Este artículo ha sido publicado en el nº 78 de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo de CC OO
1. Algunas notas sobre la crisis europea
Aunque no se
coincida en el diagnóstico de su génesis, desarrollo y características y, menos
aún, en el modo de superarla, es una opinión generalizada que la Unión Europea
vive una grave crisis política, probablemente la más profunda desde la creación
de la Comunidad Económica Europea en 1957. Hace unos días fue la canciller
Merkel quien, en el encuentro con François Hollande previo a la cumbre de
Bratislava, afirmó que la UE vivía una “crisis existencial” y que había que
adoptar medidas para enfrentarse a ella.
No se tomaron
precisamente en la capital de Eslovaquia, en donde la primera reunión de jefes
de Estado y de gobierno del Consejo Europeo sin la presencia del Reino Unido no
hizo sino subrayar la profundidad de la crisis y la impotencia de los gobernantes
de esa “vieja Europa”, a la que se refirió en su día malévolamente Donald
Rumsfeld, para enfrentarse a los Orban, Szydlo y Fico que lograron, con la
colaboración del polaco Donald Tusk, que la declaración final de la reunión se
centrara en el modo de impedir la entrada de los “migrantes irregulares” (los
refugiados ya, definitiva y vergonzosamente, equiparados a los migrantes y a
esa clase de personas “ilegales”).
En un momento en el
que el Brexit exigía una reafirmación
de los valores democráticos, sociales y solidarios del proyecto europeo y, al menos, la expresión compartida de la
voluntad de renovarlo en base a ellos, y de resolver los graves problemas de
funcionamiento de la UE, su institución con más poder, lejos de ir por este
camino vuelve a decir unas pocas generalidades vacías además de someterse a la
lógica de los nacionalismos de derecha y extrema derecha, en dos de los temas
que más les ayudan a ascender: refugiados y migrantes. Y además, se olvida, lo
que resulta lo más grave de todo, que cumplir la Convención de Ginebra (1951)
sobre los refugiados no es un acto solidario o una opción política más: es una
obligación legal consagrada en los tratados de la UE y en las constituciones y
leyes fundamentales de sus Estados miembros.
Es decir, la cumbre
de Bratislava, en lugar de convertirse en una reunión de reafirmación de lo que
une a Europa y de voluntad de renovación democrática, no ha ido mucho más allá
de la reafirmación por parte del Consejo Europeo del “Acuerdo de la vergüenza”
entre la UE y Turquía para la deportación de los refugiados, un acuerdo que no es
sino el paradigma de una UE sin alma y sin proyecto. Un Acuerdo que, además, no
se está cumpliendo, por lo que los refugiados continúan hacinados en
condiciones infrahumanas en Moria y otros campamentos de Grecia.
Si los líderes de
los principales países europeos terminan haciendo suyo el discurso político de
los nacionalistas de derecha y extrema derecha -ya en los gobiernos de Hungría,
Polonia y Eslovaquia-, el aroma político de entreguerras del Siglo XX, que ya
empieza a olerse en la Mitteleuropa,
terminará por ahogarnos a todos y la UE estará definitivamente perdida.
Todavía estamos a
tiempo para cambiar la situación, aunque no se percibe reacción fuerte ni coherente,
reacción de política seria con proyección de futuro, en ninguna de las dos
grandes formaciones tradicionales -populares y socialistas- que aún vertebran
políticamente a Europa, a pesar de su declive y de sus crisis. Los partidos parecen
hacer presidir su trabajo sólo por la ávida lectura de las encuestas, por el
cortoplacismo más feroz. Y cuando la
canciller Merkel se olvida, por un momento, de estos hábitos que ha practicado tan
profusamente y prioriza los valores y la legalidad para abrir las fronteras
alemanas a los refugiados de la Guerra de Siria y de otras guerras, la “opinión
pública” alemana y su propio partido, terminan por atacarla frontalmente, alimentados
desde el exterior por un coro de gobiernos europeos de impresentable
insolidaridad, no sólo con los refugiados sino con el proyecto común europeo, y
por unos medios de comunicación ávidos de sensaciones populistas. Por ello, el
remedio, el cambio que nos aleje del precipicio de la destrucción de la UE, no
puede venir solo de los líderes y de los partidos políticos, tiene que venir
también de la misma sociedad, de sus organizaciones, en primer lugar de los
interlocutores sociales.
