisiones de la única institución europea elegida democráticamente de forma directa, el Parlamento Europeo. Como también supone una regresión democrática la capacidad que el Acuerdo concede a los países que no están en el euro –y más aún a aquellos que como el Reino Unido y Dinamarca están exentos de la obligación de tenerlo algún día como moneda nacional- a condicionar las decisiones de la zona euro, y los posibles y necesarios avances hacia un gobierno económico que se den en dicha zona, por el procedimiento de poder paralizarlas hasta que el presidente del Consejo, en funciones de árbitro, adopte “cualquier iniciativa que sea necesaria para facilitar la consecución de una base de acuerdo más amplia en el Consejo”.                                                                                             

El insoportablemente oscuro y ambiguo lenguaje del Acuerdo, conscientemente redactado para que pueda servir, al tiempo, a los propósitos de Cameron de decir que ha logrado  imponer todas sus condiciones para retroceder hacia una “Europa sólo mercado”, y a quienes, desde las instituciones europeas, afirmarán que las renuncias políticas han sido muy pequeñas, no oculta que toda la orientación del texto va en el sentido que quiere Cameron.  Un ejemplo de esto se encuentra en los considerandos iniciales, en los que tras subrayar que el Reino Unido quedará excluido del compromiso, vigente desde el Tratado de Roma, por el que todos los Estados miembros deben procurar caminar “hacia una unión cada vez más estrecha”, enfrenta, en párrafos contiguos, la afirmación de que ni el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) ni los tribunales británicos pueden dictaminar sobre si las legislaciones y prácticas nacionales del Reino Unido se ajustan a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (lo que significa de hecho la exclusión de la ciudadanía de las Islas Británicas de la protección jurídica de los muy  importantes derechos incluidos en la Carta), con una loa al mercado interior y su papel para impulsar la producción, la inversión y el comercio.

Pero las regresiones más evidentes se encuentran en las secciones B y D del Acuerdo, las dedicadas a la competitividad y a las prestaciones sociales y la libre circulación.

Competitividad entendida como desregulación y recortes sociales discriminatorios

El capítulo de competitividad pretende la ampliación y profundización del programa REFIT, impulsado por la Comisión Barroso, que, al socaire de promover la derogación, simplificación y mejora de la legislación europea, está siendo utilizado con evidentes propósitos desreguladores en los terrenos social y medioambiental. El Acuerdo incluye el compromiso de que la Comisión presente, antes de finalizar 2016, un programa de trabajo y un mecanismo de evaluación para aplicar REFIT a toda la legislación de la UE, su extensión a los ámbitos nacionales y la disminución de las cargas administrativas y los costes de las empresas. Lo que se ha acordado es impulsar una política de desregulación en la UE.

El más regresivo de los apartados del Acuerdo es, sin duda, el que se refiere a las prestaciones sociales y al principio de libre circulación, por atacar directamente a uno de los pilares de la UE, por afectar a las prestaciones sociales de personas que están trabajando o en paro, y por introducir una evidente discriminación entre ciudadanos de la UE. El Acuerdo compromete a la Comisión para que proceda a modificar el Reglamento 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro la UE, para permitir a los Estados miembros la denegación o la reducción de las prestaciones sociales no contributivas de los migrantes procedentes de otros países de la UE, si se dan unas condiciones de emergencia que puedan poner en peligro los sistemas de la Seguridad Social. Los recortes de las prestaciones se aplicarían a cada trabajador que llegue por primera vez a otro Estado miembro durante un periodo de hasta cuatro años desde el inicio del empleo, pudiendo estar vigente esta facultad de los gobiernos durante un período de 7 años como máximo.

En un estrafalario acto legislativo de carácter preventivo, el Acuerdo establece anticipadamente que el Reino Unido cumple ya los requisitos de salvaguardia de ese nuevo Reglamento que todavía no se ha escrito. Lo peor es que esta es una afirmación manifiestamente falsa a la luz de los datos reales sobre el coste de las prestaciones que se quieren recortar en el Reino Unido.

El Acuerdo incluye también el recorte de un derecho de exportación de una prestación contributiva regulada por el Reglamento (CE) 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Es la que se refiere a las ayudas por hijo. Establece que se podrán indexar según el nivel de vida y el nivel de las prestaciones por hijo que tenga el Estado miembro en el que reside el hijo.

Por afectar al principio de no discriminación, consagrado en el artículo 35 del TFUE y en el artículo 21.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, estas disposiciones de Acuerdo suponen, a mi juicio, una vulneración de principios básicos consagrados en ambos textos jurídicos, que no pueden modificarse de un modo tan alegre como el pretendido por los jefes de Estado y de gobierno europeos. Habrá que pensar en utilizar todos los instrumentos políticos y jurídicos, incluido el recurso ante el TJE, para combatir estos apartados del Acuerdo.

La cumbre del Consejo se ha constituido en ente interpretador de los Tratados, en un sentido inequívoco de reforzamiento de las soberanías nacionales frente a la europea, de desregulación y de recortes sociales. Donde no cabe interpretar las normas europeas vigentes se procederá a la reforma de los Tratados, a la primera ocasión que se presente. Y, por supuesto, la mayor parte de los términos del Acuerdo no se aplicarán sólo al Reino Unido, sino a todos los países de la UE o a una parte de ellos (los países que no están en la zona euro o los que han manifestado no querer estar allí nunca).

¿Y sobre la crisis migratoria?

Sobre la crisis migratoria o de los refugiados, ninguna novedad. Un nuevo fracaso que sumar a los de las muchas reuniones celebradas hasta el momento. Pero más grave aún por acumulativo; por ayudar a sumar cientos de muertos en las aguas del Mar Mediterráneo, en lo que llevamos de año, a los miles que se produjeron en 2015; por constatar como se mantiene la resistencia de un buen número de gobiernos a entender que la acogida a los refugiados no es sólo una opción moral de unos pueblos o de unos políticos “solidarios”, sino una obligación legal de la UE y de los Estados que han suscrito la Convención de Ginebra de 1951.

Las conclusiones de la cumbre sobre la cuestión de la “crisis migratoria” intentan ocultar el nuevo y radical fracaso de cara a la adopción de una posición común de la UE para hacer frente a la crisis de los refugiados, diciendo que el propósito de esta reunión sólo era el de evaluar el grado de cumplimiento de las orientaciones adoptadas en diciembre. Y lo hacen sin tener ningún reparo en obviar toda referencia al fracaso absoluto del procedimiento de "recolocación" de los refugiados, cuando de las 160.000 reasignaciones de residencia sólo se han producido, al día de hoy, poco más de 500.

