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lunes, 10 de octubre de 2016

Paraísos del dinero y la hipocresía



Este artículo ha sido publicado en el diario digital Bez el 11/10/2016:

http://www.bez.es/119674388/Paraisos-del-dinero-y-la-hipocresia.html


Aunque su evidente existencia y su fortaleza son, hoy en día, uno de los mayores problemas para el gobierno del mundo y para el desarrollo de políticas sociales y de inversión pública en cualquier región de nuestro planeta, cabría dudarlo a tenor de una reciente decisión de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a un hecho que apenas ha trascendido a la opinión pública a pesar de su gran importancia: la publicación, el pasado 14 de julio, de la lista de paraísos fiscales  o “terceros países de alto riesgo”, aprobada por la Comisión Europea. La lista no hace sino recoger la acordada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[1] de la OCDE en su reunión de Busan, Corea del Sur, del 23 de junio de 2016.

Pues bien, la lista de “terceros países de alto riesgo”, del Reglamento Delegado de la Comisión Europea de 14 de julio[2], contiene los nombres de sólo once Estados, clasificados en tres Grupos. En el Grupo III, donde están aquellos que no colaboran para subsanar las deficiencias que les hacen estar clasificados como países de alto riesgo, sólo hay uno: la RPD de Corea. En el Grupo I, de los países que se han comprometido a subsanar las deficiencias y han elaborado un plan de acción con el GAFI, figuran nueve países: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guayana, Irak, RDP de Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Por último, en el Grupo II de aquellos países que han adoptado el citado compromiso y solicitado asistencia técnica al GAFI para aplicar el plan de acción, siendo señalados por ello en una Declaración Pública, sólo figura Irán. Es decir, que dentro de no mucho tiempo, si se aplican en sus compromisos los países de los grupos I y II,  podríamos tener como único paraíso fiscal a la Corea de Kim Yong-un. Mientras, el lavado de dinero procedente del fraude y la elusión fiscales y de todas las demás actividades de la economía criminal, continuará en aumento, como viene sucediendo en los últimos años, en los grandes paraísos fiscales. Y la hipocresía de las élites políticas y económicas también.

Las directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Resulta injustificable que decisiones políticas echen por tierra buena parte del trabajo realizado por los expertos del GAFI y los funcionarios de la Comisión. Porque las 40 Recomendaciones del GAFI (2012)[3] siguen siendo un buen manual para gobiernos, policías, jueces e instituciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero. En el ámbito de la UE, la 4ª Directiva  sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (mayo de 2015) –en trámite de transposición por los Estados miembros- y la propuesta de 5ª Directiva (julio de 2016) sobre el mismo tema –en trámite de consulta y aprobación por las instituciones europeas- deberían ser instrumentos útiles para luchar contra dichas lacras y su realización en los paraísos fiscales.



Como consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) soy ponente del dictamen sobre la propuesta de 5ª Directiva, que complementa y profundiza la . Dada la importancia y urgencia del tema, es encomiable el propósito de la Comisión de acelerar el trámite de aprobación y transposición de ambas directivas para que pudieran entrar en vigor en todos los Estados miembros el 1 de enero de 2017; aunque va a ser una misión casi imposible de, habida cuenta de las reticencias de algunos Estados miembros y la ineficacia del Consejo.

Además de introducir medidas de control de los usuarios de las monedas virtuales y las tarjetas prepago, la 5ª AMLD[4] establece la obligación de identificación de los titulares reales de cuentas bancarias y empresas, y de los fideicomisos, las fundaciones y demás instrumentos de intermediación para la ocultación de los auténticos propietarios de los activos financieros y dinerarios. Obliga, además, a que se creen en todos los Estados miembros Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que deberán establecer bases de datos nacionales de entidades, personas y operaciones sospechosas. La propuesta de Directiva pretende la coordinación de las UIF en el ámbito de la UE y la comunicación de los datos de cada base nacional cuando lo demanden las autoridades competentes de otro Estado. Una de las medidas principales de la propuesta de Directiva, contenida en su artículo 18bis,  son las sanciones que fija para los “terceros países de alto riesgo” que no colaboren en las investigaciones judiciales que, pueden llegar hasta la prohibición de establecimiento de filiales de empresas europeas en dichos territorios. Pues bien, la virtualidad de estas medidas queda prácticamente anulada puesto que las medidas sólo se podrían aplicar a los países de la lista del 14 de julio.

El insólito hecho de querer aprobar una propuesta legal que modifica otra que todavía no ha entrado en vigor se justifica, en el preámbulo de la propuesta de 5ª AMLD, por las revelaciones del ICIJ[5] sobre los Papeles de Panamá y los datos de las investigaciones de los atentados de París y Bruselas. Pues bien, ni uno solo de los 21 Estados o jurisdicciones mencionados en los Papeles de Panamá como paraísos fiscales, y utilizados por más de 214.000 empresas, fideicomisos, fundaciones y otras entidades creadas y gestionadas por el Despacho Mossack-Fonseca para defraudar o eludir al fisco y, en su caso, lavar dinero, figuran en la lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea.