El agotamiento del
proyecto político europeo viene de más lejos. Con anterioridad al estallido de
la crisis financiera y económica, en septiembre de 2008, ya se habían
manifestado algunos de sus síntomas, como eran las diferencias políticas
importantes a la hora de establecer la Unión Monetaria (UEM), que no podían
arreglarse mediante el modelo de gestión de avance por pequeños pasos dados en
el último minuto para desbloquear conflictos paralizantes. Las grietas se
parcheaban en lugar de ser reparadas. La UEM, diseñada en 1993, empezó a
utilizar el euro como moneda común con fallos de diseño muy graves que no han
sido reparados ni siquiera cuando estuvieron a punto de acabar con la moneda en
2010-2013. Sólo se han puesto parches y permitido que el BCE fuerce al máximo
sus capacidades de desarrollo de una política monetaria expansiva. Mientras,
Alemania sigue negándose a crear las condiciones políticas y económicas que
debe tener toda zona monetaria común y a reciclar los excedentes de su enorme
superávit comercial y de la balanza de pagos (8,5% de su PIB).
Antes de la mayor de
las ampliaciones, que incorporó entre 2004 y 2007 a doce nuevos Estados -la
mayoría del centro y el este de Europa procedentes del antiguo bloque soviético-,
en 2013, la mayor parte de estos países se habían alineado con la irresponsable
e ilegal aventura que el gobierno de los EE UU, el de George W. Bush, llevó a
cabo en Iraq, en 2003 -en compañía del Reino Unido de Blair y con la España de
Aznar en un papel secundario- , en contra de la posición de Alemania y Francia
y de la mayoría de Estados de la UE. Fue todo un anticipo de la orientación y
los valores políticos que han venido de los gobiernos de los nuevos socios del
centro y el este de Europa.
El miedo y el
rechazo a la globalización, realizada
bajo el modelo neoliberal, y a la cesión de soberanía a una UE percibida como
poco democrática y gobernada bajo los mismos principios de economía política
que aquella, producen, ante la ausencia de alternativas que parezcan viables, a
una peligrosa crisis de confianza en las instituciones democráticas.
Estuvieron, a mi juicio, en la base del rechazo al proyecto de Constitución
europea en los referendos francés y holandés de 2005. Tal vez fuese ese el
momento de inflexión, de agotamiento de las energías y de la voluntad de
progresar en la integración europea. La crisis agudizó esta percepción con la
comprobación de que se vive peor que en el pasado y de que, probablemente, los
hijos vivirán peor mientras que una minoría se enriquece sin freno. En todo
caso de trata de fenómenos no exclusivos del continente europeo.
La gestión de la
crisis financiera y económica, a partir de mayo de 2010, mediante la imposición
de las recetas de la economía política más conservadora, hegemónica en Alemania
-síntesis del ordoliberalismo germánico tradicional y del neoliberalismo- ha
agudizado las tendencias centrífugas de la UE y su crisis política. Por una
parte, ha producido negativos efectos económicos -recesión más larga y profunda
que en otras regiones del mundo y crecimiento anémico en la salida- y desastrosos
efectos sociales y políticos: paro, pobreza y desigualdad; ruptura de la
cohesión social en muchos países; divergencia económica y política entre los Estados
de la UE; choque de las opiniones públicas mayoritarias entre los países del
Norte y del Sur, del Oeste y del Este; y, fuerte aumento de los nacionalismos
xenófobos y de las corrientes políticas euroescépticas, antieuropeas y de
extrema derecha.
La nefasta gestión
de la llamada crisis de los refugiados o de las migraciones es manifestación y consecuencia
de la influencia de negativas corrientes ideológicas y políticas de derecha
extrema que han contagiado a bastantes partidos de centro derecha y
socialdemócratas, en muchos Estados de la UE, y han llevado al olvido de los
valores y principios democráticos y solidarios, esenciales para la pervivencia
de la UE, y del respeto a la legalidad
internacional y a los propios Tratados.
