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sábado, 25 de enero de 2014

Crónica sociolaboral de noviembre de 2013

Esta crónica fue publicada en el número 56 de la revista de Estudios y Cultura de la Fundación 1º de Mayo en diciembre del pasado año

Javier Doz

La huelga de los trabajadores de limpieza y jardinería de Madrid ha sido para mí la noticia más destacada del mes. Tras obtener las contratas pagando un 16% menos que en la anterior puja, las tres grandes de la construcción, OHL, FCC y SACYR y la alcaldesa quisieron que fueran los trabajadores quienes pagaran el mantenimiento de sus beneficios y las enormes deudas que Gallardón legó a Botella. El modo: despedir a 1.134 trabajadores, el 20% de las plantillas, y/o rebajas salariales del 30%. La huelga indefinida comenzó el día 3 y terminó en la madrugada del 17.  No se cumplieron unos servicios mínimos abusivos, la ciudad se llenó de basura, tuvo relieve en la prensa internacional, pero encontró el apoyo o la aceptación de una mayoría de los madrileños, a pesar de la presión de la prensa de derechas. La alcaldesa, que comenzó aparentando que la cosa no iba con ella, terminó contratando esquiroles a través de la empresa TRAGSA –también sometida a un ERE- y supervisando su actuación tapada con un abrigo de visón (memorable foto), tras haber decretado una “emergencia sanitaria secreta” [sic]. Al final, las empresas cedieron y los cinco sindicatos (CC OO, UGT, USO, CGT y CSIF) firmaron un convenio sin despidos ni rebaja de salarios. A cambio: un ERTE de 45 días y congelación salarial durante 5 años. Ha sido la huelga más importante que termina con éxito de los últimos tiempos. Hacía falta.

Tras las muchas críticas recibidas, Botella quiso apuntarse al éxito con afirmaciones surrealistas que achacaban el buen fin de la huelga a la reforma laboral que facilita despidos y rebaja de salarios, al tiempo que pedía una ley que obligara a cumplir los servicios mínimos, con aroma de ley antihuelga. Rajoy recogió el guante a los pocos días. Toxo replicó que,  “en caliente”, no era nada conveniente.

A la tentación de limitar el derecho de huelga el Gobierno suma la voluntad explícita de reprimir las protestas sociales con una de ley de seguridad ciudadana –el proyecto lo aprobó el Consejo de Ministros el día 29- que deja en manos de la autoridad gubernativa la imposición de multas de entre 300 y 600.000 euros por una amplísima variedad de “faltas”, tratadas como delitos. Recurrirlas ante los tribunales costará entre 360 y 2.750 euros (“versión Gallardón” de la gratuidad de la Justicia), y la declaración de la policía tiene presunción de veracidad, teniendo el imputado que demostrar su inocencia.

Si a todo esto unimos la concepción de los derechos humanos que se trasluce de los argumentos del ministro Fernández Díaz y del propio Rajoy a favor de las “concertinas” en la verja antiinmigración de Melilla, no es exagerado decir, en estos días en que se está haciendo balance de dos años de gobierno del PP, que los españoles corremos el riesgo de pasar de un “bienio negro”, en lo social, a otro de ofensiva contra las libertades y la democracia. Los trabajadores y la ciudadanía española no lo deberíamos permitir.

Durante el mes, la reforma de las pensiones tuvo un trámite parlamentario rápido durante el cual el PP aplicó el rodillo a prácticamente todas las enmiendas de una oposición contraria, en bloque, a una ley que suprime la garantía de mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los actuales pensionistas y disminuirá las pensiones futuras. La única modificación reseñable es que, en los años buenos, la revalorización de las pensiones tendrá un techo del IPC + 0,5%, en lugar de +0,25%. En este contexto y en el marco de un llamamiento europeo de la CES contra las políticas de austeridad y por políticas de inversión, crecimiento y empleo, CC OO y UGT, la Cumbre Social y Marea Ciudadana, llamaron a la movilización “por lo público, las pensiones y las personas”, los días 23 y 24. Cientos de miles de personas participaron en 55 manifestaciones en otras tantas ciudades.

El 20N fue testigo de otra huelga estudiantil y de manifestaciones de la comunidad educativa contra la LOMCE y los recortes. El día 28 se aprobó la Ley Wert y el 30 volvió la protesta con muchos miles de manifestantes de toda España en Madrid.

Por otra parte, mientras que el Gobierno y el PP callaban ante hechos como la condena a cuatro años del cacique castellonense Carlos Fabra, por fraude fiscal, y el juez Ruz constataba 18 años una contabilidad B de la dirección nacional del PP, arreció la campaña antisindical de la prensa de derechas, en ocasiones coreada por los mismos dirigentes del PP, que permanecen mudos ante lo que sucede en su casa (véase la secretaria general). En la campaña se falsifican o tergiversan una parte de las informaciones (sobre cooperación internacional o formación). Pero las relativas a la falsificación de facturas por la UGT-A tenían tan sólida base documental y tanto silencio por parte de la dirección de la UGT-A, que su crisis se agrandó y motivó, la dimisión, el día 29 de su secretario general, Fernández Sevilla. La crisis no tiene visos de haber terminado.

El paro registrado subió en 87.028 personas en el mes de octubre, un 1,84% más que en septiembre, para situarse en 4.811.383 desempleados. Sin embargo, los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 54.927 hasta llegar a 16.360.373. La inflación interanual volvió a ser positiva en noviembre, +0,2%, tras subir tres décimas. Con datos de octubre, el número de trabajadores protegidos por convenio colectivo ha bajado en 1,3 millones.


Y el último día del mes, el ministro De Guindos anunció una segunda reforma laboral. En fin…

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