Seguir por correo electrónico

lunes, 23 de septiembre de 2013

La Huelga Educativa del 24O está absolutamente justificada, Sr. Wert, y será un gran acto democrático

Nueva Tribuna
Javier Doz |
nuevatribuna.es | 22 Septiembre 2013 - 21:09 h.

Intentando ser ponderado, a propósito del Ministro Wert, diré que sus saberes de sociólogo  no parecen rendir muchos frutos en el campo de la educación. Wert transmite un limitado conocimiento sobre educación y políticas educativas; está rodeado de un equipo de halcones de la derecha educativa del PP; pretende hacer virtud de los graves recortes en los presupuestos de educación -de su ministerio y de las comunidades autónomas- que el Gobierno de Rajoy y las instituciones de la UE han impuesto; y, además, es un político provocador, de esos a quienes les encanta entrar a todos los trapos con dialéctica de trazo grueso.
Destacable fue su aportación al acercamiento entre Cataluña y el resto de España en el debate general de la ley que lleva su nombre, cuando afirmó que uno de sus objetivos era el de "españolizar a los niños y jóvenes catalanes". En el inicio de un nuevo y muy problemático curso escolar, uno más de recortes y deterioro de la educación pública, y a las puertas del debate final de la más reaccionaria ley de la historia de la educación en España (si exceptuamos las franquistas claro, pero ni siquiera la Ley de Villar Palasí de 1970), se descuelga con que la Huelga Educativa del próximo 24 de octubre está "absolutamente injustificada" y es "una huelga política que no está amparada ni por la Constitución ni por las leyes democráticas". Y eso, después de haber declarado días antes que le parecía “una fiesta de cumpleaños” al lado de las fuertes movilizaciones de los profesores de otros países, entre los que mencionó México. Clarificadores botones de muestra de su talante.
Esperemos que las provocadoras palabras del Sr. Wert no sean el prolegómeno de una campaña gubernamental antidemocrática destinada a atemorizar a los integrantes de la comunidad educativa que, por segunda vez en este año, han sido convocados conjuntamente, por sus organizaciones representativas, a una huelga general en todos los niveles de la enseñanza. Los objetivos de la huelga y de otras movilizaciones que la van a acompañar son muy claros: contra los recortes y contra su ley, la LOMCE, de la que se pide su retirada del Parlamento. Sobre el carácter legal y democrático de la convocatoria de huelga, convendría recordar la larga lista de países democráticos de Europa y América, empezando por nuestros vecinos Francia y Portugal, en donde se han producido movilizaciones y huelgas precisamente contra leyes educativas que eran lógicamente debatidas y aprobadas en sus parlamentos. El supuesto fundamento del argumento de Wert también "ilegalizaría" las huelgas convocadas por los sindicatos contra las leyes o decretos-leyes de las reformas laborales, puesto que también fueron tramitadas órgano donde reside la soberanía popular.
En algo tiene razón el ministro Wert. La huelga es, por supuesto, política, como toda huelga general y, si se me apura, como toda huelga. Sí, es política en el más noble sentido de ese término hoy en día tan desprestigiado. Pero, ante todo, está absolutamente justificada. Daré sólo algunos ejemplos, como muestra, del amplio conjunto de motivaciones de esta huelga.
Recortes en becas y ayudas  
Se están conociendo en estos días, variadas cuantificaciones de las consecuencias de los recortes en aspectos esenciales de la calidad de la enseñanza y de la igualdad de oportunidades educativas. Escogeré algunas de las que se refieren a becas y ayudas y a la evolución del número de alumnos y profesores. Y, a pesar de las fundadas críticas que se están haciendo a las estadísticas educativas del MEC sobre temas sensibles por la falta de homogeneidad de las comparaciones entre otros extremos, me basaré sólo en ellas.
Los beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Educación para la adquisición de libros de texto y material didáctico (la partida incluye también la exención de tasas académicas a familias numerosas de tres o más hijos) han disminuido en 578.549, nada menos que un 59,32%, quedando reducidos a sólo 396.781 (comparación del curso 2012/2013 con el 2011/2012). La cuantía total de las ayudas disminuyó en 61,3 millones de euros, el 47,21 %, quedando reducida a sólo 68,6 millones.