La pérdida de
confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y sus políticas tiene
su correlato también en numerosos Estados miembros, con derivas en muchos de
ellos peligrosamente nacionalistas y euroescépticas e incluso de
cuestionamiento de los sistemas democráticos. Es decir, la crisis de
legitimidad no afecta sólo a las instituciones europeas, de una discutible
democraticidad en la toma de decisiones, sino también a las instituciones
democráticas nacionales de bastantes Estados europeos.
Hay bastantes rasgos
comunes entre las razones por las cuales las descaradas manipulaciones y
mentiras de los partidarios del Brexit,
pudieron calar hasta el punto de que una mayoría del electorado británico
votara la salida de la UE, y las que han llevado a un individuo tan ignorante,
estrafalario y peligroso como Donald Trump a ser un candidato con posibilidades
de ser elegido Presidente de los EE UU.
Los sindicalistas tenemos que tener bien presente un fenómeno que no es
precisamente nuevo en la historia: la gran capacidad de penetración, en tiempos
de crisis, de los populismos de derechas y de las diferentes variantes de la
extrema derecha entre amplios sectores de trabajadores.
Hoy en día, el BCE,
la OCDE y el propio FMI han tenido que reconocer las consecuencias negativas de
los “excesos de austeridad”, aún siendo el BCE y el FMI en parte responsables
de tales excesos. Sin duda, la responsabilidad principal es del Consejo Europeo
y del Eurogrupo, instituciones intergubernamentales cuyo mal funcionamiento
está en el corazón de la crisis política de la UE. Estas instituciones no han hecho
autocrítica alguna sobre las erróneas e injustas políticas de gestión de la
crisis. Siguen sin abandonar el credo de la austeridad. Lo más que han hecho es
autorizar las propuestas de la Comisión, en el sentido de flexibilizar temporalmente
los objetivos de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.
La Comisión Europea,
presidida por Jean-Claude Juncker, pretende borrar la imagen de parálisis y
subordinación que han caracterizado su etapa anterior, presidida por quien,
ahora, va a asesorar al Gobierno británico en las negociaciones del Brexit, desde Goldman Sachs, el Sr.
Durao Barroso. En los últimos meses la Comisión Juncker: ha puesto en marcha el
debate sobre la “dimensión social” de la propuesta de reforzamiento de la UEM para
completar el llamado “documento de los cinco presidentes” (de contenidos
políticos muy limitados); ha propuesto diversas directivas y reglamentos para
luchar contra la elusión fiscal, el fraude fiscal, el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo (respuesta parcial, pero en la buena dirección, a
la publicación de los Panama Papers, y
los atentados terroristas de París y
Bruselas, y al escándalo de las grandes empresas multinacionales que no pagan
impuestos con la colaboración de gobiernos como el de Irlanda, pero que puede
ser inutilizada por las inservibles listas de paraísos fiscales del GAFI/OCDE y
de la propia Comisión); en la misma dirección, la comisaria de la competencia,
la Sra. Vestager, ha propuesto que Google pague los 13.000 millones de euros,
más intereses, por los impuestos no pagados en razón de sus beneficios en
países de la UE; y, finalmente, el propio Juncker ha propuesto que el Plan de
inversiones que lleva su nombre intente movilizar otros 315.000 millones de
euros, prolongando su período de
vigencia hasta 2022. (los 630.000 millones totales, distribuidos en
siete años, no logran compensar ni de lejos la caída de la inversión -por la
crisis y las políticas de austeridad- que ha pasado del 22,2% del PIB europeo,
en 2007, al 18,5%, lo que supone cerca de 500.000 millones de euros de menos en
cómputo anual).