Las conclusiones mezclan deliberadamente la problemática de los refugiados con la de los inmigrantes ilegales para centrarse en un enfoque de contención de los flujos y de seguridad. Es particularmente grave que la cumbre no haya dado respuesta alguna a los acuerdos de la previa reunión del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia), celebrada días antes de la cumbre, en la que tras reafirmarse en que no van  a aceptar ningún acuerdo de la UE que les obligue a conceder a alguien el estatus de refugiado en sus países, reiteraron su voluntad de continuar con el levantamiento de muros fronterizos. Es decir, todo un ataque frontal al Acuerdo de Shengen se queda sin respuesta.

Todo ello permite calificar la respuesta de la UE a la llamada “crisis migratoria” o “crisis de los refugiados” -cuyo volumen es sustancialmente inferior al que tienen que hacer frente los países vecinos de Siria, todos ellos  mucho más pobres que los países que integran la UE- con una sola palabra: vergüenza.

La UE sin proyecto y sin liderazgo

La UE, en particular su órgano de gobierno intergubernamental, el Consejo Europeo, lleva tiempo cabalgando sin dirección sobre una crisis política cada día más profunda, a la que ha contribuido a alimentar. Cuando más necesaria que nunca era una reafirmación de liderazgo y de proyecto que permitiese hacer frente a las tendencias centrífugas cada vez más potentes que actúan en su seno, y a sus agentes, las diversas expresiones políticas de los nacionalismos, los líderes políticos han puesto de manifiesto que carecen de ambas cosas. Una vez más las instituciones europeas han sido llevadas a plegarse ante los políticos más derechistas y menos europeístas para dar una nueva lección de impotencia en el tema de los refugiados y para rendirse ante el chantaje de los euroescépticos británicos.

Tras haber pilotado la mala gestión económica y la nefasta gestión social de la crisis, la derecha política europea, ayuna por completo de proyecto y con abundantes contradicciones internas, en parte derivadas de su competencia con la extrema derecha en el campo del renacer nacionalista y autoritario, da un paso, en esta triste cumbre de febrero de 2016, hacia la deconstrucción de Europa.

¿Y la socialdemocracia europea? A nivel de gobiernos: ausente, subordinada, igualmente sin proyecto diferenciado, no transmitiendo más allá que algunas manifestaciones de resistencia o protesta, como las de Hollande o Renzi, que al caer en saco roto se tornan manifestaciones de impotencia. La socialdemocracia europea está repitiendo el mismo triste papel que jugó ante la gestión política de la crisis económica europea por una derecha capitaneada por Angela Merkel: sin alternativas sustancialmente diferentes, también se conformó con un papel de actor secundario y subordinado.

¿Hay esperanza?

¿Podrá salir la UE del laberinto de inclinada pendiente en el que las crisis económica y política, las secuelas de sus malas políticas, y la ausencia de liderazgos y proyectos europeos claros la tienen sumida?

El pasado 21 de febrero, se celebraron en Madrid una Jornadas sobre “Un Plan B contra la austeridad”, promovidas por la Izquierda Unitaria Europea, el movimiento DiEM impulsado por Yanis Varoufakis y otras organizaciones y personalidades de la izquierda europea. No comparto todos los puntos de vista que se expresaron en estas jornadas, pero me parece muy positivo que se constituya un polo de referencia político a la izquierda de la socialdemocracia, con vocación europeísta, dentro de quienes defienden “otra Europa”.

En el movimiento sindical europeo van progresando las opiniones de que es necesario construir un polo de referencia político y social a favor de un nuevo modelo de Unión Europea con más integración, más democracia y un fuerte pilar social, y que hay que empezar a tejer una política de alianzas para lograrlo.

Estas tendencias deberían ayudar a que la socialdemocracia europea, o al menos parte de ella, saliera de su marasmo, y afrontara el reto de construir un discurso europeo sólido y coherente que no se diluyera con el mero ejercicio del poder.

En estos días se encuentra de visita en España, el presidente del Comité Económico y Social Europeo, el griego Georges Dassis. Aunque proviene del sindicalismo, las cosas que dice las puede decir en nombre de una institución consultiva de la UE, integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios y el llamado tercer sector. En mi corta experiencia como miembro del CESE he podido comprobar como, a pesar de la variedad de intereses representados en el mismo, se puede llegar a posiciones comunes sobre la crisis de los refugiados basadas en valores solidarios y en el respeto a la legalidad internacional, a defender la libre circulación de trabajadores y rechazar la vulneración del Acuerdo de Schengen, a defender el establecimiento de una renta mínima europea, o a orientar sus dictámenes de acuerdo con los valores democráticos y sociales europeos. Es decir, desde la sociedad se puede llegar a consensos inalcanzables hoy en las estructuras intergubernamentales de la UE.

Sí, existen algunos motivos para la esperanza, pero hay que alimentarlos con cuidado, con claridad y coherencia de ideas, proyectos y prácticas, pero también con ánimo de enhebrar consensos para alcanzar mayorías.

Una nueva cumbre europea que puede profundizar el camino de la desintegración

Este artículo ha sido publicado el 17 de febrero de 2014 en el diario digital
NUEVA TRIBUNA  
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Los próximos días 18 y 19 de febrero se reúne la cumbre del Consejo Europeo con dos temas sobre la mesa: los términos del acuerdo con el gobierno de Cameron para el referendum de permanencia del Reino Unido en la UE y un nuevo intento de llegar a una posición común que de solución a la crisis de los refugiados. 

Existe el riesgo de que sucedan dos cosas: que el Consejo ceda, en buena medida, a las condiciones británicas para permanecer en la UE, y que la UE vuelva a mostrar su división y su impotencia y no adopte ninguna resolución digna de tal nombre sobre el tema de los refugiados. Lo segundo parece casi seguro. Que el Consejo acepte los términos de la propuesta que realizó Donald Tusk a Cameron y las modificaciones que éste quiere introducir en la misma, y que, por lo tanto, se llegue a un acuerdo que permita al primer ministro británico llamar al "sí" en el referendum de permanencia, parece algo más complicado.

En cualquier caso, el Consejo representará un paso más en la agudización de la crisis política que vive la UE. Las fuerzas centrífugas del nacionalismo y la insolidaridad van minando cada vez más un proyecto sobre el que las élites políticas dominantes manifiestan una absoluta falta de proyecto y de liderazgo.

Las condiciones de Cameron para la permanencia del Reino Unido en la UE, aún matizadas por la Comisión y el Consejo, son inaceptables. Ante todo las que atentan contra la libre circulación de trabajadores, propiciando la exclusión de los comunitarios de la protección social británica, y las que pretenden construir una capacidad de decisión en la zona euro para los países que no quieren pertenecer a ella. Pero también, las que quieren impulsar la desregulación legislativa europea o dar capacidad de veto a los parlamentos nacionales sobre las decisiones y normas europeas.

