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martes, 4 de octubre de 2016

La encrucijada europea desde el observatorio del CESE

Este artículo ha sido publicado en el nº 78 de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo de CC OO 



     1. Algunas notas sobre la crisis europea

Aunque no se coincida en el diagnóstico de su génesis, desarrollo y características y, menos aún, en el modo de superarla, es una opinión generalizada que la Unión Europea vive una grave crisis política, probablemente la más profunda desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Hace unos días fue la canciller Merkel quien, en el encuentro con François Hollande previo a la cumbre de Bratislava, afirmó que la UE vivía una “crisis existencial” y que había que adoptar medidas para enfrentarse a ella.

No se tomaron precisamente en la capital de Eslovaquia, en donde la primera reunión de jefes de Estado y de gobierno del Consejo Europeo sin la presencia del Reino Unido no hizo sino subrayar la profundidad de la crisis y la impotencia de los gobernantes de esa “vieja Europa”, a la que se refirió en su día malévolamente Donald Rumsfeld, para enfrentarse a los Orban, Szydlo y Fico que lograron, con la colaboración del polaco Donald Tusk, que la declaración final de la reunión se centrara en el modo de impedir la entrada de los “migrantes irregulares” (los refugiados ya, definitiva y vergonzosamente, equiparados a los migrantes y a esa clase de personas “ilegales”).

En un momento en el que el Brexit exigía una reafirmación de los valores democráticos, sociales y solidarios del proyecto europeo y,  al menos, la expresión compartida de la voluntad de renovarlo en base a ellos, y de resolver los graves problemas de funcionamiento de la UE, su institución con más poder, lejos de ir por este camino vuelve a decir unas pocas generalidades vacías además de someterse a la lógica de los nacionalismos de derecha y extrema derecha, en dos de los temas que más les ayudan a ascender: refugiados y migrantes. Y además, se olvida, lo que resulta lo más grave de todo, que cumplir la Convención de Ginebra (1951) sobre los refugiados no es un acto solidario o una opción política más: es una obligación legal consagrada en los tratados de la UE y en las constituciones y leyes fundamentales de sus Estados miembros.

Es decir, la cumbre de Bratislava, en lugar de convertirse en una reunión de reafirmación de lo que une a Europa y de voluntad de renovación democrática, no ha ido mucho más allá de la reafirmación por parte del Consejo Europeo del “Acuerdo de la vergüenza” entre la UE y Turquía para la deportación de los refugiados, un acuerdo que no es sino el paradigma de una UE sin alma y sin proyecto. Un Acuerdo que, además, no se está cumpliendo, por lo que los refugiados continúan hacinados en condiciones infrahumanas en Moria y otros campamentos de Grecia.

Si los líderes de los principales países europeos terminan haciendo suyo el discurso político de los nacionalistas de derecha y extrema derecha -ya en los gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia-, el aroma político de entreguerras del Siglo XX, que ya empieza a olerse en la Mitteleuropa, terminará por ahogarnos a todos y la UE estará definitivamente perdida.

Todavía estamos a tiempo para cambiar la situación, aunque no se percibe reacción fuerte ni coherente, reacción de política seria con proyección de futuro, en ninguna de las dos grandes formaciones tradicionales -populares y socialistas- que aún vertebran políticamente a Europa, a pesar de su declive y de sus crisis. Los partidos parecen hacer presidir su trabajo sólo por la ávida lectura de las encuestas, por el cortoplacismo más feroz.  Y cuando la canciller Merkel se olvida, por un momento, de estos hábitos que ha practicado tan profusamente y prioriza los valores y la legalidad para abrir las fronteras alemanas a los refugiados de la Guerra de Siria y de otras guerras, la “opinión pública” alemana y su propio partido, terminan por atacarla frontalmente, alimentados desde el exterior por un coro de gobiernos europeos de impresentable insolidaridad, no sólo con los refugiados sino con el proyecto común europeo, y por unos medios de comunicación ávidos de sensaciones populistas. Por ello, el remedio, el cambio que nos aleje del precipicio de la destrucción de la UE, no puede venir solo de los líderes y de los partidos políticos, tiene que venir también de la misma sociedad, de sus organizaciones, en primer lugar de los interlocutores sociales.

