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lunes, 22 de julio de 2013

Fiscalidad y democracia: claves para salir del hoyo

   Seguimos viviendo las peores secuelas de la contrarrevolución que Tatcher y Reagan comenzaron a impulsar allá por los años 80 del pasado siglo. Actuaron, bien arropados por los poderes económicos y mediáticos, como actores principales de la reacción de unas élites económicas que no querían seguir pagando los impuestos altos que les correspondía pagar en el mundo surgido de la segunda posguerra mundial y que tenían miedo a las consecuencias de las crisis petroleras de los setenta. Desde entonces se han venido erosionando continuamente los sistemas fiscales progresivos sobre los que se asentaron los pactos sociales de la posguerra mundial en el mundo desarrollado, sus Estados de bienestar y, también, el modelo económico que promovió las décadas de mayor crecimiento de la riqueza y la productividad de las economías occidentales. Esto último es lo que sistemáticamente ocultan políticos, académicos y periodistas a sueldo del poder del dinero (lean al respecto a Krugman y Stiglitz).

   Hoy en día, en la mayoría de los países desarrollados y emergentes, los sistemas fiscales son cualquier cosa menos "progresivos". En España, la degradación del sistema fiscal creado en democracia por Francisco Fernández Ordóñez, cuando era ministro de hacienda de Adolfo Suárez, es ya absoluta. En nuestro país quienes menos impuestos pagan son los ricos y las grandes empresas. De las empresas multinacionales no hablemos. Esas no pagan casi nada en casi ninguna parte. A llegar a esta situación han contribuido tanto gobiernos de derechas como socialdemócratas (España, Alemania, Reino Unido, etc.)

   Afectados por los déficit fiscales -motivados por una crisis producida por el poder absoluto de un capital financiero sin control ni regulación y el mal gobierno de la misma-, los gobiernos europeos parecen querer tomar ahora decisiones en el terreno de la fiscalidad: once gobiernos decidieron implantar un impuesto a las transacciones financieras (ITF o Tasa Tobin), y la cumbre del Consejo Europeo del pasado mes de mayo anunció medidas para combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales (mientras, eso sí, gobiernos e instituciones de la UE se olvidan de que acordaron establecer una base imponible común -sólo eso- del impuesto de sociedades en diciembre de 2011). 

   Ahora, los ministros de finanzas del G20, reunidos en Moscú los días 18 y 19 de junio, acaban de dar el visto bueno a un informe de la OCDE que contiene medidas para intentar lograr que las empresas multinacionales (EMN) paguen impuestos. 

   Algo tienen que aparentar que hacen, los líderes políticos, ante dos hechos escandalosos hasta el nivel de lo intolerable. Mientras Europa vive la segunda recesión, el desempleo masivo, el aumento de la pobreza y la desigualdad, los recortes salariales, pensionales, sociales, en los sistemas educativos y de salud pública, etc., nada menos que dos tercios del total de los 14 billones de euros que las fortunas individuales tienen depositados en los paraísos fiscales, están en jurisdicciones dependientes de Estados europeos. El total de 24 billones de euros que suponen todos los fondos que las organizaciones de la economía criminal, los evasores fiscales y las grandes empresas tiene en los paraísos fiscales, suponen, nada menos, que un tercio del PIB mundial (reciente informe de Oxfam). Bastaría con que los gobiernos europeos quisieran simplemente gobernar en la totalidad de sus territorios para que se resolviera la mayor parte del problema de los déficit públicos. Por eso, aparentan estar decididos a tomar medidas al tiempo que se resisten a hacer la más aparentemente simple: gobernar en democracia, con transparencia y al servicio de la inmensa mayoría de sus ciudadanos haciendo que los impuestos se paguen bajo los principios de la igualdad y la progresividad.
   
   El segundo escándalo es el del pago del impuesto de sociedades. Mientras que muchas empresas que no pueden practicar deducciones fiscales ni contratar a los supuestos magos de la ingeniería financiera (o expertos en la promoción del fraude fiscal) tienen que pagar entre el 30% y el 35% de sus beneficios brutos, las EMN se las arreglan para cotizar entre el cero y el 5% de los mismos. ¡Justicia fiscal también se llama a esto! 

   Mi escepticismo sobre la voluntad real de gobiernos e instituciones europeas (y mundiales, por supuesto, pero últimamente los europeos están entre lo peor de lo peor) está muy fundado. Los avatares de la decisión sobre la Tasa Tobin lo refuerzan.

