Entiendo el dolor, incluso la rabia, de las víctimas del terrorismo cuando ven excarcelada por sentencia de un tribunal a la etarra Inés del Río, después de pasar 26 años en la cárcel (los cinco últimos de forma ilegal, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), por haber cometido 24 asesinatos, entre otros crímenes. Ni entro siquiera en la discusión de si 26 años en la cárcel es mucho o poco tiempo, en relación con la gravedad de los crímenes que Inés y otros miembros de ETA cometieron. Estoy convencido de que a la mayoría de los familiares de las persona asesinadas les parecerán siempre pocos.
Pero también me indigna profundamente el insoportable grado de manipulación con el que tratan el tema ciertos políticos del PP y los medios de comunicación de la derecha española. Se rasgan las vestiduras por la "execrable decisión" del plenario del Tribunal de Luxemburgo, al que atacan con furia y califican de poco menos que de amigo de los terroristas. Añaden dolor, injusto e innecesario, al justificado dolor de las víctimas, a las que utilizan para sus fines políticos. Llegan a decir -inefable Zarzalejos de la FAES- que lo sucedido es producto del contubernio de Zapatero... ¿con 17 magistrados de 17 países distintos?
La utilización del terrorismo como arma política en la confrontación democrática es una constante del PP y la prensa de derechas española. Tenemos abundantes ejemplos: con Aznar y con Rajoy, en el gobierno y en la oposición. Un hito lo vivimos aquel trágico 11 de marzo de 2004, y aún colean en la prensa episodios de los irreductibles de la posterior campaña mediática.
Lo que, tal vez, diferencie este caso de los anteriores es que a quienes vuelven a utilizar la manipulación de los hechos terroristas como arma política no les importa hacer gala de ignorancia. Tal vez piensan que la ignorancia está cubierta por la reiteración de la mentira, en el sentido goebelsiano.
Porque no se necesita ser un reputado jurista, sino simplemente tener cultura, al menos la cultura jurídica básica que se supone deben tener los políticos y periodistas que no dejan de opinar sobre todo lo divino y humano, para saber que nunca puede aplicarse en contra de un imputado, o de un penado, una modificación de la ley con efectos retroactivos. Las persona cultas deberían saber también que los jueces tienen que dictar sentencias de acuerdo con la ley y su interpretación por la jurisprudencia consolidada. Son cosas que están en nuestra Constitución y en casi todas las constituciones democráticas que en el mundo son.
La única disculpa, parcial, que les cabe a políticos y periodistas manipuladores es que de lo anterior se olvidaron algunas personas a las que nadie dejaría de exigir que lo supieran. Me refiero a los magistrados del Tribunal Supremo de España que en el año 2006 se inventaron la "Doctrina Parot" en una de las decisiones más politizadas de la Justicia española que recuerdo (y no han sido pocas).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución muy importante para la democracia en Europa y en el mundo, que entre otras sentencias dictó aquella que desestimaba el recurso contra la Ley de partidos que impedía a Batasuna y sus siglas colaterales presentarse a las elecciones, sólo le ha recordado al Tribunal Supremo y al Gobierno de España que las leyes no pueden aplicarse con efectos retroactivos. ¿No lo sabían?
Todo lo digo desde mi más absoluto respeto a las víctimas del terrorismo de ETA, a su dolor, y desde mi activo rechazo a todo lo que ha hecho ETA en democracia.
[Los argumentos jurídicos están magníficamente explicados en el artículo de José María Ruiz Soroa cuyo enlace pongo a continuación]:
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