La ineficacia del
Consejo y la regresividad de algunas de sus decisiones, la ausencia de una
política económica integral que se centre en el impulso del crecimiento y del
empleo en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la COP21 de París, la falta de voluntad política de Alemania de asumir, para
el euro, la imprescindible creación de las condiciones que toda zona monetaria
tiene que tener, contrarrestan las tímidas iniciativas de la Comisión y la
decidida política monetaria expansiva del BCE, incapaces, en ausencia de
política fiscal común, de consolidar un crecimiento sólido de la zona euro.
2. Refundación política democrática y social, nueva
política de crecimiento sostenible y culminar la construcción de la zona euro
Ante el avance de
los partidos nacionalistas de derecha y extrema derecha, que llevan en su
núcleo la destrucción del proyecto político europeo, y ante la incapacidad
manifestada por las dos principales formaciones políticas europeas –que siguen
teniendo una muy débil proyección como partidos europeos- para contrarrestar
este avance con una propuesta de renovación y fortalecimiento de la UE, resulta
muy necesario que las organizaciones de la sociedad civil, empezando por los
sindicatos, emplacen a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en
una encrucijada histórica. Y que lo hagan formulando las bases de un nuevo
modelo para Europa.
Lo he escrito en más
de una ocasión: es necesario formular una propuesta de refundación política de
Europa. Una refundación cuyo horizonte sea la creación de los Estados Unidos de
Europa, un proyecto de federación o confederación de los Estados miembros, que
conlleve superiores grados de integración, un funcionamiento más democrático de
sus instituciones y una dimensión social fuerte. Se podrá avanzar más o menos
hacia este objetivo, en más tiempo o en
menos, pero hay que agrupar en torno a él a todos los que consideren que la UE
es un proyecto imprescindible para la paz, los derechos humanos y el bienestar
social.
Y en paralelo, y con
urgencia, hay que construir una nueva política económica europea para el
crecimiento sostenible y el empleo de calidad, y dar a la UEM las herramientas
necesarias que superen los pesados errores de la construcción del euro: Tesoro
Común, emisión de deuda en euros, presupuesto propio suficiente, armonización
fiscal y mecanismo de reequilibrio de los déficits y superávits excesivos.
La izquierda europea
necesita unos estados generales que, entre otras cosas, le sirvan para formular un proyecto europeo común de futuro que le permita, a través de un
amplio proceso de convergencia política europea, la construcción de un bloque
político y social que sostenga el proyecto de refundación.
3.
Desde el observatorio del CESE
El CESE es un buen
observatorio de la realidad política y social europea desde el que se puede seguir
el devenir de sus diversas políticas e intervenir en ellas. Está compuesto por
350 consejeros de los 28 Estados miembros, distribuidos en función de su población
y de la representación de tres sectores básicos: empresarios, trabajadores y
tercer sector (agricultores, economía social y consumidores, básicamente).
Elabora dictámenes preceptivos sobre un espectro muy amplio de políticas y
normas legales de las instituciones europeas, entre ellas todas las de carácter
económico, social y medioambiental, las de seguridad y exteriores, las de interior
y derechos fundamentales, etc. También elabora dictámenes de iniciativa propia
o a petición de las instituciones sobre los mismos campos, y realiza estudios
sobre diversos temas.
Lo primero que llama
la atención, en relación con una realidad ciertamente complicada y con unos
niveles importantes de enfrentamiento político como es la europea, es la
capacidad que tiene el Comité de elaborar posiciones comunes con un elevado
grado de consenso en la mayoría de los casos. Para alcanzar este consenso se
hace necesario, lógicamente, renunciar a
parte de las posiciones propias de las organizaciones, en particular de aquellas
que enfrentan a los sindicatos y a las patronales. Pero el punto de equilibrio
está situado, por lo general, en la zona donde convergen las posiciones
partidarias de la integración europea sobre bases más democráticas y con un
contenido social relativamente elevado.
El CESE, por sus
conexiones con la Comisión y el Parlamento Europeo, por un lado, con las
organizaciones europeas de la sociedad civil, por otro, y también con las
organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil nacionales,
podría jugar un papel articulador del necesario debate tendente a reforzar,
renovar e impulsar el proyecto político europeo en el momento particularmente
crítico que está viviendo.
