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lunes, 12 de mayo de 2014

La Fiscalía y el Gobierno contra el derecho de huelga

Ya no puede considerarse un hecho aislado. Se juntan demasiados casos en los últimos meses y semanas en los que aparece siempre la mano de la fiscalía que, como se sabe, tiene al Gobierno detrás marcando el camino. 

Tamara y Ana han sido condenadas a tres años y un día de cárcel acusadas de tirar pintura al agua de una piscina durante una huelga en 2010. Siendo condenadas en primera instancia a seis meses y multa, la fiscalía recurrió y la Audiencia de Pontevedra les acaba de imponer la pena máxima por tan tremendo delito "contra los derechos de los trabajadores" (¡tremendo sarcasmo!).

Hace tres días conocíamos que la fiscalía de Baleares pedía 4 años y medio de cárcel para Katiana Vicens, secretaria general de CC OO de las Islas Baleares, por participar en un piquete de la huelga general del 29 de marzo de 2012, en el que se rompió una luna de un autobús. Katiana no rompió ningún cristal. Simultáneamente, la fiscalía madrileña pedía siete años y medio a dos sindicalistas madrileños de la UGT -José Manuel Nogales y Ruben Ranz- por atentado a la autoridad y lesiones cuando la policía cargó contra un piquete durante la misma huelga general.

Recientemente, tres sindicalistas de UGT y CIG fueron condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete informativo durante una huelga del transporte en Vigo que tuvo lugar en 2008 

Por participar en un piquete informativo a la puerta de su fábrica -la factoría de AIRBUS de Getafe-, durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, ocho miembros del Comité de empresa (7 de CC OO y uno de UGT, entre ellos el presidente del Comité) han recibido la petición de 8 años de cárcel, nada menos, por parte de la fiscalía de Madrid. Se les acusa de atentado a la autoridad y otros delitos cuando lo más reprochable en los incidentes que acaecieron fue la actuación desproporcionada de la policía que llegó a efectuar disparos con arma de fuego. Por participar, el mismo día, en otro piquete, en Logroño,la fiscalía de la Rioja pidió, en febrero, un año de cárcel contra 5 sindicalistas de CC OO, entre ellos el secretario general de la unión regional, Koldo González.

En conjunto, se han producido condenas o peticiones que suman un total de 140 años de cárcel en 40 procesos. Las peticiones por las huelgas generales de 2010 y 2012 se están produciendo de una forma sospechosamente simultánea. No debe caber dudas sobre la existencia de una orientación general de la Fiscalía General del Estado. Tampoco de la inspiración gubernamental.

Se trata de peticiones o condenas absolutamente desproporcionadas, basadas sólo en testimonios de parte de la policía, los empresarios o los esquiroles.

Estamos asistiendo al mayor ataque al derecho de huelga, pilar fundamental de los derechos de los trabajadores, desde la reinstauración de la democracia en España. Forma parte de la deriva autoritaria de un Gobierno que la considera necesaria para intentar sofocar la protesta que su gestión, profundamente antisocial, de la crisis genera. Las multas gubernativas a los manifestantes y el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del Ministro Fernández Díaz son algunas otras de las manifestaciones del más rancio autoritarismo de la derecha española del que el Gobierno del PP hace gala.

Esta situación tan seria requiere movilizarse mediante una campaña profunda y sostenida de denuncia ante la opinión pública que se complemente con el recurso a los organismos internacionales que protegen los derechos humanos, empezando por la OIT.





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