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lunes, 2 de diciembre de 2013

Del bienio negro antisocial...¿al bienio antidemocrático?

Balance de dos años de gobierno del PP  

Triste ecuador de la peor legislatura de la democracia. El 20N, con el aniversario de la muerte de Franco casi perdido en nuestra memoria colectiva y una nueva jornada de movilización de los sectores educativos contra la Ley Wert, se cumplieron dos años de las elecciones que dieron al PP, por mayoría absoluta, el gobierno de España.

  El balance de los dos años del Gobierno presidido por Mariano Rajoy no puede ser más desolador. Intento ser objetivo y fijarme, en primer lugar, en los datos económicos positivos que más se han aireado: la mejora sustancial de las balanzas comercial y de pagos, la disminución de la prima de riesgo y el saneamiento del sistema bancario.  

Algunas mejoras muy parciales pagadas con mucho dolor
 La mejora de nuestra balanza exterior podría y debería haberse conseguido mediante medios menos traumáticos que los que ha conllevado la devaluación interna. La disminución de la prima de riesgo de nuestros bonos a largo plazo ha sido debida más a aquella famosa declaración de Mario Dragui, de julio de 2012 -cuando afirmó: "Créanme, haré todo lo necesario para sostener el euro"- y a algunas medidas que sostenían su aserto (barra libre de liquidez para la banca privada y posibilidad, no realizada, de que el BCE comprara deuda pública en los mercados secundarios) que a los datos principales del cuadro macroeconómico español. Cabe pensar, de paso, lo mucho mejor que estaría Europa si además de palabras tranquilizadoras del presidente del BCE, el Consejo, la Comisión y el BCE hubieran adoptado una estrategia coherente para impulsar el crecimiento, promover el empleo y sostener y sanear las finanzas públicas.


  En cuanto a la superación de la crisis bancaria, lo primero que hay que decir es que no se puede considerar que esté superada cuando no sólo no se ha recuperado el crédito a empresas y a familias sino que ésta sufriendo descensos continuados muy severos (-7 % en el último año). Y eso que la banca ha recibido ayudas que superan los 125.000 millones de euros de los que ya 40.000 están definitivamente perdidos, y los pagaremos todos los españoles. Algunos analistas estiman que el coste total del saneamiento bancario español se acercará a los 200.000 millones de euros, el 20 % del PIB. La más pequeña de las cifras que he mencionado en este párrafo es superior a los ajustes que han empobrecido a nuestro país. 

 Las devastadoras consecuencias sociales del "bienio negro" 
 Las consecuencias económicas, sociales y políticas de la austeridad y las reformas estructurales han sido devastadoras. Su balance podría llevarnos a calificar estos dos años, sin exageración, como el "bienio negro" de la democracia. Al menos en el terreno social, por haberse acumulado pérdidas, deterioros y recortes en todos los campos que definen el bienestar social de una nación. 

  Haciendo una esquemática enumeración de lo más importante, mencionaré:

- el desempleo subió en un millón de personas hasta los seis millones (26 % de la población activa); 
- la pobreza toca ya a 12 millones de personas (28 % de la población) y la pobreza severa a tres millones, muchos de ellos niños; 
- la desigualdad en la distribución de la renta ha escalado a una velocidad desconocida en Europa, hasta situar a España entre uno de los cuatro países más desiguales de la UE;
- los salarios están disminuyendo como en ningún otro país de Europa y, por primera vez, los beneficios empresariales superan a las rentas del trabajo; 
- las pensiones han perdido capacidad adquisitiva y la ley que va a reformar su sistema público lo va a consagrar para el futuro, lo mismo que la brecha entre salarios y pensiones; 
- se han deteriorado, en su calidad y universalidad, los servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad, mediante recortes y privatizaciones y aumento de las tasas y copagos; 
- se ha hecho caer drásticamente el gasto en I+D+i, que, junto con la educación, es la principal palanca para el futuro de cualquier país avanzado; 
- se han suprimido o rebajado prestaciones y ayudas sociales (desempleo, dependencia, etc.) cuando más falta hacían; 
- se ha debilitado fuertemente la negociación colectiva, el valor de los convenios y la cobertura de la población trabajadora por los mismos; 
- el diálogo social es prácticamente inexistente, rompiéndose con ello uno de los valores del sistema español de relaciones laborales, en democracia;
- etc., etc.

  Si bien es cierto que una parte de estos recortes y de las tendencias más negativas se iniciaron con el Gobierno de Zapatero, bajo la imposición del gobierno de Alemania y de las instituciones de la UE a partir de mayo de 2010, el gobierno de Mariano Rajoy ha profundizado unos y otras y ha añadido las componentes más antisociales (recortes en sanidad y educación) y antisindicales y contrarias al derecho del Trabajo (reforma laboral).

  Y lo ha hecho incumpliendo todo lo que prometió en su programa electoral. Sólo desde la bien rodada práctica de representación y simulación en que se ha convertido la política en nuestro país (y en muchos países democráticos) puede realizar, sin sonrojo, el Gobierno un balance positivo como el que sus portavoces están realizando estos días.

  Y es falso que el sacrificio social, aunque su coste se cargue de manera intolerablemente desigual a favor de los más ricos, compense los buenos resultados económicos. Por el contrario, la recuperación de la economía está lastrada por el hundimiento de la demanda interna que la devaluación de los salarios y la caída del gasto social ha producido y por la misma desigualdad que actúa contra el crecimiento. El futuro de salida de la crisis con las políticas de austeridad es más el estancamiento que una recuperación vigorosa.


