Crónica sociolaboral de diciembre de 2013

Esta crónica fue publicada en el número 57 (enero de 2013) de la Revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo, 

Javier Doz

Diciembre es mes de balances. Lo ha sido, en los medios de comunicación, del año y del quinquenio de la crisis. El adjetivo más suave para ambos, en latín: “horribilis”. Más o mucho más: paro; pobreza y exclusión social; desigualdad (social y territorial); enfermedades mentales y consumo de ansiolíticos; precio de la luz y de las tasas universitarias; impuestos (a los asalariados y clases medias; a los más ricos y a las grandes empresas: menos), etc. Menos o peor: salarios; cobertura y calidad de la negociación colectiva; pensiones; derechos, prestaciones y ayudas sociales y laborales; recursos y calidad de la educación y la sanidad públicas; I+D+i; etc. De la infinidad de datos cuantitativos posibles doy sólo uno que explica las prioridades de quienes nos gobiernan. El recorte en educación y sanidad, que ha producido estragos en la calidad de sus sistemas públicos y pérdidas de muchas decenas de miles de empleos, sumó 14.175 millones, sólo el 63% de lo que nos ha costado el rescate de Bankia.

Y después de imponer el bienio más negro en lo social de la democracia, el Gobierno del PP, termina el año iniciando lo que podría ser un bienio de recorte de derechos y libertades políticas, en la peor tradición del autoritarismo de la derecha española. Tras la “ley Fernández” –la del sacrificio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y expresión en aras del combate gubernativo de la protesta social-, el día 20, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de “ley Gallardón”, de reforma de la ley del aborto, en el que lo sacrificado son los derechos de la mujer.

El mes también vio culminar, en vía parlamentaria, algunas de las contrarreformas  más lesivas del período. El 19 de diciembre, el pleno del Congreso aprobó los textos finales de tres leyes muy negativas. La Ley de Presupuestos de 2014 que, además de congelación salarial, pérdidas de empleo y recortes del gasto social y de inversión, establece que el FOGASA deje de pagar la ayuda de 8 días por año en las indemnizaciones por despido de las PYMES. La Ley de reforma del sistema de pensiones, consagra la pérdida de capacidad adquisitiva de los actuales pensionistas y rebaja las pensiones de los futuros a través del “factor de sostenibilidad”.  La Ley de Reforma de la Administración Local hará que los ayuntamientos dejen de prestar servicios sociales sin que estos sean asumidos por otras administraciones y provocará la perdida de otras decenas de miles de empleos públicos que sumar a los ya destruidos (350.000 desde que gobierna el PP).

El día 20, cerrando otra semana nefasta, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas sobre contratación laboral, en el que destaca la flexibilización y desregulación de la contratación a tiempo parcial que puede alcanzar nada menos que el 90% de la jornada ordinaria, permitiendo al empresario decidir sobre la distribución de la jornada. Satisfacción plena de las demandas de la patronal. También  aprobó el anteproyecto de Ley de Mutuas que pone en manos de las asociaciones de empresarios mayores competencias para la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, desplazando al sistema público en la decisión sobre la enfermedad común.

La Fundación 1º de Mayo organizó los actos centrales de dos importantes aniversarios. El de la huelga general del 14D que paralizó España hace 25 años y cuya gestión de resultados, por CC OO y UGT, produjo importantes avances en derechos y prestaciones sociales y laborales. Y el 40 aniversario del Proceso 1001, que se abrió en el TOP franquista el mismo día en que Carrero Blanco sufrió a manos de ETA un atentado mortal y que terminó con la condena a 162 años de cárcel de Marcelino Camacho y los otros nueve miembros de la coordinadora general de CC OO.

El día 19, se alcanzó un compromiso histórico por el futuro de la ciencia, con la firma   -por una amplísima coalición de fuerzas políticas (excepto el PP), sociales, sindicales y profesionales- de un Acuerdo por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Terminó el año con una nueva muestra del despropósito de la política energética que ha hecho subir el precio de la luz un 60% en los últimos cinco años a pesar de la caída de la demanda, convirtiendo a España en el país de la UE con la electricidad más cara (excepto Chipre e Irlanda, islas sin petróleo). La “eficiencia del mercado” se manifestó una vez más en una subasta pletórica de especuladores financieros que nos iba a subir el recibo en un 11,5%. El Gobierno lo dejó en un 2,3%, sólo para tres meses. Las tres grandes eléctricas de nuestro oligopolio protestaron y volvieron a hablar del “insoportable déficit de tarifa” que no les ha impedido ganar más de 44.000 millones en cinco años.

Ya iniciado 2014 se publicaron los datos del paro registrado de diciembre. Fueron buenos: 107. 570 parados menos y 64.097 afiliaciones más a la S.S. Pero restan 4.701. 338 (y reales, según la EPA, otro millón más). En el conjunto del año, los parados registrados en las oficinas de empleo bajaron en 147.570, pero se destruyó empleo, puesto que las afiliaciones a la S.S. disminuyeron en 85.041.