   Desde que fue adoptada, a finales del pasado enero, por once Estados de la UE en el marco de las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin, una ofensiva, primero soterrada y ya en las últimas semanas descarada, de los lobbys financieros se ha desatado, contra la concreción de la decisión en la propuesta de la Comisión Europea y contra la decisión misma. Hoy la mayoría de los círculos europeos mejor informados dan por muerta la decisión, sobre todo desde que la oposición más fuerte a la propuesta de la Comisión haya venido sorprendentemente del gobierno socialista francés de François Hollande. Su ministro de finanzas Pierre Moscovici ha hecho suyo el argumentario de la banca y los hedge funds del CAC 40 para pedir a Bruselas que retire su proyecto de ITF. Las matizaciones posteriores apenas ocultan el hecho de que la primera gran victoria del capital financiero contra la Tasa Tobin europea haya venido del país que primero la impulsó con Sarkozy y que ahora es gobernado por la izquierda.  
    
   No auguro mejor suerte a las medidas del Consejo contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Al menos mientras sigan gobernando quienes hoy gobiernan Europa con una democracia tan débil, con tan poca transparencia y con tanta corrupción. 

   El hecho de que la fiscalidad en muchos países europeos sea gobernada por los criterios de "Robin Hood al revés" es inseparable del problema de la democracia en Europa y en el mundo.

   La globalización ha deteriorado la democracia porque cada vez se toman más decisiones -que afectan a la economía, al trabajo y a la sociedad- fuera de los ámbitos nacionales donde, mal que bien, había instituciones democráticas que ejercían las funciones de vigilancia, control y decisión imprescindibles para salvaguardar los intereses generales. Hoy en día, un número creciente de esas decisiones son tomadas fuera de las fronteras nacionales, no por instituciones políticas supranacionales democráticas -que no existen- sino por los poderes financieros y económicos reales. Estos poderes tienen una enorme capacidad para que las instituciones económicas internacionales existentes - FMI, BM, OMC, etc.- o los nuevos instrumentos de coordinación autoproclamados - G20- actúen al servicio de sus intereses. Es el poder del dinero: la interpretación más sencilla es, en este caso, la más ajustada.

   Las cumbres de líderes mundiales y europeos, sus conclusiones, son en buena parte ceremonias de imagen destinadas al consumo de las opiniones públicas y a crear la falsa apariencia de un gobierno político, europeo o mundial, de los procesos. La lectura de las conclusiones de las cumbres del Consejo Europeo y del G20, de los últimos seis años, nos proporciona una desoladora muestra de literatura del engaño, de falta de transparencia y de la obsesiva construcción de la apariencia política. Alguna cosa concreta sí se aprueba y cumple. Por supuesto. Un ejemplo: salvar el sistema financiero mundial con recursos públicos y enfrentarse a la recesión con políticas keynesianas, fue una decisión de la cumbre del G20 de Washington (noviembre de 2008). Lo primero se cumplió íntegramente. Lo segundo sólo hasta que la banca de los EE UU volvió a tener beneficios y Europa cayó bajo la férula del ordoliberalismo alemán del gobierno de la Sra. Merkel (mayo de 2010).

   No se pueden controlar las decisiones políticas sin que existan instituciones democráticas. Y en la UE, que es un proyecto político supranacional no una mera coordinación de Estados soberanos como es el G20, las instituciones, los procedimientos y las prácticas democráticas han mostrado unas enormes carencias.

   Porque los nuevos instrumentos de la gobernanza económica europea no son democráticos. Sus decisiones escapan al control real de los parlamentos europeo y nacionales. Por no hablar de prácticas tales como reformar la Constitución Española (artículo 135) -sin debate alguno, en quince días, y en un asunto fundamental que rompe los consensos sobre las que se asentaba- por mor de una carta del Presidente del BCE que era como una pistola en la nuca al gobierno de España: o haces esto o dejo que España caiga en la quiebra financiera.

   Pacto por el euro plus, Six pack, Semestre europeo,  nuevo Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza, planes de rescate, MOUs de los mismos, etc. , todos estos instrumentos al exclusivo servicio de las políticas de austeridad y reformas estructurales (es decir de recortes de salarios, prestaciones y derechos), no son otra cosa que cesiones de soberanía de los Estados (de los endeudados o con déficit excesivos) a instancias no democráticas mediante procedimientos no democráticos.

   Creo, con mucha convicción, que los dos campos políticos donde se va a jugar el futuro de España, de Europa y del mundo son: fiscalidad y democracia.

   Seguiré con estas cuestiones

  

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