En cuanto al tema de los refugiados poco se puede esperar cuando los gobiernos del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) acaban de adoptar un posición provocadora de negativa rotunda a aceptar refugiados y a permitir su tránsito y de reafirmación en su empeño de volver a levantar alambradas y muros en las fronteras. Pero tampoco, tras escuchar al primer ministro francés, Manuel Valls, decir que Francia se opone a la propuesta alemana y de la Comisión de hacer permanente el mecanismo de reasignación territorial.

Aceptar las posiciones nacionalistas, insolidarias e ilegales (vulneran la Convención de Ginebra de la ONU de 1951) sobre la crisis de los refugiados; y vulnerar los, en su día discutidos desde una óptica contraria, Acuerdos de Schengen, sobre los dos temas de discusión, suponen a mi juicio un paso más en el camino de la destrucción de la UE. Porque destrucción sería su conversión en una simple zona de libre mercado a la que conducen las intenciones de Cameron, pero no solamente ellas.

El problema político principal es que mientras se refuerza el campo del nacionalismo de derechas más disgregador -ya hay dos gobiernos, el húngaro y el polaco, que lo aderezan con restricciones a los derechos democráticos nacionales que son incompatibles con los principios y valores de la UE- no ocurre lo mismo en el campo de los defensores de más integración europea. Sobre todo porque en el segmento político central, en los gobiernos nacionales y en el Parlamento Europeo (PE), los partidos integrantes de los grupos popular y de los socialistas y demócratas, carecen de posiciones claras y coherentes y menos aún un proyecto para sacar a la UE de su crisis política. Y cuando logran alguna posición interesante en el PE, es frecuentente desmentida por las decisiones de gobiernos nacionales de su mismo signo político. Por no hablar de la tendencia de bastantes partidos de la derecha europea de competir en el terreno ideológico y programático con la extrema derecha nacionalista.

No es jugar al catastrofismo afirmar que la UE está enfilando una pendiente que puede llevarla a su destrucción. No se puede permanecer en la pasividad. En cada Estado y en el ámbito europeo, urge construir un polo social y político, con vocación de tranversalidad, para defender una mayor integración política que conlleve necesariamente dos características, que sea más democrática y socialmente más avanzada. A esto ya habría que llamarlo refundación política de la UE.

España necesita un cambio económico, social y político

Este artículo ha sido publicado en el Nº 354 (enero-febrero de 2016) de la Revista TE de la Federación de Enseñanza de CC OO 


EL 20D ha ofrecido unos resultados más esperanzadores que los de muchos países europeos. Sin embargo, hay que reprochar a los partidos parlamentarios la tardanza en comenzar a hablar de programas de gobierno. Tres deberían ser los grandes objetivos del nuevo gobierno: reducir los insoportables niveles de pobreza y desigualdad; regenerar la vida democrática; y resolver el conflicto catalán de forma negociada y partiendo de una reforma federal del Estado. La educación, además de palanca para la igualdad y la formación de ciudadanos críticos, debe servir para construir un nuevo modelo productivo para la del economía conocimiento. 

Los resultados de las elecciones del 20 de diciembre tienen una primera lectura claramente positiva si las situamos en el contexto político europeo. Mientras que en muchos países de la UE los principales partidos emergentes se sitúan entre la derecha y la extrema derecha; mientras que, en Francia, el Frente Nacional gana votos, elección tras elección, hasta convertirse en el partido más votado; mientras que muchas de las nuevas formaciones políticas beben en las fuentes ideológicas de los nacionalismos y los populismos antieuropeístas; mientras que los gobiernos de Victor Orban, en Hungría, o el de Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczinski, en Polonia, vulneran con sus leyes y sus decisiones los valores democráticos de la UE; mientras sucede todo eso, en España los partidos emergentes -Podemos y Ciudadanos- que han puesto en cuestión el bipartidismo imperfecto que surgió de la transición son partidos democráticos, totalmente alejados de las peligrosas tendencias que ensombrecen la política europea. 

El fin del bipartidismo, sin que esto haya supuesto un hundimiento de las dos principales formaciones -PP y PSOE- a pesar de sus fuertes pérdidas, también es un hecho positivo. Los vicios que ha generado forman parte del cuadro de deterioro del sistema político español surgido de la Transición y de la Constitución de 1978.

Sin embargo, al tiempo que las elecciones han expresado el deseo de los españoles de un mayor pluralismo político que obliga a formar coaliciones de gobierno, han generado un mapa político cuya aritmética las hace difíciles, al menos las dos más naturales -la del centro y la derecha y la del centro izquierda y la izquierda-. Con el agravante, de que los nacionalismos periféricos, ahora ya secesionistas en Cataluña, siguen teniendo la llave de algunas de las posibles combinaciones de gobierno. 

No obstante, hay que hacer dos reproches a casi todos los partidos políticos, antes y después del 20D. El primero, por las grandes lagunas en los programas y los debates electorales. Las más importantes, a mi juicio, fueron las referidas a la política europea e internacional y a las propuestas concretas para resolver el conflicto de Cataluña . La cuestión catalana ha vuelto a reactivarse tras la constitución del gobierno de coalición independentista y, por otro lado, un choque serio con las instituciones de la UE, que no se han apeado de las fracasadas políticas de austeridad, le vendrá encima al nuevo gobierno en cuanto se forme. El segundo gran reproche es que, cuando se cumplen seis semanas del 20D en el momento de escribir estas líneas, todavía no se han iniciado conversaciones para construir ningún tipo de programa de gobierno. Hemos vivido un período demasiado prolongado de maniobras tácticas ayunas de contenidos políticos que se relacionen con los problemas que el gobierno deberá enfrentar. Confío en que los partidos se percaten de que no pueden seguir así mucho tiempo más. Fracasar a la hora de conformar un programa de gobierno por no poder resolver sus diferencias políticas es asumible, pero lo que que sería imperdonable es que nos llevaran a unas nuevas elecciones -que probablemente producirían un parecido mapa electoral- sin haber puesto en práctica, con seriedad, la voluntad de construir una coalición de gobierno coherente. Esto añadiría nuevos factores de inestabilidad en un momento muy complicado de la situación política interna, europea e internacional. 

Grandes objetivos para un cambio necesario 
Tres deberían ser, a mi juicio, los grandes objetivos de un programa de gobierno progresista. El primero, reducir fuertemente la pobreza y la desigualdad, además de restaurar los derechos laborales y sindicales perdidos, en particular los que han debilitado seriamente la negociación colectiva. En segundo lugar, regenerar y vivificar la vida política española, con medidas contundentes y eficaces contra la corrupción y fomentando la participación de la sociedad civil en la vida política democrática. El tercero, buscar una solución dialogada al conflicto planteado por el independentismo catalán que, a pesar de no ser mayoritario, ha logrado un arraigo importante; una solución que garantice la integridad territorial de España. 