El agotamiento del proyecto político europeo viene de más lejos. Con anterioridad al estallido de la crisis financiera y económica, en septiembre de 2008, ya se habían manifestado algunos de sus síntomas, como eran las diferencias políticas importantes a la hora de establecer la Unión Monetaria (UEM), que no podían arreglarse mediante el modelo de gestión de avance por pequeños pasos dados en el último minuto para desbloquear conflictos paralizantes. Las grietas se parcheaban en lugar de ser reparadas. La UEM, diseñada en 1993, empezó a utilizar el euro como moneda común con fallos de diseño muy graves que no han sido reparados ni siquiera cuando estuvieron a punto de acabar con la moneda en 2010-2013. Sólo se han puesto parches y permitido que el BCE fuerce al máximo sus capacidades de desarrollo de una política monetaria expansiva. Mientras, Alemania sigue negándose a crear las condiciones políticas y económicas que debe tener toda zona monetaria común y a reciclar los excedentes de su enorme superávit comercial y de la balanza de pagos (8,5% de su PIB).

Antes de la mayor de las ampliaciones, que incorporó entre 2004 y 2007 a doce nuevos Estados -la mayoría del centro y el este de Europa procedentes del antiguo bloque soviético-, en 2013, la mayor parte de estos países se habían alineado con la irresponsable e ilegal aventura que el gobierno de los EE UU, el de George W. Bush, llevó a cabo en Iraq, en 2003 -en compañía del Reino Unido de Blair y con la España de Aznar en un papel secundario- , en contra de la posición de Alemania y Francia y de la mayoría de Estados de la UE. Fue todo un anticipo de la orientación y los valores políticos que han venido de los gobiernos de los nuevos socios del centro y el este de Europa.

El miedo y el rechazo a la globalización,  realizada bajo el modelo neoliberal, y a la cesión de soberanía a una UE percibida como poco democrática y gobernada bajo los mismos principios de economía política que aquella, producen, ante la ausencia de alternativas que parezcan viables, a una peligrosa crisis de confianza en las instituciones democráticas. Estuvieron, a mi juicio, en la base del rechazo al proyecto de Constitución europea en los referendos francés y holandés de 2005. Tal vez fuese ese el momento de inflexión, de agotamiento de las energías y de la voluntad de progresar en la integración europea. La crisis agudizó esta percepción con la comprobación de que se vive peor que en el pasado y de que, probablemente, los hijos vivirán peor mientras que una minoría se enriquece sin freno. En todo caso de trata de fenómenos no exclusivos del continente europeo.

La gestión de la crisis financiera y económica, a partir de mayo de 2010, mediante la imposición de las recetas de la economía política más conservadora, hegemónica en Alemania -síntesis del ordoliberalismo germánico tradicional y del neoliberalismo- ha agudizado las tendencias centrífugas de la UE y su crisis política. Por una parte, ha producido negativos efectos económicos -recesión más larga y profunda que en otras regiones del mundo y crecimiento anémico en la salida- y desastrosos efectos sociales y políticos: paro, pobreza y desigualdad; ruptura de la cohesión social en muchos países; divergencia económica y política entre los Estados de la UE; choque de las opiniones públicas mayoritarias entre los países del Norte y del Sur, del Oeste y del Este; y, fuerte aumento de los nacionalismos xenófobos y de las corrientes políticas euroescépticas, antieuropeas y de extrema derecha.