Este recorte, que hay que sumar al drástico sufrido por las becas de comedor en el momento en que se están detectando casos de desnutrición infantil en nuestro país, va directamente contra las familias menos favorecidas, contra la igualdad de oportunidades educativas.  En bastantes casos, cuando la supresión de la ayuda no sea paliada por la solidaridad de otras familias, significará que habrá niños y niñas que no tendrán ni libros ni material escolar. O acaso se le olvida al ministro y sociólogo  Wert cual es el sector de población que recibía esas ayudas, o no quiera recordar que convivimos con seis millones de parados y que el número de familias con todos sus integrantes en paro es de 1.821.000 (EPA, 2º trimestre de 2013). Es una decisión política y moralmente reprobable.
Las becas de estudio también se recortaron el pasado curso, antes de someter su concesión en el que comienza a los  nuevos requisitos de más altos resultados académicos. Esta ha sido otra de las varias medidas de la era Wert que tiene un carácter inequívocamente clasista. Se lo diría, Sr. Wert, cualquier sociólogo de la educación competente. En 2012/2013 los recursos destinados a becas disminuyeron respecto del curso anterior en más de 134 millones de euros, un 8,31%, para quedar situados en 1.484 millones. Los beneficiarios, de cuantías medias algo más reducidas, fueron 768.838, disminuyendo en 24.520, un 3,09 %.
Menos profesores (muchos miles despedidos) y más alumnos
La evolución del número de alumnos y de profesores de la enseñanza pública es otra muestra clara de las negativas consecuencias de la crisis y los recortes en la educación pública, gestionada en el Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas por el PP. Las previsiones, para el curso 2012/2013, de alumnos matriculados en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria  asciende, según los datos del MEC, a 8.087.347, lo que supone 80.971 más que en el curso anterior (+1,0%). Sólo desciende en la educación infantil (-13.800), consecuencia directa de la crisis en un nivel que no es gratuito ni en la educación pública. Las matriculaciones suben más en la enseñanza pública que en la privada de modo que la proporción de alumnos en la enseñanza pública respecto del total continúa en ascenso, tendencia que se mantiene desde el comienzo de la crisis. Supondrá este curso, en el conjunto de los niveles mencionados, el 68,3% del total del alumnado.
Sin embargo, mientras que los profesores de la enseñanza privada (concertada o no) suben ligeramente -2.623 profesores más, un 1,4 %, en el curso 2012/2013 respecto a dos cursos atrás-, en la enseñanza pública ocurre justo lo contrario: disminuye significativamente el número de profesores. Todavía no se conocen las cifras del número de profesores interinos despedidos (sólo en Madrid algunos miles) y de las plazas de funcionarios amortizadas tras las muy numerosas jubilaciones, para el curso 2013/2014. En mi opinión la destrucción de plazas de profesores superará ampliamente la cifra de otros 10.000. Sí conocemos que en el curso pasado, 2012/2013, había 474.993 profesores en la enseñanza pública, la cifra más baja desde 2007/2008. Esta cifra suponía la pérdida de 21.800 profesores en la enseñanza pública, respecto al curso 2010/2011. Las cifras oficiales indican, pues, una disminución del número de profesores de la publica de un 4,59% en los dos últimos cursos, a la que habrá que añadir entre un 2% y un 3% en el actual.
Merece un párrafo aparte lo sucedido en Madrid, comunidad donde los gobiernos presididos por Aguirre y González, de la mano de la consejera Figar,  han hecho del apoyo a la enseñanza privada, en detrimento de la pública, una de sus principales señas de identidad (terrenos gratuitos para construir centros privados; desgravación fiscal para los padres que lleven a los alumnos a la privada de pago mientras se recortan los recursos de la pública, etc., etc.). El caótico comienzo del presente curso, con un 80% de centros a los que falta al menos un profesor, puede tener mucho que ver con el despido de miles de profesores interinos, producto del cambio de unas normas de contratación pactadas con los sindicatos en las que se tenía en cuenta la experiencia docente, al igual que sigue ocurriendo en las demás comunidades autónomas. Esta vuelta a la arbitrariedad tiene, entre otros objetivos, ampliar la contratación sin control, para la enseñanza bilingüe, de profesores cuya lengua nativa sea el inglés. Y ello, a pesar de haber sida admitida a trámite por los tribunales una querella penal contra los máximos responsables políticos de la CAM por este tipo de contrataciones.