Corrupción y deslegitimación del sistema democrático 
 Si añadimos a lo anterior aspectos  estrictamente  políticos como la corrupción que afecta  a altos responsables del partido del Gobierno (Gurtel, Bárcenas, Comunidad Valenciana, Baleares, Orense; Lamela, Güemes y otros privatizadores de la sanidad, etc.), o la acción política del desenmascarado Gallardón (ley antiaborto o ley de las tasas judiciales para ricos), nadie debería extrañarse de la enorme desconfianza y creciente hostilidad de la ciudadanía hacia las instituciones de nuestra sociedad democrática y sus principales agentes (incluyo aquí a los interlocutores sociales). 

  Estamos al borde de la deslegitimación del sistema democrático, lo cual coloca a España en una deriva muy peligrosa. A pesar de ello, quienes nos gobiernan siguen aparentando que no se dan cuenta, salvo a ratos, cuando tienen que representar lo contrario y de forma forzosamente incoherente. Por supuesto, en esto caen no sólo el PP y el gobierno de España.

 ¿Será el segundo bienio del PP un bienio antidemocrático?
  A pesar de lo que muchas veces se dice y se publica no es cierto que los españoles hayamos aceptado pasivamente este estado de cosas. En los dos años de gobierno de Rajoy se han producido dos huelgas generales, convocadas por los sindicatos, e innumerables jornadas de manifestaciones y protestas promovidas por muy diversos tipos de organizaciones y movimientos sociales. Ha sido, sin duda, uno de los períodos de más intensa movilización social -si no, el que más- de la democracia que construimos a la muerte de Franco. Y ello, a pesar del factor miedo que promueve la pérdida del empleo en una situación de paro masivo. Cierto es que no se ha logrado una fuerza suficiente, al menos en las movilizaciones de carácter general, para torcer el rumbo de las cosas.

  Las iniciativas legislativas que, coincidiendo con el ecuador de la legislatura, ha adoptado o quiere adoptar el Gobierno dan fe, de que, éste sí ha tomado nota de las protestas. Pero en el peor de los sentidos. En la tradición del autoritarismo de la derecha española, en lugar de atender los motivos justos del descontento lo que pretende es criminalizar y reprimir gubenativamente la protesta, penalizándola desde la policía y e Ministerio del Interior, después de sustraer una larga lista de infracciones del control primario de los jueces. 

  La reacción al éxito de la huelga de los trabajadores de la limpieza y los jardines de Madrid ha sido el inmediato anuncio de Rajoy de que regulará por ley los servicios mínimos en el ejercicio del derecho de huelga. Lo hizo respondiendo con prontitud al reclamo de la inefable alcaldesa Botella que lo pidió con voluntad de limitar el derecho de huelga (ella misma lo vulneró en su ilegal contratación de esquiroles a través de TRAGSA).

   Pero lo más grave ha sucedido en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre con la aprobación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Fernández, en honor del ultracatólico y poco compasivo (véase su defensa de las "concertinas"en las vallas de Melilla) Ministro de Interior. A pesar de haber reducido algo las multas para algún tipo de infracción, ante la oleada de críticas que comenzó a suscitarse a partir de la filtración de los contenidos de la "Ley Mordaza" (o "Ley de la patada en la boca a la democracia" como la ha definnido el diputado Joan Coscubiela), lo que ha quedado es un catálogo desmesurado de infracciones relacionadas, muchas de ellas, con el ejercicio de derechos fundamentales como son la libertad de expresión y manifestación, y que son castigadas con multas descomunales de entre 1.000 y 600.000 euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Sr. Fernández Díaz añadió como guinda el anuncio de que se castigaría con multas de hasta 30.000 euros las ·"ofensas a España, sus regiones o ayuntamientos.

   Sería objeto de otros artículo analizar con detalle el contenido de un proyecto de ley que en opinión de mucha gente -políticos, juristas, intelectuales o policías demócratas-, supone una grave amenaza al sistema de derechos y libertades definidos por la Constitución de 1978 y la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa cuyo cumplimiento es también obligado por parte del Estado español. Comparto esa opinión dado que el ataque a la garantía del ejercicio de derechos tan fundamentales en democracia como los mencionados se produce por la ambigüedad calculada de muchas definiciones; por convertir los hechos supuestamente punibles de faltas, juzgadas por jueces, a infracciones castigadas por la policía, la guardia civil y la autoridad gubernativa, a cuyas opiniones se les confiere presunción de veracidad; Por establecer, sensu contraio, que el acusado y multado deba probar su inocencia; por pretender sancionar actuaciones que han tenido un gran y positivo impacto en la lucha contra las más evidentes injusticias sociales, como las de la PAH contra los desahucios hipotecarios; por dificultar grandemente el recurso a la justicia contra la arbitrariedad gubernativa con la nueva Ley de tasas judiciales (complemento perfecto del esquema represivo) que establece que las tasas correspondientes se sitúen entre los 300 y los 2.750 euros y que no sean reembolsables ni aunque los jueces dieran la razón al recurrente; etc., etc.

  La Ley Fernández merece el rechazo frontal de las personas que defienden una sociedad democrática en la que la acción de los poderes públicos sirva, ante todo, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Requiere también el compromiso de la ciudadanía democrática de movilizarse para que nunca entre en vigor. De lo contrario al bienio negro antisocial que hemos vivido se sumará el bienio negro antidemocrático.

  




Y


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