La nefasta gestión de la llamada crisis de los refugiados o de las migraciones es manifestación y consecuencia de la influencia de negativas corrientes ideológicas y políticas de derecha extrema que han contagiado a bastantes partidos de centro derecha y socialdemócratas, en muchos Estados de la UE, y han llevado al olvido de los valores y principios democráticos y solidarios, esenciales para la pervivencia de la UE, y  del respeto a la legalidad internacional y a los propios Tratados.

La pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas y sus políticas tiene su correlato también en numerosos Estados miembros, con derivas en muchos de ellos peligrosamente nacionalistas y euroescépticas e incluso de cuestionamiento de los sistemas democráticos. Es decir, la crisis de legitimidad no afecta sólo a las instituciones europeas, de una discutible democraticidad en la toma de decisiones, sino también a las instituciones democráticas nacionales de bastantes Estados europeos.    

Hay bastantes rasgos comunes entre las razones por las cuales las descaradas manipulaciones y mentiras de los partidarios del Brexit, pudieron calar hasta el punto de que una mayoría del electorado británico votara la salida de la UE, y las que han llevado a un individuo tan ignorante, estrafalario y peligroso como Donald Trump a ser un candidato con posibilidades de ser elegido Presidente de los EE UU.  Los sindicalistas tenemos que tener bien presente un fenómeno que no es precisamente nuevo en la historia: la gran capacidad de penetración, en tiempos de crisis, de los populismos de derechas y de las diferentes variantes de la extrema derecha entre amplios sectores de trabajadores.

Hoy en día, el BCE, la OCDE y el propio FMI han tenido que reconocer las consecuencias negativas de los “excesos de austeridad”, aún siendo el BCE y el FMI en parte responsables de tales excesos. Sin duda, la responsabilidad principal es del Consejo Europeo y del Eurogrupo, instituciones intergubernamentales cuyo mal funcionamiento está en el corazón de la crisis política de la UE. Estas instituciones no han hecho autocrítica alguna sobre las erróneas e injustas políticas de gestión de la crisis. Siguen sin abandonar el credo de la austeridad. Lo más que han hecho es autorizar las propuestas de la Comisión, en el sentido de flexibilizar temporalmente los objetivos de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, pretende borrar la imagen de parálisis y subordinación que han caracterizado su etapa anterior, presidida por quien, ahora, va a asesorar al Gobierno británico en las negociaciones del Brexit, desde Goldman Sachs, el Sr. Durao Barroso. En los últimos meses la Comisión Juncker: ha puesto en marcha el debate sobre la “dimensión social” de la propuesta de reforzamiento de la UEM para completar el llamado “documento de los cinco presidentes” (de contenidos políticos muy limitados); ha propuesto diversas directivas y reglamentos para luchar contra la elusión fiscal, el fraude fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (respuesta parcial, pero en la buena dirección, a la publicación de los Panama Papers, y los atentados terroristas de París y Bruselas, y al escándalo de las grandes empresas multinacionales que no pagan impuestos con la colaboración de gobiernos como el de Irlanda, pero que puede ser inutilizada por las inservibles listas de paraísos fiscales del GAFI/OCDE y de la propia Comisión); en la misma dirección, la comisaria de la competencia, la Sra. Vestager, ha propuesto que Google pague los 13.000 millones de euros, más intereses, por los impuestos no pagados en razón de sus beneficios en países de la UE; y, finalmente, el propio Juncker ha propuesto que el Plan de inversiones que lleva su nombre intente movilizar otros 315.000 millones de euros, prolongando su período de  vigencia hasta 2022. (los 630.000 millones totales, distribuidos en siete años, no logran compensar ni de lejos la caída de la inversión -por la crisis y las políticas de austeridad- que ha pasado del 22,2% del PIB europeo, en 2007, al 18,5%, lo que supone cerca de 500.000 millones de euros de menos en cómputo anual).