Este último objetivo, pero también los anteriores, al menos en algunos aspectos, requieren de una reforma de la Constitución de 1978. No pienso en la apertura de un proceso constituyente, pienso en su reforma. La Constitución ha prestado un buen servicio a la democracia española y tiene aspectos avanzados que habría que conservar. Se trataría de realizar una reforma que establezca un nuevo modelo territorial, basado en el federalismo, y que incorpore la garantía de la realización efectiva de los derechos económicos, sociales y políticos fundamentales, así como las bases de la regeneración democrática. 

La lucha contra la pobreza y la desigualdad deberían informar todo el cambio de rumbo de la política económica, de las políticas sociales y de la educativa. La gestión de la crisis, realizada bajo los dictados del ordoliberalismo alemán -convertido en la ideología en materia de economía política de las instituciones europeas- ha producido severos estragos sociales en nuestro país. Las políticas de austeridad y devaluación interna son doblemente criticables: por producir estos efectos y por haber fracasado en términos de crecimiento económico (compárese la evolución de Europa y los EE UU al respecto). 

En aumento de la desigualdad, el comportamiento de España ha sido mucho peor que el de Grecia, Portugal, Rumania o Bulgaria, lo que dice mucho de la negativa aportación de factores y políticas nacionales. Hemos pasado, en muy pocos años, de estar en la parte media del ranking europeo de la desigualdad en la distribución de la renta a figurar en los puestos de cabeza. 

Para revertir esta situación hay que comenzar por promover un crecimiento sostenible de la economía y el empleo, basado en los dos factores que dinamizan la demanda interna: la inversión y los salarios. La actuación sobre los salarios tiene que tener un efecto redistribuidor. Hay que subir el SMI hasta al menos 800 euros y restaurar la fortaleza de la negociación colectiva, donde se produce el reparto primario de la riqueza, para lo que hay que derogar la reforma laboral de 2012. La prestación de ingresos mínimos para las personas que carecen de ellos completaría las actuaciones en el nivel primario. 

La importancia de una fiscalidad justa y de la armonización fiscal europea 
Actuar contra la desigualdad en el nivel secundario es, ante todo, plantearse una reforma fiscal que restaure la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema impositivo y emprender una acción contundente contra el fraude y la elusión fiscales. Terminar con el enorme desfase de los ingresos públicos de España respecto a la media europea (6,6 puntos de PIB menos que la media de la UE y 7,2 puntos respecto a la media de la zona euro, en 2014) y a los países más avanzados (19,6 puntos de PIB menos que Dinamarca) es la única forma de lograr el equilibrio fiscal sin tener que afrontar nuevos recortes de gasto que incidirían muy negativamente, de nuevo, en el crecimiento. Habría que negociar -desde un amplio consenso y con la voluntad de establecer alianzas en Europa- una ampliación de los plazos para alcanzar el equilibrio fiscal, hasta el momento de que los efectos combinados del crecimiento y la reforma fiscal permitieran hacerlo sin recortes. 

La vuelta a una política europea activa de España debería contribuir a la armonización fiscal de la UE, empezando por la zona euro, y a reforzar el frente de Estados dispuestos a luchar en serio contra el fraude y la elusión fiscales y los paraísos fiscales en Europa. Si es inaceptable el dumping fiscal que practican diversos Estados de la UE, es intolerable, política y moralmente, seguir permitiendo la colaboración de numerosos gobiernos europeos con las multinacionales para que éstas no paguen impuestos o para mantener paraísos fiscales bajo jurisdicción de Estados de la UE, bien conectados con la red mundial de los paraísos del dinero negro y la economía criminal. Responsables de lo uno o de lo otro son, entre otros: Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Holanda o Bélgica.

La contribución a la reducción de la pobreza y la desigualdad en el nivel secundario también tiene que realizarse desde el lado del gasto: en prestaciones sociales y en los servicios públicos fundamentales. Habría que centrarse en educación, sanidad, dependencia, y protección al desempleo. Y, por supuesto, en políticas activas de empleo. Reforzar la universalidad, la gratuidad y la calidad de los servicios públicos y el carácter público de su gestión, contribuirá también a la lucha contra la desigualdad. 

La educación como arma de futuro 
La educación es una palanca fundamental para la igualdad y para construir una sociedad de individuos libres, autónomos y críticos. También lo es para generar el capital humano que haga de la economía española una economía basada en el conocimiento, con un modelo productivo que genere un alto valor añadido. La competitividad de nuestra economía tiene que basarse en aumentos de la productividad generados por la capacidad de innovación, buena gestión empresarial y participación de los trabajadores, y no en los bajos salarios, que es adonde pretenden seguir confinando a España algunos tecnócratas y políticos europeos. Por eso hay que colocar la inversión en educación y en I+D+i como objetivos prioritarios de la política española. 

Finalmente, habría que derogar la LOMCE, la peor y más inútil ley educativa de la democracia, para construir, esta vez sí, un Pacto de Estado por la Educación, al que pudieran sumarse el mayor número de fuerzas políticas y sociales y, por supuesto, aquellas que representan a la comunidad educativa. 

Acabar con la corrupción o reducirla a su mínima expresión no tendría que ser tan complicado. Hay que tener la voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley. Y aplicarse en ello. Para que la voluntad no desfallezca hay que acompañarla de mecanismos de transparencia y control abiertos a la ciudadanía. En todas las esferas de funcionamiento de las administraciones, pero de forma especial en las contrataciones y en las decisiones urbanísticas. Regeneración democrática también tendría que significar reforma de la ley electoral y fomento de una democracia más participativa. 

Cataluña dentro del nuevo proyecto para España
El inmovilismo del gobierno del PP ha ayudado a quienes pretenden separar Cataluña de España, de modo unilateral, al margen de la Constitución y de las leyes, y sin contar con lo que ha opinado la mayoría de la población de Cataluña. Lo primero sería restablecer el diálogo y formular una propuesta que sirviera para un nuevo encaje de Cataluña en España. Esta propuesta lógicamente afectaría a todas las comunidades autónomas y debería llevar, a través de la reforma constitucional, a un nuevo modelo territorial que, a mi juicio, no puede sino basarse en el federalismo. No hay que tener miedo en hablar de federalismo asimétrico. Ya lo es el actual Estado de las autonomías en cuestiones como la fiscalidad, las políticas lingüísticas o las policías autonómicas. Lo único que no es aceptable, tanto en el modelo autonómico como en el federal, es que haya privilegios fiscales o que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución no afecten por igual a todos los españoles. Aunque las fuerzas políticas secesionistas rechazaran una propuesta de esta naturaleza, serviría para trabajar en pro de un acuerdo que pudiera ser refrendado por una mayoría de los catalanes y de los españoles.

Los partidos a los que los electores hemos dado la responsabilidad de formar gobierno deberían ser conscientes de que más allá de la buena gestión de los asuntos más urgentes, si se quiere reforzar la cohesión entre los pueblos, nacionalidades o naciones -tanto me da el término que se use- tienen que ser capaces de formular un proyecto común renovado para una España socialmente más justa y políticamente más democrática y honesta, dentro de una Europa en la que esos valores vuelvan a presidir sus decisiones.