La pérdida de decenas de miles de empleos en la enseñanza pública (parte de los 250.000 destruidos en el sector público desde la llegada del PP al gobierno), cuando  está subiendo el número de  alumnos, bastaría para justificar la huelga del 24 de octubre y medidas más contundentes. Pero la otra cara de éste y otros recortes la  sufren los alumnos y sus familias en la calidad de la enseñanza. Y de nuevo, es una repercusión desigual en la que sufren más los más desfavorecidos, los que tienen mayores necesidades educativas y de compensación.
Deterioro de la calidad de la enseñanza
Porque lo que está sucediendo en las escuelas e institutos públicos desde que el Sr. Wert es ministro (algunas cosas ya de antes en las comunidades administradas por el PP) es: aumenta el número de alumnos en cada aula; se suprimen los profesores de apoyo a alumnos con retrasos o necesidades educativas especiales; se suprimen los desdobles de grupos en idiomas y clases prácticas; disminuyen o se suprimen los orientadores; las bajas por enfermedad de los profesores o no se cubren o se cubren con retraso; se obliga a los profesores a impartir materias que no son de su especialidad; se contrata por días a profesores para corregir los exámenes de septiembre; se recortan los gastos de funcionamiento de los centros que tienen que hacer auténticos equilibrios para pagar sus facturas o reducen los servicios; se suprimen o reducen las actividades complementarias  de los alumnos, etc., etc.
Todo esto, Sr. Wert, es calidad de la enseñanza, mucho más que las numerosas reválidas que Vd. quiere introducir con la LOMCE para medir conocimientos y de paso segregar al alumnado. Y si la calidad no se deteriora más es por la dedicación y el compromiso de muchos miles de profesores y profesoras a los que su gobierno (y los anteriores, seamos justos) y los de las comunidades autónomas (la mayoría de su partido) ha reducido sus salarios -25 % de pérdida de capacidad adquisitiva desde 2010-, ha aumentado su carga de trabajo y ha reducido drásticamente sus oportunidades de formación permanente. Y si son interinos, además de todo ello, no se les paga los meses de julio y agosto, como ocurría durante el franquismo.
La Ley Wert una ley contra la igualdad
Todo lo anterior justificaría más que de sobra la convocatoria de la huelga educativa del 24 de octubre. Pero además, está la LOMCE, la Ley Wert. Su análisis requeriría otro artículo. Aquí diré, en apretada síntesis, que es una mala ley que ni siquiera recoge una opción educativa coherente. Está hecha en base a una especie de urgencia en plasmar algunos principios del pensamiento educativo español más conservador, reaccionario en algunos aspectos. Destacaría tres: a) la servidumbre a las demandas educativas de la Iglesia católica y del lobby de la enseñanza privada (supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía, legalización posiblemente anticonstitucional de la financiación de colegios que segregan por sexos, admisión de alumnos y red de centros, etc.); b) la apuesta por una ordenación del sistema educativo y un tipo de enseñanzas segregadoras de los alumnos incluso en los niveles obligatorios de la enseñanza (esta segregación, en el contexto político y social que vivimos, tiene un contenido profundamente clasista); y, c) la contraposición de los estereotipos conservadores referidos a la calidad y a la “excelencia” educativas con aquellas orientaciones y medidas capaces de promover realmente la igualdad a través de la educación.
En el contexto de la aplicación a la educación de las políticas de austeridad, que en algún aspecto la Ley Wert consagra, si se pudiese definir la LOMCE con un solo concepto este sería el de una Ley que promoverá la desigualdad. Una Ley contra la igualdad.
La huelga del 24 de octubre: una fiesta democrática
Por todo ello pienso que la participación en la huelga educativa del 24 de octubre y en las demás acciones que se han convocado, estará también inspirada y basada en la defensa de los derechos a la igualdad y a la educación, derechos que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución Española. Y será una acción constitucional y, por supuesto, legal. Y también, ¿por qué no Sr. Wert?, una fiesta, pero no de cumpleaños sino de afirmación democrática.

No hay comentarios:

Publicar un comentario