Junto a lo anterior hay otro hecho que puede reducir aún más el valor de la Directiva para luchar contra las actividades de los paraísos fiscales: no está nada claro, y así lo han afirmado los funcionarios de la Comisión, que la Directiva pueda aplicarse a los territorios con jurisdicciones fiscales especiales dependientes de Estados miembros, es decir a los paraísos fiscales de la UE. Cuatro de ellos figuran en los Papeles de Panamá: Isla de Man, Jersey, Anguila Británica e Islas Vírgenes, todos ellos de soberanía británica. Estos podrían quedar excluidos del ámbito de aplicación de la directiva que, sin embargo se aplicaría al Reino Unido –mientras no se ejecute el Brexit-, Malta y Chipre, que el ICIJ incluye con razón en la lista de Estados europeos que facilitan el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero.

El Doctor Jekill y Mr. Hyde ante los paraísos fiscales
¿Por qué esta decisión de la Comisión Europea, tan contradictoria con otras como la valiente propuesta de la comisaria de la competencia, Margrethe Vestagen, de exigir a Apple que pague los 13.000 millones de euros (más intereses), que dejó de pagar al Gobierno de Irlanda, que en lugar de aplicarle el tipo del 12% del impuesto de sociedades irlandés –tipo ya de auténtico “dumping fiscal”-, sólo le exige el 0,001%, por todos los beneficios de la multinacional en Europa, que previamente ha trasladado de forma fraudulenta –“ingeniería fiscal”- a la verde isla?

El comportamiento de la Comisión es propio de la doble personalidad del Doctor Jekill y de Mr. Hyde. Quien mejor puede representarla es su propio presidente, Jean Claude Juncker, que mientras fue primer ministro de Luxemburgo propició[6] la firma de convenios fiscales con cientos de multinacionales para que estas trasladaran sus beneficios europeos al Gran Ducado, para pagar allí el 1%. Ahora promueve directivas para lograr que las multinacionales paguen en cada país los impuestos correspondientes a los beneficios de la actividad económica desarrollada en ellos y para establecer una base común consolidada europea del impuesto de sociedades. Es un avance, pero no alcanza a plantear algo muy necesario: un tipo mínimo común europeo ante la férrea oposición de numerosos Estados miembros, entre ellos aquellos que, yendo más allá del dumping, propician el fraude o la elusión fiscal[7] de las multinacionales, entre los que, además de Luxemburgo, se encuentran otros dos países fundadores: Holanda y la propia Bélgica que también suscriben convenios para que las grandes empresas multinacionales sólo paguen el 1%.

El problema es mundial, por supuesto. El Gobierno de los Estados Unidos, tampoco logra hacer pagar a Apple los impuestos que debe. La multinacional de la manzana prefiere pedir prestado para asegurar la liquidez cotidiana de la empresa antes que retirar de los paraísos fiscales los 230.000 millones de dólares que allí mantiene[8], porque entonces el Tesoro de los EE UU, le reclamaría muchos miles de millones en impuesto no pagados.

La esquizofrenia es fruto de poderosas tendencias contrapuestas. Por un lado, los principios éticos, intelectuales y políticos que hacen insoportable a las opiniones públicas que en cualquier circunstancia, pero más aún cuando la crisis ha producido tanto paro, pobreza y desigualdad, se consienta que las empresas multinacionales y las élites políticas, económicas, culturales y deportivas paguen menos impuestos que los asalariados y las clases medias, o que simplemente no paguen. Y que con ello roben a los Estados los recursos necesarios para la protección social y las demás políticas públicas. Y para más agravante, que lo hagan en unos lugares y con unos procedimientos comunes a los empleados por las peores organizaciones de la economía criminal –mafias, traficantes de drogas, armas, personas, órganos, etc.- y en ocasiones también por las organizaciones terroristas, hoy encabezadas por las del yihadismo global.

Pero frente a la oposición a éste que , a mi juicio, es el principal escándalo de la política mundial pesan más los vectores contrapuestos: los paraísos fiscales son utilizados como lubricadores del sistema financiero internacional en la época de la economía financiarizada y, además, como demuestran las numerosas revelaciones de los últimos tiempos (Lista Falciani, Papeles de Panamá y de las Bahamas, etc.) son los lugares utilizados por las élites políticas, económicas y mediáticas para pagar menos impuestos o no pagarlos. Y estos factores terminan pesando más fuertes que los anteriores, por muy lamentable e inaceptable que sea en unas sociedades democráticas. Y hacen de las decisiones contradictorias sobre los paraísos fiscales un refinado ejemplo de hipocresía