La crisis del diálogo social europeo

Este artículo ha sido publicado en la revista de la FSC-CC OO de Cataluña:

PERSPECTIVA

Dejaré de lado en este artículo el diálogo social que se desarrolla en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), institución ya contemplada en el Tratado de Roma (1957), de carácter consultivo y con capacidad de iniciativa y que, junto a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales de cada uno de los Estados miembros, integra también a los de aquellas que son denominadas del “tercer sector”  (agrarias, de consumidores, de la economía social, etc.). Me referiré sólo a las instituciones y prácticas de negociación y consulta de ámbito europeo, en las que intervienen directamente los interlocutores sociales europeos; tanto las de carácter bipartito como tripartito.

El proceso de Val Duchesse

El diálogo social europeo, interprofesional y sectorial, tal y como lo conocemos hoy, tiene su origen en el llamado proceso de Val Duchesse (1985). Con anterioridad a esta fecha se encuentran antecedentes como el Comité Consultivo de la CECA[1], o las instituciones y prácticas impulsadas en los años 70, a partir de la constitución de organizaciones representativas de los interlocutores sociales de carácter europeo. Estas organizaciones comienzan a superar una tendencia anterior por la que sindicatos y patronales, sobre todo estas últimas, parecían preferir presionar en defensa de “sus” intereses europeos a través de los gobiernos nacionales. Entre estos antecedentes, impulsados por la cumbre del Consejo de La Haya (1969), destacan la creación del Comité Permanente para el Empleo (1970), las mesas paritarias de los interlocutores sociales y los encuentros tripartitos, en los que, además de la Comisión Europea (CE), intervenían los ministros de economía o/y los de empleo y asuntos sociales de los gobiernos nacionales. A partir de 1974, la CE desarrolló con carácter plurianual el Programa de Acción Social (posteriormente Agenda Social) que era consultado con los interlocutores sociales.

Los sujetos del diálogo social europeo han sido siempre la Confederación Europea de Sindicatos (CES), creada en 1973 con carácter unitario, y tres patronales europeas: Business Europe (creada en 1958, se llamó UNICE hasta 2006, y representa al sector privado), el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y Empresas de Interés Económico General (CEEP, fundada en 1961), y la Asociación Europea de Artesanos, Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME, 1979). Los interlocutores del diálogo social sectorial son las federaciones sindicales europeas, que están integradas en la CES y hoy son diez, y las organizaciones sectoriales de las patronales (alrededor de 40).

La cumbre del Consejo Europeo que se celebró en 1985 en el Castillo de Val Duchesse, situado en el sur de Bruselas, marca el inicio de las formas de diálogo social europeo que han pervivido, con altibajos, hasta el día de hoy.  El impulso lo dio la Comisión presidida por Jacques Delors, bajo la consideración de que un diálogo social supranacional europeo fuerte contribuiría al proceso de integración al tiempo que serviría de instrumento para la construcción del pilar social que compensaría la construcción del Mercado Único y la Unión Monetaria bajo los principios del liberalismo económico.

El Protocolo Social del Tratado de Maastricht

Se crearon instrumentos como el Comité de Diálogo Social (1991), que se sumó al preexistente Comité de Empleo y, tras consulta con los interlocutores sociales, se promulgó, en 1989, la Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores. Se promovieron  prácticas de diálogo social avanzadas cuya expresión más potente fue la posibilidad, consagrada en el Protocolo Social del Tratado de Maastricht (1991), de que acuerdos bipartitos de los interlocutores sociales europeos se transformasen en leyes europeas (directivas).  Esto confería al diálogo social bipartito una gran fortaleza, superior a la de cualquier modelo de diálogo social nacional. El Acuerdo sobre política social de octubre de 1991, suscrito por la CES y las patronales europeas, consagraba la apuesta por la primacía de un diálogo social bipartito basado en la negociación entre los interlocutores sociales europeos.

Al mismo tiempo, se estableció la consulta obligatoria de todas las normas sociales. Si los interlocutores sociales se comprometían a negociar, dentro de determinados plazos, el contenido de las iniciativas de la CE, las directivas recogerían el contenido de lo acordado como fruto de dicha negociación. Si los interlocutores sociales no llegaban a un acuerdo, la CE se reservaba el derecho a promover la norma. En los años 90, como resultado del diálogo social bipartito se aprobaron tres directivas: permisos parentales (1996), trabajo a tiempo parcial (1997) y contratos de duración determinada (1999).

Además del diálogo social interprofesional, se fomentó el diálogo social sectorial. Se crearon hasta 37 comités de diálogo social sectorial. Una de las dificultades a superar ha sido el exceso de patronales europeas de carácter sectorial: más de 50 federaciones. Los resultados del diálogo social sectorial han sido muy desiguales. Destacan los resultados en el sector del transporte, en donde las negociaciones bipartitas sobre jornada de trabajo llevaron a acuerdos, que también se transformaron en directivas europeas, que afectan a subsectores como el marítimo, la aviación civil, los ferrocarriles y el transporte por carretera.

Del comienzo del declive a la ruptura del contrato social europeo

El cambio de siglo ofreció resultados paradójicos, como también lo fue en cierto sentido la década de los noventa. En esta última, coincidiendo con la hegemonía ideológica y política del neoliberalismo a nivel mundial, en Europa como hemos visto se iba a contracorriente; al menos en parte. A principios de la década inaugural del Siglo XXI parecía que la UE iba a tener un nuevo impulso en su construcción política y que se no iba a relegar su pilar social.  La Cumbre del Consejo de Laeken (2001) creó nuevos instrumentos como la Cumbre Social Tripartita o el Diálogo Macroeconómico del Alto Nivel. Al tiempo, se iniciaban los procesos que, a través de convenciones, iban a redactar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el proyecto de Constitución Europea. La CES intervino activamente en ambas convenciones. Sin embargo, en el Siglo XXI ha terminado sucediendo todo lo contrario, hasta el punto de anular o congelar el diálogo social europeo y dejar completamente vacías de contenido sus principales instituciones.

El impulso político terminó con la aprobación de la Carta, de contenido avanzado en términos democráticos y sociales. El proyecto de Constitución quedó paralizado por los resultados contrarios de los referendos de Francia y Holanda (2005). Pero los factores contrarios,  tanto a una mayor integración política europea como aquellos que han promovido un serio debilitamiento de su pilar social, estaban ya en marcha. La crisis financiera y económica y la gestión política de la misma han culminado un profundo proceso de deterioro del modelo social europeo que ha afectado muy seriamente al diálogo social y la negociación colectiva. A partir de 2010 se ha prescindido incluso de las formas: las instituciones de la UE, bajo la hegemonía ideológica del neo-ordoliberalismo alemán y la política del gobierno presidido por Angela Merkel, han impuesto la austeridad y la devaluación interna sin ningún respeto por el acervo social europeo. La CES ha calificado esta acción política como la ruptura del contrato social europeo construido tras la 2ª Guerra Mundial. Pero no se debe olvidar que una parte importante de esta regresiva agenda de economía política ya había sido formulada por altos funcionarios de la DGECFIN[2] y del BCE bastante antes del estallido de la crisis como recogen las publicaciones especializadas.

