Esta crónica fue publicada en el número 56 de la revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo en diciembre del pasado año
Javier Doz
La huelga de los trabajadores de limpieza y jardinería de
Madrid ha sido para mí la noticia más destacada del mes. Tras obtener las
contratas pagando un 16% menos que en la anterior puja, las tres grandes de la
construcción, OHL, FCC y SACYR y la alcaldesa quisieron que fueran los
trabajadores quienes pagaran el mantenimiento de sus beneficios y las enormes
deudas que Gallardón legó a Botella. El modo: despedir a 1.134 trabajadores, el
20% de las plantillas, y/o rebajas salariales del 30%. La huelga indefinida
comenzó el día 3 y terminó en la madrugada del 17. No se cumplieron unos servicios mínimos
abusivos, la ciudad se llenó de basura, tuvo relieve en la prensa
internacional, pero encontró el apoyo o la aceptación de una mayoría de los
madrileños, a pesar de la presión de la prensa de derechas. La alcaldesa, que
comenzó aparentando que la cosa no iba con ella, terminó contratando esquiroles
a través de la empresa TRAGSA –también sometida a un ERE- y supervisando su
actuación tapada con un abrigo de visón (memorable foto), tras haber decretado
una “emergencia sanitaria secreta” [sic]. Al final, las empresas cedieron y los
cinco sindicatos (CC OO, UGT, USO, CGT y CSIF) firmaron un convenio sin
despidos ni rebaja de salarios. A cambio: un ERTE de 45 días y congelación salarial
durante 5 años. Ha sido la huelga más importante que termina con éxito de los
últimos tiempos. Hacía falta.
Tras las muchas críticas recibidas, Botella quiso apuntarse
al éxito con afirmaciones surrealistas que achacaban el buen fin de la huelga a
la reforma laboral que facilita despidos y rebaja de salarios, al tiempo que
pedía una ley que obligara a cumplir los servicios mínimos, con aroma de ley
antihuelga. Rajoy recogió el guante a los pocos días. Toxo replicó que, “en caliente”, no era nada conveniente.
A la tentación de limitar el derecho de huelga el Gobierno
suma la voluntad explícita de reprimir las protestas sociales con una de ley de
seguridad ciudadana –el proyecto lo aprobó el Consejo de Ministros el día 29-
que deja en manos de la autoridad gubernativa la imposición de multas de entre
300 y 600.000 euros por una amplísima variedad de “faltas”, tratadas como
delitos. Recurrirlas ante los tribunales costará entre 360 y 2.750 euros
(“versión Gallardón” de la gratuidad de la Justicia ), y la declaración de la policía tiene
presunción de veracidad, teniendo el imputado que demostrar su inocencia.
Si a todo esto unimos la concepción de los derechos humanos
que se trasluce de los argumentos del ministro Fernández Díaz y del propio
Rajoy a favor de las “concertinas” en la verja antiinmigración de Melilla, no
es exagerado decir, en estos días en que se está haciendo balance de dos años
de gobierno del PP, que los españoles corremos el riesgo de pasar de un “bienio
negro”, en lo social, a otro de ofensiva contra las libertades y la democracia.
Los trabajadores y la ciudadanía española no lo deberíamos permitir.
Durante el mes, la reforma de las pensiones tuvo un trámite
parlamentario rápido durante el cual el PP aplicó el rodillo a prácticamente
todas las enmiendas de una oposición contraria, en bloque, a una ley que
suprime la garantía de mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los
actuales pensionistas y disminuirá las pensiones futuras. La única modificación
reseñable es que, en los años buenos, la revalorización de las pensiones tendrá
un techo del IPC + 0,5%, en lugar de +0,25%. En este contexto y en el marco de
un llamamiento europeo de la CES
contra las políticas de austeridad y por políticas de inversión, crecimiento y
empleo, CC OO y UGT, la Cumbre Social
El 20N fue testigo de otra huelga estudiantil y de
manifestaciones de la comunidad educativa contra la LOMCE y los recortes. El día
28 se aprobó la Ley Wert
Por otra parte, mientras que el Gobierno y el PP callaban
ante hechos como la condena a cuatro años del cacique castellonense Carlos
Fabra, por fraude fiscal, y el juez Ruz constataba 18 años una contabilidad B
de la dirección nacional del PP, arreció la campaña antisindical de la prensa
de derechas, en ocasiones coreada por los mismos dirigentes del PP, que
permanecen mudos ante lo que sucede en su casa (véase la secretaria general).
En la campaña se falsifican o tergiversan una parte de las informaciones (sobre
cooperación internacional o formación). Pero las relativas a la falsificación
de facturas por la UGT-A
tenían tan sólida base documental y tanto silencio por parte de la dirección de
la UGT-A , que
su crisis se agrandó y motivó, la dimisión, el día 29 de su secretario general,
Fernández Sevilla. La crisis no tiene visos de haber terminado.
El paro registrado subió en 87.028 personas en el mes de
octubre, un 1,84% más que en septiembre, para situarse en 4.811.383
desempleados. Sin embargo, los afiliados a la Seguridad Social
Y el último día del mes, el ministro De
Guindos anunció una segunda reforma laboral. En fin…
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