La ineficacia del Consejo y la regresividad de algunas de sus decisiones, la ausencia de una política económica integral que se centre en el impulso del crecimiento y del empleo en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la COP21 de París, la falta de voluntad política de Alemania de asumir, para el euro, la imprescindible creación de las condiciones que toda zona monetaria tiene que tener, contrarrestan las tímidas iniciativas de la Comisión y la decidida política monetaria expansiva del BCE, incapaces, en ausencia de política fiscal común, de consolidar un crecimiento sólido de la zona euro.

2. Refundación política democrática y social, nueva política de crecimiento sostenible y culminar la construcción de la zona euro

Ante el avance de los partidos nacionalistas de derecha y extrema derecha, que llevan en su núcleo la destrucción del proyecto político europeo, y ante la incapacidad manifestada por las dos principales formaciones políticas europeas –que siguen teniendo una muy débil proyección como partidos europeos- para contrarrestar este avance con una propuesta de renovación y fortalecimiento de la UE, resulta muy necesario que las organizaciones de la sociedad civil, empezando por los sindicatos, emplacen a los partidos políticos a asumir su responsabilidad en una encrucijada histórica. Y que lo hagan formulando las bases de un nuevo modelo para Europa.

Lo he escrito en más de una ocasión: es necesario formular una propuesta de refundación política de Europa. Una refundación cuyo horizonte sea la creación de los Estados Unidos de Europa, un proyecto de federación o confederación de los Estados miembros, que conlleve superiores grados de integración, un funcionamiento más democrático de sus instituciones y una dimensión social fuerte. Se podrá avanzar más o menos hacia este objetivo, en más  tiempo o en menos, pero hay que agrupar en torno a él a todos los que consideren que la UE es un proyecto imprescindible para la paz, los derechos humanos y el bienestar social.

Y en paralelo, y con urgencia, hay que construir una nueva política económica europea para el crecimiento sostenible y el empleo de calidad, y dar a la UEM las herramientas necesarias que superen los pesados errores de la construcción del euro: Tesoro Común, emisión de deuda en euros, presupuesto propio suficiente, armonización fiscal y mecanismo de reequilibrio de los déficits y superávits excesivos.

La izquierda europea necesita unos estados generales que, entre otras cosas, le sirvan para formular  un proyecto europeo común  de futuro que le permita, a través de un amplio proceso de convergencia política europea, la construcción de un bloque político y social que sostenga el proyecto de refundación.


3.      Desde el observatorio del CESE

El CESE es un buen observatorio de la realidad política y social europea desde el que se puede seguir el devenir de sus diversas políticas e intervenir en ellas. Está compuesto por 350 consejeros de los 28 Estados miembros, distribuidos en función de su población y de la representación de tres sectores básicos: empresarios, trabajadores y tercer sector (agricultores, economía social y consumidores, básicamente). Elabora dictámenes preceptivos sobre un espectro muy amplio de políticas y normas legales de las instituciones europeas, entre ellas todas las de carácter económico, social y medioambiental, las de seguridad y exteriores, las de interior y derechos fundamentales, etc. También elabora dictámenes de iniciativa propia o a petición de las instituciones sobre los mismos campos, y realiza estudios sobre diversos temas.

Lo primero que llama la atención, en relación con una realidad ciertamente complicada y con unos niveles importantes de enfrentamiento político como es la europea, es la capacidad que tiene el Comité de elaborar posiciones comunes con un elevado grado de consenso en la mayoría de los casos. Para alcanzar este consenso se hace necesario,  lógicamente, renunciar a parte de las posiciones propias de las organizaciones, en particular de aquellas que enfrentan a los sindicatos y a las patronales. Pero el punto de equilibrio está situado, por lo general, en la zona donde convergen las posiciones partidarias de la integración europea sobre bases más democráticas y con un contenido social relativamente elevado.


El CESE, por sus conexiones con la Comisión y el Parlamento Europeo, por un lado, con las organizaciones europeas de la sociedad civil, por otro, y también con las organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil nacionales, podría jugar un papel articulador del necesario debate tendente a reforzar, renovar e impulsar el proyecto político europeo en el momento particularmente crítico que está viviendo.

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