Desde los primeros años del nuevo siglo los gobiernos nacionales fueron girando a la derecha y los partidos de derecha y centro derecha se radicalizaron en la misma dirección,  al calor del surgimiento de corrientes nacionalistas y de extrema derecha en sus países. Las presidencias de la Comisión y del Consejo quedaron en manos de políticos del PPE. Sólo hubo un corto intervalo, entre 2008 y 2010, en el que se quebró esta tendencia, cuando las instituciones europeas se plegaron de no muy buen grado a las orientaciones macroeconómicas neokeynesianas del G20, mientras que Nicolás Sarkozy  declaraba aquello de que había que “refundar el capitalismo”. La reunión del Ecofin del 9 y 10 de mayo de 2010 cierra abruptamente esta corta etapa. Austeridad y devaluación interna se convirtieron en los paradigmas de la economía política europea con las conocidas consecuencias de agudizar y prolongar la crisis; aumentar el paro, la pobreza y la desigualdad; y promover la divergencia entre los Estados y la ruptura de la cohesión europea. En suma: promover la profunda crisis política que vive hoy la UE.

La orientación neoliberal de las políticas europeas fue reforzada por los nuevos países del centro y el este de Europa que ingresaron en la UE a partir de 2004. También la tendencia atlantista, opuesta a los valores de la política exterior europea, que tuvo su culmen en el apoyo al gobierno de George W. Bush en la insensata aventura de Iraq, en oposición frontal a la “Vieja Europa”.

La patronal europea ya no quiere normas europeas

Las patronales europeas manifestaron desde 2000 un nulo interés en seguir promoviendo, a través del diálogo social bipartito, directivas laborales o sociales europeas. Expresaban su oposición al exceso de regulaciones europeas, en particular las de carácter social. En los últimos 16 años sólo se utilizó una vez ese poderoso instrumento de diálogo social y negociación colectiva supranacional europea: fue en 2008, para acordar el texto de la  directiva de empresas de trabajo temporal. Las patronales europeas aceptaron, en un principio, utilizar la otra vía que contemplaba el Protocolo Social del Tratado de Maastricht: la de los acuerdos que obligan a las partes. De esa manera se alcanzaron acuerdos, entre los que cabe destacar los de estrés laboral, violencia y acoso en el trabajo y teletrabajo. El carácter obligatorio de los contenidos de estos acuerdos está, sin embargo, lejos de alcanzar a todas las empresas y todos los trabajadores, habida cuenta del complejo proceso de aplicación en cada país y de la existencia de muy diferentes tradiciones de diálogo social nacional.

Pero en los últimos acuerdos, entre la CES y Business Europe y las otras patronales europeas sobre los programas trianuales del diálogo social europeo, apenas aparecían compromisos de negociación de acuerdos obligacionales de las partes. En ellos, prácticamente sólo se hablaba de análisis, opiniones u orientaciones conjuntas, análisis o códigos de buenas prácticas, etc. Es decir instrumentos sumamente débiles, que no obligan a las partes y que no son sino la expresión del vaciamiento del diálogo social europeo, de su profunda crisis.

Coincidiendo en el tiempo, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) en los  casos Laval, Vicking , Rüffert y Luxemburgo supusieron un claro sostén al dumping salarial llevado a cabo mediante el desplazamiento temporal de trabajadores de un país comunitario a otro, para la realización de una obra o la prestación de un servicio, con los salarios y las condiciones de trabajo del país de origen de la empresa. El TJE se apoyó en la mala regulación de la Directiva de desplazamiento de los trabajadores (1996)[3]para, yendo más allá, dictaminar la primacía de la libertad de establecimiento empresarial sobre los derechos laborales y sindicales fundamentales.

Lo ocurrido, a partir de los primeros años de la década 2000-2010, es que mientras que los nuevos instrumentos de diálogo social creados por la cumbre de Laeken nunca llegaron a funcionar con resultados apreciables, los anteriormente potentes del proceso de Val Duchesse fueron perdiendo progresivamente su fuerza, hasta quedar unos y otros congelados por la imposición de las políticas de austeridad. Como testigo directo de las reuniones de las Cumbres Tripartitas del Diálogo Social y del Diálogo Macroeconómico de Alto Nivel puedo afirmar que, a partir de 2010, se convirtieron en un insufrible diálogo de sordos.

La responsabilidad de los dirigentes políticos de la Comisión, el BCE y el FMI, integrantes de la Troika, y del Consejo Europeo en el proceso de degradación del diálogo social y la negociación colectiva ha ido mucho más allá, puesto que han intervenido de forma decisiva y coactiva para degradarlos también en numerosos ámbitos nacionales. A través de los memorandos de condiciones de los planes de rescate de las finanzas públicas o privadas (fue el caso de España) o de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea dentro de los procedimientos del Semestre Europeo se han impuesto duros recortes del gasto social y se ha promovido la devaluación salarial, vulnerando para ello las legislaciones sobre negociación colectiva y los convenios fundamentales de la OIT y congelando todas las formas del diálogo social. En su caso, imponiendo o promoviendo reformas laborales que debilitaran la negociación colectiva para facilitar la disminución de los salarios (caso de España y otros países).

En el pobre documento de los “cinco presidentes”[4] que plantea  un conjunto bastante limitado de medidas para avanzar en la realización de la Unión Económica y Monetaria, el pilar social de la construcción europea ha quedado totalmente olvidado. Como gran aportación para mejorar la competitividad no se les ha ocurrido otra cosa que la creación en todos los países de la Eurozona de unas “autoridades nacionales de la competitividad”, formadas por expertos independientes, que, entre otras funciones, propongan los aumentos salariales compatibles con su concepto de competitividad. Aunque la propuesta de la Comisión, que desarrolla este punto, lo matiza algo -habla de “consejos nacionales de la competitividad” y afirma que hay que respetar los procedimientos de  negociación colectiva de cada país-, la acción de dichos consejos interferiría necesariamente en la libertad y autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva.

Algunas conclusiones

Una primera conclusión extraigo de esta historia: si la legislación, las instituciones y los procedimientos del diálogo social y la negociación colectiva pueden facilitar o dificultar su realización o sus resultados, estos, en última instancia, terminan dependiendo más de la voluntad de los sujetos políticos y sociales, de la correlación de fuerzas y del marco político existente.