Unos pocos ejemplos, de los muchos posibles, lo pueden atestiguar. Tuve ocasión de asistir, el pasado 27 de septiembre, a la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo. Fue una audiencia pública en la que depositaron su testimonio un grupo relevante de periodistas, de los muchos que han colaborado en el tratamiento de los 11,5 millones de documentos anónimamente entregados al Süddeutsche Zeitung. De las muchas e interesantes cosas que dijeron me llamó sobre todo la atención, el destacado papel de algunos de los principales bancos de la UE y de Suiza para facilitar a sus clientes más distinguidos la creación de sociedades, fideicomisos o fundaciones pantalla para ocultar su identidad, y orientarlos para fijar su domicilio social a través del despacho panameño de Mossack-Fonseca (lo mismo que hacen con otras decenas de despachos de abogados especializados en el blanqueo de capitales). Este despacho, a su vez, utilizaba miles de testaferros para nuevas operaciones de creación y relocalización de  sociedades que terminaban de completar la tupida red de ocultamiento. La nómina de fortunas personales, famosos del deporte y la cultura y de políticos es bien conocida. Llama la atención que de los 140 políticos incluidos en la lista sólo el ex-primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y “nuestro” ministro Soria hayan dimitido a estas alturas. Los comparecientes en el PE dieron detalles de los personas del entorno más próximo de Vladimir Putin que suman 2.000 millones de euros en numerosas sociedades offshore gestionadas por Mossack-Fonseca. Su adversario, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, intentó ocultar su identidad sin intermediarios. También resulta significativo que apenas haya habido presentación de demandas judiciales. En Finlandia, donde el banco Nordea, con participación del Estado, ayudó a la creación de más de 400 empresas pantalla, la única persona procesada, por revelación de secretos, es la periodista del ICIJ Mina Knus-Galan.

La función de engrasadores del capitalismo financiero de los paraísos fiscales queda reflejada por la procedencia de la inversión extranjera directa. Según Gabriel Zucman (2013)[9] el 40% del total mundial procede de los paraísos fiscales. En España, el mismo porcentaje sería nada menos que del 66%, según José Carlos García Fajardo (2016)[10], que añade que el flujo de capitales desde los paraísos fiscales hacia España aumentó en un 27,4% en 2015, respecto a 2014. El número de filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales pasó de 810 a 891 (2014/2013). Un 45,4% del total, 420 empresas, están radicadas en Delaware, donde se crearon 65 nuevas filiales en 2015. Mientras, a pesar de llevar ya más de dos años de crecimiento, la recaudación del impuesto de sociedades seguía siendo, en 2015, 22.219 millones de euros (un 49,4%) inferior a la de 2007.

La lucha contra el fraude y la elusión fiscales y el lavado de dinero debería ser una prioridad máxima de cualquier política democrática en España, en Europa y en el mundo. No digamos ya de una política de izquierdas. Y no es posible llevarla a cabo con un mínimo de eficacia sin acabar con los paraísos fiscales. La erradicación de los paraísos fiscales es la piedra de toque de la posibilidad de un gobierno democrático en Europa y en el mundo.




[1] Más conocido por sus siglas en inglés como FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), el GAFI está integrado por los 31 Estados de la OCDE, además de por la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Diversos organismos internacionales, entre ellos el FMI y el BM, tienen estatuto de observadores.
[2] Anexo I del Reglamento Delegado de la Comisión, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas, C (2016) 4180, de 14/07/2016. Esta lista, coincidente con la última del GAFI, contiene sólo ligeras variantes con la anterior de este organismo que incluía doce países. Myanmar ya no está en ella
[3] “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación”. GAFI, febrero de 2012.
[4] Como se la conoce en la jerga de Bruselas, por ser AMLD las siglas, en inglés, de Anti-Money Laundering Directive.

[5] ICIJ son las siglas, en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
[6] Las excusas de Juncker para ser elegido presidente de la Comisión se basaban en la inverosímil tesis de que los tratos con las multinacionales eran obra de la Autoridad Fiscal de Luxemburgo, de carácter independiente, que no informaba al Gobierno. Quedaron recientemente en entredicho por las revelaciones, recogidas en diversos medios europeos, sobre las entrevistas secretas de Juncker, primer ministro de Luxemburgo, con los altos directivos de Amazon responsables de la fiscalidad de la empresa, antes de la firma del correspondiente convenio.
[7] No hay una distinción clara entre el fraude y la elusión fiscales. La ingeniería fiscal consistente en decir que la empresa matriz, afincada en Irlanda o Luxemburgo, ha realizado préstamos a las filiales alemanas, francesas o españolas, por los que cobra enormes intereses, o que tiene que recibir pagos de royalties astronómicos, debería ser catalogada de “ingeniería del fraude fiscal”.
[8] Buena parte de ellos están en Delaware, que, como otros Estados de la Unión –Wyoming, Nevada-, se está convirtiendo en uno de los más florecientes y “civilizados” paraísos fiscales.
[9] Gabriel Zucman: “The Missing Wealth of Nations” (2013) citado por Pia Hüttland y Álvaro Leandro: “The implications of the Panama Papers” (Bruegel, 18/04/2016)
[10] José Carlos García Fakardo: “Empresas del IBEX35 en paraísos fiscales” (ATTAC España, 12/06/2016)

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