La segunda es que el diálogo social europeo vive una profunda crisis que está en consonancia con la también profunda crisis política que vive la Unión Europea.

La prioridad del sindicalismo europeo –de la CES y sus federaciones sectoriales europeas y de las centrales nacionales- debería ser la de construir una correlación de fuerzas que permita terminar con las políticas de austeridad y las reformas estructurales de carácter neoliberal.

La CES debería formular una propuesta de revitalización del diálogo social europeo y procurar su puesta en práctica. Habría que llenar de nuevos contenidos el funcionamiento de los órganos e instituciones existentes, cambiando eso sí los métodos de trabajo. En particular, habría que diseñar con precisión cómo se participa mediante un diálogo social estructurado en los nuevos instrumentos de gobernanza económica europea, los del Semestre Europeo, tanto a nivel europeo como en los ámbitos nacionales. Y procurar una articulación eficaz entre ellos.  El Dialogo Macroeconómico de alto nivel y las Cumbres Tripartitas del Dialogo Social no son de una gran utilidad con los métodos y prácticas desarrollados hasta el momento. Sin embargo, a partir de sus reuniones y mediante la creación de estructuras especializadas pueden acoger este nuevo diálogo social estructurado para el gobierno económico y social de la zona euro con proyección hacia el conjunto de la UE. Podrían establecerse estructuras diferenciadas para el ámbito euro y el general.

Recobrar la capacidad de negociar normas laborales y sociales europeas a través del diálogo social bipartito debería ser un objetivo permanente. Requiere un consenso sindical previo fuerte sobre lo que se quiere regular, perseverancia y fuerza.

Finalmente, en mi opinión, el sindicalismo europeo debería implicarse en la formulación de un proyecto de refundación política europea basado en la profundización de la integración sobre bases democráticas y de justicia social. Aunque sólo sea porque si no se resuelve la crisis política que hoy vive la UE difícilmente se podrá progresar en el campo social.

Europa necesita más reflexión y nuevas propuestas y prácticas.

[1] CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero, creada en 1951; antecesora  de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la UE.

[2] DGECFIN: Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión          Europea.

[3] La Directiva 1996/71 sobre el desplazamiento de los trabajadores en el       marco de una prestación de servicios fue complementada, 18 años después y    tras el fuerte conflicto que las sentencias del TJE motivaron, por una directiva deaplicación y de garantía de su cumplimiento, la Directiva 2014/67, que no 

satisface ni mucho menos las críticas planteadas por los sindicatos.

[4] Promovido el pasado mes de junio por Jean Claude Jean Claude Juncker   (Comisión), y refrendando por los también presidentes Martin Schulz (Parla-mento), Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupo), Donald Tusk (Consejo) y Mario  Draghi (BCE).

El escandaloso caso de la desigualdad en España: el papel de los salarios

Este artículo ha sido publicado el 6 de enero de 2016 en:

Javier Doz  @JavierDoz1 06 de enero de 2016

España registra 13,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. La pérdida media del poder adquisitivo de los salarios españoles fue del 5,3% entre 2009 y 2014, porcentaje que muestra hasta qué punto los salarios se han convertido con la crisis en factor de desigualdad. ¿Sería mucho pedir que un programa integral de acción por el empleo de calidad y contra las desigualdades sociales y la pobreza se sitúe en el centro del debate político y del programa del nuevo Gobierno?

Como es bien sabido, aunque algunos se empeñen en disimularlo o negarlo, la consecuencia más indeseable de la crisis y de su gestión política ha sido un gran incremento de la pobreza y la desigualdad. Una parte de estos dos fenómenos son debidos a los niveles tan elevados de paro, promovidos por una equivocada política económica. Otra parte tiene su origen en decisiones políticas en diversos ámbitos: laboral, fiscal y presupuestario.

Sobre pobreza, los últimos datos de Eurostat son elocuentes: entre 2008 y 2014 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social subió, en España, 5,7 puntos, hasta situarse en el 29,2% de la población (13,5 millones de personas). La pobreza severa alcanzó, en 2014, al 6,85% de la población (3,2 millones). Con esas cifras, España se sitúa en el grupo de países europeos con mayores niveles de pobreza.

La disminución de los salarios y el aumento de la desigualdad en el ámbito primario de la distribución de la riqueza –la empresa y el sector económico, a través de la negociación colectiva- ha sido una consecuencia conscientemente buscada por los responsables políticos europeos y españoles a través de las reformas laborales

Cuarto mundo

El Informe del Banco Mundial 2015 proyecta que la pobreza en el mundo habrá disminuido de 902 millones de personas, es decir, el 12,8 % de la población mundial en 2012, a 702 millones de personas, esto es, el 9,6 % de la población mundial en 2015. La mayoría de estas personas se ubican en países del llamado “tercer mundo”. Pero existe una pobreza en los “países ricos”, que se conoce como “cuarto mundo”. Estos millones de personas viven en inferioridad de condiciones, con respecto al nivel de vida medio de dichos países. Como se trata de una perspectiva comparada, este enfoque se denomina “pobreza relativa”. Se distingue así del concepto de “pobreza absoluta”, que se aplica a quienes no llegan a un estándar mínimo de vida o consumos mínimos para garantizar la supervivencia. 

A partir de la armonización de indicadores realizada en el marco de Eurostat, la Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado Arope (At‐Risk‐Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión.  

Gini y 20/20

El índice de Gini subió en España desde el 31,9 de 2007 hasta el 34,7 de 2014

Los datos sobre la desigualdad en la distribución del ingreso y su velocidad de crecimiento son aún peores. Siguiendo también a Eurostat, el índice de Gini subió desde 31,9 (2007) hasta 34,7 (2014). Este alza de un 8,7%, es, con mucha diferencia, la más fuerte que conoce la historia de las estadísticas europeas durante un período de tiempo tan limitado.

Mientras que el valor medio del índice de Gini pasaba, en la UE, de 30,6 (2007) a 31,0 (2014), en España crecía desde un valor algo por encima del medio hasta situarnos en el segundo país más desigual de Europa, empatados con Rumanía y solo superados por Bulgaria. Con una diferencia: desde que comenzó la crisis, la desigualdad disminuyó en Rumanía significativamente –como ha ocurrido en otros países europeos- y permaneció estable en Bulgaria.

El otro gran indicador de la desigualdad, el cociente entre los ingresos medios del 20% de la población que recibe los más altos y los del 20% que obtiene los más bajos, nos convierte en campeones europeos del crecimiento de la desigualdad. En España, el cociente 20/20 era igual en 2007 a 5,5. En 2014, era igual a 6,8. El indicador había aumentado, nada menos que en un 24%, también a la mayor velocidad que conocen les estadísticas europeas. Esto nos vuelve a situar como segundo país más desigual de Europa, sólo superados por Rumanía cuyo cociente 20/20 era  7,2 en 2014, tras descender de 7,8.

El aumento de la desigualdad en la percepción de ingresos refleja, en mayor medida que el aumento de la pobreza, la incidencia de las políticas neoliberales de mal gobierno de la crisis. Junto con el paro y la disminución de las prestaciones sociales, la evolución de los salarios es la causa principal del aumento de la desigualdad. 

El 10% de los asalariados de menores ingresos perdieron nada menos que el 25,6% de su poder adquisitivo 

Acaba de publicarse en Cuadernos de Acción Sindical de CCOO el análisis de Manuel Lago Peñas (1) sobre la evolución de los salarios entre 2009 y 2014 y la distribución de la pérdida de poder adquisitivo por deciles. En el citado período, la pérdida media del poder adquisitivo de los salarios españoles fue del 5,3%. Pero la distribución de esta pérdida según niveles salariales nos muestra hasta qué punto los salarios se han convertido con la crisis en factor de desigualdad, además de promover el crecimiento de la categoría de “trabajador pobre”. El 10% de los asalariados de menores ingresos perdieron nada menos que el 25,6% de su poder adquisitivo y los siguientes tramos de deciles de menores ingresos el 15,0% y el 10,3%. En el otro extremo, el de los asalariados con mayores ingresos (deciles 7 a 10), las pérdidas de capacidad adquisitiva fueron del 1,8%; 2,0%; 4,0%; y 2,9%, respectivamente.

Desigualdad descarnada, trabajadores pobres 

Y cuando ha llegado el crecimiento, ¿qué ha sucedido? Lo mismo: la desigualdad más descarnada. Según los datos del estudio Indicadores de buen gobierno de las empresas del Ibex35 durante 2014 (2), los primeros ejecutivos de cada empresa elevaron sus retribuciones totales un 80% en 2014, los consejeros un 30%, el conjunto de los directivos un 14,3% y los accionistas elevaron sus dividendos un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. Así, el año pasado, la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del Ibex fue de 90 veces el salario medio de sus trabajadores; la de los consejeros delegados, 158 veces más. 

Muchos trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo

En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente. Muchos trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis ha aumentado en España el índice de la llamada “pobreza laboral”. En solo tres años, de 2007 a 2010, la tasa ha aumentado del 10,8% al 12,3%. 

Esta situación no es fruto de la fatalidad de la crisis, ni siquiera de los daños colaterales no deseados de una política supuestamente necesaria. Es el resultado buscado por los diseñadores europeos de las políticas de austeridad y devaluación interna, aplicadas por sus ejecutores, los Gobiernos de la UE endeudados, periféricos o PIIGS, desde mayo de 2010. Estas políticas, además de insoportablemente injustas, han sido un fracaso en términos económicos, sociales y políticos. En España han sido ejecutadas con resignación o/y convencimiento por el último Gobierno de Zapatero y por el de Rajoy. 

Preconizar, primero; aplicar, después

Los investigadores del Instituto Sindical Europeo (ISE/ETUI) Degryse, Jepsen y Pochet recuerdan en un excelente artículo (3) que los altos funcionarios del Banco Central Europeo y de la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea ya preconizaban, en los inicios del siglo XXI y bastante antes del estallido de la crisis financiera, que la mejora de la competitividad fuese impulsada por las fuerzas del mercado, a través de reformas de los mercados laborales que entrañaran el debilitamiento de la negociación colectiva y la reducción de los costes laborales.

La crisis ha dado a estos ideólogos del neoliberalismo que dirigen las instituciones clave de la UE la ocasión de imponer aquello que preconizaban: devaluaciones internas, ante todo salariales, como modo principal de ganar competitividad en medio de los estragos de la austeridad, cuanto más en una zona euro mal construida por ausencia de los requisitos fiscales, presupuestarios y de competencias necesarios en una unión monetaria.

El Pacto por el euro plus, el Semestre Europeo y demás instrumentos para la mala gobernanza económica europea, no digamos ya los Memorándum de entendimiento (MOUs, por sus siglas en inglés) de los planes de rescate, hacen del debilitamiento –que llega a la anulación o congelación en determinados casos- de la negociación colectiva y del diálogo social el corazón de las reformas laborales impuestas o preconizadas. Este es el núcleo principal de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, y estaba presente, aunque en menor medida, en la del PSOE de 2010. 

Consecuencias buscadas

En resumen, la disminución de los salarios y el aumento de la desigualdad en el ámbito primario de la distribución de la riqueza –la empresa y el sector económico, a través de la negociación colectiva- ha sido una consecuencia conscientemente buscada por los responsables políticos europeos y españoles a través de las reformas laborales. Una consecuencia adicional ha sido el aumento de la pobreza en los grupos de trabajadores con salarios más bajos.

El 'dumping' fiscal, la débil la lucha contra el fraude, los paraísos fiscales, los recortes son factores de promoción de la pobreza y la desigualdad

Si a lo anterior se suman las políticas sumamente regresivas que, desde la UE y el Gobierno de España, se han impulsado y aplicado en el ámbito secundario de distribución de la renta – el formado por la articulación de la política fiscal con las presupuestarias de gasto social- no debe extrañar el escandaloso aumento de la desigualdad y de la pobreza que sufre España, consecuencia de decisiones políticas o de la voluntaria falta de ellas. El dumping o deslocalización fiscal, la absoluta debilidad de las políticas de lucha contra el fraude y la elusión fiscales (de empresas y particulares) y los paraísos fiscales, los recortes sufridos en educación, sanidad, pensiones y prestaciones sociales son, todos ellos, factores de promoción de la pobreza y la desigualdad.

El Gobierno en funciones acaba de subir el Salario Mínimo Interprofesional –uno de los más bajos de la UE- un 1%, cifra que no repara la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años. Mientras, en las propuestas y conversaciones para la difícil tarea de formación del nuevo Gobierno, la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad no parecen merecer una atención destacada. ¿Sería mucho pedir que un programa integral de acción por el empleo de calidad y contra las desigualdades sociales y la pobreza se sitúe en el centro del debate político y del programa del nuevo Gobierno?

[1] Manuel Lago Peñas: “Análisis de los deciles salariales: aumentan la pobreza y la desigualdad salarial”. Cuadernos de Acción Sindical de CC OO,  23 de diciembre de 2015. Se accede en: http://goo.gl/eb5vC5

[2] “Indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35 durante 2014 (Versión ampliada)”. CCOO, 13 de octubre de 2015. Se accede en:  http://goo.gl/7z7DAO

[3] Cristophe Degryse, Maria Jensen y Philippe Pochet: “La crisis del euro y su impacto en las políticas sociales nacionales y europea”. Fundación 1º de Mayo, marzo de 2015, páginas 16-20. Se accede en: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Cuaderno41.pdf